Alan Villanueva García
Expediente 246/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alan Villanueva García
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de quince marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por********************; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, y regístrese con el número 246/2023. A efecto de proveer, respecto de la admisión o desechamiento de la demanda es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera cusa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo en su integridad, y si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tiene la facultad para desecharla. Ello, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda de amparo. Para esto, el concepto "manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", en el siguiente sentido, por lo que hace a manifiesto lo define como: el que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo constitucional; y por lo que hace a indudable, el que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. En ese sentido, al realizar un análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la quejosa******************** reclama del: 1).- Fiscal General del Estado de Oaxaca. 2).- Vicefiscal General Zona Centro, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 3).- Director de Averiguaciones Previas y Procesos, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 4).- Agente del Ministerio Público de la Unidad de Alto Impacto, adscrito a la Vicefiscalía General Zona Centro, Oaxaca. El siguiente acto reclamado: Auto, acuerdo o proveído, dictado con fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y recaído al escrito de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, y presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, ante la oficialía de partes de la Unidad de Alto Impacto, adscrito a la Vicefiscalía General Zona Centro, Oaxaca, dentro de la carpeta de investigación número ******************** o ********************. Desechamiento. Al respecto, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en los numerales 5°, fracción I y 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo; una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es conveniente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: el interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, localizable en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico. Ello, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que reclama el peticionario de amparo es el auto, acuerdo o proveído, dictado con fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y recaído al escrito de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, y presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, ante la oficialía de partes de la Unidad de Alto Impacto, adscrito a la Vicefiscalía General Zona Centro, Oaxaca, dentro de la carpeta de investigación número ******************** o ********************; determinación en la que, sustancialmente, el fiscal investigador no acordó favorable señalar fecha y hora para que el quejoso compareciera a declarar en relación a los hechos denunciados, asimismo, expuso el fundamento legal y los motivos por los cuales no resultaba viable darle acceso al quejoso a la citada carpeta de investigación. Ahora, es menester precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la participación del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En ese sentido, cabe destacarse que el hecho de que no rinda su declaración ante el fiscal investigador y ésta se integre a la carpeta de investigación respectiva, no constituye un acto o requisito indispensable para que aquélla se integre, dado que el arábigo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cita, no lo establece así, como se evidencia a continuación: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]". Por otro lado, si dicha institución, por disposición constitucional, tiene permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del imputado; entonces, dentro de dicha facultad se comprende la de recabar datos de prueba para integrar la carpeta de investigación; ordenar la citación o comparecencia del imputado, recibir su entrevista con asistencia de un defensor, y llegado el momento, ejercer acción penal ante los tribunales para solicitar, en su caso, la recepción de una carpeta de investigación, el auto de inicio de un proceso penal con la consecuente citación a fin de formularle imputación, o bien, orden de aprehensión, sin la garantía de audiencia del imputado. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo que se promueve en contra de la omisión o negativa de permitirle al quejoso a comparecer en su calidad de investigado dentro de la carpeta de investigación ******************** o ********************, iniciada según su dicho en su contra; dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público y sus fiscalías, conferidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los imputados el derecho de oponerse a la investigación de hechos constitutivos de posibles delitos, aun cuando la parte quejosa sea considerada como probable responsable, pues estimar lo contrario sería anteponer el interés particular al de la sociedad. Así, la revisión a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la investigación de hechos que posiblemente configuran un delito, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público y a los tribunales del País. Aunado a lo anterior, el dispositivo 218 Código Nacional de Procedimientos Penales contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del cual se observa que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta en tanto el imputado sea detenido, citado a comparecer, o sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el precepto 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Máxime que el fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un hecho tipificado en la ley como delito, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles para allegarse de datos para su esclarecimiento; empero, ello no implica necesariamente la citación del inculpado, pues inclusive el ordinal 129, último párrafo, del citado código adjetivo indica que el Ministerio Público podrá solicitar la comparecencia del imputado y ordenar su declaración cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, lo cual, no constituye una obligación. De ahí que se afirme que en la primera fase de la etapa de investigación inicial, el Ministerio Público no tiene la obligación legal de notificar ni citar al imputado para comparecer a la carpeta de investigación a fin de rendir su entrevista; por tanto, al no ser una obligación, ni encontrarse tal derecho incorporado a la esfera jurídica del peticionario de amparo, esa omisión no le causa perjuicio y, por ende, no puede reclamarse vía amparo indirecto, aunque se aduzca que con ello se restringe su derecho a tener una adecuada defensa y debido proceso. En ese contexto, si bien el inculpado goza del derecho de defensa que le otorga la Constitución, lo cierto es que, como ya se dijo, ello no implica que la representación social, al momento de llevar a cabo la investigación inicial (previo al ejercicio de la acción) tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación; de ahí que incluso cuando el investigado tenga conocimiento de la existencia de alguna indagatoria en su contra, ello no vincula al órgano investigador a citarlo para comparecer. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.95/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2817, Libro 17, correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, tomo III, materia Común, Penal, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2025272, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por********************. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho que en el juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado, se le haya concedido el amparo contra la orden de aprehensión dictada en la causa penal ********************, del Juzgado de Control de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, ya que dicho acto de molestia fue dejado sin efecto y dejó de existir, por lo que no se puede tomar en consideración para determinar la procedencia o no de la presente demanda de amparo, dado que no se puede inferir que los hechos investigados en la orden de aprehensión declarada inexistente guarden relación con los ventilados en la carpeta de investigación número ******************** o ********************. Domicilio y autorizados. Se tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, téngasele autorizando únicamente para tales efectos a las personas que menciona, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcione el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el número de teléfono y correo electrónico que proporciona, únicamente para contacto con el presente Órgano Jurisdiccional en casos necesarios, no así para recibir notificaciones, toda vez que dicha vía no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. Exhortación a tramitar juicio en línea. Ahora, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica FIREL. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, entre otras cuestiones se ordenó el archivo de este expediente como asunto definitivamente concluido; por tanto, devuélvase a la Encargada del Despacho de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el tomo de prueba consistente en copia certificada del expediente clínico del quejoso Diego Andrés Rubio Ramírez, que remitió en cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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