Alan Soto Ortega
Expediente 902/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Alan Soto Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dictado en este juicio; con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado Ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se decretó la suspensión de plano, por lo que deberán conservarse las actuaciones por las que se concedió esa medida. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, *** acudió en representación de*** al juicio de amparo el tres de noviembre de dos mil veinte y reclamó de la de Fiscalía General del Estado de Durango y otras autoridades ".las órdenes verbales o escritas que han girado para que se le aprendiera y se le redujera a prisión.". Además reseñó que Alan Soto Ortega había sido privado de su libertad por agentes de la Policía Estatal Acreditable, sin que a la hora de presentación de la demanda de amparo, se conociera su situación jurídica, por lo que temía que fuera objeto de algún acto prohibido por la Constitución Federal. De ahí que el tres de noviembre de dos mil veinte, este juzgador otorgó la suspensión de plano; y previa ratificación de ****, se admitió la demanda biinstancial. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable indicó que no eran ciertos los actos reclamados sin embargo, mediante oficio FGDE/DIA/UCD/00210/2020, signado por el agente del Ministerio Público Adscrito al Departamento de Inmediata Atención y a la Unidad de Control de Detenidos, hizo del conocimiento a la Dirección de Asuntos Jurídicos, la puesta a disposición de *** a las trece horas con treinta y seis minutos del tres de noviembre de dos mil veinte, por parte de los Sub oficiales de la Policía Estatal Acreditable, ya que el mismo fue detenido a las once horas con quince minutos del mismo día, en la Avenida 20 de Noviembre de la colonia Nueva Vizcaya de la ciudad de Durango, por el delito de robo, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación CDI/FGE/DGO/14331/2020. Seguida la secuela procesal, este relator el veinticinco de enero de la presente anualidad, solicitó a las autoridades responsables que informaran la situación jurídica del quejoso, por lo que mediante oficio NO. ***, el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, hizo del conocimiento que mediante diverso oficio VIL.JAV/0027/202, había solicitado a la Coordinadora de la Unidad de Investigación de Robos, dicha información. Para dar contestación a lo anterior mediante oficio FGE/AGEH/43/2021, la citada coordinadora informó que dentro del término, se decretó a **** libertad con las reservas de ley y adjuntó el siguiente documento que a la letra dice: "COORDINADOR DEL DEPARTAMENTE DE INMEDIATA ATENCIÓN Y CONTROL DE DETENIDOS PRESENTE.- Por medio de este conducto y de conformidad con el artículo 140, 186, 187, 188, 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito solicitar a Usted ponga de inmediata libertad con las reservas de ley a C. ***, persona que se encuentra a disposición de esta unidad en la sala de espera de Control de detenidos, lo anterior en relación al acuerdo Reparatorio que se llevó entre las partes que intervinieron en el caso que nos ocupa, mismo que da fin al procedimiento y a la investigación que realiza esta Representación Social ... A T E N T A M E N T E Victoria de Durango, Dgo 05 de noviembre de 2020 El C. Agente Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Robo. [.]" La determinación de mérito fue acompañada en copia certificada, como parte del informe rendido por la responsable. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la privación de la libertad que, fue objeto el quejoso, dejó de tener efectos, puesto que al impetrante del amparo se le concedió libertad con las reservas de ley, por haberse autorizado un acuerdo reparatorio entre las partes que intervinieron en el asunto; en esas condiciones, el cinco de noviembre de dos mil veinte fue puesto en libertad, lo que se corrobora con el oficio descrito. En ese orden de ideas, debido al acuerdo reparatorio con la víctima del delito, la representación social declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado). Sirve de apoyo, en la parte considerativa, la siguiente tesis: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata" De ahí que, la privación de la libertad que fue objeto el quejoso, ya no existe. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con treinta y dos minutos del quince de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
A V I S O: PARTE QUEJOSA: 10-FEBRERO-2021. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, *** acudió en representación de*** al juicio de amparo el tres de noviembre de dos mil veinte y reclamó de la de Fiscalía General del Estado de Durango y otras autoridades ".las órdenes verbales o escritas que han girado para que se le aprendiera y se le redujera a prisión.". Además reseñó que Alan Soto Ortega había sido privado de su libertad por agentes de la Policía Estatal Acreditable, sin que a la hora de presentación de la demanda de amparo, se conociera su situación jurídica, por lo que temía que fuera objeto de algún acto prohibido por la Constitución Federal. De ahí que el tres de noviembre de dos mil veinte, este juzgador otorgó la suspensión de plano; y previa ratificación de ****, se admitió la demanda biinstancial. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable indicó que no eran ciertos los actos reclamados sin embargo, mediante oficio FGDE/DIA/UCD/00210/2020, signado por el agente del Ministerio Público Adscrito al Departamento de Inmediata Atención y a la Unidad de Control de Detenidos, hizo del conocimiento a la Dirección de Asuntos Jurídicos, la puesta a disposición de *** a las trece horas con treinta y seis minutos del tres de noviembre de dos mil veinte, por parte de los Sub oficiales de la Policía Estatal Acreditable, ya que el mismo fue detenido a las once horas con quince minutos del mismo día, en la Avenida 20 de Noviembre de la colonia Nueva Vizcaya de la ciudad de Durango, por el delito de robo, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación CDI/FGE/DGO/14331/2020. Seguida la secuela procesal, este relator el veinticinco de enero de la presente anualidad, solicitó a las autoridades responsables que informaran la situación jurídica del quejoso, por lo que mediante oficio NO. ***, el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, hizo del conocimiento que mediante diverso oficio VIL.JAV/0027/202, había solicitado a la Coordinadora de la Unidad de Investigación de Robos, dicha información. Para dar contestación a lo anterior mediante oficio FGE/AGEH/43/2021, la citada coordinadora informó que dentro del término, se decretó a **** libertad con las reservas de ley y adjuntó el siguiente documento que a la letra dice: "COORDINADOR DEL DEPARTAMENTE DE INMEDIATA ATENCIÓN Y CONTROL DE DETENIDOS PRESENTE.- Por medio de este conducto y de conformidad con el artículo 140, 186, 187, 188, 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito solicitar a Usted ponga de inmediata libertad con las reservas de ley a C. ***, persona que se encuentra a disposición de esta unidad en la sala de espera de Control de detenidos, lo anterior en relación al acuerdo Reparatorio que se llevó entre las partes que intervinieron en el caso que nos ocupa, mismo que da fin al procedimiento y a la investigación que realiza esta Representación Social ... A T E N T A M E N T E Victoria de Durango, Dgo 05 de noviembre de 2020 El C. Agente Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Robo. [.]" La determinación de mérito fue acompañada en copia certificada, como parte del informe rendido por la responsable. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la privación de la libertad que, fue objeto el quejoso, dejó de tener efectos, puesto que al impetrante del amparo se le concedió libertad con las reservas de ley, por haberse autorizado un acuerdo reparatorio entre las partes que intervinieron en el asunto; en esas condiciones, el cinco de noviembre de dos mil veinte fue puesto en libertad, lo que se corrobora con el oficio descrito. En ese orden de ideas, debido al acuerdo reparatorio con la víctima del delito, la representación social declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado). Sirve de apoyo, en la parte considerativa, la siguiente tesis: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata" De ahí que, la privación de la libertad que fue objeto el quejoso, ya no existe. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con treinta y dos minutos del quince de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio remitido electrónicamente por el director de asuntos jurídicos de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de enero del año en curso, informa que el peticionario del amparo *** fue puesto en libertad con las reservas de ley y anexa las constancias relativas a la situación jurídica del aquí quejoso. Notifíquese.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes
- Alán Matías Pruneda Martínez1468/2017
- Alan Matías Pruneda Martínez.800/2016
- Alan Matias Pruneda Martínez1274/2021
- Alan Otto Aranda Quiroga797/2021
- Alan Rocha Paz y Otros.333/2021
- Alan Rocha Paz y Otros.1499/2019
- Alba Alejandra Zaldivar Saucedo583/2020
- Albaro Meraz Nuñez y Otros.996/2019
- Alberta Sáchez Larreta958/2017
- Alberta Sánchez Larreta.288/2016
- Alberta Sánchez Larreta360/2018
- Alberta Sánchez Larreta344/2016