Alan Vicente Banda García
Expediente 125/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alan Vicente Banda García
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por Luis Manzo Macías, en cuanto defensor Particular del quejoso Alan Vicente Banda García, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de veintiocho de febrero del año en curso y al efecto manifiesta que es su deseo señalar como acto reclamado la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, en la causa penal 294/2022. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Del contenido del escrito de demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) De la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia: La resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca XI-9/2023, en la que se ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso. b) Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad: El acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 294/2022, en el que en cumplimiento a la ejecutoria de la Superioridad fijó las dieciocho horas con treinta minutos del veintiocho de febrero para que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional. La resolución emitida el veintisiete de febrero del año en curso, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, fijó fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO 1. En relación con el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de esta ciudad, consistente en el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 294/2022, en el que en cumplimiento a la ejecutoria de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, emitida el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el toca XI-9/2023, fijó las dieciocho horas con treinta minutos del veintiocho de febrero para que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional, se desecha la demanda toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, se considera que respecto del acto precisado, se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, ya que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incidió en su vigencia y ejecutividad, en la especie, la resolución emitida por la propia autoridad el veintisiete de febrero del año en curso, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, fijó fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso; de modo que, al haberse interpuesto un recurso o medio de defensa en su contra (revocación), la determinación dictada en aquél sustituyó procesalmente el acto analizado (proveído de veintisiete de febrero del año en curso), por lo que el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación; esto es, la nueva resolución sustituyó procesalmente a la anterior y es precisamente esta última, la que rige la situación jurídica de la parte quejosa y la que realmente le causa perjuicio. Esto es, la decisión que recayó al recurso de revocación enunciado sustituyó procesalmente el auto de veintisiete de febrero del año en curso dictado en la causa penal 294/2022, de modo que es aquélla la que, ahora, rige la situación jurídica de la parte peticionaria de amparo. En ese contexto, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda en relación a dicho acto. DESECHAMIENTO 2. Por lo que respecta al acto reclamado a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, consistente en la resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca XI-9/2023 y el diverso acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución emitida el veintisiete de febrero del año en curso, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, esta Juzgadora de Amparo, advierte, de oficio, que en la presente instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior consideración, se tiene presente que los dispositivos de la Ley de Amparo invocados en el párrafo que antecede, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. En relación a lo cual el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Expuesto lo anterior ha de decirse que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P./J. 37/2014; ello, pues en la especie, como se indicó con antelación, el quejoso señala como acto reclamado de la Magistrada resopnsable la resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca XI-9/2023, en la que se ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad, la resolución emitida el veintisiete de febrero del año en curso, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, fijó fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso. Sin embargo, dichos acto no constituyen una ejecución de imposible reparación, pues dichas determinaciones -ordenar se fije fecha y hora para la audiencia de suspensión condicional del proceso y su señalamiento para las dieciocho horas con treinta minutos del veintiocho de febrero- se traducen en supuestas violaciones de carácter adjetivo que podrán ser intrascendentes al resolverse la audiencia relativa a la suspensión condicional del proceso, dentro de la mencionada causa penal 294/2022, la cual puede ser favorable a sus pretensiones y en caso de no serlo, podrá ser impugnada en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes de la causa penal de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa, de donde se obtiene lo siguiente: El veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, con sede en esta ciudad, vinculó a proceso al aquí quejoso Alan Vicente Banda García, por los hechos que la ley establece como delitos de violencia familiar y abuso sexual, cometidos en agravio de María de Los Ángeles Cruz Vázquez y otros, dentro de la causa penal 294/2022. Posteriormente, a solicitud de la defensa, el veintiocho de diciembre del mismo año, se celebró audiencia de suspensión condicional del proceso, la cual fue negada por el Juez de Control responsable. Inconforme con dicha resolución, se interpuso recurso de apelación; medio de defensa del que correspondió conocer a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, radicándose con el número de toca XI-9/2023, quien mediante sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca XI-9/2023, ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso; resolución que constituye el acto reclamado en estudio. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, el Juez de Control responsable, emitió el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 294/2022, en el que fijó las dieciocho horas con treinta minutos del veintiocho de febrero para que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso. Inconforme con dicha determinación, el defensor particular del imputado aquí quejoso, interpuso recurso de revocación; medio de defensa que en resolución de esa misma fecha fue declarado improcedente por el Juez de Control -acto reclamado- Antecedentes que la parte promovente del amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". En virtud de lo antes expuesto, la resolución dictada por la Magistrada responsable y lo determinado por el Juez de origen, no constituyen actos de imposible reparación, para efectos de hacer procedente el juicio de amparo en su contra, es decir, no son acto de imposible reparación que afecten de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ya que no son determinaciones que traigan aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, dado que dichas violaciones no le paran un perjuicio inmediato a sus derechos fundamentales, pues el ad quem únicamente ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, el Juez de origen convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso y en cumplimiento a dicha ejecutoria el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad, en la resolución emitida el veintisiete de febrero del año en curso, declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, en el cual, fijó fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso. Máxime que una afectación a los derechos sustantivos es aquélla cuyas consecuencias son de tal gravedad que impiden en forma actual, el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que esas consecuencias recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, lo que en el caso no acontece, ya que la Superioridad únicamente ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, el Juez de origen convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso y el Juez fijó fecha y hora para la celebración de la referida audiencia; de ahí que el aquo emitirá una resolución en la que luego de hacer la valoración pertinente junto con los argumentos (alegatos), conforme las reglas que la legislación adjetiva penal nacional determinará la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso. Sin que dichos actos constituyan actos de imposible reparación, por lo que es de advertirse, que no derivan ni motivan alguna consecuencia directa e inmediata que pudiera recaer sobre el peticionario de amparo, para que fuera procedente el presente juicio, lo que conlleva a que la demanda de amparo resulte improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 613, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 678, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Procedencia del amparo indirecto, Materia(s): Común, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Octava Época, con registro número: 1002679, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXI y fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por Luis Manzo Macías, en cuanto defensor particular del quejoso Alan Vicente Banda García. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA ALAN VIVENTE BANDA GARCÍA, MEDIANTE AVISO DE SESI DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE DPOS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por Luis Manzo Macías, en cuanto defensor Particular del quejoso Alan Vicente Banda García, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de veintiocho de febrero del año en curso y al efecto manifiesta que es su deseo señalar como acto reclamado la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, en la causa penal 294/2022. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Del contenido del escrito de demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) De la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia: La resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca XI-9/2023, en la que se ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso. b) Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad: El acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 294/2022, en el que en cumplimiento a la ejecutoria de la Superioridad fijó las dieciocho horas con treinta minutos del veintiocho de febrero para que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional. La resolución emitida el veintisiete de febrero del año en curso, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, fijó fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO 1. En relación con el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de esta ciudad, consistente en el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 294/2022, en el que en cumplimiento a la ejecutoria de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, emitida el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el toca XI-9/2023, fijó las dieciocho horas con treinta minutos del veintiocho de febrero para que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional, se desecha la demanda toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, se considera que respecto del acto precisado, se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, ya que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incidió en su vigencia y ejecutividad, en la especie, la resolución emitida por la propia autoridad el veintisiete de febrero del año en curso, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, fijó fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso; de modo que, al haberse interpuesto un recurso o medio de defensa en su contra (revocación), la determinación dictada en aquél sustituyó procesalmente el acto analizado (proveído de veintisiete de febrero del año en curso), por lo que el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación; esto es, la nueva resolución sustituyó procesalmente a la anterior y es precisamente esta última, la que rige la situación jurídica de la parte quejosa y la que realmente le causa perjuicio. Esto es, la decisión que recayó al recurso de revocación enunciado sustituyó procesalmente el auto de veintisiete de febrero del año en curso dictado en la causa penal 294/2022, de modo que es aquélla la que, ahora, rige la situación jurídica de la parte peticionaria de amparo. En ese contexto, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda en relación a dicho acto. DESECHAMIENTO 2. Por lo que respecta al acto reclamado a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, consistente en la resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca XI-9/2023 y el diverso acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución emitida el veintisiete de febrero del año en curso, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, esta Juzgadora de Amparo, advierte, de oficio, que en la presente instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior consideración, se tiene presente que los dispositivos de la Ley de Amparo invocados en el párrafo que antecede, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. En relación a lo cual el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Expuesto lo anterior ha de decirse que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P./J. 37/2014; ello, pues en la especie, como se indicó con antelación, el quejoso señala como acto reclamado de la Magistrada resopnsable la resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca XI-9/2023, en la que se ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad, la resolución emitida el veintisiete de febrero del año en curso, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, fijó fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso. Sin embargo, dichos acto no constituyen una ejecución de imposible reparación, pues dichas determinaciones -ordenar se fije fecha y hora para la audiencia de suspensión condicional del proceso y su señalamiento para las dieciocho horas con treinta minutos del veintiocho de febrero- se traducen en supuestas violaciones de carácter adjetivo que podrán ser intrascendentes al resolverse la audiencia relativa a la suspensión condicional del proceso, dentro de la mencionada causa penal 294/2022, la cual puede ser favorable a sus pretensiones y en caso de no serlo, podrá ser impugnada en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes de la causa penal de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa, de donde se obtiene lo siguiente: El veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, con sede en esta ciudad, vinculó a proceso al aquí quejoso Alan Vicente Banda García, por los hechos que la ley establece como delitos de violencia familiar y abuso sexual, cometidos en agravio de María de Los Ángeles Cruz Vázquez y otros, dentro de la causa penal 294/2022. Posteriormente, a solicitud de la defensa, el veintiocho de diciembre del mismo año, se celebró audiencia de suspensión condicional del proceso, la cual fue negada por el Juez de Control responsable. Inconforme con dicha resolución, se interpuso recurso de apelación; medio de defensa del que correspondió conocer a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, radicándose con el número de toca XI-9/2023, quien mediante sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca XI-9/2023, ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso; resolución que constituye el acto reclamado en estudio. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, el Juez de Control responsable, emitió el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 294/2022, en el que fijó las dieciocho horas con treinta minutos del veintiocho de febrero para que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso. Inconforme con dicha determinación, el defensor particular del imputado aquí quejoso, interpuso recurso de revocación; medio de defensa que en resolución de esa misma fecha fue declarado improcedente por el Juez de Control -acto reclamado- Antecedentes que la parte promovente del amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". En virtud de lo antes expuesto, la resolución dictada por la Magistrada responsable y lo determinado por el Juez de origen, no constituyen actos de imposible reparación, para efectos de hacer procedente el juicio de amparo en su contra, es decir, no son acto de imposible reparación que afecten de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ya que no son determinaciones que traigan aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, dado que dichas violaciones no le paran un perjuicio inmediato a sus derechos fundamentales, pues el ad quem únicamente ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, el Juez de origen convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso y en cumplimiento a dicha ejecutoria el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, con sede en esta ciudad, en la resolución emitida el veintisiete de febrero del año en curso, declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, en el cual, fijó fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso. Máxime que una afectación a los derechos sustantivos es aquélla cuyas consecuencias son de tal gravedad que impiden en forma actual, el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que esas consecuencias recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, lo que en el caso no acontece, ya que la Superioridad únicamente ordenó la reposición parcial de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Región Uruapan, con sede en esta ciudad, negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 294/2022, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, el Juez de origen convoque a una audiencia oral y determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso y el Juez fijó fecha y hora para la celebración de la referida audiencia; de ahí que el aquo emitirá una resolución en la que luego de hacer la valoración pertinente junto con los argumentos (alegatos), conforme las reglas que la legislación adjetiva penal nacional determinará la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso. Sin que dichos actos constituyan actos de imposible reparación, por lo que es de advertirse, que no derivan ni motivan alguna consecuencia directa e inmediata que pudiera recaer sobre el peticionario de amparo, para que fuera procedente el presente juicio, lo que conlleva a que la demanda de amparo resulte improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 613, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 678, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Procedencia del amparo indirecto, Materia(s): Común, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Octava Época, con registro número: 1002679, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXI y fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por Luis Manzo Macías, en cuanto defensor particular del quejoso Alan Vicente Banda García. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovida por Luis Manzo Macías, en cuanto Defensor Particular de Alan Vicente Banda García, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 125/2023-III; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Ahora, apreciado íntegramente el líbelo de garantías, a fin de acordar lo procedente respecto de su procedencia, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el precepto 108, fracción IV y V, ambos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la parte quejosa del amparo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, por escrito, con copias suficientes para cada una de las partes (dos para las autoridades responsables; otra para correr traslado a la parte tercero interesada, una más para hacer entrega al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, y la restante para integrar el cuaderno único del incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite se realiza por cuerda separada), y bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado, la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, en la causa penal 294/2022, en la cual se declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el defensor particular del imputado aquí quejoso, en contra del proveído de esa fecha, donde el Juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, fijó las dieciocho horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de suspensión condicional del proceso. Lo anterior, toda vez que en el capítulo correspondiente a los actos reclamados únicamente señala como actos reclamados: "IV. Actos reclamados: De la Ordenadora (1), La porción de su resolución en que mandata al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, que, una vez recibida ese pronunciamiento, en el improrrogable termino de 48 cuarenta y ocho horas, convoque a Audiencia Oral y de manera fundada y motivada determine la procedencia o no de la suspensión condicional a proceso [.]. Dictada en el toca en el Toca Penal número XI-9/2023, relativo al recurso de apelación interpuesto por el imputado contra la interlocutoria pronunciada en audiencia del 28 veintiocho de diciembre en la que se niega la suspensión condicional del proceso a favor del aquí quejoso, dentro de la causa penal número 294/2022, seguida en su contra por los hechos aparentes del delito de VIOLENCIA FAMILIAR y OTRO, en detrimento de MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ VÁZQUEZ y otros, ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan (2). De la ejecutora (2), precisamente, su acuerdo de fecha 27 veintisiete de febrero del año en curso, en el que tuvo por recibida la resolución de la Magistrada responsable, y para cumplir con el término perentorio ordenado, llama a las partes técnicas intervinientes en el proceso a celebrar el día 28 de febrero a las 18:30 horas, la audiencia de suspensión condicional y resolver el requerimiento de la responsable ordenadora." Sin embargo, en los antecedentes de los actos reclamados, refiere lo siguiente: "[.] f) Recepcionada la sentencia de apelación, el Juez de Control, en cumplimiento de su ejecución, nos citó a las partes intervinientes a la consabida audiencia oral para decretar nueva resolución sobre la posible procedencia de la salida alterna que nos ocupa. g) Ese auto convocatorio, me fue notificado el 27 de febrero actual. h). En su contra y para efectos de agotar el principio de definitividad que rige para el amparo, interpuse recurso de revocación, el que fue negado en el mismo día y notificado al suscrito también en aquella fecha." (Énfasis añadido). APERCIBIMIENTO. Apercibido que si transcurrido el plazo otorgado para desahogar lo prevenido, de no desahogar la prevención, únicamente se tendrán como actos reclamados, los precisados en el escrito inicial de demanda, tal como se encuentran planteados. PRECISIÓN 1. Conviene indicar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquella se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. PRECISIÓN 2. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla el quejoso, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia (común) AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio. DOMICILIO. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Primer Privada de Prolongación Paseo de la Cima, número 1600 (mil seiscientos), fraccionamiento Lomas del Calle Sur, en esta ciudad. Sin que haya lugar a tener como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Manzo Macías, toda vez que promovió en cuanto defensor particular del quejoso, carácter que tiene reconocido ante la autoridad responsable al tenor de las documentales que adjuntó a su escrito de demanda. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Aida Esmeralda Mendoza y Otros.590/2019
- Aizer Vazquez Serrano3/2022
- Alain Escutia Ruiz327/2021
- Alan Joel Pulido Torres238/2022
- Alan Joseph Toledo Magaña24/2018
- Alan Martin Ángel Munguia141/2021
- Alan Vicente Banda García347/2023
- Alan Yafet Benderas Hernandez18/2018
- Alberto Abad Santos y Otros.738/2022
- Alberto Bernal Rosas277/2018
- Alberto Bucio Bucio871/2023
- ALBERTO CORTES HERNÁNDEZ y Otros.174/2017