Alan Rodriguez Salazar

Expediente 946/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
946/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Alan Rodriguez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte promovente de garantías, recurriera el sobreseimiento fuera de audiencia dictado por este juzgado el once de febrero pasado, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, considerando que la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y la parte quejosa, fueron notificados en primer y último término, esto es, el catorce siguiente, quedando comprendido dicho plazo del quince de febrero al tres del presente mes y año. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, a partir de los tres años del presente acuerdo de archivo.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio TMCA 52/2022, signado por el Presidente, Secretaria Segunda de Acuerdos y Actuario, todos del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del cual, remiten copias certificadas de las constancias que obran dentro del expediente laboral 113-B/2020, del que derivan los actos reclamados, mismas que se tienen ofrecidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia. Ahora bien, la promovente del amparo esencialmente hizo consistir el acto reclamado en la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral TMCA-113-B/2020, por parte de la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje. Luego, en el caso, a juicio de quien esto provee, atendiendo al contenido integral de las pruebas documentales allegadas por la autoridad responsable de referencia que anexó a su oficio de cuenta, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; [...]." Como se aprecia del contenido de los preceptos normativos recién transcritos, la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que, una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, que aún y cuando el mismo subsista, no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto rezan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Lo anterior, ya que, en el caso, se tiene que la materia del reclamo la constituye la omisión de emplazar a juicio al Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad, y de dar continuidad y acción a dicho juicio laboral. Mientras que, de la información aportada por la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través de las constancias que anexa a su oficio de cuenta, se advierte que remite copia certificada de auto de diecinueve de enero del año en curso, en la que hace se tiene al Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, dando contestación a la demanda promovida en contra de esa entidad pública; se dio vista a las partes para que estuvieran en aptitud de objetar o no las pruebas ofrecidas por las mismas, además se fijó hora y día para que tenga verificativo la audiencia de Conciliación, Arbitraje, Recepción de pruebas, Alegatos y Resolución. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidas por una autoridad legalmente facultada para ello y son aptas acreditar que el diecinueve de enero del año en curso, la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, previo a realizar el emplazamiento cuya omisión se reclamó, continuó el trámite del juicio laboral de origen. Por tanto, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos de las violaciones que constituían la materia de análisis en esta vía constitucional, restableciéndose así las cosas en el estado que guardaban antes de la promoción del juicio biinstancial en que se actúa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. De ahí que se estime que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional en estudio, en virtud de que ya no subsiste el acto inicialmente reclamado. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para las once horas de hoy; sin embargo, el suscrito secretario encargado del despacho por licencia personal concedida al titular de este órgano jurisdiccional, únicamente está facultado para dictar providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, de conformidad con el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, dicha audiencia SE DIFIERE, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte el proveído de veintisiete de los corrientes, en el que se proveyó el informe justificado rendido por el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; en consecuencia para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del aludido informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, resuelta en contradicción de tesis 29/98-PL, 15 de febrero de 2000, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Sin que el criterio invocado sea contrario al actual texto de la Ley de Amparo, por lo que puede ser aplicado al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió.

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