Alba García Vázquez
Expediente 246/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alba García Vázquez
Actuaciones
- Principal
En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Por tanto, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable de trato, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remite, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Alba García Vázquez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto de la siguiente autoridad: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO." "IV. ACTO RECLAMADO: La Omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo respetivo que recaiga a la promoción de fecha 11 de enero de 2018, presentada por la suscrita ante ella a través de mis apoderados legales con fecha 15 de enero de 2018. La inactividad procesal y abstención de la responsable para dar celeridad al juicio laboral 387/2011, toda vez que es su responsabilidad agotar todos los medios, verificando que no existan actuaciones pendientes, acordar las correspondientes y prever lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo correspondiente..." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La falta de contestación al escrito presentado el quince de enero de dos mil dieciocho en el juicio de amparo 387/2011. La inactividad procesal y abstención de la responsable para dar celeridad al juicio laboral 387/2011, hasta la emisión del laudo. Respecto al acto reclamado consistente en la falta de contestación al escrito que presentó el quince de enero de dos mil dieciocho en el juicio de amparo 387/2011, en el que solicitó se cerrara la instrucción en citado juicio laboral, el suscrito juzgador federal, advierte de oficio que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De las constancias que integran el procedimiento laboral de donde emana el acto reclamado, documentales que en párrafos que anteceden se les confirió valor probatorio pleno, se desprende, que en auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, acordó la promoción que le fue presentada en quince de enero de dos mil dieciocho, en el que concedió un término de tres días a las partes para que formulen sus respectivos alegatos en el expediente laboral 387/2011 (foja 22). En dicha tesitura, resulta evidente que la conducta omisiva de la autoridad responsable, fue reparada el veinte de marzo de dos mil diecinueve, al acordar la promoción que le fue presentada en quince de enero de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 387/2011, puesto que su emisión hizo cesar en lo relativo el estado omisivo de la responsable, hipótesis que debe equipararse a la cesación de efectos prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir ya en esta forma el agravio que se reclama. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remite a su informe justificado, relativas al expediente laboral 387/2011, se advierte que el veinte de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, acordó el escrito presentado el quince de enero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral de origen. Por tanto, la omisión que reclama el quejoso de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, porque el veinte de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, acordó el escrito presentado el quince de enero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 387/2011; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley Amparo. Por lo hace al segundo de los actos reclamados consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen 387/2011; se tiene por inexistente el mismo toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Por tanto, en el capítulo de existencia, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de la responsable en dictar el laudo en el juicio laboral 387/2011. De las constancias que adjunta la autoridad responsable a su informe justificado, relativas al juicio laboral de origen, se conoce que en auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable concedió un término de tres días hábiles a las partes del juicio laboral para que formulen sus respectivos alegatos, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, ni diligencias que practicar. Por otro lado, de autos se advierte que la promovente presentó su demanda de amparo el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, como se lee de la boleta y sello de recibo que obran a fojas 1 y 2. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la presente fecha la autoridad responsable no está en condiciones de dictar el laudo en el juicio laboral de origen, debido a que en el procedimiento apenas (veinte de marzo de dos mil dieciocho) dio vista a las partes para la formulación de sus respectivos alegatos; por ende, será hasta que transcurra el término correspondiente para que la autoridad laboral pueda cerrar la instrucción en el juicio de origen y estar en aptitud de emitir el laudo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente debido a que la autoridad responsable no está en condiciones de emitir el laudo. Entonces, se actualiza de manera indudable y manifiesta las causal de improcedencia ante citada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las trece horas de esta fecha (foja 8). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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