Alan Rodrigo Martínez Gines
Expediente 856/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alan Rodrigo Martínez Gines
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo por el Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniese, apercibidas que para el caso de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; sin que hayan realizado alguna manifestación en ese sentido. Por tanto, este juzgador en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a analizar si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para tenerla por cumplida. EFECTO DE LA SENTENCIA Por sentencia de catorce de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la que causó ejecutoria mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por lo que se requirió el cumplimiento al Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que realizara lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 136/2013, a partir del emplazamiento practicado al peticionario del amparo Antonio Alberto Bravo Zamora, y, ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio presentado ante este juzgado federal la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió copia certificada del auto de diez de junio de dos mil veintidós, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 136/2013, a partir de la diligencia de emplazamiento efectuada a la parte demandada, aquí quejoso y repuso el procedimiento desde esa actuación. Asimismo, ordenó emplazar al solicitante del amparo de nuevo, para lo cual, requirió a la parte actora para que en el término de tres días exhibiera la copia de traslado para efectuar dicha diligencia, y la apercibió que de no hacerlo la Secretaría las sacaría a su costa, de conformidad con el artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y le impondría una multa por la cantidad de $7,000.00 M.N (siete mil pesos 00/100), de conformidad con el artículo 73 de dicho ordenamiento. ANÁLISIS EVALUATIVO Toda vez que en la sentencia se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 136/2013, a partir del emplazamiento practicado al peticionario del amparo Antonio Alberto Bravo Zamora, y, ordenara reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Y, dado que esto ya ocurrió según se narró en párrafos que anteceden, pues el Juez responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, a partir del emplazamiento practicado al quejoso, y ordenó reponer el procedimiento a efecto de emplazar nuevamente al solicitante del amparo, se considera que la sentencia de amparo ha quedado cabalmente cumplida, sin que se advierta que la autoridad responsable referida haya incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables; y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por el quejoso *, por medio del cual desahoga la prevención que se le formuló en auto de veintisiete de julio del año en curso. Atento a lo anterior, se tiene por desahogada la prevención que se formuló al quejoso y se provee: V i s t o el escrito de demanda de amparo y el escrito aclaratorio que promueve * por propio derecho, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: Autoridades responsables Comisario de Seguridad Pública y Tránsito de Nicolás Romero, Estado de México. Director de Seguridad Público y Protección Ciudadana de Nicolás Romero, Estado de México. Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nicolás Romero, Estado de México. Jefe del Departamento del Centro de Control, Comando y Comunicaciones C-4 de Nicolás Romero, Estado de México. Acto reclamado La negativa de las autoridades responsables, emitida mediante oficio de cinco de julio del año en curso, de exhibir los videos de las cámaras de video vigilancia de seguridad pública, ante el Juez de Control, que se ofrecieron como datos de prueba por la defensa del quejoso, para ser desahogadas dentro del plazo constitucional, en el procedimiento penal relativo a la causa de control 1415/2022, que se instruye en contra del quejoso. Improcedencia de la demanda No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en esencia, expuso las siguientes consideraciones: En la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno, éste interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionaran derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, precisa que por dichos actos se entienden: " los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí, puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino 0que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De ese modo, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto " aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En la especie, la quejosa reclama el siguiente acto: La negativa de las autoridades responsables, emitida mediante oficio de cinco de julio del año en curso, de exhibir los videos de las cámaras de video vigilancia de seguridad pública, ante el Juez de Control, que se ofrecieron como datos de prueba por la defensa del quejoso, para ser desahogadas dentro del plazo constitucional, en el procedimiento penal relativo a la causa de control 1415/2022, que se instruye en contra del quejoso. Sin embargo, tal determinación no constituye un acto de imposible reparación, porque los efectos que produce no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. Ello es así, pues, como lo refiere el propio quejoso, los videos de vigilancia que ofreció como dato de prueba en la etapa inicial del procedimiento penal de origen, al no haber sido presentados por las autoridades que señala como responsables, no fue posible su desahogo; en consecuencia, se desistió de dichos datos de prueba en la citada etapa procesal, en la que incluso ya fue resulta su situación jurídica, dictando en su contra auto vinculación proceso. En ese tenor, en la etapa de investigación complementaria el quejoso cuenta con la oportunidad de obtener de las autoridades que señala como responsables los datos de prueba que refiere. Además, en caso de que las citadas autoridades se negasen a proporcionar la información que tuviesen en su poder, el quejoso está en la posibilidad jurídica y material de acudir ante el juez control para constreñir a dichas autoridades a obrar dentro del marco legal que las rige, toda vez que éstas no actúan con el carácter de autoridad dentro del procedimiento penal, sino, en todo caso, como auxiliares en la administración de la justicia. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que el acto reclamado no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, se desecha de plano la demanda de amparo. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por lista al quejoso.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve Alan Rodrigo Martínez Gines, por propio derecho, contra actos del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito de Nicolás Romero, Estado de México y/o Director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nicolás Romero, Estado de México y otras autoridades, que los hace consistir en la negativa al dar contestación al oficio de fecha cinco de julio de dos mil veintidós dentro de la carpeta de control 1415/2022, en el que se le solicito al Jefe de Departamento de Centro de Control Comando y Comunicaciones C-A de Nicolás Romero, Estado de México, la remisión de los videos de las cámaras de vigilancia de seguridad pública, a efecto de ser presentada como medio de prueba por parte del hoy quejoso. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. REQUERIMIENTO PARA LA PARTE QUEJOSA Ahora bien, al resultar necesaria la aclaración de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: A manera de antecedentes exprese si ese negativa contenidas en el oficio de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, derivado de la carpeta de control 1415/2022, la planteo ante el Juez encargado de conocer de la misma, en caso afirmativo, deberá de transcribir por cualquier medio electrónico, el acuerdo que le recayó a la misma. De igual manera, deberá de manifestar si señala como autoridad responsable al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y en su caso el acto que en concreto le reclama. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en la tesis número XX.57 K,1 de rubro y texto: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente, que de no cumplir con las prevenciones marcadas con el número "1" en los términos requeridos, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe al quejoso que de no desahogar las prevenciones marcadas con el número "2", se acordará lo conducente, teniéndose como autoridades responsables las señaladas en el escrito inicial de demanda. Domicilio Ahora, toda vez que señala como domicilio un correo electrónico, dígase a la quejosa que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que no se encuentra previsto por la ley de la materia como medio para llevar a cabo notificaciones procesales, por lo que sólo puede ser considerado como medio de contacto para realizar notificaciones no procesales, por tanto, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin embargo, toda vez que le quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, Juan Fernández Albarrán, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción, a efecto de que notifique a la parte quejosa el auto de que se trata. Asimismo, deberá requerirle para que, en el momento de la diligencia respectiva o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Exhortación a las partes para seguir la tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de juicio en línea Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto Asimismo, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, requiérase a las partes para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese personalmente al quejosa.
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