Alan Ray Rising

Expediente 2420/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2420/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2017

Partes del expediente

  • Alan Ray Rising

Actuaciones

  1. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SEIS DE ABRIL DEL PRESETE AÑO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Agréguese a los autos la comunicación oficial de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja ****. Acúsese recibo. Por cuanto dicho tribunal declaró INFUNDADA la queja interpuesta por el peticionario de amparo contra el auto que desechó la demanda y CONFIRMÓ el auto recurrido. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se desechó; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Tomando en consideración que de los autos se advierte que la autoridad adjuntó a su informe justificado el documento base de la acción consistente en el cheque ****, que ampara la cantidad de seiscientos cuarenta mil seiscientos quince pesos 00/100 moneda nacional, mismo que mediante razón de entrega de veintidós de noviembre del año en curos, se resguardó en la caja de seguridad de este órgano de control constitucional con número de registro 137/2016, por tanto, procédase a extraer el citado certificado de la caja de seguridad de este juzgado para los efectos legales conducentes. 5. Devuelvasé a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que a partir del uno de diciembre del presente año, funge como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el licenciado José Antonio Lozano Batarse, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio número SEADS/1327/2016, suscrito por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de ALAN RAY RISING, parte quejosa, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en turno del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Por último, agréguese a los autos el oficio remitido por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En relación a su contenido, se reserva proveer al respecto en tanto la autoridad resuelva el recurso de queja interpuesto por el quejoso.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos se advierte que obran la totalidad de las constancias de notificación a las partes de la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, de inmediato remítase el presente juicio de amparo 1486/2016, así como original y copia de los escritos de agravios de los terceros interesados *** y cuatro tomos de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos de su substanciación. Se instruye al Secretario realice la certificación relativa al término de interposición del recurso y los días inhábiles que mediaron. Cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. COMPETENCIA Se tiene por recibido el oficio 12724, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, derivado del juicio de amparo directo 840/2016, en el que mediante auto de diecisiete de noviembre causó estado el proveído de veinte de octubre del actual, por el que ese Tribunal declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por derecho propio, por cuanto hace a la resolución de ocho de agosto de dos mil dieciséis, que atribuye a la Sala Regional Colegiada Mixta 03 del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como tres copias simples de la demanda de amparo, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, emplazamiento a la parte tercero interesada, original del toca *** (un tomo), original del expediente *** (un tomo), y documento base de la acción (cheque por la cantidad de seiscientos noventa mil seiscientos quince pesos 00/100 moneda nacional); remítase a la Superioridad el acuse de recibo correspondiente. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2420/2016-6-B. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Sala Regional Colegiada Mixta 03 del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 2. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas 3. Actuario civil adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas Los que hizo consistir en: *** Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que a tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Cabe señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/2004 , cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarada fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Así, destaca la Jurisprudencia P./J. 4/2001 , de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo". Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso, del contexto integral de la demanda se advierte que el quejoso se duele de la resolución de ocho de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el Toca de Apelación ***, por la cual revocó la sentencia emitida en juicio ejecutivo mercantil número ***, del índice del Juzgado Mixto de Primera instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas, para el único efecto de que se reponga el procedimiento y se ordene el emplazamiento del litisconsorte *** Tal resolución constituye el acto reclamado. Ahora bien, en relación a los efectos que presenta la reposición del procedimiento que se decreta en la segunda instancia de los juicios ordinarios, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar el caso específico de la integración del litisconsorcio pasivo necesario, estableció los lineamientos a seguir para determinar en qué supuestos debía estimarse que la reposición originaba a las partes una afectación de imposible reparación que ameritaba la procedencia del amparo indirecto. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 63/2003, sostuvo las siguientes consideraciones: "En la especie, se actualiza la última hipótesis descrita, la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente la litisconsorcio pasiva necesaria, es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues en virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, eventualmente, ser inútil. "Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir otras consecuencias de imposible reparación que hagan mérito para la procedencia del amparo, tales como: 1) el que en virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento (como en la hipótesis que examinó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito). "Conviene explicar las consideraciones previas. "El litisconsorcio implica pluralidad de partes en el juicio. Es pasivo, si se está en el caso de dos o más demandados. Es necesario, cuando lo impone la naturaleza del derecho que se dilucida en el litigio; así, el litisconsorcio pasivo necesario implica una pluralidad de demandados y unidad de acción. "El efecto principal de la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, es que a juicio sean llamados todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí con el derecho litigioso, deben ser afectados en conjunto por la sentencia que decida la cuestión, pues no sería posible condenar a uno sin que la condena alcance a los demás. Por ello, la existencia del litisconsorcio pasivo necesario puede ser examinada, incluso, oficiosamente por los tribunales. "Así, el objetivo de averiguar si se configura el litisconsorcio pasivo necesario, es el de que sólo pueda haber una sentencia para todos los litisconsortes. "Para los efectos de la resolución de la presente denuncia de contradicción de tesis, la figura del litisconsorcio pasivo necesario debe analizarse en relación con la institución procesal de la reposición del procedimiento, pues precisamente por no encontrarse debidamente integrado, las autoridades responsables, en sus respectivos asuntos, ordenaron la reposición del procedimiento de origen. "La reposición del procedimiento es una institución jurídica procesal que opera en los casos en que un órgano jurisdiccional advierte por sí o con motivo de un agravio planteado, que durante el procedimiento se cometió una violación procesal manifiesta que trasciende al resultado del fallo, lo cual trae como consecuencia, que se ordene dejar insubsistente la resolución impugnada hasta el momento procesal en que se verificó la violación y así subsanar la irregularidad presentada. Esto encuentra explicación en el respeto a que están obligados los tribunales por las formalidades esenciales del procedimiento. "Los alcances concretos de la reposición de procedimiento que ordena un tribunal pueden ser muy distintos, y prueba de ello son los dos juicios que se han analizado en esta resolución, pues mientras que en uno la reposición fue total, en otro resultó parcial y limitada; empero, dichos alcances siempre implican la obligación de litigar nuevamente tras haber quedado sin efecto un tramo del procedimiento seguido hasta ese momento. "En orden a lo expuesto, si en virtud del examen sobre la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, oficioso o derivado del agravio hecho valer al respecto, el tribunal de segundo grado concluye que sí se surtió esa figura y que ello no fue advertido por el Juez natural, está obligado a ordenar que se reponga el procedimiento, fijando al efecto los alcances concretos de su determinación, entre los cuales, necesariamente, estarán los de dejar insubsistente la sentencia de primer grado y los de llamar a juicio al o a los litisconsortes. "Ahora bien, si en virtud de la reposición del procedimiento ordenada en una hipótesis semejante, una de las partes queda sin la sentencia de primer grado con la cual se conformaba, obligándosele a litigar de nueva cuenta, y existe la eventualidad de que el litisconsorte llamado al nuevo juicio no tenga dicha calidad (por ejemplo, cuando no se demanda la nulidad por vicios formales del instrumento notarial en el que consta el contrato base de la acción, sino la nulidad del acto jurídico contenido en él, y sin embargo se repone el procedimiento para llamar al notario que intervino), a dicha parte se está ocasionando un perjuicio grave, pues se le estaría obligando a someterse a un juicio que a la larga resultaría ocioso e inútil, y se le habría privado de una sentencia que lo satisfacía. "Es cierto que la dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial no son elementos que determinen la irreparabilidad de los actos en juicio, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales; pero en el caso a examen la irreparabilidad no está en las molestias seguidas de la mera instauración de un juicio, sino en que se obligue a litigar nuevamente a alguien cuando ya había obtenido una sentencia que consentía y de la que se le priva, y resulta factible que la causa de la que derive el nuevo litigio -es decir, el llamamiento de un supuesto litisconsorte- sea ilegal. "Esto, si bien se analiza, pugna contra la garantía de una justicia completa, pronta y expedita, pues: 1) se priva a una parte de la sentencia que lo beneficiaba por una causa que puede ser, a la postre, infundada; 2) se retarda la satisfacción de su interés, por hacerlo seguir un procedimiento quizá inútil; y, 3) se pone una traba a esa satisfacción, que muy bien puede ser ilegal. "Lo anterior se refuerza si se toma en consideración que dependiendo de los alcances dados a la orden de reponer el procedimiento, pueden incluso hasta ocasionarse graves afectaciones como el de que no se cuente en el nuevo juicio con los elementos probatorios para acreditar la acción o defensa, o que se impongan apercibimientos como el de desechar la demanda. "Ahora bien, de considerar que en contra de la resolución a examen no procede el amparo indirecto, sino que debiera ser hecha valer como violación procesal en el amparo directo, se quebrantaría la seguridad jurídica, pues con la emisión de una resolución de las características anotadas (que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente la litisconsorcio pasivo necesaria), se afecta de manera grave la seguridad jurídica en el proceso, puesto que la circunstancia de que se reponga para subsanarse la violación procesal, no garantiza que al dictarse la sentencia definitiva ésta adquiera total firmeza jurídica por ese hecho, dado que aún restaría esperar si en su contra se promueve amparo directo y si se obtiene sentencia favorable, caso en el cual, de acuerdo con los efectos determinados, podría "reactivarse" el primer proceso, es decir, "reviviría" prácticamente, quedando anulado el segundo. "Entonces, tomando en consideración lo expuesto, cabe concluir que aun cuando la resolución que ordena reponer el procedimiento para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, esto es, para llamar al juicio a todas aquellas personas demandadas, involucradas con la cuestión litigiosa, contrarias al interés de la parte actora, constituye una violación adjetiva o procesal, es factible su impugnación en forma excepcional través del amparo indirecto, por razón de afectar de manera exorbitante a la parte que obtuvo ya una sentencia favorable." Tales consideraciones dieron origen a la Jurisprudencia 1a./J. 106/2004 , de rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." Como puede apreciarse, dicho criterio jurisprudencial que definió la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento para la integración del litisconsorcio pasivo necesario, partió del concepto que de acto de imposible reparación se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, conforme al cual las violaciones adjetivas que afectaban a las partes en grado predominante o superior eran equiparables a las violaciones a derechos sustantivos; concepto que según ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, no fue retomado por el legislador. Luego, si se atiende a los efectos que presenta una determinación como la combatida en el asunto que nos ocupa, los cuales fueron identificados por el Alto Tribunal como afectaciones que no superaban el ámbito de lo estrictamente procesal, en la medida de que la reposición del procedimiento para la integración del litisconsorcio pasivo únicamente representaba el llamado a juicio de quien hasta ese momento no había figurado como parte, con la inherente consecuencia de obligar a los litigantes primarios a seguir un nuevo juicio, resulta inconcusa la improcedencia de la acción constitucional. Ello, si se toma en consideración que el moderno concepto de acto intraprocesal de imposible reparación no incluye a las violaciones adjetivas, siendo la reposición del procedimiento con los efectos antes destacados, una actuación que encuadra en ese rubro. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. No pasa desapercibido para esta Juzgadora el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se indica : RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. Lo que antecede, toda vez que el presente asunto fue interpuesto como amparo directo ante la autoridad responsable, por tanto, ya obran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables así como las constancias con que acreditaron la constitucionalidad de los actos reclamados, motivo por el cual, como ya se dijo, no se comparte el criterio jurisprudencial mencionado, pues la Litis se encuentra debidamente integrada en este juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por no encontrase inscritas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Respecto del documento base de la acción que adjuntó a su informe justificado la Sala responsable, consistente en el cheque con número ***, que ampara la cantidad de ***, se procedió al resguardo en la caja de seguridad de este órgano de control constitucional, con fecha veintidós de noviembre del año en curso, tal como se advierte de la razón de entrega que obra agregada en autos. Dado lo voluminoso de las constancias remitas por la Sala responsable consistente en el original del toca 165-C/1C03/2016 (un tomo), y original del expediente 102/2015 (un tomo), se dejan en la Secretaría de este Juzgado para su resguardo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."

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