Alan Raciel Ihuit Miguel

Expediente 56/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
56/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Alan Raciel Ihuit Miguel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Luego, toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió la suspensión de plano; se determina que es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otra parte, se advierte que la autoridad responsable Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, remitió un tomo de pruebas que contiene la fotocopia certificada de las constancias que integran el el expediente administrativo de origen, las cuales resulta innecesario su conservación, por tanto, se ordena su devolución a dicha autoridad. Finalmente, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la quejosa el disco compacto que exhibió en este juicio previa toma de razón por su recibo.

  2. Principal

    :: En Cancún, Quintana Roo, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 56/2022-IV del índice de este juzgado, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, actuando con Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos; entre las que se encuentran los informes justificados de las autoridades responsables; asimismo da cuenta con el estado procesal que guardan los autos, en específico de la demanda de amparo, de la cual se advierte que la parte quejosa, entre otras pruebas ofreció las siguientes 1] las constancias que integran el expediente 1383/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, 2] las constancias que integran el Expediente Administrativo MEC/CEN/131/D/O/2021 conformado por el mecanismo de protección respecto de su solicitud de medidas de protección, y 3] la recomendación CDHE/QROO/20/2021/II, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, las cuales solicita que sean requeridas a las autoridades responsables y en su caso se tengan como hecho notorio en el presente juicio. El Juez acuerda: visto el estado procesal que guarda el presente expediente, del cual se advierte que la parte quejosa ofreció las pruebas referidas en la cuenta que antecede y a su vez solicita a esta autoridad que se recaben las mismas; en ese sentido, por lo que hace a las constancias relativas al diverso juicio de amparo 1383/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, de ser necesario, serán tomadas en cuenta al momento de emitir sentencia en este expediente. Luego, por lo que ve a las constancias que integran el expediente administrativo MEC/CEN/131/D/O/2021 conformado por el mecanismo de protección respecto de su solicitud de medidas de protección, se advierte que ya obran en autos, pues fueron remitidas por las propias autoridades responsables. Finalmente, en cuanto a las constancias relativas a la recomendación CDHE/QROO/20/2021/II, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no acredita con documento idóneo haber realizado previamente la solicitud de dichas constancias ante la autoridad correspondiente, tal y como lo establece el numeral 121 de la Ley de Amparo. Por otro lado, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y todas las autoridades responsables, ofrecieron pruebas documentales; asimismo, la parte quejosa ofreció un disco compacto sin certificar; a lo que el Juez provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que se ordena cerrar el período probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa y el fiscal de la adscripción, formularon manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza el fiscal federal adscrito; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica: que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 56/2022-IV, promovido por 1] Alan Raciel Ihuit Miguel (quien desea ser identificada como Alice Ihuit Miguel), 2] Ana Paola Mandujano Córdova, 3] Anette Michell Herrera Cruz, 4] Gloria Vianey Chan Chimal, 5] Julián Fernando Ramírez Olivares, 6] María Elena García Oronzor, 7] Karen Alejandra Téllez Sánchez, 8] Naomi Quetzali Rojas Domínguez, 9] Reyna Cecilia Solís Martín, 10] Roberto Antonio Becerril Gómez, 11] Sergio Abel Banda Reyes, y 12] Wendy Andrea Galarza Herrera, contra actos del Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno el mismo día al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, 1] Alan Raciel Ihuit Miguel (quien desea ser identificada como Alice Ihuit Miguel), 2] Ana Paola Mandujano Córdova, 3] Anette Michell Herrera Cruz, 4] Gloria Vianey Chan Chimal, 5] Julián Fernando Ramírez Olivares, 6] María Elena García Oronzor, 7] Karen Alejandra Téllez Sánchez, 8] Naomi Quetzali Rojas Domínguez, 9] Reyna Cecilia Solís Martín, 10] Roberto Antonio Becerril Gómez, 11] Sergio Abel Banda Reyes, y 12] Wendy Andrea Galarza Herrera, solicitaron el amparo y protección de la justifica federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: Autoridades responsables 1. Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 2. Subdirector de Evaluación y Análisis de Riesgos para Defensores de Derechos Humanos de la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. 3. Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 4. Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 5. Titular de la Unidad de Evaluación de Riegos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 6. Director General para la para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ciudad de México Ello, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: IV. ACTOS RECLAMADOS. - - - " 1- Al titular de la Unidad de Recepción y Reacción Rápida. - - -La emisión del "Formato de Recepción de Solicitud", del 14 de octubre de 2021, por medio del cual se determinó como procedente nuestra incorporación al Mecanismo de Protección y se Establecieron supuestas medidas de protección y prevención.- - -b. La falta de remisión de nuestra solicitud de otorgamiento de medidas de protección a la Unidad de Evaluación de Riesgos. - - -c. La puesta en peligro de las personas quejosas de sufrir un ataque a su vida, integridad, seguridad o libertad personal por los acos y omisiones previamente señalado. - - - -2. Al Subdirector de Evaluación y Análisis de Riesgos para Defensores de Derechos Humanos se le reclama: - - -a. La emisión del "Formato de Recepción de Solicitud", del 14 de octubre de 2021, por medio del cual se determinó como procedente nuestra incorporación al Mecanismo de Protección y se Establecieron supuestas medidas de protección y prevención. - - -b. La falta de remisión de nuestra solicitud de otorgamiento de medidas de protección a la Unidad de Evaluación de Riesgos. - - -c. La puesta en peligro de las personas quejosas de sufrir un ataque a su vida, integridad, seguridad o libertad personal por los acos y omisiones previamente señalado. - - -3. A la Junta de Gobierno se le Reclama: - - -a. La falta de discusión, deliberación, votación y aprobación de un Plan de Protección en nuestro favor que establezca medidas de protección definitivas para atender el contexto de riesgo al que nos enfrentamos. - - -b. La falta de celebración de una sesión para decidir en definitiva sobre las medidas de protección definitivas para atender el contexto del riesgo al que nos enfrentamos. - - -c. La falta de determinación de medidas de protección definitivas en nuestro favor. - - -d. La puesta en peligro de las personas quejosas de sufrir un ataque a su vida, integridad, seguridad o libertad personal por las omisiones previamente señaladas. - - - 4. Al Coordinador Ejecutivo Nacional se le reclama: - - -a. La omisión de recopilar la información generada por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida y remitirla a la Junta de Gobierno. - - -b. La omisión de convocar a los y las quejosas a la sesión donde se decida en definitiva sobre nuestra solicitud de medidas de protección. - - c. La puesta en peligro de las personas quejosas de sufrir un ataque a su vida, integridad, seguridad o libertad personal por las omisiones previamente señaladas. - - -5. Al Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos se le reclaman: - - -a. La falta de elaboración del Estudio de Evaluación de Riesgo correspondiente a nuestra solicitud de medidas de protección. - - -b. La falta de Definición de las medidas de protección que nos corresponden a los y las quejosas con base en la situación de riesgo a la que nos enfrentamos. - - -c. La puesta en peligro de las personas quejosas de sufrir un ataque a su vida, integridad, seguridad o libertad personal por las omisiones previamente señaladas. - - - 6. Al Director General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se le reclama: - - -a. La omisión de convocar a los y las quejosas a la sesión donde se decida en definitiva sobre nuestra solicitud de medidas de protección. - - -b. La omisión de coordinar a la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida y a la Unidad de Evaluación de Riesgos para garantizar a los y las quejosas al acceso a medidas de protección. - - -c- La omisión de emitir un Plan de Protección en nuestro favor que establezca medidas de protección definitivas para atender el contexto de rieso al que nos enfrentamos, - - - -d. La falta de determinación de medidas de protección definitivas en nuestro favor. - - -e. La puesta en peligro de las personas quejosas de sufrir un ataque a su vida, integridad, seguridad o libertad personal por las omisiones previamente señaladas. SEGUNDO. Radicación de la demanda y admisión. Recibida que fue la demanda de amparo el veinte de enero de dos mil veintidós por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por auto de veintiuno siguiente, ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 37/2022-VII de su estadística, concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y planteó el cambio de turno de ese expediente a este juzgado de distrito. TERCERO. Recepción de autos y admisión de la demanda de amparo. Por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, fueron recibidos los autos del juicio de amparo indirecto 37/2022-VII del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, y se radicaron bajo el expediente 56/2022-IV del índice de este Juzgado de Distrito, se aceptó el cambio de turno planteado, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 258/2022, en el sentido que se sobresea el presente juicio; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Vista con nuevo acto reclamado y preclusión de derecho para ampliar la demanda. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que en el término de cinco días, manifestara si era su deseo señalar como nuevo acto reclamado la celebración de la Centésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en que se desahogó el caso de los quejosos y se emitió un plan de protección en su favor, con carácter temporal y sujeto a revisión y evaluación periódica, pudiendo ser ampliadas o disminuidas en término de seis meses, con el apercibimiento que de no realizarlo este juicio se seguiría respecto de los actos y autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo. Por auto de seis de junio de dos mil veintidós, se tuvo por precluido el derecho de la parte quejosa para ampliar la demanda de amparo, respecto de dicho acto, en razón que no dio cumplimiento a dicho requerimiento, por lo que se ordenó continuar el presente procedimiento por los actos y autoridades que fueron señalados en la demanda de amparo. Finalmente, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman omisiones de autoridades administrativas que carece de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: Del 1] Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y 2] Subdirector de Evaluación y Análisis de Riesgos para Defensores de Derechos Humanos de la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos: a) La emisión del "Formato de Recepción de Solicitud" del catorce de octubre de dos mil veintiuno, por media del cual se determinó procedente la incorporación de los aquí quejosos al Mecanismo para la Protección y se establecieron supuestas medidas de protección y prevención. b) La falta de remisión de la solicitud de otorgamiento de medidas de protección a la Unidad de Evaluación de Riesgos. De la 3] Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: c) La falta de discusión, deliberación, votación y aprobación de un Plan de Protección a favor de los aquí quejosos, que establezcan medidas de protección definitivas. Del 4] Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: d] La omisión de recopilar la información generada por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida y remitirla a la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Del 5] Titular de la Unidad de Evaluación de Riegos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: e] La falta de elaboración del Estudio de Evaluación de Riesgo correspondiente a la solicitud de medidas de protección. f] La falta de definición de las medidas de protección a favor de los aquí quejosos. Del 6] Director General para la para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: g] La omisión de coordinar a la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida y a la Unidad de Evaluación de Riesgos, para garantizar a los aquí quejosos el acceso a las medidas de protección. h] La omisión de emitir un Plan de Protección a favor de los aquí quejosos que establezcan medidas de protección. A las autoridades 3] Junta de Gobierno, 4] Coordinador Ejecutivo Nacional y 6] Director General, todas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: i) La falta de celebración y/o de convocar a los aquí quejosos a una sesión para decidir sobre las medidas de protección definitivas. j) La falta de determinación de medidas de protección definitivas a favor de los aquí quejosos. A todas las autoridades responsables: k] La puesta en peligro de los quejosos de sufrir ataques a su vida, integridad, seguridad o libertad personal por las omisiones previamente señaladas. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. El 1] Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en su denominación correcta) y 2] Subdirector de Evaluación de Análisis de Riesgo para Defensores de Derechos Humanos, Área de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ambos de la Ciudad de México, negaron la existencia del acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando tercero, que se les reclama, pues refirieron que desde el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, fue remitida la solicitud de los quejosos a la Unidad de Evaluación de Riesgos para Defensores de Derechos Humanos, y en esa misma fecha fue recepcionado por la licenciada Bandy Esparza Duarte. Por tanto, si desde el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, fue remitida la solicitud de los quejosos a la Unidad de Evaluación de Riesgos para Defensores de Derechos Humanos, y en esa misma fecha fue recepcionado por la licenciada Bandy Esparza Duarte, es decir antes de la presentación de la demanda de amparo -veinte de enero de dos mil veintidós-, es clara la inexistencia de dicho acto. Cobra aplicación la jurisprudencia que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En lo que corresponde a la autoridad responsable 4] Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, negó la existencia del acto precisado en el inciso i), del considerando que se le reclama, pues refirió que dentro de la facultades de la Coordinación Ejecutiva Nacional, contenidas en el artículo 18 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el artículo 38 de su reglamento, no se desprende la obligación de celebración y/o de convocar a los aquí quejosos a una sesión para decidir sobre las medidas de protección definitivas. En lo que respecta al acto precisado en el inciso j) que se le reclama a dicha autoridad responsable, no realizó pronunciamiento al respecto; sin embargo, dicho acto no puede tenerse por cierto como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, porque de acuerdo al artículo 8°, fracción IV de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, y 9° de su reglamento, corresponde a la Junta de Gobierno del Mecanismo a convocar a los peticionarios o beneficiarios a las sesiones donde se delibere y decida sobre su caso. Por su parte el 6] Director General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al rendir su informe justificado, negó la totalidad de los actos que se le reclaman, precisados en los incisos g), h), i), j) y k). Lo anterior, pues refirió que, en cuanto a los primeros cuatro actos, no se encuentra dentro de sus facultades la realización de los mismos, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, de conformidad al artículo 8°, fracción IV de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, y 9° de su reglamento, corresponde a la Junta de Gobierno del Mecanismo a convocar a los peticionarios o beneficiarios a las sesiones donde se delibere y decida sobre su caso. Además, porque la omisión de coordinar a la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, y la Unidad de Evaluación de Riesgos, es facultad de la Coordinación Ejecutiva Nacional, tal como lo prevé el artículo 36 y 38 del Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Luego, por lo que corresponde a la facultad de determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las medidas preventivas y las medidas de protección que conforman el plan de protección, conforme al artículo 8°, fracción I de la referida ley, corresponde de igual forma a la Junta de Gobierno. Todas las autoridades responsables, al rendir su informe justificado negaron el acto precisado en el inciso k) del considerando tercero que se le reclama, pues refirieron que por oficio URC 1193/2021 de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, notificado a la quejosa ese mismo día, se le informó que derivado de su solicitud de incorporación a un medio de protección, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y su reglamento, se determinó su incorporación al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el procedimiento ordinario, por lo que su caso fue registrado con el expediente MEC/CEN/131/D/O/2021. Asimismo, porque mediante oficio URC/1254/2021, de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de los quejosos que las medidas de protección adoptadas por el Mecanismo de Protección a su favor, consisten en:  Notificación al Gobierno del Estado de Quintana Roo, que los beneficiaros se encuentran incorporados al Mecanismo de Protección, con la finalidad de que se garantice su protección y auxilio en el supuesto de encontrarse en alguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida, integridad, libertad o seguridad.  Notificación al gobierno municipal de Benito Juárez que los beneficiarios se encuentran incorporados al Mecanismo de Protección, con la finalidad de que se garantice su protección y auxilio en el supuesto de encontrarse en alguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida, integridad, libertad o seguridad. Por lo que de esa manera no se puso en peligro a los quejosos de sufrir un ataque a su vida, integridad, seguridad o libertad personal, si no por el contrario, se decretaron dichas medidas a efecto de no dejarlos en estado de desprotección. Por tanto, los actos reclamados en estudio resultan inexistentes para las autoridades responsables precisadas. Lo anterior, sin que pase desapercibidas las siguientes pruebas ofrecidas por la parte quejosa mediante un disco compacto que seguidamente se describen: 1. Escrito firmado por los quejosos, por el cual solicitan su incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, enviada por correo electrónico el nueve de julio de dos mil veintiuno. 2. Formatos individuales de políticas de privacidad y manejo de datos personales y de Solicitud de Protección. 3.Captura de pantalla de envío de correo electrónico de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se remitieron los formatos individuales de políticas de privacidad y manejo de datos personales y de solicitud de protección. 4.Captura de pantalla de envío de correo electrónico de nueve de julio de dos mil veintiuno, por medio del cual se remitió al mecanismo de protección la solicitud de medidas de protección de nueve de julio de 2021. 5. Oficio URC/1193/2021 de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida. 6. Oficio URC/1254/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida. 7. Formato de recepción de solicitud de catorce de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Titular de la Unidas de Recepción de Casos y Reacción Rápida y el Subdirector de Evaluación y Análisis de Riesgos para Defensores de Derechos Humanos de la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 197, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, al adminicularse con la fotocopia certificada del expediente administrativo MEC/CEN/131/D/O/2021 del de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, las cuales únicamente demuestran la existencia de esas actuaciones, no así se desvirtúan las manifestaciones de las autoridades responsable, en el sentido de que no son ciertos los actos que se le reclaman, si no por el contrario queda de manifiesto la inexistencia de los actos citados con anterioridad que se les atribuye. Así las cosas, con las pruebas enunciadas no se demuestra la existencia de los actos reclamados en estudio a las autoridades responsables. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al acreditarse su inexistencia. En ese orden de ideas, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables que seguidamente se listan, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables Actos 1 Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en su denominación correcta) b) y k) 2 Subdirector de Evaluación de Análisis de Riesgo para Defensores de Derechos Humanos, Área de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas b) y k) 3 Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. . k) 4 Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. i), j), y k) 5 Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. k) 6 Director General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. g), h), i), j) y k) Ciudad de México Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables El 1] Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en su denominación correcta) y 2] Subdirector de Evaluación de Análisis de Riesgo para Defensores de Derechos Humanos, Área de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ambos de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero. La 3] Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, al rendir su informe con justificación, convino en la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos c), i), y j), del considerando tercero, en virtud que al momento de la presentación de la demanda de amparo, no había celebrado la centésima quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en donde se discutió el caso de los quejosos y se aprobó el plan de protección propuesto en su favor. En lo que corresponde a la autoridad responsable 4] Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, convino en la existencia del acto precisado en el inciso d), del considerando tercero, dado que señaló que al momento de la presentación de la demanda de amparo se encontraba recopilando la información generada por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Inmediata, pero ésta no se había remitido a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección. Por su parte el 5] Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convino en la existencia de los actos reclamados precisados en el inciso e) y f) del multicitado considerando, al precisar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no había realizado el estudio de evaluación de riesgos, ni definido las medidas de protección correspondientes a favor del quejoso. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo MEC/CEN/131/D/O/2021 del índice de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, que fueron remitidas por todas las autoridades responsables como apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentales públicas, de las cuales se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo las referidas autoridades no habían realizado los actos que se les atribuye. Por tanto, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables que seguidamente se listan: Autoridades responsables Actos 1 Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en su denominación correcta) a) 2 Subdirector de Evaluación de Análisis de Riesgo para Defensores de Derechos Humanos, Área de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a) 3 Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. . c), i) y j) 4 Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. d) 5 Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. e) y f) Ciudad de México SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." i. Sobreseimiento por cesación de efectos. En ese orden, en el caso, respecto de los actos atribuidos a las siguientes autoridades responsables Autoridades responsables Actos 3 Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. . c), i) y j) 4 Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. d) 5 Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. e) y f) Ciudad de México Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativos, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, de las fotocopias certificadas de las constancias que integran el expediente administrativo MEC/CEN/131/D/O/2021 del índice de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, que fueron remitidas por todas las autoridades responsables y a las cuales se les concedió valor probatorio pleno en el considerando anterior, se advierte que en dicho procedimiento aconteció lo siguiente: 1. Por correo electrónico de nueve de julio de dos mil veintiuno, dirigido al Coordinador Ejecutivo Nacional de Mecanismos para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas, y otras autoridades, los quejosos remitieron la solicitud de incorporación al mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos. 2. En atención a dicha solicitud, por correo electrónico de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, fueron requeridos los quejosos para que cumplieran determinados requisitos para que pudieran ser incorporados al mecanismo de protección, que habían solicitado. 3. A dicha solicitud le fue asignado el número de expediente MEC/CEN/131/D/O/2021. 4. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el formato de recepción de solicitud, se determinó como medida de prevención y protección de los quejosos, la notificación al Gobierno del Estado de Quintana Roo y al Gobierno Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, a fin de garantizar la protección y auxilio en el supuesto de encontrarse en alguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida, libertad o seguridad. 5. Por oficio URC 1193/2021 de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que le fue remitido por correo electrónico en esa fecha a la parte quejosa, se hizo de su conocimiento sobre la incorporación al mecanismo de protección. 6. Por oficio URC 1194/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, hizo del conocimiento del Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informó sobre la incorporación de los quejosos al mecanismo de protección bajo el procedimiento ordinario, por lo que su solicitud se registró con el número de expediente MEC/CEN/131/D/O/2021. 7. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, fue elaborado el formato de remisión a la Unidad de Valuación de Riesgos, el cual fue entregado en esa misma fecha a Priscila Ocampo Frutos en ausencia de Bandy Esparza Duarte. 8. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, fue elaborado el formato de entrega de evaluación de Riesgo Colectiva, por la Unidad de Valuación de Riesgos correspondiente. 9. Se recabó diversa información, como son el formado de plan de trabajo, formatos de verificación telefónica respecto de los quejosos, formato de consentimiento. 10. Como parte de la investigación para determinar el riesgo que corren los quejosos, el Titular de la Unidad de Valuación de Riesgos solicitó al i] Secretario de Gobierno, ii] Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, iii] Fiscal General y iv] Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Quintana Roo, así como a la v] Presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, para que informaran sobre las situaciones de riesgo que pudieran existir respecto de los quejosos. 11. El diez de febrero de dos mil veintidós, se emitió la evaluación de riesgo colectivo por la Unidad de Evaluación de Riesgos Colectivos. 12. Seguidos los trámites del procedimiento administrativo, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la centésima quinta cesión ordinaria de la Junta de Gobierno, se sometió a consideración la evaluación del caso de las personas beneficiarias del Comité de Víctimas del 9N, en la cual por unanimidad de votos, se aprobó el siguiente plan de protección en favor de los quejosos:  La Coordinación Ejecutiva Nacional, solicitará, a través del enlace por convenio del Estado de Quintana Roo, notifique al gobierno estatal, así como el municipio de Benito Juárez, que las personas beneficiarias se encuentran incorporadas a este mecanismo de protección. Lo anterior con la finalidad de que se le permita realizar su labor y se garantice su protección y auxilio en el supuesto de encontrarse alguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida, integridad, libertad o seguridad.  La coordinadora Ejecutiva nacional solicitará, a través del enlace por convenio del Estado de Quintana Roo, notifique a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, Comisión de Derechos Humanos del Estado, que las personas beneficiarias se encuentra incorporadas a este mecanismo de protección. Lo anterior con la finalidad de que se le permita realizar su labor y se garantice su protección y auxilio en el supuesto de encontrarse en alguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida, integridad, libertad o seguridad.  La Coordinación Ejecutiva Nacional, notificará a la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, que las personas beneficiarias se encuentran incorporadas a este mecanismo de protección, asimismo, se puede dar celeridad a las denuncias interpuestas por las personas beneficiarias. Lo anterior con la finalidad de que se le permita realizar su labor y se garantice su protección y auxilio en el supuesto de encontrarse en alguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida, integridad y libertad o seguridad.  La Coordinación Ejecutiva Nacional solicitará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, otorguen número de contacto de emergencia a favor de las personas beneficiarias del destacamento más cercano de la Guardia Nacional al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  La coordinación ejecutiva nacional solicitará a la unidad de evaluación de riesgos, gestione por conducto del área de seguimiento de mecanismos, la realización de mesas de trabajo con un representante de las siguientes autoridades, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Guardia Nacional) con la finalidad de verificar la correcta implementación de medidas de seguridad a favor de las personas beneficiarias, así como el reporte de avances sobre las tarjetas de investigación, quejas y medidas de apoyo integral proporcionadas de las personas beneficiarias.  La coordinación ejecutiva nacional solicitará a la empresa proveedora del servicio de otorgamiento del arrendamiento del botón de asistencia con la aplicación de localización para sistemas de reacción inmediata a favor de las personas beneficiarias.  La coordinación ejecutiva nacional solicitar a la empresa proveedora del servicio una visita técnica para valorar la implementación de medidas de protección de una sola aplicación en el domicilio (residencial-laboral) de la persona beneficiaria Julián Fernando Ramírez Olivares, ubicado en Avenida Xcun y avenida Costa manzana. 3. Lote 10 P.B. Supermanzana 32, Código Postal. 77508, Benito Juárez Quintana.  La coordinación ejecutiva nacional, girará oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a efecto de que pueda canalizar o brindar apoyo integral de las personas beneficiarias lo anterior de acuerdo a sus atribuciones y marco legal aplicable.  La Coordinación Ejecutiva Nacional girará oficio al Instituto Quintanarroense de la Mujer, a efectos de que pueda canalizar o brindar apoyo integral a las personas Beneficiarias lo anterior, de acuerdo a sus distribuciones y marco legal aplicable. Así las cosas, de los antecedentes relatados, se colige que a la fecha han cesado los actos reclamados en estudio. Se afirma lo anterior, debido a que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinte de enero de dos mil veintidós), no se habían realizado los actos precisados en los incisos c), d), e), f), i), y j), del considerando tercero; sin embargo, durante la tramitación de este procedimiento, las autoridades responsables actuaron en el sentido de que fueron realizando esos actos como parte de la prosecución del procedimiento administrativo de origen. Por ello, claramente se desprende que han cesado los efectos de manera total e incondicional de los actos reclamados en estudio. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados atribuidos a las siguientes autoridades responsables: Autoridades responsables Actos 3 Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. . c), i) y j) 4 Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por conducto del Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. d) 5 Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. e) y f) Ciudad de México Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ii. Sobreseimiento por cambio de situación jurídica Ahora, en lo que respecta al acto precisado en el inciso a) del considerando primero, que se atribuye a las autoridades responsables 1] Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en su denominación correcta) y 2] Subdirector de Evaluación de Análisis de Riesgo para Defensores de Derechos Humanos, Área de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ambos de la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse por no formar parte de ella, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. Es importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición del quejoso frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos que, por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También, es necesario precisar que al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, no pueden examinarse las violaciones alegadas por la quejosa respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el juez de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de amparo, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso. Ilustra lo anterior por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la tesis aislada que enseguida se invoca: "Octava Época Núm. de Registro: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 145 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." Ahora, como se precisó en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia, los quejosos reclaman la emisión del "Formato de Recepción de Solicitud" del catorce de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual se determinó procedente la incorporación de los aquí quejosos al Mecanismo para la Protección y se establecieron supuestas medidas de protección y prevención, en el procedimiento administrativo MEC/CEN/131/D/O/2021 del índice de la Coordinación Ejecutiva Nacional de Mecanismos para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismo procedimiento que fue originado en razón de la solicitud de los quejosos que hicieron consistir en la incorporación extraordinaria al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ahora, de las constancias que obran en autos y en específico de las constancias que fueron remitidas por todas las autoridades responsables (tomo de pruebas I), consistentes en fotocopias certificadas del procedimiento administrativo MEC/CEN/131/D/O/2021 las cuales fueron valoradas previamente, se advierte, en lo que interesa al presente apartado, lo siguiente; 1. Por correo electrónico de nueve de julio de dos mil veintiuno, dirigido al Coordinador Ejecutivo Nacional de Mecanismos para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas, y otras autoridades, los quejosos remitieron la solicitud de incorporación al mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos. 2. En atención a dicha solicitud, por correo electrónico de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, fueron requeridos los quejosos para que cumplieran determinados requisitos para que pudieran ser incorporados al mecanismo de protección , que habían solicitado. 3. A dicha solicitud le fue asignado el número de expediente MEC/CEN/131/D/O/2021. 4. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el formato de recepción de solicitud, se determinó como medida de prevención y protección de los quejosos, la notificación al Gobierno del Estado de Quintana Roo y al Gobierno Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, a fin de garantizar la protección y auxilio en el supuesto de encontrarse en alguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida, libertad o seguridad. 5. Seguidos los trámites del procedimiento administrativo, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la centésima quinta cesión ordinaria de la Junta de Gobierno, se sometió a consideración la evaluación del caso de las personas beneficiarias del Comité de Víctimas del 9N, en la cual por unanimidad de votos, se aprobó un plan de protección en favor de los quejosos, entre los cuales se establecieron diversos puntos para garantizar dicha protección. De lo anteriormente narrado, se obtiene que, en el caso respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando primero que se atribuye a las autoridades responsables 1] Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en su denominación correcta) y 2] Subdirector de Evaluación de Análisis de Riesgo para Defensores de Derechos Humanos, Área de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ambos de la Ciudad de México, ha operado un cambio de situación jurídica. Lo anterior, pues las violaciones imputadas a las autoridades administrativas responsables, respecto del acto que se les atribuye, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poderse analizar sin afectar la resolución emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la centésima quinta cesión ordinaria de la Junta de Gobierno, en la cual se sometió a consideración la solicitud de los quejosos respecto de la incorporación a un mecanismo de protección, en la cual por unanimidad de votos, se aprobó el plan de protección en comento. Máxime, que en el presente juicio por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, por el acto consistente en la centésima quinta cesión ordinaria de la Junta de Gobierno, en la cual se resolvió su solicitud de incorporación a un mecanismo de protección, y se aprobó el plan de protección correspondiente; sin embargo, al no ejercer ese derecho procesal, el seis de junio siguiente, fue precluido su derecho para ampliar la demanda, por lo que se ordenó la continuación del procedimiento únicamente respecto de los actos y autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, respecto del acto precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia, que se atribuye a las autoridades responsables 1] Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en su denominación correcta) y 2] Subdirector de Evaluación de Análisis de Riesgo para Defensores de Derechos Humanos, Área de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ambos de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por 1] Alan Raciel Ihuit Miguel (quien desea ser identificada como Alice Ihuit Miguel), 2] Ana Paola Mandujano Córdova, 3] Anette Michell Herrera Cruz, 4] Gloria Vianey Chan Chimal, 5] Julián Fernando Ramírez Olivares, 6] María Elena García Oronzor, 7] Karen Alejandra Téllez Sánchez, 8] Naomi Quetzali Rojas Domínguez, 9] Reyna Cecilia Solís Martín, 10] Roberto Antonio Becerril Gómez, 11] Sergio Abel Banda Reyes, y 12] Wendy Andrea Galarza Herrera, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando tercero y en términos de lo expuesto en los diversos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    :: Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento que le fue realizado en proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el sentido de manifestar si era su deseo señalar como nuevo acto reclamado, el siguiente: ? La celebración de la Centésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en que se desahogó el caso de los quejosos y se emitió un plan de protección en su favor, con carácter temporal y sujeto a revisión y evaluación periódica, pudiendo ser ampliadas o disminuidas en término de seis meses En ese sentido, se declara precluido el derecho que dejó de ejercer y se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por lo que el presente juicio de amparo se seguirá en su más entero perjuicio únicamente respecto de los actos reclamados que señaló expresamente en su escrito inicial de demanda.

  4. Principal

    ::I. Vista con nuevo acto de autoridad. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por demanda presentada el veinte de enero de dos mil veintidós, los quejosos 1] Alan Raciel Ihuit Miguel (quien desea ser identificada como Alice Ihuit Miguel), 2] Ana Paola Mandujano Córdova, 3] Anette Michell Herrera Cruz, 4] Gloria Vianey Chan Chimal, 5] Julián Fernando Ramírez Olivares, 6] María Elena García Oronzor, 7] Karen Alejandra Téllez Sánchez, 8] Naomi Quetzali Rojas Domínguez, 9] Reyna Cecilia Solís Martín, 10] Roberto Antonio Becerril Gómez, 11] Sergio Abel Banda Reyes, y 12] Wendy Andrea Galarza Herrera, todos por propio derecho, reclaman los siguientes actos: Del 1] Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y 2] Subdirector de Evaluación y Análisis de Riesgos para Defensores de Derechos Humanos de la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos: a) La emisión del "Formato de Recepción de Solicitud" de catorce de octubre de dos mil veintiuno, por media del cual se determinó procedente la incorporación de los aquí quejosos al Mecanismo para la Protección y se establecieron supuestas medidas de protección y prevención. b) La falta de remisión de la solicitud de otorgamiento de medidas de protección a la Unidad de Evaluación de Riesgos. De la 3] Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: c) La falta de discusión, deliberación, votación y aprobación de un Plan de Protección a favor de los aquí quejosos, que establezcan medidas de protección definitivas. Del 4] Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: d] La omisión de recopilar la información generada por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida y remitirla a la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Del 5] Titular de la Unidad de Evaluación de Riegos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: e] La falta de elaboración del Estudio de Evaluación de Riesgo correspondiente a la solicitud de medidas de protección. f] La falta de definición de las medidas de protección a favor de los aquí quejosos. Del 6] Director General para la para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: g] La omisión de coordinar a la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida y a la Unidad de Evaluación de Riesgos, para garantizar a los aquí quejosos el acceso a las medidas de protección. h] La omisión de emitir un Plan de Protección a favor de los aquí quejosos que establezcan medidas de protección. A las autoridades 3] Junta de Gobierno, 4] Coordinador Ejecutivo Nacional y 6] Director General, todas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: i) La falta de celebración y/o de convocar a los aquí quejosos a una sesión para decidir sobre las medidas de protección definitivas. j) La falta de determinación de medidas de protección definitivas a favor de los aquí quejosos. A todas las autoridades responsables: k] La puesta en peligro de los quejosos de sufrir ataques a su vida, integridad, seguridad o libertad personal por las omisiones previamente señaladas. Ahora, al rendir informe justificado el Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con sede en la Ciudad de México, adjuntó fotocopia certificada de las constancias que integran el expediente MEC/CEN/131/D/O/2021, del que emanan los actos reclamados, que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. De dicho documento se desprende que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós se llevó a cabo la Centésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en que se desahogó el caso de los quejosos y se emitió un plan de protección en su favor, con carácter temporal y sujeto a revisión y evaluación periódica, pudiendo ser ampliadas o disminuidas en término de seis meses. Por tanto, a efecto de evitar incurrir en alguna violación procesal que amerite la reposición de este procedimiento en perjuicio de las partes, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo señalar como nuevo acto reclamado, el siguiente: a) La celebración de la Centésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en que se desahogó el caso de los quejosos y se emitió un plan de protección en su favor, con carácter temporal y sujeto a revisión y evaluación periódica, pudiendo ser ampliadas o disminuidas en término de seis meses b) Además, la parte quejosa deberá exhibir siete fotocopias sin certificar del escrito mediante el cual desahogue esta prevención para correr traslado a las partes en este juicio (seis para las autoridades responsables y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito). En la inteligencia que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el inciso a) dentro del término que se fija, se seguirá este juicio sólo respecto de los actos reclamados que señaló expresamente en el escrito inicial de demanda. Asimismo, en caso de no cumplir con lo señalado en el inciso b), no se tendrá por satisfecha la prevención. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la prevención en comento, no podrá ser desahogada por autorizado alguno, pues la delimitación de la litis constitucional le corresponde hacerlo a la propia parte quejosa, por sí o por conducto de su representante. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 182617 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 112/2003 Página: 93 INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." II. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós.

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