Alan Jhonatan Bustamante Diaz
Expediente 734/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2018
Partes del expediente
- Alan Jhonatan Bustamante Diaz
Actuaciones
- Principal
iv) Toluca, Estado de México; primero de junio de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia, que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, informó haber solicitado al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central 2 de la Procuraduría General de Justicia, ambos en el Estado de México, copia certificada de la carpeta administrativa 1274/2014 y de la carpeta de investigación 160170830121314, respectivamente, sin embargo, de las constancias enviadas por dicha junta responsable no se advierte el acuse de recibo de los oficios dirigidos al juez y representante social mencionados de diez de junio, nueve de diciembre de dos mil dieciséis y ocho de enero de dos mil diecisiete. Asimismo, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, comunicó que la junta responsable, no le realizó requerimiento alguno, respecto de dichas constancias. Por ende, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, remita copia debidamente certificada, legible y completa de los acuses de los oficios referidos de diez de junio, nueve de diciembre de dos mil dieciséis y ocho de enero de dos mil diecisiete, por medio de los cuales solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central 2 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, respectivamente copia certificada de la carpeta administrativa 1274/2014 y de la carpeta de investigación 160170830121314, pues los mismos resultan necesarias para resolver el presente asunto, con el apercibimiento que para el caso de omisión podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, del ordenamiento legal invocado, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 363, publicada en la página 309 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Alejandrina López Apodaca, que autoriza, firma y da fe.
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