Alan Moreno Salinas
Expediente 1001/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1001/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alan Moreno Salinas
Actuaciones
- Principal
Juzgado Federal acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa e informa que se avocó al conocimiento del mismo. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir el presente cuaderno de antecedentes, en razón de la incompetencia decretada para conocer de la demanda de amparo generadora del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y en su oportunidad archívese este expediente.
- Principal
Se solicita información a Juzgado de Distrito. Cúmplase.
- Principal
Se decreta incompetencia Ahora bien, toda vez que el quejoso reclama la modificación del beneficio de condena condicional otorgado dentro de la causa penal 166/2017 y del SIPE 260/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, así como sus consecuencias, lo cual atribuye a la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. En principio, es importante recordar que el artículo 37 de la Ley de Amparo distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: a. Cuando el acto reclamado es materialmente ejecutable, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar en que deba, trate, se esté o se haya ejecutado. b. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue realizándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda. c. Finalmente, cuando no se requiere ejecución material del acto reclamado, conocerá el juez en cuya jurisdicción se presente el libelo. No obstante lo anterior, al resolver la contradicción de criterios 84/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó (en un criterio que resulta de observancia obligatoria), que para efectos de fincar competencia territorial a los jueces federales cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Lo anterior, explicó la Primera Sala, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un supuesto de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la ley de la materia, definen la competencia de los jueces de Distrito para conocer y resolver de un juicio constitucional en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, concluyó la Sala, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla (especial) aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, la competencia recaerá en otro juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiere, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En ese sentido, la Corte explicó que dicha regla de excepción será aplicable con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del juez de Distrito, toda vez que ello (la ejecución o no del acto reclamado) no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia. Dicho de otro modo, es irrelevante verificar si el acto reclamado cuenta o no con ejecución material, pues si éste fue emitido por un juez de Distrito, se tiene que atender forzosamente a la regla especial prevista en el numeral 38 de la Ley de Amparo, y no a la regla general contenida en el arábigo 37 de dicho ordenamiento legal. Las razones que se contienen en ese precedente, se sintetizaron en la jurisprudencia 1a. /J. 44/2021 (11a.) de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." -Lo resaltado es propio de esta juzgadora- En atención al criterio jurisprudencial recién citado, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, en el que se reclama la modificación del beneficio de condena condicional otorgado dentro de la causa penal 166/2017 y del SIPE 260/2022, del índice del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, así como sus consecuencias, lo cual atribuye a la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital; pues en términos del "ACUERDO GENERAL 3/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO", la suscrita no cuenta con competencia por razón de territorio en la ciudad de Guanajuato, lugar en donde tiene su residencia la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital. Por lo que conforme a la jurisprudencia de mérito y al acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal señalado en supralíneas, se considera que es legalmente competente para conocer del presente sumario constitucional el juez o jueza de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno. No se soslaya la existencia de las siguientes tesis jurisprudenciales (la primera de ellas, por cierto, analizada en la contradicción de tesis arriba apuntada) y aislada de rubros: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN." "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA." "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ." Sin embargo, si bien esos criterios atienden al caso genérico de la competencia cuando una persona privada de la libertad solicita la concesión de algún beneficio preliberacional; lo cierto es que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza una importante distinción, en relación con la denominación o naturaleza de la autoridad responsable -un juez de Distrito-, lo que no riñe con la multiplicidad de supuestos, avalados por esas jurisprudencias, en los que tales autoridades no ejerzan una jurisdicción federal, sino local. Bajo ese contexto, si en el presente asunto se tiene señalado como autoridad responsable a la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, es que se debe aplicar la regla especial contenida en el artículo 38, de la Ley de Amparo, y no la genérica (prevista en el diverso numeral 37), que se analiza en esos criterios con números de registros 2006160, 178232, 177673 y 237105. En similitud de consideraciones fueron resueltos el conflicto competencial 11/2022 y amparo en revisión penal 209/2022, de las estadísticas del Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en sesiones de quince de junio de dos mil veintidós y ocho de junio de dos mil veintitrés, respectivamente. Por tanto, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo y el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del veintiséis de enero anterior en que fue aprobado, con el cual se deja sin efectos el Acuerdo General 17/2012; y, en el segundo párrafo de la fracción XVI, del apartado cuarto del mencionado acuerdo, que delimita la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se ordena remitir los autos (demanda) al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno. VI. Cuaderno de incompetencia. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de control y solicitar el acuse de recibo de estilo. VII. Se niega suspensión de plano. Sin que en el caso sea procedente decretar la suspensión de plano de los actos reclamados, no obstante que el quejoso se duela del tormento físico y psicológico a su persona por violentar su derecho humano a la libertad personal, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que dicho tormento lo hace derivar de la modificación al beneficio de la condena condicional otorgado dentro de la causa 166/2017 y del SIPE 260/2022, la cual atribuye a una autoridad judicial, de lo que se colige que la misma fue dictada dentro de un procedimiento; por tanto, no es factible decretar la suspensión de plano, al no advertirse que actualmente el inconforme esté siendo sometido a los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y el numeral 126 de la Ley de Amparo. VIII. Domicilio. Se Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, en virtud de que se encuentra privado de su libertad; lo anterior, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. IX. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. X. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XI. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que puso fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. XII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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