Alan Josued Jiménez Nuriulu

Expediente 1078/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1078/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Alan Josued Jiménez Nuriulu

Actuaciones

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos, los oficios de cuenta signados por el Presidente Municipal y Director de la Policía Municipal, ambos con sede en Soyaló, Chiapas, mediante los cuales informan la imposibilidad que tienen para remitir los expedientes personales de los aquí quejosos, en virtud que después de realizar una búsqueda minuciosa dentro de los archivos de su representada, no cuentan con los expedientes correspondientes a la nómina y la de prestaciones que tenían derecho los impetrantes de amparo, toda vez que no realizaron el acto de entrega de recepción donde se recaba la información de expedientes, formatos, ni el inventario que conforma todo el Patrimonio Municipal, como marcan los lineamientos correspondientes a la Ley de Entrega de Recepción de los Ayuntamientos Municipales en el Estado. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos los oficios de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días, contado a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, informen las gestiones que se encuentren realizando a fin de que den cumplimiento con lo requerido en auto de uno de octubre del año en curso; esto, para estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal de Alzada, el cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del término señalado o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable; lo anterior, sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Juan Carlos de León Betanzos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. I.- Trámite. Como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, con dos copias del escrito inicial de demanda promovida por Alan Josued Jiménez Nuriulu, fórmese por duplicado el incidente de suspensión 1078/2021-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II.- Audiencia. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia incidental. III. Informe. Pídase a las autoridades responsables el informe previo, que deberán rendir en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciban el oficio correspondiente, con apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá, en lo individual, en la suspensión definitiva, multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción I, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. En dicho informe deberán expresar todos los datos necesarios para fijar el monto de la garantía que se exhibirá como medida de aseguramiento de la suspensión definitiva, en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, que son: a) La naturaleza, modalidades y características del delito que, en su caso, se impute a la parte quejosa; b) Las características personales y situación económica del quejoso (si se conoce); y, c) La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. Debiendo informar además si el delito que se le imputa amerita o no prisión preventiva oficiosa. IV. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el incidente de suspensión en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se les giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir los respectivos informes, deberán hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, serán acreedoras a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. V. Precisión de los actos reclamados. En acato al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial y a lo establecido por los artículos 146, fracción I, y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que en la especie la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables: Con el carácter de ordenadoras: (1) Juez del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, con residencia en Cintalapa de Figueroa; (2) Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos No Graves, con residencia en Chiapa de Corzo; y, (3) Ministerio Público en Turno, con residencia en esta ciudad. Con el carácter de ejecutoras: (4) Director, (5) Comandante o Jefe Operativo Encargado del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión, ambos de la Policía Especializada, con residencia en esta ciudad; (6) Comandante Regional Zona Centro de la Policía Especializada; y, (7) Director de la Policía Municipal, ambas con residencia Chiapa de Corzo. Actos reclamados: De las autoridades indicadas con los numerales (1) a (3) que anteceden: Las órdenes de (a) aprehensión, (b) localización y/o (c) presentación. De las autoridades indicadas con los numerales (4) a (7) que preceden: (g) Su ejecución. VI. Determinación de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 125, 128 y 166 de la Ley de Amparo, procede conceder a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en las órdenes de (a) aprehensión, (b) localización, (c) presentación; y, (d) su ejecución, ya que es solicitada por parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. En la medida de que la sociedad está interesada en el respeto de los derechos humanos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dando oportunidad al gobernado de comparecer con la responsable a hacer valer las garantías para su protección, evitando que se sustraiga de la acción de la justicia y la suspensión de un procedimiento. Además, de ejecutarse el acto reclamado se ocasionaría al promovente un daño de difícil reparación al no poder restituírsele su libertad personal, en su caso, por el tiempo que se le privara de ella. VII. Efectos de la suspensión provisional. Tal medida cautelar se otorga para el efecto acorde con las siguientes hipótesis: A.- Tratándose de orden de aprehensión y su ejecución, o que implique privación de la libertad: a) Con fundamento en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea aprehendido el quejoso, quede a disposición de este Juzgado Federal en el lugar en que sea recluido y a disposición del juez responsable para la secuela del procedimiento. En este caso, sin que sea necesario fijar ninguna medida de aseguramiento, toda vez que, como se dijo, únicamente tiene por efecto que, una vez que sea detenido, quede a disposición de este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 168, en relación con el 163 de la Ley de Amparo, que señalan que cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento de orden penal la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, en lo que se refiere a su libertad pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, sin que sea necesario que se fije garantía cuando la medida cautelar se concede para el efecto mencionado. b) Con fundamento en la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, para lo cual se le fijan las medidas de aseguramiento que más adelante se precisan, las cuales tienen como fin que no evada la acción de la justicia, se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. c) En caso de tratarse de orden de citación presentación o comparecencia dictada por autoridad judicial -con independencia de la denominación que haya dado la parte quejosa en su demanda- la medida se concede para el efecto de que no se ejecute y la parte quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de dichas órdenes, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva; no obstante, el quejoso deberá cumplir con las medidas de aseguramiento que más adelante se precisan, para que no se evada de la acción de la justicia, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo. d) En caso de tratarse de orden de localización, presentación, citación y/o detención, dictada por autoridad administrativa la medida se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad personal con motivo de dichas órdenes, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias, lo que es de orden público y, por tanto, insuspendible. VIII. Medidas de efectividad. Con fundamento en los artículos 166, fracción II y 168 de la Ley de Amparo, la medida suspensiva en cuestión surtirá efectos, desde luego, pero dejará de hacerlo: i) Si la parte quejosa no exhibe ante este juzgado, dentro de los siguientes cinco días, a que surta efectos la notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas previstas en la ley para tal efecto de conformidad con el artículo 168 de la Ley de Amparo. Esta cantidad se fija de manera discrecional, pues hasta este momento no se cuenta con mayores elementos. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 107/2013 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 457 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 1, diciembre de 2013, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA NECESARIA PARA QUE AQUÉLLA SIGA SURTIENDO EFECTOS, NO PUEDE EXCEDER EL DE SETENTA Y DOS HORAS QUE OTORGA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". ii) Si la parte quejosa dentro de ese mismo plazo, no se presenta o se pone a disposición ante la autoridad jurisdiccional responsable que conozca del asunto, para la continuación del procedimiento del orden penal, con el fin de no paralizarlo. Dicho requisito será exigible una vez que se tenga certeza de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 16/97 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, titulada: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". IX. Aclaración Cabe precisar que de cumplir la parte quejosa las medidas de aseguramiento impuestas, los efectos de la suspensión concedida no implican la cancelación o insubsistencia del acto privativo de libertad, sino únicamente la suspensión de su ejecución, en los términos previstos en los apartados VI, VII y VIII del presente auto. X. Apercibimiento a la parte quejosa. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que en caso de incumplir con las medidas de aseguramiento decretadas o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable y se mandará hacer efectiva la garantía en favor del fisco federal. XI. Casos en los que no opera la suspensión. La medida cautelar no surtirá efectos en los casos siguientes: a) Si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa en cumplimiento de una orden privativa de la libertad librada en su contra por autoridades distintas a las aquí señaladas; o, b) Si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. XII. Expedición de copia. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copia certificada de lo peticionado, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos para constancia. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3, del "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID2019, que entró en vigor el tres de agosto del año en curso, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de copias será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. En ese sentido, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas para la consulta de expediente o entregas de copias durarán un máximo de 25 minutos, por lo que, si se excede de ese tiempo, tendrán que generar una nueva cita para un diferente día de acuerdo a la disponibilidad de la agenda. Lo que se hace de su conocimiento a efecto de que tome las precauciones debidas a efecto de que, en el día y hora que comparezca pueda obtener las copias solicitadas. XIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. XIV. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Diecisiete Sur Oriente, Número Doscientos veintidós, entre Primera y Segunda Oriente, Barrio San Francisco, en esta ciudad. Se tiene como autorizada en términos amplios a que se refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Óscar Darinel Nuriulú Blanco, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y, en términos restringidos a que alude el citado precepto, a José Francisco Jamangape Ángeles y Marco Antonio Pola Velázquez, por así haberlo solicitado expresamente. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Alan Josued Jiménez Nuriulu, contra los actos y autoridades que indica. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1078/2021-VII, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115, 116 y 128, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por los actos reclamados y a las autoridades responsables, en el orden siguiente: Autoridades responsables: Con el carácter de ordenadoras: (1) Juez del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, con residencia en Cintalapa de Figueroa; (2) Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos No Graves, con residencia en Chiapa de Corzo; y, (3) Ministerio Público en Turno, con residencia en esta ciudad. Con el carácter de ejecutoras: (4) Director, (5) Comandante o Jefe Operativo Encargado del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión, ambos de la Policía Especializada, con residencia en esta ciudad; (6) Comandante Regional Zona Centro de la Policía Especializada; y, (7) Director de la Policía Municipal, ambas con residencia Chiapa de Corzo. Actos reclamados: De las autoridades indicadas con los numerales (1) a (3) que anteceden: Las órdenes de (a) aprehensión, (b) localización y/o (c) presentación. De las autoridades indicadas con los numerales (4) a (7) que preceden: (d) Su ejecución. III. Incidente de suspensión. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. IV. Audiencia. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. Pídase a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá, en lo individual, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VI. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64, en relación con los diversos 238 y 251, de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirigen los oficios haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a las autoridades que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245, de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VII. Intervención de la Agente del Ministerio Público. Dése a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. VIII. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. X. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Diecisiete Sur Oriente, Número Doscientos veintidós, entre Primera y Segunda Oriente, Barrio San Francisco, en esta ciudad. Se tiene como autorizada en términos amplios a que se refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Óscar Darinel Nuriulú Blanco, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y, en términos restringidos a que alude el citado precepto, a José Francisco Jamangape Ángeles y Marco Antonio Pola Velázquez, por así haberlo solicitado expresamente. XI. Pruebas. Se deja de proveer al respecto al no haber sido ofrecidos medios de convicción. XII. Tercero interesado. Tomando en cuenta que la parte quejosa realiza manifestaciones sobre el desconocimiento de tercero interesado, este órgano jurisdiccional SE RESERVA emitir pronunciamiento sobre su actualización, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su respectivo informe. XIII. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada Se hace del conocimiento de las autoridades que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XIV. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. XV. Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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