Alán Roberto Hernández Hernández
Expediente 150/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Óscar Rigoberto Calvo Montes
- Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno
- Alán Roberto Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de agosto de dos mil veintitrés. Admisión de recurso de revisión. Glósese a los autos el oficio de cuenta que remitió la actuaria adscrita al ********************, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************contra la resolución dictada el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en este juicio de derechos, mismo que fue radicado como amparo en revisión ********************. Vinculación de Expediente. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de junio de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito suscrito por el defensor de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra el auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el presente asunto; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del ocurso de interposición y expresión de agravios; en la inteligencia que la correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado y en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del oficio de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio con anexos de cuenta suscrito por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de once de abril de dos mil veintitrés. Para tal efecto, remite las constancias que le solicitó este órgano jurisdiccional e informa que, dentro de la causa penal ******************** el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se remitió el auto de apertura a juicio y fue recibido por el administrador del Tribunal de Oralidad el veintitrés de enero de este año, señalando fecha para la audiencia de debate a juicio oral, la cual ante el conocimiento del presente juicio de derechos fue suspendida hasta tener conocimiento de la resolución del presente juicio de amparo. Pruebas. De conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales y las copias certificadas del audio y video que anexa a su oficio de cuenta. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Antecedentes destacadas de las constancias de la autoridad responsable: El veintitrés de enero de este año, mediante oficio HER/US/00937/2023, de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la juez de Control del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, remitió al Administrador del Tribunal de Oralidad el auto de apertura a juicio oral, dentro de la causa penal ******************** que se instruyó en contra de Alán Roberto Hernández Hernández, por el delito de lesiones que tardan más de quince días en sanar. El veintitrés de enero de este año, se ordenó integrar el cuadernillo de juicio oral; asimismo, se fijó fecha para la audiencia de debate a juicio oral, la cual ante el conocimiento del presente juicio de derechos fue suspendida hasta tener conocimiento resolución del presente juicio de amparo. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclamó en el presente juicio de amparo lo siguiente: la resolución del incidente de sobreseimiento en audiencia intermedia de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ******************** del índice de la autoridad responsable. Sobreseimiento. De lo anterior se advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. En efecto, el contenido de la hipótesis normativa es el siguiente: El numeral referido es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (...)" Análisis de la causa de improcedencia. De la lectura del precepto antes transcrito es dable establecer que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, de la Novena Época, que textualmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De lo anterior se tiene que la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Como puede advertirse, esta causal opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de tal manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadio procesal diferente. Esto es, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente del derivado de los diferentes estados en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Normativa. El artículo 211, fracciones II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: (...) II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento..." Por su parte, los artículos 347, en su primer y último párrafo, y 349 de esa misma codificación señalan: "Artículo 347. Auto de apertura a juicio Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: (.) La persona juzgadora de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado." "Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia." Conforme a las disposiciones legales en cita, si bien se colige que la etapa intermedia tiene su culminación con el dictado del auto de apertura a juicio; por otro lado, también se puede afirmar que este acto procesal no es el parámetro que da inicio a la etapa procesal siguiente, es decir, a la de juicio oral. En efecto, de acuerdo a lo establecido en la ley, una vez que el o la juez de Control -que está a cargo de la celebración de la audiencia intermedia- dicta el auto de apertura a juicio, dando conclusión a esa etapa del procedimiento, tiene cinco días para hacerlo llegar, junto con los registros y el acusado, al tribunal de enjuiciamiento correspondiente, siendo que cuando éste los recibe, da inicio formal y materialmente la etapa de juicio oral: formal, porque así lo dispone expresamente la propia norma jurídica; material, porque es hasta ese momento y no antes, cuando el tribunal de enjuiciamiento llega a tener conocimiento del asunto al comenzar a fungir como autoridad rectora del procedimiento penal. De modo que, aunque la etapa intermedia concluye con el auto de apertura a juicio, no significa que las actuaciones o trámites subsecuentes que son tendentes a que los autos queden a disposición del tribunal de enjuiciamiento, no se den dentro de esa misma etapa procesal, pues si bien se le reputa como concluida dado que su objeto se cumplió, esto no implica que se halle plenamente cerrada, ya que al tenor del principio de continuidad que rige el sistema de justicia penal acusatorio y oral, esto ocurre hasta cuando da inicio la etapa subsecuente, o sea, en el momento en que el tribunal de enjuiciamiento recibe el auto de apertura a juicio. Es decir, en ese lapso procesal en que la o el juez de Control que verificó la etapa intermedia, prepara y remite las actuaciones al tribunal de enjuiciamiento, sigue siendo la etapa intermedia en la que el primero continúa siendo la autoridad rectora del procedimiento y no el segundo en mención, por lo que no hay bases -ni legales ni fácticas- como para asumir que tales menesteres ocurren y/o pertenecen a la etapa de juicio oral. Entonces, la previsión del segundo párrafo, última parte, de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toma como presupuesto que en el procedimiento respectivo sí pueda dictarse el auto de apertura a juicio (porque con este acto se concluye la etapa intermedia) y a pesar de ello, no constituya un obstáculo para la resolución del controvertido constitucional. En otras palabras, no es limitante para resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, el hecho de que en el procedimiento penal donde emanó el mismo se haya dictado el auto de apertura a juicio. Sino que, es necesario que la o el juez de Control envíe el auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento para iniciar la fase de juicio oral y ahí es, cuando esta nueva etapa comienza, o sea, que el tribunal de enjuiciamiento sí haya recibido el referido acto procesal y las constancias condignas, tal como lo establece el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es orientadora la tesis I.1o.P.11 P (11a.), con registro digital 2024228, de Tribunales Colegiados de Circuito Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3192, que indica: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. SU EMISIÓN POR EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO EN LA ETAPA INTERMEDIA, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Hechos: El Juez de Distrito sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de la Jueza de Control que declaró infundada la solicitud del quejoso (que tenía la calidad de acusado en la etapa intermedia) de sobreseer en la carpeta judicial. Lo anterior, al considerar que había operado un cambio de situación jurídica en razón de que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, comunicó que había dictado el auto de apertura a juicio oral, y precisó que en atención a la suspensión provisional y en términos del párrafo segundo del precepto indicado, instruyó a la Dirección de la Unidad de Gestión Judicial respectiva para que no enviara dicho auto para evitar que se abriera la fase de juicio oral hasta que se resolviera en definitiva el juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la emisión del auto de apertura a juicio oral no actualiza la referida causal de improcedencia respecto del acto reclamado que se generó en la etapa intermedia. Justificación: Conforme a los artículos 211, fracciones I y II, 347, primer y último párrafos y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia concluye una vez que el Juez de Control dicta el auto de apertura a juicio, teniendo cinco días para hacerlo llegar, junto con los registros y el acusado, al Tribunal de Enjuiciamiento correspondiente, siendo que cuando éste los recibe, da inicio formal y materialmente la etapa de juicio oral; formal, porque así lo dispone expresamente la propia norma jurídica; material, porque es hasta ese momento -y no antes- cuando el Tribunal de Enjuiciamiento llega a tener conocimiento del asunto al comenzar a fungir como autoridad rectora del procedimiento penal. De modo que aunque la etapa intermedia concluye con el auto de apertura a juicio, ello no significa que las actuaciones o trámites subsecuentes, que son tendentes a que los autos queden a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento, no se den dentro de esa misma etapa procesal, pues si bien se le reputa como concluida dado que su objeto se cumplió, esto no implica que se halle plenamente cerrada, ya que al tenor del principio de continuidad que rige el sistema de justicia penal acusatorio y oral, esto ocurre hasta cuando da inicio la etapa subsecuente, o sea, en el momento en que el Tribunal de Enjuiciamiento recibe el referido auto de apertura a juicio. Por lo que el dictado de dicho acto procesal no conlleva un cambio de situación jurídica, más aún cuando la autoridad judicial no lo envía al Tribunal de Enjuiciamiento para evitar la apertura de la última fase del procedimiento penal, lo que significa que continúa siendo la rectora del procedimiento respectivo y de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se da la pauta y toma como presupuesto de que en el procedimiento respectivo sí pueda dictarse el auto de apertura a juicio y esto no constituya un obstáculo para la resolución del controvertido constitucional, siempre que no se dicte la sentencia de primera instancia que, conforme a dicho precepto, es la que hace que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones que se hubiesen reclamado en el juicio de amparo." Ahora, de las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado; probanzas a las que ya se les concedió valor probatorio pleno, en los términos precisados al inicio del presente proveído, se advierte que, en el presente asunto ocurrió la causa de improcedencia en comento. En efecto, el juicio de origen ya cambió de etapa procesal, pues los autos de la causa ******************** se encuentran en el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, e incluso, el veintitrés de enero de este año, se programó la audiencia de debate a juicio. En este sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia en comento, en tanto que el acto que reclama la parte quejosa cambió de etapa procesal. En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática de la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, el presente asunto es improcedente. Conclusión. Por lo que, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra constancia alguna que acredite que la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, haya quedado debidamente notificada del auto de once de abril de dos mil veintitrés, por el cual se le requirió por diversas constancias. En consecuencia, se ordena la reexpedición de la misiva correspondiente y se comisiona al actuario judicial adscrito para que de inmediato entregue el oficio correspondiente a la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la aludida audiencia y se señalan las once horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese y mediante oficio a la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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