Alán Vladimir Kuri Huerta

Expediente 191/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
191/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
27/07/2015

Partes del expediente

  • Alán Vladimir Kuri Huerta
  • Alán Vladimir Kuri Huerta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta, toda vez que ha transcurrido el término concedido a las partes para impugnar el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil quince, en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que ninguna de las mismas lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2º, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO, y se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Glósese el expediente original del incidente de suspensión deducido del mismo. Además, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace constar que en su oportunidad, el principal del juicio de amparo, será susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó. Haciéndose notar que el duplicado del incidente de suspensión deducido del presente juicio de garantías, será susceptible de destrucción, a partir de los seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución interlocutoria, en términos del artículo Cuarto y Vigésimo, fracción III, del citado Acuerdo. De igual manera, en consideración que se concedió la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado en el párrafo que antecede, se hace constar que en su oportunidad, el original del incidente de suspensión deducido del juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de depuración, por lo que desincorpórese materialmente la demanda y la suspensión provisional, a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Además, como se ordenó en el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil quince, al hacerse pública la resolución dictada en el presente juicio, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, deberán suprimirse los datos personales de las partes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Primero, párrafo segundo, del citado acuerdo 1/2009, colóquese en la carátula del presente expediente una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de éste proveído, mediante el cual se ordena el archivo, la data en que se remita materialmente al mismo, así como el que el presente expediente no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Se recibe el escrito signado por el quejoso ******; en atención a su contenido, como lo solicita, expídase a su costa, copia certificada de la constancia que indica, autorizando para recibirla a la profesionista precisada en el ocurso de cuenta, previa razón que de su recibo deje agregada en autos. En el entendido, que sólo se expedirán las copias solicitadas los días lunes, miércoles y jueves, de doce a catorce horas, en virtud de la carga laboral que lleva este Juzgado Federal.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en el sentido de que mediante oficio 3404 signado por la Jueza Segunda de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, recibido en proveído de once de junio de dos mil quince, la citada Juez anexó copia certificada de la sentencia absolutoria de veintidós de mayo de dos mil quince, en favor de los aquí quejosos Alán Vladimir Kuri Huerta, Francisco Javier Sánchez Xocua y José Luis Martínez Miguel, por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo con mercancía calificado, que se dijeron cometidos, el primero en agravio de Alejo Gilberto Villegas y el segundo de la persona moral denominada Transportes Narcea, S.A. de C.V. y la empresa denominada Herdez. Ahora de los presentes autos, se advierte que el presente juicio de garantías, fue promovido por Alán Vladimir Kuri Huerta, Francisco Javier Sánchez Xocua y José Luis Martínez Miguel, quienes señalaron como acto reclamado, los autos de formal prisión de veintiocho y veintinueve, ambos de junio de dos mil doce. En ese sentido, de las constancias que remitió la Jueza Segunda de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se obtiene que el veintidós de junio de la anualidad, cesaron los efectos del acto reclamado materia del presente juicio de garantías Por tanto, con relación al acto reclamado por los impetrantes Alán Vladimir Kuri Huerta, Francisco Javier Sánchez Xocua y José Luis Martínez Miguel opera la causa de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Por su lado, el numeral 77 de la ley de la materia establece, en lo que interesa: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija [.]". De la interpretación armónica de ambos preceptos legales, se aprecia que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos transcritos de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante su insubsistencia todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tal causa de improcedencia se surte en el presente asunto. En efecto, de la constancia remitida por la la Jueza Segunda de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe con justificación y dar cumplimiento al oficio 36032/2015 de veintiséis de mayo de dos mil quince, se obtiene que: El veintidós de mayo de dos mil quince, la Jueza Segunda de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictó sentencia absolutoria en favor de los aquí quejosos Alán Vladimir Kuri Huerta, Francisco Javier Sánchez Xocua y José Luis Martínez Miguel. A continuación, se transcribe la parte que interesa para el presente asunto: "PRIMERO. Es procedente la declaración del derecho y la imposibilidad de formular el juicio de tipicidad para la conducta confirme a los delitos de robo de vehículo con mercancía calificado y privación ilegal de la libertad, previstos y sancionados por los artículos 299 fracción I, 373, 374 fracción V y 380 fracciones I, X, XI y XVII en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal, el primero en agravio de las personas jurídicas "TRANSPORTES NARCEA" S.A. DE C.V. y "HERDEZ" y el segundo ALEJO GILBERTO VILLEGAS GONZÁLEZ. SEGUNDO. Es improcedente la formulación del juicio de reproche en contra de ALÁN VLADIMIR KURI HUERTA, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MIGUEL Y FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ XOCUA, como autores de los delitos a que nos referimos en el párrafo anterior, y en consecuencia se absuelve de la acusación enderezada en su contra por el ministerio público adscrito. Como procede, por la absolución, si esta resolución llegase a causar ejecutoria, dispóngase la libertad de los acusados ALÁN VLADIMIR KURI HUERTA, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MIGUEL Y FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ XOCUA. TERCERO. Como se expuso en el considerativo IV de esta resolución, se declara improcedente la condena al pago de la reparación del daño en sus especies moral y material. CUARTO. Comuníquese la presente resolución a la Superioridad y al Director del Centro de Reinserción Social para los efectos a que haya lugar. QUINTO. Al no haberse derrotado el principio de presunción de inocencia reconocido en favor de los acusados ALÁN VLADIMIR KURI HUERTA, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MIGUEL Y FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ XOCUA, de conformidad con el artículo 213 fracción I del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, de causar ejecutoria la presente resolución, solicítese al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, que por conducto de quien corresponda, sea cancelada la ficha de identificación administrativa de los acusados y registro de su ingreso al citado centro penitenciario. SEXTO. Notifíquese personalmente a las partes, infórmese del derecho y término de cinco días, para apelar la sentencia de acuerdo al artículo 277 del Código Procesal Penal. Cúmplase." (fojas 101 a 142). De lo antes relacionado y transcrito, sin mayor esfuerzo se obtiene que el veintidós de mayo último, la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictó la sentencia absolutoria en favor de los impetrantes del amparo. Entonces, debe concluirse que está actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que del oficio de cuenta se advierte que al haber dictado sentencia absolutoria en favor de los aquí quejosos Alán Vladimir Kuri Huerta, Francisco Javier Sánchez Xocua y José Luis Martínez Miguel, por lo que está demostrado que dejó de afectarse la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada por los quejosos Alán Vladimir Kuri Huerta, Francisco Javier Sánchez Xocua y José Luis Martínez Miguel. Sirve de apoyo, la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 746, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, IUS: 2004331, que explica: "SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO DIRECTO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Según la disposición citada, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal de improcedencia no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia, y en uno de ellos se otorga la protección constitucional, esto es, es inadmisible una interpretación expansiva que lleve a sobreseer cuando en uno de ambos juicios se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones tachadas como violatorias de derechos humanos -la invalidez formal de un acto no significa que no existan consecuencias o efectos jurídicos susceptibles de afectar los derechos humanos-, además de que el diseño del juicio de amparo exige a los jueces agotar la materia impugnativa respecto de una misma sentencia reclamada, en la medida de lo posible, en el menor número de sentencias. De ahí que el citado artículo 73, fracción XVI, no resulta violatorio de los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela efectiva, si su contenido es interpretado de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues, con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), segundo párrafo, constitucional, y el derecho humano de tutela efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse su derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la referida causal de improcedencia". En otro aspecto, cabe destacar que en caso de que las autoridades responsables con posterioridad insistan en la emisión del acto reclamado, podrán incurrir en el ilícito previsto en la fracción II, del artículo 262 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo". En tales condiciones, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías, conforme lo previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con el numeral 61, fracción XXI de la ley de la materia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. Máxime que a la fecha en la que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de garantías, se dio vista con el informe justificado a los quejosos el once de junio del año en curso, por lo que dan los ocho días de anticipación que prevé el numeral 117 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable, ni que tenga verificativo la audiencia constitucional, ya que ello no irroga perjuicio alguno a los impetrantes, toda vez que no son privados del derecho de defensa que les corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia que en este momento ya es notoria, manifiesta e indudable, como en la especie acontece, por haber cesado los efectos del presente juicio de amparo, de tal suerte que ni aun con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna. De ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar resolver el presente juicio de garantías hasta el momento que se verifique la audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Se aplica a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Marzo de 2003, página 383, cuyo rubro y texto son al tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, la Jurisprudencia II.2oP.J/23, ubicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Noviembre de 2006, página 991, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." Asimismo, cabe destacar que las tesis citadas en este proveído resultan aplicables a la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atento a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, que establece: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". En otro aspecto, la parte quejosa fue omisa en manifestar expresamente su oposición para que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, Pública Gubernamental, y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, no obstante que fueron requeridos en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince (fojas 79 a 82). Sin embargo, tal circunstancia no basta para concluir que ante la citada omisión, la presente resolución deba publicarse en los términos del requerimiento realizado. De manera que, si bien de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empero, de conformidad con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial, la cual, de acuerdo con los artículos 18 de la citada ley, y 8 del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sustenta lo considerado el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la clasificación de información 241/2010-J, de fecha veintisiete de enero de dos mil once, cuyo rubro dice: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, devuelve diligenciado, el exhorto del que se advierte que el once de junio del año en curso, se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado ************ a través de su apoderado legal *****. Y por cuanto hace al tercero interesado ******, de autos se desprende que es trabajador de la empresa que fue debidamente emplazada el once de junio último. En esas circunstancias, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio se ordena notificar al referido tercero interesado mediante lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.

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