Alán Roberto Quezada Molina
Expediente 741/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alán Roberto Quezada Molina
- Ian Emilio Quezada Molina,
- María Angélica Molina Fontes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
A sus autos el oficio signado por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Civil con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del comunicado 6880/2021 con el que se le notificó el auto de seis de julio de dos mil veintiuno, por el que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se le remitió un tomo de pruebas.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de diez de junio de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó en el juicio de amparo promovido por **** en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales A.R.Q.M. e I.E.Q.M., no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y b), del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, que establece: "Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de diez de junio de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó en el juicio de amparo promovido por **** en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales A.R.Q.M. e I.E.Q.M., no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y b), del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente."
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 741/2020; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veinte fojas 1 a 27, ante el secretario encargado de la guardia de este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, **** en representación de sus menores hijos de iniciales A.R.Q.M. e I. E.Q.M., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar con sede en Celaya, Guanajuato, de quien reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO. El proveído de 27 de noviembre del año 2020, dictado en el expediente **** , del índice del Juzgado del Partido Civil de Celaya Especializado en materia Familiar." Acto que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, 2.1, 3.1.2., 9.3., 27.2.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; asimismo, señaló como terceros interesados a J**** , mediador **** y subdirectora Regional sede Celaya del Centro Estatal de Justicia Alternativa; de igual forma expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya; quien mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veinte (fojas 28 a 31), la registró bajo el número 741/2020, y previno a la quejosa a efecto de que manifestara bajo protesta de decir verdad: 1. Si a los litisconsortes pasivos necesarios mediador **** y a la subdirectora regional de la sede Celaya, del Centro Estatal de Justicia Alternativa, licenciada ****, aquí señalados como terceros interesados, el juez responsable les reconoció tal calidad en el juicio de origen, y de ser así, señale si ya fueron emplazados, debiendo especificar la fecha y por conducto de quien. 2. Si el convenio de trece de enero de dos mil veinte, celebrado ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa, sede Región Celaya, que ratificó en esa data, se ha cumplido en los puntos convenidos relacionados con la pensión alimenticia de los menores quejosos, así como con las convivencias; o en su caso señale de qué forma se está llevando a cabo y si ello se acordó solo entre los progenitores o se sancionó por alguna autoridad. 3. En relación con lo anterior, precise en forma clara y exacta sin con motivo de la radicación del juicio de donde emana el acto reclamado, el juez responsable decretó medidas cautelares propuestas por el actor -padre de los menores-, relacionadas con la pensión alimenticia y convivencia con los menores; de ser así, indique con precisión en qué consistieron y cómo se decretaron; en su caso, indique si siguen subsistiendo los términos del convenio cuya nulidad demanda en la reconvención. 4. Indique con precisión, qué determinación adoptó el juez responsable, con relación a la solicitud de la medida precautoria de embargo de bienes del deudor alimentista para garantizar la pensión alimenticia de los menores y su subsistencia. 5. Especifique en forma precisa y exacta si el progenitor de los menores de nombre ****, se encuentra asignado en el área COVID designada por el Hospital donde labora (IMSS) para el tratamiento de dicha enfermedad; en su caso señale, si al ser médico familiar solo atiende en esa área. Mediante escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la promovente desahogó la prevención, donde dio respuesta a la prevención formulada fojas 34 a 45. A lo anterior recayó el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintiuno, donde se tuvo por desahogada la prevención y se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; no se tuvo como terceros interesados al mediador **** y subdirectora Regional sede Celaya del Centro Estatal de Justicia Alternativa; sí se reconoció el carácter de tercero interesado a J****, quien fue emplazado al presente juicio el trece de enero de la presente anualidad foja 100; se designó como represente especial de los menores de iniciales A.R.Q.M. e I. E.Q.M., al asesor Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta ciudad, **** , con esa calidad, aceptó dicho cargo el seis de enero de dos mil veintiuno; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. TERCERO. Convenio celebrado en el juicio de origen. Mediante oficio JOFAC/3114/2021, registrado con número 3487, suscrito por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, remitió copia certificada del audio y video de la audiencia preliminar celebrada el diez de mayo de dos mil veintiuno, donde consta el convenio celebrado por las partes y su ratificación, así como copia certificada del acta de audiencia en comento, lo cual se tuvo por recibido en auto de trece de mayo de la presente anualidad, para ser tomado en cuenta al resolver el presente asunto; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto derivado de un procedimiento familiar que tendrá ejecución en esta ciudad; esto es, dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados lo constituyen: El acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, dentro del juicio oral ordinario número ****, en el que determinó, entre otras cuestiones: "En cuanto a la separación de concubinos que solicita y, en atención a que expone la demandante que materialmente se encuentra separada del demandado, es por lo que se confirma y resulta procedente mantener ese estado de hecho para que la accionante permanezca separada de su concubino y se le autoriza cambiar chapas y cerraduras de su domicilio para evitar ser perturbada por el demandado. Por lo que respecta a la medida cautelar sobre custodia y convivencias provisionales sobre sus menores hijos cuyas iniciales son A. R. Q. M. e I. E. Q. M., que efectuara la demanda original, se determina que se decidirá lo conducente en la etapa correspondiente dentro de la audiencia respectiva conforme a los artículos 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 401 fracción III, 408, 814, 828 fracción V y 839 de la Ley de enjuiciamiento civil de esta Entidad Federativa [sic del acuerdo combatido]." Como consecuencia de lo anterior, la negativa a pronunciarse en torno a la medida cautelar sobre custodia y convivencia provisional, así como la omisión de pronunciarse en cuanto a la medida cautelar de embargo precautorio solicitado. Actos atribuidos a la autoridad responsable: Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable juez de Partido Civil Especializado en materia Familiar de Celaya, Guanajuato foja 60, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio familiar ****; documental que obra en un tomo de pruebas por separado y tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un juicio familiar ante una autoridad judicial. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, el aquí tercero ****, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, de iniciales A.R.Q.M. e I. E.Q.M., promovió demanda en la vía ordinaria, ante el Juzgado Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, en contra de ****, reclamando la modificación del convenio que celebró con la demandada el trece de enero de dos mil veinte, ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa, sede Regional Celaya, dentro del expediente ****, en los rubros de convivencias, alimentos y casa habitación, entre otros (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas). 2. Demanda que se radicó por auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, bajo el expediente ****, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en materia Familiar de Celaya, Guanajuato, donde se ordenó emplazar a la demandada, lo cual se realizó en diligencia de seis de noviembre pasado fojas 18 a 21 y 23. 3. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, **** contestó la demanda entablada en su contra y planteó reconvención, ejercitando la acción de nulidad del convenio que celebró en el expediente **** , ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa, sede Regional Celaya el trece de enero de dos mil veinte; el pago de alimentos a favor de sus menores hijos, aquí quejosos, entre otras; de igual forma solicitó las medidas cautelares: Custodia provisional y convivencia virtual de los menores, aquí quejosos, con su progenitor, aquí tercero interesado; Suspensión de la cláusula primera del convenio antes citado; Separación de concubinos; Embargo precautorio a fin de asegurar el pago de alimentos. 4. A lo anterior recayó el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, donde el juez responsable determinó en lo que interesa: Respecto a la medida cautelar sobre custodia y convivencias provisional sobre sus menores hijos de iniciales A. R. Q. M. e I. E. Q. M., que se decidirá lo conducente en la etapa correspondiente dentro de la audiencia respectiva conforme a los artículos 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 401 fracción III, 408, 814, 828 fracción V y 839 de la Ley de enjuiciamiento civil de esta Entidad Federativa; En cuanto a la medida cautelar de embargo precautorio, omitió el pronunciamiento correspondiente. (Lo antes señalado, constituyen los actos reclamados). 5. Posteriormente, mediante oficio JOFAC/3114/2021, registrado con número 3487, suscrito por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, se remitió copia certificada del audio y video de la audiencia preliminar celebrada el diez de mayo de dos mil veintiuno, donde consta el convenio celebrado por las partes y su ratificación, así como copia certificada del acta de audiencia en comento. QUINTO. Causal de improcedencia fundada. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, precepto legal que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y .." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, se han establecido en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan esta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales que derivan del referido principio se encuentra la prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que se refiere a que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquel, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Cabe señalar que la diferencia entre la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo con la establecida en la fracción XXI del mismo dispositivo legal -que hayan cesado los efectos del acto reclamado-, radica en que la segunda requiere de la actividad o participación de la autoridad que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, ya sea dejando insubsistente el acto reclamado o sus efectos de forma inmediata, total e incondicional, lo que es inconcuso no puede realizar un particular; mientras que la actualización de la primera requiere que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, pudiendo entonces ser por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica o por acontecimientos naturales, entre otros supuestos. Orienta lo anteriormente expuesto, la tesis 2a. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 241, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad.". Ahora bien, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe decirse que mediante oficio JOFAC/3114/2021, registrado con número 3487, suscrito por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, se remitió copia certificada del audio y video de la audiencia preliminar celebrada el diez de mayo de dos mil veintiuno, donde consta el convenio celebrado por las partes y su ratificación, así como copia certificada del acta de audiencia en comento, de cuyas cláusulas, en lo que interesa, se desprende que convinieron en lo que interesa (03:41:24 pm 00: 06:24 minutos del audio y video): "Primero. (.) Segundo. Que la custodia de los menores, aquí quejosos, queda a cargo de la mamá ****, en el domicilio ubicado en **** , en Celaya, Guanajuato, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, posterior a esa fecha, vivirán en otro domicilio, cuyo cambio se informará de manera inmediata; y en el supuesto de que sea fuera del estado o país, se realizará previa autorización del padre. Se corrige primer apellido de la madre de los menores . Tercero. Que ambos padres convienen que la convivencia del padre con sus menores hijos, se lleve los fines de semana de cada quince días, iniciando del día viernes al día domingo, con horarios de entrega de los menores, a las 18:00 horas, materializándose dichas convivencias a partir del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Que respecto a las convivencias del padre con sus menores hijos en vacaciones de los mismos, quedan abiertas, a efecto de que previa comunicación entre los progenitores se puedan materializar. Que se continuará con la convivencia que se fijó en el convenio celebrado el trece de enero de dos mil veinte en el Centro de Justicia Alternativa, respecto de los días de navidad y año nuevo, siendo para este año, la navidad con el padre y año nuevo con la madre, y para el año 2022 en forma invertida para los conciliados. Que las partes se comprometen a que en todo momento vigilarán y cuidarán con la mayor diligencia posible el bienestar de sus menores hijos, así como al buen desarrollo de los mismos; colaborando mutuamente en todas las acciones que sean necesarias, de igual forma, acuerdan conducirse en forma respetuosa, además de que los padres no hablarán a sus hijos en forma negativa del otro padre con el que no estuvieran conviviendo. Cuarto. (.) Quinto. Que las partes establecen que ****, se obliga a otorgar por concepto de pensión alimenticia, calzado, vestido, educación y habitación en favor de sus menores hijos; el 33 treinta y seis por ciento, de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba en la fuente laboral del IMSS, y los mismos sean depositados a la cuenta en la cual se ha venido realizando con anterioridad. En este momento las partes discutieron y decidieron que fuera el treinta y tres por ciento. Que María Angélica Molina Fontes, solicita se le entregue el oficio correspondiente para hacerlo llegar a la institución mencionada en la delegación de León, a efecto de que lo presente en forma personal, y se compromete a entregar el acuse respectivo a la secretaría del juzgado. Sexto. Que ambos padres acuerdan que el derecho a la salud que requieren sus menores hijos, se proporcione por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como prestación laboral con la que cuenta el progenitor, y por parte del ISSSTE como prestación de su progenitora: Que para los gastos médicos que se eroguen de forma extraordinaria, los conciliados convienen, serán cubiertos a razón de un 50% cincuenta por ciento por parte de ambos progenitores, por lo que deberán guardar los tickets, facturas, notas de venta y recibos donde consten las consultas y medicamentos para que el padre que realice los gastos pueda ser reembolsado a más tardar quince días naturales posteriores, la cantidad que resulte del porcentaje a que esa obligado el padre que no las hizo. Que en atención médica posterior con el endocrinólogo del hijo mayor podrá ser atendido por algún compañero médico del padre, así como al mismo se le realizará una segunda cirugía necesaria con el mismo médico que lo ha atendido previamente. Se determinó que las partes se avisarán mutuamente, a fin de realizar gastos médicos que se eroguen de forma extraordinaria, para lo cual proporcionaron sus números telefónicos. Séptimo. . Octavo. Se obliga **** a entregar el día treinta y uno de diciembre de la presente anualidad, en un horario entre las 19:00 horas y las 19:30 horas, la posesión real, jurídica y en buen estado el inmueble ubicado ****, así como las llaves del mismo a Juan Roberto Quezada Valtierra, quien se compromete a estar en dicha fecha, previa comunicación entre los conciliados a efecto de fijar la hora de la entrega de dicho inmueble. . 4:22:58 pm 00:48:13 minutos del audio y video. El anterior convenio fue ratificado por las partes en el momento de la audiencia (4:23:46 pm a 4:23:56 pm), por lo que el juez, al encontrarlo apegado a derecho y salvaguardando los derechos de los hijos menores de edad de los contendientes, lo aprueba y eleva a la categoría de cosa juzgada 4:24:28 pm 00:49:43 minutos del audio y video. Dichas constancias tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2o de esta, de las que se desprende que las partes en el expediente familiar de origen celebraron un convenio, el cual se ratificó y se elevó a la categoría de cosa juzgada. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial: 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, agosto de 2013, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Cabe señalar que las anteriores constancias, aun cuando se allegaron con posteridad a la celebración de la audiencia constitucional, sí son susceptibles de ser valoradas por este juzgado, al relacionarse con la actualización de una causa de improcedencia. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1279, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Luego, en el caso a estudio, no obstante que existe el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir su objeto o su materia dado que las partes en el expediente familiar de origen celebraron un convenio, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, sin que este órgano jurisdiccional pueda pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de actos que no fueron materia de impugnación a través del juicio de amparo, por ende, las decisiones emitidas por el juez responsable respecto del convenio aludido deben estimarse válidas para los efectos legales conducentes, en tanto no exista resolución emitida por autoridad competente que decida lo contrario. Resulta aplicable al caso, el principio rector que informa la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo XXIV, diciembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 189, que se transcribe a continuación: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En razón de lo anterior, resulta innecesario hacer pronunciamiento en torno a los alegatos formulados por la asesora jurídica de los quejosos menores de edad. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** en representación de sus menores hijos de iniciales A.R.Q.M. e I. E.Q.M., en contra de la autoridad responsable y actos que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
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