Alan Maya Velázquez
Expediente 165/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alan Maya Velázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 13¬15), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo general citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Alan Maya Velázquez, contra actos de juez Primero de lo Familiar de esta ciudad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 165/2017 que le corresponde. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, y 217, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "ARTÍCULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. De los preceptos citados, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; al respecto, el propio precepto legal señala qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a saber, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Atinente al tema, existe la Jurisprudencia 1a./J. 8/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecisiete de abril de dos mil quince, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro ius 2008883, cuyos rubro y texto es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 7/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 17 de abril de 2015 09:30 h, Décima Época, registro ius 2008884, con el siguiente rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, estableció que dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no es posible reclamar, de forma autónoma, una violación al derecho de petición. Que el derecho como género previsto en el artículo 8º constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, los artículos 14 y 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. El derecho al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite al particular obtener una completa y mejor respuesta a sus pretensiones dentro de un procedimiento jurisdiccional y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Asimismo, los derechos consagrados en los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), sin embargo, deben entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implique dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad. Por tanto, la autoridad jurisdiccional o administrativa tiene la obligación de emitir la resolución correspondiente a la petición presentada de manera pronta y congruente, la cual debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen dicho procedimiento. Ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no es dable que se impugne la violación al derecho de petición de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, serán conforme lo establecido por la norma secundaria y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Sin que pase inadvertido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Bajo esas consideraciones, en el caso, de las manifestaciones de la parte promovente, así como a la documental que anexa a su demanda de amparo, se advierte que reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar la promoción que presentó el nueve de febrero de dos mil diecisiete, en el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca; de dicho escrito se aprecia que solicitó al titular del citado órgano jurisdiccional, la tramitación en la vía incidental de la cesación del pago de pensión alimenticia que proporciona a sus menores hijos Tania Abril y Alan Aarón de apellidos Maya Burgos. La relación previa revela que el juicio de amparo que promueve la parte quejosa es improcedente. Es así, pues como se expuso anteriormente, el acto controvertido en este juicio de amparo es una violación al artículo 8º Constitucional, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, pues debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Cabe mencionar que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, porque en esos términos lo solicita, y para ello la Ley de Amparo no exige que dichas personas tenga autorización para ejercer la profesión de abogado.
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