ALÁN OSWALDO VEGA RODRÍGUEZ y Otros.

Expediente 369/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
369/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • ALÁN OSWALDO VEGA RODRÍGUEZ y Otros.
  • Director del Centro de Readaptación Social Lic. Eduardo Ruiz, Con Residencia En Uruapan, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    1. EJECUTORIA. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que en el auto inicial no se ordenó la apertura del incidente de suspensión, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. UBB

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguense los oficios del Director y Subdirectora Jurídica del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz", ambos de esta ciudad, a través de los cuales, cumplen con el requerimiento formulado en proveído de veintiséis del actual y, la segunda, adjunta las constancias relativas. Ahora bien, de los informes justificados, se aprecia que el acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito de doce de julio de dos mil diecinueve, reclamada por el quejoso Alfonso Yacuta Heredia ES INEXISTENTE. Por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE ASUNTO, respecto de dicho quejoso. En cambio, de los informes en comento, se advierte que el acto reclamado por Alan Oswaldo Vega Rodríguez consistente en la omisión de dar contestación al escrito de doce de julio de dos mil diecinueve, ES CIERTO, no obstante que las autoridades responsables negaron la existencia del mismo. Es así, en virtud de que de las documentales que las responsables adjuntaron a su informe de ley, se aprecia que mediante oficio ER/DIR/4426/2019, de veintidós de julio del presente año, se atendió la solicitud del quejoso; sin embargo, en esta fecha, se practicó la notificación del oficio en comento y el quejoso se negó a firmar la misma, esto es, con fecha posterior a la presentación de la demanda. Certeza, que se corrobora con la copia certificada que las autoridades responsables adjuntaron al informe de ley, misma que adquiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por ser documento público certificado por quien tiene facultades para hacerlo. Así, de las aludidas documentales, se estima que, en la especie, contra el acto reclamado por el citado quejoso, sobrevino la causal de improcedencia que prevé el mencionado artículo 61 en la fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) - - - XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de su emisión. En el caso concreto, el quejoso se duele de la omisión de dar contestación de doce de julio de dos mil diecinueve. En efecto, se sostiene que, en la especie, sobrevino la causa de improcedencia citada, porque de los informes justificados y de la copia certificada que las autoridades responsables remitieron se advierte que mediante oficio ER/DIR/4426/2019 de veintidós de julio del presente año, el Director del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz", de esta ciudad, atendió la solicitud del quejoso y realizó el trámite a la queja administrativa promovida por las apoderadas del peticionario, lo que hizo de su conocimiento en esta misma fecha, negándose a firmar la notificación respectiva como se asentó en la razón del personal adscrito a ese centro penitenciario. Entonces, lo expuesto evidencia que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en razón de que con posterioridad a la presentación de la demanda (veinticuatro de julio del año en curso), se destruyeron sus efectos en forma total e incondicional, (treinta de agosto de dos mil diecinueve), porque al haberse dado respuesta a la petición del quejoso y al haberse notificado la misma, en esta fecha, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional. De modo tal, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de las violaciones constitucionales, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, pues no dejaron huella alguna que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos reclamados por el quejoso Alan Oswaldo Vega Rodríguez, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, y queda insubsistente la fecha señalada para audiencia constitucional. Por otra parte, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista de los informes justificados que remitieron las autoridades responsables, pues en el caso, no existe un fin práctico que pudiera favorecer al quejoso, ya que no se advierte que la presente determinación, una vez transcurrido el mismo, le genere beneficio, pues en esta fecha o en aquélla, el contenido de los informes justificados, de inexistencia y cesación de efectos de los actos reclamados, permite establecer que el sentido de la determinación sería el mismo, en tanto no ocurre supuesto de probar en contra de la "justificación" de los mismos. Cabe reiterar que, no obstante lo anterior, si por cualquier situación no reflejada ahora en estos autos resultara la existencia de los actos reclamados, LA PARTE QUEJOSA NO QUEDARÁ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, en vista de que, por la naturaleza de esos actos de autoridad, está en aptitud legal de promover juicio de amparo diverso. Finalmente, intégrese sin mayor proveído el pedimento de cuenta, en virtud de que en líneas precedentes, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, rindiendo su INFORME JUSTIFICADO y acompañando copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.LCS

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguense los oficios del Director y Encargada de la Subdirección del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz", ambos de esta ciudad, a través de los cuales, pretenden cumplir con el requerimiento formulado en proveído de dieciséis del actual y adjuntan las constancias relativas; sin embargo, de tales documentables no se advierte que el quejoso Alan Oswaldo Vega Rodríguez haya sido notificado del trámite que se dio a la queja administrativa que promovió. Es así, en razón de que, si bien las autoridades oficiantes remiten copia certificada del acuse relativo al envió y recepción de un correo electrónico y documentos respectivos, lo cierto es, que del mismo no se desprenden datos que den certeza que el quejoso de mérito haya autorizado ese medio para oír y recibir notificaciones, ni que la persona que acusó recibo del mismo, se encuentre autorizada para ese efecto, pues no se aprecia la identidad de ésta; máxime, que el peticionario se encuentra privado de la libertad. Por tanto, a fin de tener certeza jurídica de que el quejoso fue notificado del aludido trámite, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese a las referidas autoridades, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente a la recepción del presente proveído, remita la notificación al quejoso del acto reclamado; lo anterior, toda vez que resulta necesaria para resolver el presente juicio de amparo. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá a cada una multa, de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el estado procesal, se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, ni acuse que acredite que haya sido notificada de la petición del mismo; por tanto, para dar margen a que dicha autoridad rinda su informe de ley, se DIFIERE ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.LCS

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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