Alan Mauricio Barrera López

Expediente 931/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
931/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
16/11/2016

Partes del expediente

  • Alan Mauricio Barrera López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    [...] En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con su anexo; visto su contenido, téngasele informando que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo el veinticuatro de octubre pasado resolvió la situación jurídica del quejoso en la causa penal 104/2016 de su índice. Ahora bien, en el caso es necesario señalar que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y que la autoridad responsable debió cumplir, son los siguientes: [.] De las constancias que envió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se aprecia que mediante resolución de veinticuatro de octubre de este año dictada la causa penal 104/2016 de su índice, realizó lo siguiente: [.] De lo expuesto, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa la referida responsable incumple con los lineamientos establecidos en ella, en atención a los motivos que se citan a continuación. 1) En primer lugar, el juez responsable en el capítulo relativo al cuerpo del delito indica que existe una ley especial que regula la materia respecto de los delitos de narcomenudeo, la cual es la Ley General de Salud y que el estudio se realiza a partir de las disposiciones legales que en ella se encuentran y no por los que consigna en Agente del Ministerio Público. Para justificar lo anterior, funda su determinación en los artículos 473, fracciones I y V, 474, 476, 479; 180 de la Ley General de Salud; 194, fracción XV, inciso 2), del Código Federal de Procedimientos Penales (correcto); y, 5, 11, 13, fracción I, y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla (incorrecto). Lo cual resulta erróneo, pues en la ejecutoria de amparo se le indicó que en la parte sustantiva aplicara las normas de previsión de la conducta delictiva y de sanción en atención a la naturaleza del ilícito concretado, es decir, las disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, tanto para justificar el cuerpo del delito como la probable responsabilidad del impetrante en su comisión, sin incluir diversa legislación. Circunstancia anterior que no aconteció, pues, al realizar el estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como en los puntos resolutivos, continúa citando disposiciones del Código Penal para el Estado de Puebla, a saber, 459, fracciones V, VI y VIII, 460, 464, 5, 11, 13, fracción I, y 21, fracción I, lo cual es incorrecto. En efecto, contrario a lo señalado por la responsable, su resolución se torna incongruente, puesto que si bien partió que el delito en estudio se encuentra previsto en los artículos 473, fracciones I y V, 474, 476, 479; 180 de la Ley General de Salud; 194, fracción XV, inciso 2), del Código Federal de Procedimientos Penales; y, 5, 11, 13, fracción I, y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, lo cierto es que, al concluir dicho capitulo; al iniciar el diverso relativo a la probable responsabilidad de la indiciada; en la foja seis, segundo párrafo; al concluir dicho apartado; y, en el tercer resolutivo, funda su determinación en diversos arábigos de aquellos que citó para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito que nos ocupa, a saber, artículos 459, fracciones V, VI y VIII, 460 y 464, todos del Código Penal para el Estado, 479 y 480 de la Ley General de Salud y 194, fracción XV, inciso (2, del Código Federal de Procedimientos Penales y 5, 11, 13, fracción I, y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; circunstancia que, como se adelantó, es incorrecta, puesto que ello que genera incertidumbre jurídica al quejoso al desconocer los hechos que se le imputan y el contenido de los artículos que sirven de sustento para emitir el auto de bien preso que lo mantiene sujeto a procedimiento de origen. 2) Así también, al realizar la valoración de pruebas en consideración para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad omite indicar por qué prescindió de tomar en consideración la diligencia de inspección ocular. 3) En tercer aspecto, el juez natural precisó que no ha declarado cerrado el periodo de instrucción. Empero, soslayó, una vez realizadas las acciones precisadas en la ejecutoria de amparo, en relación a la traslación normativa, hacerlo del conocimiento al quejoso a fin de que, a través de un plazo probatorio extraordinario, esté en posibilidad de ejercer su derecho de defensa, mediante el ofrecimiento de los medios de convicción que a su interés convenga en relación con la traslación normativa efectuada en el nuevo auto de plazo constitucional dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, atendiendo al criterio establecido para el procedimiento de ejecución de sentencias relativo a que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, En consecuencia, resulta procedente requerir al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, dé debido cumplimiento de la sentencia dictada en este auto en los términos siguientes: I. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, así como el diverso de veinticuatro de octubre pasado por el que pretendió acatar el fallo protector. II. Reitere lo relativo a la valoración de pruebas para tener por acreditado el cuerpo del delito de contra la salud, en su modalidad de posesión del narcótico denominado marihuana con fines de comercio, así como la probable responsabilidad del impetrante en su comisión, indicando que prescinde de tomar en consideración la diligencia de inspección ocular al haberse realizado en lugar diverso al que acontecieron los hechos. III. En la parte sustantiva, aplique las normas de previsión de la conducta delictiva y de sanción en atención a la naturaleza del ilícito concretado, es decir, las disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, tanto para justificar el cuerpo del delito como la probable responsabilidad del impetrante en su comisión; sin integrar leyes diversas, como el Código Penal para el Estado de Puebla. IV. El proceso penal lo rija por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, salvo en los casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, lo cual se regirá conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, en términos del artículo 480 de la Ley General de Salud. V. Atendiendo a que aún no cierra el periodo de instrucción, una vez realizadas las acciones precisadas en los incisos anteriores, mantenga abierta la etapa procedimental de instrucción, a fin de que el quejoso, a través de un plazo probatorio extraordinario, esté en posibilidad de ejercer su derecho de defensa, mediante el ofrecimiento de los medios de convicción que a su interés convenga en relación con la traslación normativa efectuada en el nuevo auto de plazo constitucional dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido el juez responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, sin causa justificada, se le impondrá una multaxxxx así como de que en caso de que este juzgado determine que no se encuentra cumplida totalmente o correctamente la misma, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda como establece el diverso 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con un anexo; visto su contenido, téngasele informando que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitió la resolución de veinticuatro de octubre pasado en el proceso penal de origen. Sin embargo, contrario a lo señalado por el juez responsable la misma se torna ilegible, impidiendo advertir lo que en ella se plasma; por tanto, requiérase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, remita copia certificada legible de la determinación de veinticuatro de este mes y año. Apercibido el juez responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como de que en caso de que este juzgado determine que no se encuentra cumplida totalmente o correctamente la misma, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda como establece el diverso 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Finalmente, téngase al juez responsable acusando recibo de las constancias que le fueron devueltas por acuerdo de dieciocho de octubre pasado, mismas que acompañó a su informe como justificante.

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