ALAN PEREZ JACINTO y Otros.
Expediente 1072/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1072/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ALAN PEREZ JACINTO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo dictado en este Juicio de Amparo el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con lo establecido con el artículo 81 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de dieciséis de febrero actual, que en lo conducente dice: Agréguese a sus autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios folio 2443433 y números B00.910.00.1/496 y B00.910.00.1/478, el primero recibido vía telegrama remitido por la Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, firmando en representación del Gerente del Registro Público de Derechos del Agua, por el que, en cumplimiento al requerimiento formulado por este Tribunal en proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, aclara que el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, quedó registrado el Título Concesión 08GUA107898/121AMDL14, emitido a nombre de la parte quejosa; el segundo y tercero de los comunicados, signados por el encargado de la Unidad Jurídica de la Delegación en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, a través de los cuales (en el primero) corrobora la información referida y agrega copias certificadas de la Foja Registral del Título Concesión de que se trata, así como de la diligencia de trece de febrero del actual, de la que se desprende la entrega de ese documento, y (en el segundo) aclara que el Título Concesión 08GUA107898/121AMDL14, es el mismo que el identificado en esa foja registral como A4GUA107898/121MGR96, atento a que en primera instancia, se autorizó su emisión cuando esa delegación se denominada Gerencia Regional, y con posterioridad se solicitó su modificación, de ahí que las letras y número DL14, refieren a la "Dirección Local", como al año en que se emitió; documentales que se tienen por admitidas y desahogadas atento a su especial naturaleza, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnada a este Juzgado Federal, ***, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión que reclamaron del Registro Público de Derechos del Agua, con sede en la Ciudad de México, e hicieron consistir en que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no les habían entregado el Título Concesión 08GUA107898/121AMDL14, debidamente inscrito, derivado de la resolución contenida en el oficio B00.910.01.1/001213, de dos de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente GUA-L-1668-03-08-15, que resolvió favorable la solicitud de prórroga de vigencia de esa concesión. Omisión que consideraron violatoria de los derechos establecidos por los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Federal. Por auto pronunciado el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se registró el expediente con el número 1072/2017, que consecutivamente le correspondió, y se admitió la demanda de amparo a trámite, requiriéndose a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. En proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por rendido el informe de ley de la autoridad señalada como responsable, siendo que en auto de doce de enero de dos mil dieciocho, se amplió la demanda teniendo como autoridad responsable a la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, quien a su vez rindió informe con justificación teniéndose por agregado en acuerdo de siete de febrero siguiente. Finalmente, en proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, se requirió al Registro Público de Derechos del Agua con sede en la Ciudad de México, para que aclarara su informe con justificación, lo que hizo a través del oficio recibido en esta propia fecha. Ahora bien, como se expuso en parágrafos precedentes, en los oficios de cuenta a través de los cuales las autoridades señaladas como responsables, (el Registro Público de Derechos del Agua) aclara su informe de ley en el sentido de que el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, quedó registrado el Título Concesión 08GUA107898/121AMDL14, emitido en favor de los quejosos, y la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, conforma dicha circunstancia, agregando copia de la foja registral correspondiente como del acta de trece de febrero del actual, de la que se desprende que entregó tal documento; de ahí que respecto de la omisión reclamada en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con dos minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre la omisión que reclaman los quejosos ***, destacado en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto y omisión reclamados en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que las autoridades señaladas como responsables, como se precisó con anterioridad, indican y acreditan que ***, recibieron el trece de febrero de dos mil dieciocho, el Título Concesión 08GUA107898/121AMDL14, emitido en su favor por la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, derivado de la prórroga de vigencia autorizada, debidamente inscrito ante el Registro Público de Derechos del Agua el dieciocho de julio de dos mil diecisiete. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, cesó en sus efectos la omisión que ante esta autoridad de Amparo reclamaron ***; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con dos minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra la omisión que reclamaron de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad y del Registro Público de Derechos del Agua residente en la Ciudad de México; de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de garantías, y se tiene únicamente como autoridad responsable al GERENTE DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, que fue ante quien se presentó la solicitud de inscripción del título de concesión 08GUA107898/12AMDL14, derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/001213, de dos de marzo de dos mil diecisiete, ingresada el tres de agosto de dos mil quince bajo el número de solicitud 1668. Sin embargo, la autoridad en cita al rendir su informe justificado niega los actos que se le atribuyen, y manifiesta que haciendo una búsqueda extensa en los controles y reportes estadísticos que arroja el sistema de generación de Títulos denominado REPDA, así como del sistema integral de Administración del Agua SIAA, y búsqueda de información en los archivos de correspondencia a cargo de ese ente registral, el trámite en cuestión no fue localizado; derivado de lo anterior, en acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, se amplió la demanda de amparo teniendo como autoridad responsable al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad; quien al rendir su respectivo informe justificado, insiste en que el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, fue remitido el título de concesión ***, al Registro Público de Derechos de Agua con residencia en la ciudad de México, sin que a la fecha le haya sido devuelto dicho trámite. Ante tales circunstancias, se requiere al GERENTE DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del términos TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio que contiene este proveído, aclare su respectivo informe justificado, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento aludido en proveído de admisión de diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete.
- Principal
Agréguese a sus autos, para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el responsable de la Unidad Jurídica de la DIRECCIÓN LOCAL GUANAJUATO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por ausencia del Titular de dicha dependencia, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde; con su contenido, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Téngase como pruebas de su parte, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad en cita, a las personas que menciona en el oficio que se acuerda, así como señalando el domicilio que indica para el efecto de oír y recibir notificaciones, siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica mediante oficio en el domicilio de su oficina principal.
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