Alan Joseph Blanco Ávila
Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2021
Partes del expediente
- Alan Joseph Blanco Ávila
Actuaciones
- Principal
Se ordena agregar el oficio 4345/2021 procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja, registrado bajo el número 119/2021, interpuesto por el autorizado del quejoso Alan Joseph Blanco Ávila, asimismo que dicha queja se declaró sin materia por el desistimiento de la parte quejosa; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
VIII.- Toluca, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Quejoso se desiste de recurso de queja Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar el escrito electrónico del quejoso Alan Joseph Blanco Ávila, mediante el cual refiere desistirse del recurso de queja que interpuso contra el auto emitido por este juzgado federal el siete de mayo de dos mil veintiuno. Ahora, toda vez que mediante acuerdo de trece de mayo del presente año, se ordenó remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para la substanciación del recurso de queja, interpuesto por el quejoso. Por tanto, se ordena remitir el original del escrito de cuenta, previa copia certificada que obre en autos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, a efecto de que remita la promoción en cita, al órgano de control constitucional que conoce del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintiuno. Escrito de queja Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar el escrito de Roberto Pérez García autorizado del quejoso Alan Joseph Blanco Ávila, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto emitido por este juzgado federal el siete de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo. Se tiene por interpuesto el recurso Así las cosas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer el autorizado del impetrante de amparo Alan Joseph Blanco Ávila. Remisión del recurso e Informe de la queja. En ese sentido, atendiendo a que la demanda de amparo fue desechada, no existen partes para notificar la interposición del medio de impugnación que nos ocupa por lo que resulta improcedente otorgar el plazo que prevé el párrafo primero del artículo 101 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el numeral citado, en vía de informe justificado, se ordena hacer de conocimiento al Tribunal de Alzada que es cierto el acto que se reclama, cuya emisión se apoya en las consideraciones contenidas en el propio acuerdo impugnado, asimismo para la substanciación del recurso de queja, se ordena remitir copia certificada de las constancias que integran el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, anexando el original del escrito de cuenta y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano colegiado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por vía electrónica y por lista a las demás partes.
- Principal
VIII.- Toluca, Estado de México, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda que promueve ***************, por su propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 355/2021. ***************************** Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. En este orden de ideas, se actualizan las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XII, XX, XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones III, inciso a), y XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II , de la Ley de Amparo y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que el acto reclamado no se trata de una resolución definitiva, ni constituye un acto de autoridad; asimismo con ellos no se afecta un derecho subjetivo del quejoso. En efecto, el juicio de amparo contra un procedimiento administrativo es procedente, por regla general, hasta que se dicta la resolución definitiva, sin embargo existen casos de excepción, como el presente caso, en el que los efectos de dicha decisión no son susceptibles de repararse en el juicio de amparo que, en su caso, se promueva hasta la resolución definitiva que se dicte en él, pues de acuerdo a los hechos plasmados en la demanda, el inicio del procedimiento administrativo tiene por objeto la posible separación del cargo del quejoso dentro del Servicio de Protección Federal, en el cual se le otorga la garantía de audiencia para que comparezca a deducir sus derechos y a ofrecer pruebas, como se prevé en el artículo 75 del Reglamento del Servicio de Protección Federal, como a continuación se advierte: "Artículo 75.- Acordado el inicio del procedimiento, el Secretario Técnico del Consejo citará al Integrante a una audiencia, haciéndole saber la infracción que se le imputa, el lugar, el día y la hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos, por sí o asistido de un defensor. La audiencia se celebrará dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de veinte días naturales posteriores a la notificación del citatorio a que se refiere el párrafo anterior, plazo en el que el Integrante podrá imponerse de los autos del expediente". Ahora, al reformarse el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció lo siguiente: "Artículo 123. [...] B. Entre los poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido." Del artículo transcrito se desprende que de resolver la autoridad jurisdiccional, en el juicio o medio de defensa que se hubiera hecho valer, que la separación de los miembros de las instituciones policiales fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. De ahí que si la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo al que se encuentra sujeto el quejoso le resultara desfavorable, se afectarían en su perjuicio de modo directo e inmediato derechos sustantivos de imposible reparación, pues en caso de impugnarla, jamás podría ser reinstalado en el cargo que ostenta en el Servicio de Protección Federal, lesionando el derecho fundamental de estabilidad en el empleo. Asimismo, de la exposición de motivos a las reformas al artículo 123, apartado B, fracción XIII, citado, se advierte que la intención del legislador fue propiciar un sano equilibrio, entre la necesidad de mantener un servicio de carrera indispensable para motivar al personal a tener una expectativa de profesionalización y crecimiento, y el imperativo de contar con mecanismos eficientes de depuración de los elementos que se apartan de los principios de ética y dañan a las instituciones. Por lo anterior, el mencionado precepto constitucional, dispone en forma clara que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; de tal manera que, si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Luego, si en el caso, culminando el procedimiento administrativo, se determina la separación del impetrante de amparo de su cargo, de promover el juicio de amparo hasta la emisión de la resolución definitiva, traería como consecuencia que aun cuando se considera injustificada, los efectos del fallo protector no incluirán su reincorporación en las funciones que desarrolla en la institución, debido a la prohibición expresa contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional. Bajo ese contexto, el quejoso se encuentra legitimado para promover el juicio de garantías, en contra de la resolución del procedimiento administrativo de separación, al constituir un acto de ejecución de imposible reparación y no así como incorrectamente aduce en su escrito de demanda, ya que el acto que en esta vía se combate es únicamente el dictado del acuerdo de inicio de procedimiento, más no así el resultado del mismo. Lo anterior es así, considerando el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 1135, con el número 2a./J. 72/2013 (10a.), que a la letra dice: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. A partir de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo un mecanismo de control y evaluación para el desempeño de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, que puede conducir a la separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o si incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; previéndose que, en ese caso, aun cuando pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos; limitándose el Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. Por tanto, si el interesado promueve juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de separación respectivo en su carácter de agente del Ministerio Público, miembro de alguna corporación policial o perito, debe admitirse la demanda en términos del artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, esto es, que de emitirse la resolución final aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." En este sentido, no le asiste la razón al impetrante de amparo al afirmar que el dictado del acuerdo de inicio de procedimiento es un acto de imposible reparación, ya que en el mismo no se ha afectado ningún derecho esencial del mismo, motivo por el cual resulta inaplicable el criterio sustentado de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Sustenta tal determinación, a contrario sensu, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro 186605, tesis 2ª. LXXI/2002, visible en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene las listas de este órgano jurisdiccional como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES Toda vez que la parte quejosa, indica que tiene registrada su firma electrónica y manifiesta que su usuario es "betopg01", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; atento a lo anterior, y una vez corroborado el usuario en comento, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza los permisos correspondientes, a efecto de que pueda ser consultado el expediente electrónico, e instruye a los Actuarios adscritos, a efecto de que las notificaciones a la parte quejosa, se realicen vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación AUTORIZADOS En relación con los autorizados Roberto Pérez García y Mauricio Hernández Maldonado, se advierte que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se les tiene por autorizados en términos amplios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por vía electrónica.
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