Alan Raymundo Nieto Jiménez

Expediente 2684/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2684/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Alan Raymundo Nieto Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Encargado de la Hacienda Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a través del cual informa la imposibilidad para notificar al quejoso sobre la entrega del cheque expedido a su favor. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Encargado de la Hacienda Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que, dentro del término de tres días legalmente computados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite a este juzgado la notificación y entrega del cheque a nombre de la parte quejosa en el diverso domicilio que se advierte en su credencial para votar (foja 20), ubicado en la *************, o bien, acredite con documento fehaciente la causa legal que le impida hacerlo (acta circunstanciada de hechos). Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aún después de habérseles impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Notifíquese.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SINTESIS DICE: Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del artículo 2°, del primer ordenamiento citado, se acuerda: Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alan Raymundo Nieto Jimenez, por propio derecho, contra actos de las autoridades que denominó: 1 Presidente Titular de la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. 2 Presidente Auxiliar de la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. 3 Secretario General de la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Creación del expediente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda en el Libro de Gobierno de este juzgado; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 2684/2019; y fórmense los expedientes impreso y electrónico. Decisión sobre la acción constitucional. Con fundamento en los artículos 103 y 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 113 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, al operar una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Esto se explica a continuación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgador debe examinar el escrito de demanda y si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado esencialmente consiste en: La resolución interlocutoria emitida el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones, en el juicio laboral 1195/2018, del índice de la Junta señalada como responsable, en la que esencialmente se declaró procedente dicho incidente, interpuesto por la parte demandada en el juicio. La parte quejosa, refiere bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (foja 4). De tal forma, que analizado el acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución interlocutoria reclamada, dictada en el incidente de nulidad de notificaciones, se considera que de momento, no es un acto de imposible reparación que pueda combatir en la vía constitucional, a través del juicio de amparo indirecto, en este momento procesal. A fin de evidenciar la causa de improcedencia del juicio de control constitucional, que se estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61 fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede:..( ). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva a considerar que conforme a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y tratados internacionales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio natural. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se pueden extinguir en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse, por afectar únicamente derechos adjetivos. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal.". Cierto, la parte quejosa reclama la resolución dictada en el incidente de nulidad de notificaciones en el expediente del juicio laboral, por la cual, se determinó procedente éste. De tal forma, que se considera que la resolución reclamada, que declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones opuesto por la parte demandada en el juicio de origen, por el momento, no le causa perjuicio, a la parte actora en dicho juicio, aquí quejoso. Por ende, se considera que el acto reclamado no entraña una violación a las leyes del procedimiento de las previstas en el artículo 172 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, constituya un aspecto esencialmente intraprocesal, mismo que no afecta materialmente derechos sustantivos, sino que se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva y que, por tanto, no tiene una ejecución de imposible reparación, al haberse resuelto el incidente de nulidad de actuaciones en el juicio laboral de origen, de ahí, que el juicio de amparo indirecto que se analiza, por ahora, es improcedente. Encuentra apoyo a lo anterior, por analogía, en la parte conducente, la jurisprudencia que dice: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó.". En efecto, el suscrito juzgador considera que la posible vulneración de derechos adjetivos que se pudo haber cometido por la autoridad que se señala como responsable, al emitir la resolución reclamada, por ahora, no produce por sí sola una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. De tal manera, como el acto reclamado no es de aquellos establecidos expresamente por el legislador como excepción para ser impugnados vía amparo indirecto, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; como se anticipó, en la especie opera la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En tales circunstancias, al surtirse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. Autorizados y domicilio. En atención a la certificación de cuenta, de conformidad con los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo, se tiene a la quejosa designando como autorizados en amplios términos a las personas que menciona para tal efecto, sin ser necesario verificar si cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, en virtud de quien acude al presente sumario es la parte actora en el juicio de origen, mientras que a las diversas personas, se les autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, por así solicitarse; por otra parte, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito inicial. En el entendido de que si la parte quejosa solicitó que las notificaciones personales se efectúen electrónicamente, aquellas se diligenciarán por ese medio, siempre y cuando el usuario proporcionado se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Devolución de documentos. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante nueva promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Consulta vía internet del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, las partes y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Cabe destacar que si la parte quejosa solicitó la consulta del expediente electrónico, esa petición se entiende autorizada siempre y cuando haya proporcionado un usuario que se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. Integración del expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6° de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónico emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada, con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad, con las salvedades señaladas en el párrafo que antecede. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN".

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