Alba Donaji Moreno Tello

Expediente 500/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2020.

Datos del expediente

Expediente
500/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
29/05/2020

Partes del expediente

  • Alba Donaji Moreno Tello

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de mayo de dos mil veinte******************** Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de diecinueve de mayo, sin que a la fecha lo hubiese hecho******************** En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido De conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con el punto Vigésimo Primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica******************** Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido******************** ********************Notifíquese******************** Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza******************** Doy fe********************

  2. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías recibida en este Juzgado de Distrito vía electrónica, supuestamente promovida por Alba Donají Moreno Tello, contra actos del Director de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder judicial del estado de Oaxaca, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 500/2020. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, conforme con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, el análisis realizado al ocurso de cuenta, permite establecer que existe ausencia de la evidencia criptográfica respecto de la firma electrónica de Alba Donají Moreno Tello, de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, 89, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, remitiendo éste último al diverso Acuerdo General conjunto 1/2013, artículos 5 y 6, en lo relativo a la firma electrónica, para lo cual resulta conveniente imponerse de su contenido: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Acuerdo General Conjunto 1/2015. Artículo 89. Los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito integrarán los expedientes electrónicos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sus titulares serán los responsables de vigilar que el personal a su cargo digitalice oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios de amparo que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo, de la Ley de Amparo. En la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se atenderá a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico. Acuerdo General Conjunto 1/2013. CAPITULO SEGUNDO De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) [.] Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo. De ahí que ante la falta de la firma electrónica de Alba Donají Moreno Tello, que establecen los preceptos en cita, no es procedente dar trámite a la demanda de amparo que nos ocupa. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta, lo cual se actualiza en el supuesto que nos ocupa pues evidentemente no existe la manifestación de voluntad de quien dice promover. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en representación de la parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. Sin que pase desapercibido para este juzgado que la demanda de amparo de mérito fue recibida vía electrónica en este órgano jurisdiccional con la evidencia criptográfica de la firma electrónica del abogado José Manuel Hernández Rodríguez; sin embargo, procede analizar la legitimación del autorizado de la quejosa para promover la demanda de mérito; esto es, si cuenta o no, con el reconocimiento legal para hacerlo. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, presupuesto procesal indispensable para la procedencia de la acción constitucional, esto es, el acreditamiento pleno de la legitimatio ad procesum del agraviado, que puede efectuar por cualquier medio de prueba, por lo que se determina que en el caso concreto, no es suficiente que José Manuel Hernández Rodríguez, sea autorizado en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo sólo puede promoverlo la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su persona, en sus derechos, en su familia, en su domicilio o en su patrimonio y dicha promoción la puede hacer por derecho propio o por medio de su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita expresamente, cumpliendo con los requisitos que amerite cada supuesto, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su apoderado. En mérito de lo anterior, se advierte que a José Manuel Hernández Rodríguez, quien en realidad es quien promovió electrónicamente la demanda recibida en este órgano jurisdiccional el quince de mayo de dos mil veinte, únicamente se le concedió autorización para oír y recibir notificaciones términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y, en todo caso, es a la peticionaria de garantías a quien le afecta el acto reclamado, y quien, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, podrá promover, en este caso, la citada demanda; o bien, en términos de los artículo 6 y 15, por conducto de cualquier otra persona en su nombre, pero, como se dijo cumpliendo con el requisito de la firma electrónica de quien resulte ser esa persona. Aunado a que el hecho de que el promovente en el escrito de cuenta, se encuentre señalado como autorizado en términos amplios, éste cuenta con facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de autoridad responsable y actos reclamados, así como la formulación del capítulo de hechos y abstenciones que sólo a la parte quejosa le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado, pues las primeras son circunstancias que originan la rendición de informes justificados o previos, con lo que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional y, la última constituye requisito indispensable en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, tratándose de amparo indirecto, como en el caso. Apoya a la anterior determinación, por los principios que la rigen, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), que dispone: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." (No. de registro: 2018943, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Página: 5, Materia: Común). En las relatadas condiciones, toda vez que José Manuel Hernández Rodríguez, carece de legitimación para promover la demanda recibida electrónicamente en este juzgado, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, en términos de los artículos 107 de la Constitución Federal, así como 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, éstos últimos tres de la Ley de Amparo. Sin que lo anterior constituya o pueda representar denegación de justicia pues, como se dijo, no cumple con los requisitos referidos de la Ley de Amparo y Acuerdos Generales citados; y, la quejosa, o bien, la persona que desee promover en su favor (que cuente con firma electrónica) podrán hacerlo en la misma vía intentada, Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Giovanni Omar Martínez San Juan, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente; y, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 24 de la citada legislación, se reconoce como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, así como a José Manuel Hernández Rodríguez limitación que se le establece hasta en tanto el profesionista registre la cédula profesional que la acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Por otra parte, no ha lugar autorizar la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, ni ordenar las notificaciones de manera electrónica hasta en tanto proporcione su nombre de usuario o, en su defecto, realicen el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, atendiendo al hecho notorio de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", con la finalidad de salvaguardar la salud y vida, tanto de las partes del juicio, como de los servidores públicos adscritos a este juzgado, con base en la facultad discrecional del suscrito, se ordena que, hasta en tanto finalice dicha emergencia sanitaria, las notificaciones en el presente asunto, aun de carácter personal, se deberán realizar a través de los medios tecnológicos al alcance, tales como los correos electrónicos particulares; esto se insiste, con la finalidad de evitar el contacto físico y propagar el contagio del mencionado virus, por lo que se pide la compresión de las partes; en el entendido de que, cuando ya no exista el peligro de contagio, las notificaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo. En el supuesto de que se presente alguna imposibilidad para practicar las notificaciones personales de este asunto (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), o no proporcione correo electrónico particular, se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique, por medio de la lista electrónica a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Amparo. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese vía correo electrónico a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe. El Juez Francisco Javier Rebolledo Peña El Secretario Alberto Torres Rivera

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