Alba Castro Santana
Expediente 382/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alba Castro Santana
Actuaciones
- Principal
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, remite copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja... de la que se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído por el cual se desechó de plano la demanda que originó el juicio de amparo en que se actúa... archívese este asunto como concluido...
- Principal
La parte quejosa INTERPONE RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de... en el que se desechó la demanda de amparo... tramítese dicho recurso... envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz; para la substanciación del medio de impugnación...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: **** promueve demanda de amparo contra actos del **** y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 382/2018 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido del escrito de demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma Ley. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece a la autoridad como parte en el juicio de amparo, la cual dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias, con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De lo anterior, se advierte que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Cabe mencionar que en la ejecutoria que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, al respecto aprobó la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como se advierte de lo anterior, a efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo que promueve la parte quejosa, se debe constatar si el acto que reclama afecta de manera unilateral la esfera jurídica del promovente, si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. HECHOS En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El incumplimiento de la obligación señalada en el artículo 233 del código Financiero del Estado de Veracruz, consistente en la falta de pago o ministración de la cantidad de ***, con motivo de la relación laboral que la quejosa inició con la **** como facilitadora "en línea. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado por la parte quejosa no corresponde con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que deriva de la relación laboral que vincula a la parte quejosa con la ******. Asimismo, el acto reclamado no corresponde con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter de índole laboral, por lo que difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado; en ese sentido la problemática que existe, en su caso, puede ser resuelta a través de una solución en la vía ordinaria laboral, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Tienen aplicación las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 202602 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Laboral Tesis: I.6o.T.26 L Página: 347 AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. Época: Novena Época Registro: 168507 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Noviembre de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.15o.A.36 K Página: 1316 AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. No es óbice a lo anterior, que el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de Ley de Amparo, prevé la posibilidad que los particulares puedan adquirir la calidad de autoridad responsable, pues para esto, los actos equivalentes a los de autoridad requieren de la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación jerárquica respecto del quejoso; lo cual, como ya se expuso, no acontece en el presente asunto. En razón de lo anterior, el juicio de amparo no es el idóneo para combatir el acto que el quejoso reclama; aunado a lo anterior con esta determinación no se le deja en estado de indefensión, ya que, en todo caso, tiene expeditos sus derechos para hacer valer el medio de impugnación ordinario que considere pertinente, ante la autoridad laboral competente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizada en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** por así haberlo solicitado. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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