Alba Celeny Rodríguez Díaz

Expediente 109/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
109/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Alba Celeny Rodríguez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de marzo de dos mil veintidós. Se recibe exhorto Se recibe el oficio y anexo de cuenta, signado electrónicamente por el Actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que devuelve debidamente diligenciando el exhorto 127/2022 (número de orden 127/2022) del índice de este órgano de control constitucional, enviado a fin de requerir a la autoridad responsable el informe relativo a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. Sin que haya lugar a realizar el acuse de estilo correspondiente, toda vez que el propio sistema lo genera; en obvio de repetición innecesaria de actuaciones, desglósense las constancias que fueron remitidas para correr traslado en la diligencia encomendada y dese de baja, háganse las anotaciones en el libro correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Envío de constancias por interconexión Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; en ese tenor, con copia certificada del exhorto de previa alusión, remítanse al referido Juzgado, a través del sistema de interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que provea lo conducente; sin que sea necesario acusar de recibido, pues el propio sistema expide el acuse respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de marzo de dos mil veintidós. Autoridad remite oficio Intégrese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual remite a este órgano jurisdiccional el informe del Jefe de Enlace Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual rinde su informe sobre la suspensión de plano. Se recibe telegrama Se tiene por recibido el telegrama enviado por la Directora General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobernación, mediante el cual rinde su informe sobre la suspensión de plano. Envío de constancias por interconexión Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, informando que dicho órgano aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; en ese tenor, con copia certificada de las constancias originales de previa alusión, remítanse al Órgano Jurisdiccional en cita, a través del sistema de interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que provea lo conducente; sin que sea necesario acusar de recibido, pues el propio sistema expide el acuse respectivo.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintidós. Aceptación de competencia Por recibido el oficio de cuenta, enviado por la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 109/2022, e informa que ese juzgado se avoca al conocimiento del juicio. Se recibe exhorto Se recibe el oficio y anexo de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el que devuelve debidamente diligenciando el exhorto 128/2022 (número de orden 128/2022) del índice de este órgano de control constitucional, enviado a fin de notificar a la quejosa ... ... éste juzgado federal no está en aptitud de proveer sobre el desistimiento que refiere ...al no ser competente para conocer del asunto. Por otro lado, no ha lugar a realizar el acuse de estilo correspondiente, toda vez que el propio sistema lo genera; en obvio de repetición innecesaria de actuaciones, desglósense las constancias que fueron remitidas para realizar la diligencia encomendada y dese de baja, háganse las anotaciones en el libro correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se reciben oficios Asimismo, tienen por recibidos los oficios suscritos por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en esta entidad federativa y Jefe de Enlace Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, mediante los cuales rinden su informe sobre la suspensión de plano. ... archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido...

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de marzo de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, de nacionalidad colombiana -lo cual acredita con la imagen del pasaporte de emergencia que se anexa al escrito de cuenta, mismo que incluye una fotografía de la demandante de amparo- contra actos que reclama del Titular de la Secretaría Gobernación y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 109/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Suspensión de plano Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama entre otros: Detención, expulsión del territorio mexicano, privación de la libertad por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, la estancia en alojamiento temporal en una estación migratoria con ánimo de privación de la libertad y deportación, tortura, golpes, malos tratos e incomunicación (prohibidos por el artículo 22 constitucional), de la directa quejosa Alba Celeny Rodríguez Díaz. En tales condiciones, se estima que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, toda vez que se está ante actos a que se refiere el artículo 15 de la misma legislación, esto es, incomunicación, deportación o expulsión, así como los prohibidos por el artículo 22 constitucional, relativos a tortura, golpes y malos tratos; por lo que, toda vez que el promovente refiere que Alba Celeny Rodríguez Díaz fue detenida por personal del Instituto Nacional de Migración, y que a partir de ese momento fue incomunicada, se estima que en el caso, se trata de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en tales condiciones, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO TODO ACTO QUE CONLLEVE GOLPES, INCOMUNICACIÓN, TORTURA, DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN DEL TERRIOTORIO NACIONAL QUE AFECTEN A ALBA CELENY RODRÍGUEZ DÍAZ. Es decir, para que Alba Celeny Rodríguez Díaz pueda comunicarse con sus familiares, abogados y demás personas que tengan el derecho legalmente de asistirla; asimismo, no se le torture, golpee, ni sea expulsada del territorio nacional o aplique cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal; y para el caso que haya sido detenida en flagrancia de la comisión de algún ilícito, se ponga de inmediato a disposición del Ministerio Público. Ahora bien, respecto a los actos reclamados atinentes a detención, privación de la libertad por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público y la estancia en alojamiento temporal en una estación migratoria con ánimo de privación de la libertad, cabe destacar que de los restantes actos reclamados, las autoridades señaladas como responsables, así como de los antecedentes relatados, se colige que la directa quejosa se encuentra detenida en virtud de un procedimiento administrativo de índole migratoria; supuesto en el cual, el alojamiento temporal en una estación migratoria de ninguna manera debe equiparase a una detención o privación de la libertad como se reclama en la demanda que se provee; por lo que al inconformarse de los mismos en esa magnitud, lo procedente es en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, ordenar la libertad de la directa quejosa Alba Celeny Rodríguez Díaz, empero se deben fijar medidas de eficacia a fin de evitar que el procedimiento migratorio se obstaculice. En efecto, si bien es cierto con motivo de la revisión y la verificación migratoria, la autoridad competente puede determinar que una persona no acredita su situación migratoria regular. En ese supuesto, la persona extranjera o migrante es presentada ante el Instituto Nacional de Migración para que se determine su situación migratoria en el país. Mientras se resuelve el procedimiento administrativo migratorio, el Instituto procede a decretar el alojamiento de la persona en una estancia migratoria o en una estancia provisional. Ello implica que, mientras se dicta una determinación por parte del Instituto, la persona está obligada a permanecer en la estación migratoria o estancia provisional. Sin embargo, el alojamiento no debe ser aplicado con fines punitivos o bajo una perspectiva que pretenda criminalizar la migración irregular. Según lo señala la Ley de Migración, el alojamiento tiene fines cautelares, en tanto busca asegurar que la persona migrante haga el debido seguimiento del procedimiento administrativo que es instaurado en su contra. Ello se demuestra por el hecho de que el alojamiento tiene vigencia en tanto se resuelve la situación migratoria de la persona. Pero atento a los criterios que han emitido organismos internacionales, su uso debe estar determinado bajo supuestos de excepcionalidad y por ende, deben existir medidas alternativas que sean efectivas para la consecución de los objetivos. Por ende, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que la autoridad responsable ponga en inmediata libertad a la quejosa Alba Celeny Rodríguez Díaz, debiendo informar mediante oficio en el término de veinticuatro horas siguientes al en que quede notificada de esta resolución, sobre el cumplimiento a la suspensión concedida, así como la hora en que inició la detención y la hora en que se suspenda. Lo anterior, siempre y cuando se satisfagan los supuestos para que tal medida pueda llevarse a cabo por la autoridad migratoria, mismos que enseguida se precisan: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausente sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerida, para la continuación del procedimiento administrativo de migración. c) Deberá presentarse ante la autoridad migratoria a firmar cada ocho días; obligación a la que deberá ajustarse a partir del día siguiente en que obtengan su libertad, para el efecto de su registro en el libro correspondiente y estampar su primera firma. Por tanto, requiérase a las autoridades responsables para que informen y acrediten con las constancias idóneas, si la parte quejosa ha cumplido con los requisitos señalados en los incisos a) y b) los cuales deben ser satisfechos ante la autoridad responsable, quien cuenta con facultades para proceder en la forma indicada. En el entendido de que la suspensión concedida no implica que la agraviada pueda circular libremente por todo el territorio nacional, sino únicamente en la ciudad y área conurbada donde establezca su domicilio, pues de permitirse esa circunstancia se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), emitida por el Pleno de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, registro 2022090, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En la inteligencia de que la suspensión en comento, no surtirá sus efectos, si la los actos reclamados en el presente controvertido constitucional, son atribuibles a diversas autoridades a las señaladas como responsables; o bien, los actos son diversos los aquí reclamados. Hágase saber a las autoridades responsables que queda a su cargo y bajo su responsabilidad la integridad y salud de la quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se le notifique el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito, el trato dado a la suspensión de oficio otorgada en favor de Alba Celeny Rodríguez Díaz. Comuníquese a las autoridades responsables el otorgamiento de la presente medida cautelar, haciéndoles saber que en caso de no obedecer en sus términos la suspensión de plano otorgada en el presente juicio, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Por otra parte, este órgano jurisdiccional atiende al contenido del "Protocolo para Juzgado Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional", publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno. Es necesario establecer que, aunque dicho protocolo no sea vinculante, sí constituye una herramienta que de pauta para guiar a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecúa a los criterios nacionales e internacionales, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además que la propia ley establece que la situación migratoria irregular en ningún caso configura por sí misma la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige de quienes imparten justicia, conocer las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Notificación vía exhorto e informe de la suspensión de plano En tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción ll, de la Ley de Amparo, gírense atentos exhortos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a los Jueces de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, así como al de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ambos en turno; a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que por su conducto y en auxilio de las labores de este juzgado y en el ámbito de su jurisdicción ordene al personal a su cargo, para que se libren los oficios correspondientes, anexando copia de la demanda de amparo y del presente proveído, con el fin de requerir a las autoridades responsables: 1. Titular de la Secretaria de Gobernación a nivel Federal en la Ciudad de México. 2. Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con sede en San Luis Potosí. 3. Director de la Policía Estatal, con sede en San Luis Potosí. 4. Director de la Policía Municipal de San Luis Potosí. 5. Director de la Guardia Nacional destacamentada en San Luis Potosí. Para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se les notifique el presente acuerdo, informen a este juzgado de Distrito, el trato dado a la suspensión de plano otorgada a favor de Alba Celeny Rodríguez Díaz, en el entendido que de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.". En esa tesitura, toda vez que el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que la quejosa fue detenida por elementos del Instituto Nacional de Migración y que procedieron a trasladarla a la estación migratoria con sede en San Luis Potosí; en consecuencia, el Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre que por turno le corresponda diligenciar el exhorto que se le envía, deberá comisionar al actuario de su adscripción para que se constituya inmediatamente en las instalaciones de la estación migratoria sede San Luis Potosí, a efecto de que se cerciore si ahí se encuentra Alba Celeny Rodríguez Díaz; las condiciones que guarda y dé fe de su integridad física. Competencia En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por la promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que los actos que aquí se reclaman en perjuicio de la directa quejosa han de ejecutarse en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, en virtud de que los actos reclamados tendrán ejecución en la ciudad y entidad antes señaladas. En virtud de lo anterior, en aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y, por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la misma a la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Correo electrónico Por otra parte, el promovente proporciona el correo electrónico alex_malgom@yahoo.com.mx, el que podrá ser tomado en consideración para comunicaciones no procesales. Acceso electrónico De la misma manera, el promovente solicita tener acceso al expediente electrónico del presente controvertido; en este sentido, toda vez que el usuario "alex_malgom", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, así como la presentación de promociones vía electrónica en el presente juicio; sin que ello implique se les notifique por dicho medio. Oficio dirigido a la Oficina de Correspondencia Común Para efectos de la regulación de ingresos y una distribución equitativa de los asuntos urgentes entre los órganos jurisdiccionales, y con fundamento en el artículo 48, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, a fin de que lleve a cabo la compensación correspondiente y se equilibre la carga de trabajo de este juzgado federal. Reproducción electrónica Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Protección de datos personales Conforme a los artículos 9 y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 108 de la Ley Federal en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique los subsecuentes proveídos aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Notificación a autoridades En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y, las que en su caso, tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Exhortación para utilizar el "juicio en línea" En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Notifíquese.

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