Alba Fortunata Jaime Tovar

Expediente 75/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
75/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Alba Fortunata Jaime Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; tres de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por ********, por el que subsana la prevención formulada en autos, y refiere desistirse de señalar como autoridad responsable al Fiscal Regional Sur Poniente del Estado de Morelos. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama: (.) La omisión de ejercitar acción penal, dentro de la Carpeta de Investigación JO-UEDA/1720/2020 instruida por el hecho con apariencia de delito de despojo, que se ventila en la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Despojo y Abigeato de Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Fiscalía General del Estado de Morelos (.) sic. Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando, en contra del acto que se reclama, la ley prevé un recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiera hecho valer en forma oportuna. En este sentido, cabe destacar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión constitucional, a que se refiere el juicio de amparo, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios previos que la ley que regula el acto reclamado prevé. En tal virtud, debe concluirse que, para la actualización de la regla consignada en el artículo transcrito, basta que en la ley que rige el acto reclamado o en alguna ley aplicable en forma directa e inmediata al mismo, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél. Sobre esta línea, debe destacarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión de ejercitar acción penal, dentro de la Carpeta de Investigación JO-UEDA/1720/2020 instruida por el hecho con apariencia de delito de despojo, que se ventila en la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Despojo y Abigeato de Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo que refiere afecta la impartición de justicia. Sin embargo, tal omisión no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, a la parte quejosa se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ahora, los artículos 109 fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 109. Derecho de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la victima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Así, de una interpretación literal de los citados preceptos legales, se evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del medio de defensa innominado ante el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, pues para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, el referido acto reclamado se imputa al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Despojo y Abigeato de Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, encargada de la integración de la carpeta de investigación ********. Por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. En el caso, los artículos transcritos establecen un medio de control sobre las decisiones ministeriales de no ejercicio e incluso contra diversas omisiones, en la que la víctima u ofendido puede acudir ante el Juez de Control, a efecto de que, en audiencia pública, sea escuchado y se revise la determinación u omisión de la fiscalía, la cual puede ser dejada sin efectos y la autoridad judicial puede, en su caso, ordenar lo conducente, ya sea continuación de la investigación o la judicialización de la indagatoria. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que para que la justiciable se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que, se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir previamente ante el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones a través del medio de defensa innominado, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede revocarse, como ya se dijo, el acto que se impugna por esta vía, por lo que opera la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso en estudio la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el medio de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, puesto que mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, por la parte afectada puede ser oída con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus razonamientos y de argumentar sobre la pertinencia de su solicitud; por lo que es evidente que en el caso, la parte inconforme debe, antes de promover el juicio de garantías, agotar el medio de impugnación establecido por el código adjetivo en la materia y fuero. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así como la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.),5 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiséis de enero de dos mil veintidós. SE PREVIENE DEMANDA. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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