Alan Jeired Espinosa Ramírez

Expediente 1787/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1787/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Alan Jeired Espinosa Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que en el juicio en que se actúa, el doce de julio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional y considerando la determinación adoptada por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal establecida en el oficio STCCNO/64/2018, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, del que se desprende que la mencionada Comisión determinó que el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, auxiliara, a este Juzgado, en el dictado de la sentencia correspondiente a los amparos indirectos, una vez que se encuentren debidamente integrados, esto es, a partir de que se celebró la audiencia constitucional, designándose así, el juicio de amparo indirecto en que se actúa, de acuerdo con la remesa de auxilio del Programa de Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares. En consecuencia, remítase este expediente a dicho órgano jurisdiccional auxiliar, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, a fin de que dicte la sentencia definitiva correspondiente; lo que se hace del conocimiento de las partes, por lista, en términos del Acuerdo General 54/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir de este proveído y del oficio por el que se envíe el presente sumario al Juzgado Auxiliar referido. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Vistos, para dictar sentencia los autos del juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (actual denominación), radicado en este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero, con el número de registro 243/2019; y, Miguel Angel López PazarinSecretario de Transporte del Estado de Jalisco RESULTANDO. PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, remitido el veintiocho de noviembre siguiente por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (en su actual denominación), Miguel Ángel López Pazarín, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos que quedaron precisados en dicho libelo, aduciendo que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 8°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Prevención y su desahogo. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez de Distrito auxiliada ordenó registrar la demanda de amparo de que se trata bajo el número ******************** y requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación, manifestara si los hechos y abstenciones que narró en su libelo constitucional y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, son ciertos, bajo protesta de decir verdad y presentara dos copias más del escrito aclaratorio de su demanda, para formar los cuadernos incidentales, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendría por no presentada su demanda de garantías. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho en el Juzgado de Distrito Auxiliado, el solicitante de amparo desahogó el requerimiento señalado en el párrafo que antecede. TERCERO. Admisión de la demanda. En auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, tuvo por desahogado el requerimiento formulado a la parte quejosa y en consecuencia, admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata; asimismo, requirió a las autoridades responsables la rendición de su respectivo informe justificado; otorgó la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo el doce de abril de dos mil diecinueve. CUARTO. Envío de los autos a este órgano jurisdiccional y recepción. Consta en la copia del acta circunstanciada de ocho de mayo de dos mil diecinueve, signada por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en funciones de Juez y la Secretaria adscrita, su determinación de enviar el presente expediente a este órgano federal para la elaboración de la sentencia correspondiente, el cual se recibió el dieciséis de mayo siguiente, y se radicó el diecisiete de ese mismo mes y año, al que se asignó el número de cuaderno auxiliar 243/2019. Lo anterior, en cumplimiento al oficio número STCCNO/64/2018 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por Víctor Axel Morales Vargas, Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó el punto de acuerdo C. CAR 5/2018-II de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por parte de dicha Comisión en la que se determinó el inicio de apoyo y envío mensual a este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, de cincuenta y cinco expedientes de amparo indirecto en que se haya celebrado la audiencia constitucional, con auxilio del "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares"; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto primero del Acuerdo General 54/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación del aludido Centro Auxiliar; así como el punto primero del diverso acuerdo 9/2014, emitido por el propio cuerpo colegiado, que establece el inicio de funciones de este Juzgado Federal y el oficio número STCCNO/64/2018 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por Víctor Axel Morales Vargas, Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó el punto de acuerdo C. CAR 5/2018-II de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por parte de dicha Comisión, en el que se determinó el inicio de apoyo por parte de este órgano auxiliar al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, lo que ahora se hace. SEGUNDO. Cuestión relevante. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. TERCERO. Oportunidad de la demanda. El reclamo de la parte quejosa consiste en una omisión de las autoridades señaladas como responsables, la cual es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por ser hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que el juicio de constitucional puede ser presentado en cualquier tiempo. CUARTO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional en el presente asunto, es necesario precisar los actos que reclama la parte quejosa, lo que deriva de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el presente juicio. Así se tiene entonces que el solicitante de amparo Miguel Ángel López Pazarín, reclama en esta instancia constitucional: Del 1) Secretario de Transporte (antes Secretario de Movilidad), del 2) Director de Recursos Humanos, del 3) Dirección General Jurídico, de la 4) Unidad de Transparencia, de la 5) Dirección de Recursos Financieros, de la 6) Dirección General de Planeación y Profesionalización, de la 7) Dirección de lo Contencioso, de la 8) Dirección de Pagaduría, de la 9) Comisión de Honor y Justicia, y del 10) Director del Área de Asuntos Internos, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco (antes Secretaría de Movilidad): a) La falta de proveído de los escritos presentados el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, a través de los cuales el aquí quejoso requirió que le informaran si existía orden de separación en su contra. b) La retención de su salario y demás prestaciones a que tiene derecho, como aguinaldo, seguridad social y atención médica, que se hubieren ordenado fuera de procedimiento de separación. Del 1) Secretario de Transporte (antes Secretario de Movilidad), del 2) Director de Recursos Humanos, del 3) Dirección General Jurídico, y de la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco (antes Secretaría de Movilidad): c) El acuerdo de separación que se emita fuera de procedimiento, a través del cual se hubiere determinado el cese de su cargo como policía tercero vial. De la 11) Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y de la 12) Dirección de Relaciones Laborales de dicha Secretaría: d) Todo acto fuera de procedimiento que atente contra la estabilidad laboral, sueldo y prestaciones laborales que tiene como policía tercero vial. QUINTO. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, la autoridad que conozca del mismo debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar y declarar las causas de improcedencia que se actualicen, para, por último, de no encontrarse alguna, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esto es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el supuesto de ser operante alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos el juicio de garantías sea procedente. En ese orden, las autoridades responsables 5) Dirección de Recursos Financieros, 6) Dirección General de Planeación y Profesionalización, 7) Dirección de lo Contencioso, 8) Dirección de Pagaduría, 9) Comisión de Honor y Justicia, y el 10) Director del Área de Asuntos Internos, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, al rendir sus respectivos informes con justificación negaron la existencia del acto que se les reclama, consistente en a) la falta de proveído de los escritos presentados el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, a través de los cuales el aquí quejoso requirió que le informara si existía orden de separación en su contra. Negativa que se corrobora en razón que de las constancias que obran en autos del sumario de amparo, se advierten cuatro acuses de recibo referentes a los escritos presentados por el aquí quejoso el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, ante las diversas autoridades 1) Secretario de Transporte, 2) Director de Recursos Humanos, 3) Dirección General Jurídico, y la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, a través de los cuales requirió que se le informara si existía orden de separación en su contra; constancias que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, toda vez que éstas no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad por la parte contraria. De los documentos antes descritos no se aprecia en modo alguno que dichos ocursos de solicitud de información que presentó el inconforme fueran dirigidos y presentados ante las responsables 5) Dirección de Recursos Financieros, 6) Dirección General de Planeación y Profesionalización, 7) Dirección de lo Contencioso, 8) Dirección de Pagaduría, 9) Comisión de Honor y Justicia, o ante el 10) Director del Área de Asuntos Internos, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, sino ante las diversas 1) Secretario de Transporte, 2) Director de Recursos Humanos, 3) Dirección General Jurídico, y la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; máxime que así se desprende de los sellos que obran en los mismos escritos, de ahí que es dable considerar que el acto reclamado a las responsables precisadas en primer lugar es inexistente. Por otra parte, las autoridades responsables 1) Secretario de Trasporte, 2) Director de Recursos Humanos, 3) Dirección General Jurídico, y la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados refirieron que no era cierto el acto que se les atribuye consistente en c) el acuerdo de separación que se emita fuera de procedimiento, a través del cual se hubiere determinado el cese de su cargo como policía tercero vial. Lo aducido por las autoridades señaladas como responsables en el sentido de que no han ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto que se les reclama, es suficiente para tener por inexistente el acto reclamado de que se trata, sin que exista en autos medio de prueba idóneo alguno aportado por la parte quejosa a través del cual se evidencie lo contrario, no obstante de que estuvo en aptitud de así hacerlo. Sin que pase desapercibido que junto con su demanda de amparo el quejoso ofertó como medios de prueba los siguientes: 1. Constancias originales de los acuses de recibido de las peticiones formuladas el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, ante las diversas autoridades 1) Secretario de Transporte, 2) Director de Recursos Humanos, 3) Dirección General Jurídico, y la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. 2. Copia simple del recibo de nómina a nombre de Miguel Ángel López Pazarín aquí inconforme, expedido por la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 3. Copia simple del gafete que identifica al quejoso como policía tercero vial número 2271, adscrito a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco (antes Secretaría de Movilidad). 4. La instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana. De las documentales antes descritas y valoradas, aun cuando se analicen de manera adminiculada son insuficientes, pues únicamente se advierte que el aquí quejoso tiene el cargo de policía tercero vial, que en el mes de octubre de dos mil dieciocho recibió su pago de las dos quincenas correspondientes, y que en data veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, requirió información respecto a si existía orden de separación en su contra; sin embargo, tales pruebas no acreditan la existencia del acto que, en esencia consisten en el acuerdo de separación que se hubiere emitido fuera de procedimiento, a través del cual se hubiere determinado el cese de su cargo como policía tercero vial La misma suerte deben correr las pruebas ofrecidas por el promovente de amparo consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, toda vez que tales probanzas, no le benefician, dado que la primera es el nombre que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, las cuales ya fueron valoradas y destacadas en párrafos que anteceden, de las que únicamente se advirtió que en data veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, requirió información respecto a si existía orden de separación en su contra; y por cuanto hace a la segunda, ésta deriva de las mismas probanzas que existen en autos, sin que de éstas se evidencie la existencia de hechos desconocidos de los ya probados en el expediente. Además, importa destacar que las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, contrario a lo reclamado por el quejoso, señalaron que el nueve de noviembre de dos mil dieciocho la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco emitió un acuerdo en el que se decretó la separación de su cargo dentro del procedimiento administrativo de separación número 104/2016, que se instauró en su contra con motivo de no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza. De ahí que, es dable considerar que el acuerdo de separación reclamado por el inconforme no fue emitido fuera de procedimiento sino dentro del trámite administrativo especial número 104/2016, que se instauró en su contra, lo que pone en evidencia la inexistencia del acto aquí reclamado, y sin que además dicha resolución fuera reclamada por el solicitante de amparo. Asimismo, cabe precisar que por cuanto hace al acto reclamado precisado con el inciso b), las autoridades responsables 1) Secretario de Transporte, 3) Dirección General Jurídico, 4) Unidad de Transparencia, 5) Dirección de Recursos Financieros, 6) Dirección General de Planeación y Profesionalización, 7) Dirección de lo Contencioso, 9) Comisión de Honor y Justicia, 10) Director del Área de Asuntos Internos, el 2) Director de Recursos Humanos, y la 8) Dirección de Pagaduría, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, al rendir respectivamente su informe justificado negaron la existencia del referido acto, con excepción de las dos citadas en último lugar, quienes aceptaron la existencia de la retención reclamada. Sin embargo, dicha aceptación se desvirtúa en razón que de los autos que integran el presente juicio de amparo se advierte que hay un procedimiento administrativo de separación 104/2016 que se instauró en contra del aquí quejoso, dentro del que se emitió la retención de su salario, y no fuera del procedimiento como lo combate la parte inconforme, de ahí la inexistencia del acto. Por último, respecto a las diversas autoridades responsables 11) Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y la 12) Dirección de Relaciones Laborales de dicha Secretaría, a las cuales se les atribuye el acto precisado con el inciso d), la primera, al rendir su informe justificado negó la existencia y, la segunda, fue omisa en rendir su respectivo informe referente a dicho acto, sin embargo, no resulta procedente tenerlo por cierto dicho acto, a pesar de haber sido omisa, como lo establece el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera al quedar desvirtuada la presunción que emana del acto omisivo, toda vez que de las constancias que obran en autos del sumario de amparo, no se advierte que las citadas responsables hubieren emitido fuera de procedimiento algún acto que atentara contra su estabilidad laboral, sueldo y prestaciones laborales que tiene como policía tercero vial, lo que además, se corrobora con los propios informes rendidos por las autoridades, pues éstas refirieron que en contra del impetrante se instauró procedimiento administrativo de separación número 104/2016, y que dentro del mismo se dictó acuerdo de separación con motivo de no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza, de ahí la inexistencia del reclamo. Además, importa destacar que el aquí quejoso estuvo en oportunidad de combatir el acuerdo de separación, así como la retención o todo aquel acto que considerara atentara contra su estabilidad laboral, sueldo y prestaciones laborales a que tiene derecho como policía tercero vial, dictados en el procedimiento especial que se instauró en su contra, pues mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve el Juzgado auxiliado ordenó dar vista al quejoso para que manifestara si era deseo ampliar la demanda de garantías respecto del procedimiento administrativo separación 104/2016 mencionado en el informe justificado rendido por el Director General Administrativo de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de las autoridades responsables; sin embargo, el inconforme únicamente manifestó que era su deseo promover diverso juicio de amparo en contra de actos relativos al procedimiento de separación citado, el cual toco conocer al Juzgado Octavo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número 146/2019. En ese orden de ideas, al no obrar en autos del presente sumario prueba idónea alguna que el quejoso aportara con la finalidad de evidenciar los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, de las autoridades responsables precisadas con los números 5), 6), 7), 8), 9) y 10), por el acto con el inciso a); respecto a las referidas con el 1), 2), 3) y 4), en lo que respecta al acto c); por cuanto hace a las señaladas con el 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) y 10) por el acto marcado con el inciso b); y por las autoridades 11) y 12) respecto del reclamo precisado con el inciso d). SEXTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables 1) Secretario de Transporte y la 3) Dirección General Jurídica, de manera conjunta por conducto de la Encargada de la Dirección General Jurídica, 2) Directora de Recursos Humanos, a través del Director General Administrativo, de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, y la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, no obstante, deben tenerse por ciertos tales actos pues de las manifestaciones contenidas en sus informes se pone de relieve la existencia de los mismos. Además debe decirse que la certeza de dichos actos se corrobora con los acuses de recibo de los escritos presentados por el impetrante el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho ante el 1) Secretario de Transporte, 2) Director de Recursos Humanos, 3) Dirección General Jurídico, y la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; así como la copia certificada del oficio SM/DGJ/UT/11670/2018 de tres de diciembre de dos mil dieciocho, a través del cual se dio contestación a los ocursos del aquí inconforme, constancias que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, toda vez que respecto de las primeras mencionadas, no fue objetado en cuanto a su autenticidad por la parte contraria; y respecto de la segunda, por tratarse de una documental publica, calidad que obtiene por haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. SÉPTIMO. Procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examina si opera alguna causal de improcedencia por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues su análisis es previo y preferente, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. 1. Causal de improcedencia que se advierte de oficio. 1.1. Cesación de los efectos del acto reclamado. Este Juez de Distrito advierte de manera oficiosa la actualización de la causal de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 del mismo ordenamiento, respecto del acto que se les atribuye a las responsables 1) Secretario de Transporte, 2) Director de Recursos Humanos, 3) Dirección General Jurídico, y la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, consistente en: a) La falta de proveído de los escritos presentados el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, a través de los cuales el aquí quejoso requirió que le informaran si existía orden de separación en su contra. El motivo de improcedencia a que se hace referencia se encuentra previsto en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que prescribe lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de garantías, y por tanto, desaparecidos los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. De esta forma, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiere realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del impetrante, por lo que es innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Importa puntualizar que la cesación de efectos del acto reclamado no sólo debe entenderse cuando la autoridad responsable lo revoca o lo deja insubsistente sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado, sino también cuando el acto es sustituido por uno nuevo acontecido con posterioridad a la emisión de aquél. Esto, en virtud de que con total independencia del sentido de la resolución emitida con posterioridad, lo único que puede ser materia del juicio de amparo es la nueva determinación, porque el acto reclamado deja de surtir efectos al quedar sustituido a partir de que la autoridad responsable realiza una nueva conducta, en tanto que la afectación correspondiente ya no deriva de la omisión inicial reclamada, sino del acto que la sustituye. Al respecto es de citar, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, al respecto es aplicable, por analogía, la tesis I.3º.C.92 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En principio, resulta necesario hacer notar que la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza en dos supuestos, por revocación y, por sustitución procesal. En tratándose del primer supuesto, ocurre cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, en el segundo, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. En el presente asunto se estima que la causal de improcedencia aludida se concretiza por virtud que de las constancias que obran en los autos del juicio de amparo, se advierte el oficio número SM/DGJ/UT/11670/2018 de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 5035/2018, por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Transporte (antes Secretaría de Movilidad), Jalisco, quien emitió respuesta a los escritos presentados por Miguel Ángel López Pazarín aquí quejoso, de veintiuno de noviembre de ese año ante el 1) Secretario de Transporte, 2) Director de Recursos Humanos, 3) Dirección General Jurídico, y la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, a través de los cuales se solicitó, en lo esencial, que se le informara si existía orden de separación en su contra, entre otras cosas. Atento con lo anterior, queda de relieve la actualización de la causal de improcedencia que este Juzgador Federal invoca de oficio, porque de las cuatro solicitudes que realizó el quejoso el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se advierten que fueron en los siguientes términos:  Que se le expidieran copias certificadas de sus nombramientos a partir del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos a noviembre de dos mil dieciocho; de la hoja de vida; y de su expediente laboral.  Se le informara la antigüedad; la última fecha en que fue evaluado ante el Centro Estatal de Evaluación de control y confianza del Estado de Jalisco, así como el resultado de dichas evaluaciones; si se inició procedimiento de separación por no haber resultado aprobado en las evaluaciones de control de confianza que se le practicó; si existe algún procedimiento administrativo o sancionatorio; si existe oficio de separación en su contra o de suspensión de cargo de forma indefinida; cual es la norma aplicable al personal operativo de la Secretaría de Movilidad Jalisco (ahora Secretaría de Transporte), en específico al Policía Tercero Vial como es su caso; y por último si existía a esa fecha alguna orden de separación de su cargo como policía tercero vial de la Secretaría de Movilidad Jalisco.  Solicitó copias del oficio donde se informa a la Secretaría de Movilidad Jalisco (ahora Secretaría de Transporte) respecto del resultado de los exámenes que se le practicaron en el Centro Estatal de Evaluación de control y confianza. En relación con lo anterior, la autoridad responsable Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Transporte (antes Secretaría de Movilidad), Jalisco, da respuesta a las solicitudes del quejoso, en los términos siguientes: - En cuanto a lo competente por el Área de Recursos Humanos le informo lo siguiente:  Informó que la totalidad de constancias que conforman el expediente laboral de Miguel Ángel López Pazarín, consta de trescientas veintiséis fojas útiles por uno solo de sus lados, el cual, se otorgara previo pago de los derechos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado; asimismo, hizo del conocimiento que tiene una antigüedad de veintiséis años en la Secretaría de Movilidad (ahora Secretaría de Transporte). - En cuanto a lo competente por el Área de Planeación y Profesionalización le informó lo siguiente:  Informó que las evaluaciones realizadas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, fueron aplicadas, el dieciocho de agosto médico-toxicológico y psicometría, el diecinueve de agosto entorno socioeconómico, veinte de agosto entrevista de personalidad y el cuatro de noviembre polígrafo, todas en el año dos mil catorce; cuyo resultado fue enviado en original al Área de Asuntos Internos de la Dirección General Jurídica; de igual manera refirió que dicha información es considerada confidencial y reservada, tal como lo establece el artículo 13 punto 2, y 21 de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. - En cuanto a lo competente por el Área de Asuntos Internos le informo lo siguiente:  Informó que el solicitante de información cuenta con un procedimiento especial de separación en integración, por haber obtenido un resultado de NO PROBADO en las evaluaciones de control de confianza que al efecto le fueron aplicadas.  Que de la revisión que se implementó en la libreta de Gobierno correspondiente al año dos mil dieciocho que se lleva en esa área no se encontró registro de la existencia de algún procedimiento administrativo de responsabilidad incoado en contra del Miguel Ángel López Pazarín; y que no existe ningún oficio de separación en contra del solicitante de información. - En cuanto a lo competente por el Área de Asuntos Internos le informo lo siguiente:  Al respecto comunico, que la norma por la cual se rige el personal operativo de esa Secretaría de Movilidad (ahora Secretaría de Transporte), en específico a los policías terceros viales es conforme al artículo 28 del Reglamento Interno del Personal Operativo de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamos del impetrante que consisten precisamente en la falta de respuesta correspondiente a los ocursos presentados el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, ante el 1) Secretario de Transporte, 2) Director de Recursos Humanos, 3) Dirección General Jurídico, y la 4) Unidad de Transparencia, todas de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, y que la autoridad responsable Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Transporte, Jalisco, dio contestación. En ese tenor, cabe precisar que obsta el hecho de que haya dado contestación a las peticiones formuladas por el aquí quejoso una diversa autoridad a las que se les hizo la solicitud, en virtud de que la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Transporte, Jalisco, pertenece a la misma dependencia, por tanto se cumple con la exigencia del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es de dar contestación a la petición, pues la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno. El conocimiento del quejoso de la respuesta dada su petición, se colma con la notificación que realizó el Juzgado auxiliado, ordenada mediante el acuerdo de uno de marzo de dos mil diecinueve, en el que se le dio vista con el informe justificado, el cual se notificó el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, por lo que se advierte que se cumplieron los extremos requeridos por el artículo 8° constitucional. Sirve de apoyo a la consideración anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." De este modo queda en claro que ante la desaparición de la conducta omisiva reprochada por la parte agraviada, las cosas volvieron al estado natural en que se encontraban como si aquélla nunca hubiera existido, lo que permite arribar a la conclusión que han cesado los efectos del reclamo que se atiende en este considerando. Al efecto se invoca, por igualdad de razón, la tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." En ese tenor, al quedar de relieve la actualización de la causal de improcedencia que de oficio se invoca prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del reclamo que en específico se tratan en este apartado, es por lo que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63 de ese ordenamiento legal. Atento al sobreseimiento decretado en este juicio, se hace innecesario emprender el análisis de las diversas causales de improcedencia que propusieron las autoridades responsables, toda vez que su estudio en modo alguno cambiaría el resultado al que se ha arribado, lo que es acorde con lo establecido en la tesis de jurisprudencia identificada con el consecutivo 822 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA". Sólo resta decir que atento al resultado del presente fallo, este órgano federal no se ocupa de los argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto, atento al criterio que contiene la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." OCTAVO. Transparencia. Finalmente, aun cuando en el auto admisorio de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se le indicó a las partes que se protegerán los datos personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el diverso numeral 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la salvedad de quien otorgue su consentimiento expreso en contrario; por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos sensibles. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 fracciones IV y V, 73, 74, 75, 107, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por *********, respecto de los actos y por las autoridades que se precisaron en el considerando cuarto, atento a las razones y fundamentos que se vertieron en los diversos quinto y séptimo, todos de esta sentencia. Notifíquese personalmente por conducto del juzgado de origen; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro; en acatamiento del punto quinto, incisos 6 y 7 del Acuerdo General 54/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, remítase al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco (en su denominación actual), con residencia en Zapopan, este expediente y por medios electrónicos el archivo de esta sentencia, en cumplimiento al "protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", verificado por la Secretaria encargada de este juicio de garantías; debiendo quedar testimonio de la resolución en el cuaderno auxiliar 243/2019, del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Alejandro Castro Peña, Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, ante la Secretaria Sandra Luz Márquez Sánchez, quien autoriza y da fe, quien autoriza y da fe, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Sandra Luz Márquez Sánchez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, hace constar: que las firmas que aparecen al anverso de la presente hoja corresponden a la resolución pronunciada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Conste. veintitrés de agosto de dos mil diecinueve

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: i. Autoridad informa. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Director de Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en autos, da respuesta a la petición formulada por el quejoso el veinte de agosto de dos mil dieciocho, con lo cual, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ii. Se ordena dar vista a la parte quejosa. Así pues, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de dicho oficio y anexos, dése vista a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído le sea practicada, manifieste lo que a su interés legal convenga. iii. Apercibimiento. En la inteligencia de que este Juzgado de Distrito, una vez transcurrido dicho plazo, desahogada o no la vista otorgada, se pronunciará sobre el cumplimiento del fallo protector, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, de acuerdo a lo que dispone el numeral 196 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    i. Estado procesal de autos. En principio, resulta pertinente destacar que del análisis integral de los autos se advierte que el acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve, por medio del cual se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, no se ha notificado al tercero interesado ***. ii. Se comisiona Actuario. En ese sentido, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que practique la notificación correspondiente. iii. Diferimiento. En las relatadas condiciones, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, programada para hoy, y se fijan las once horas con cuarenta minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Cúmplase, notifíquese, y personalmente al tercero interesado ****.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 17,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano