Alan González Montelongo
Expediente 1229/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1229/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alan González Montelongo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En dieciocho de noviembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el número 22814; y anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de noviembre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por ese órgano colegiado el doce de noviembre del año en curso, en el amparo en revisión penal 347/2015 y los autos del juicio de amparo indirecto 1229/2015; acúsese el recibo de estilo; agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la resolución de nueve de septiembre del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, al no requerir ejecución material ese fallo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la diversa fracción III, última parte, del citado punto vigésimo primero del acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; en atención a que en dicho cuaderno se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; luego entonces, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por lo que se refiere al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN sí es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tanto, guárdese por separado, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil quince. Ténganse por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que en el amparo en revisión penal 347/2015-3, se admitió el aludido recurso interpuesto por el quejoso Alán González Montelongo, contra la resolución de nueve de septiembre del año en curso, por la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal Solicitados. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un escrito registrado con el folio 18629; con cinco copias que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado el quejoso Alán González Montelongo, por el que interpone recurso de revisión contra la resolución de nueve de septiembre del dos mil quince, en la que se le negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto, debiendo acompañase el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo para el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano colegiado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA TERCERO INTERESADA y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1229/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el catorce de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ALAN GONZÁLEZ MONTELONGO, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: Ordenadora Procurador de Justicia del Estado. Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Estado. Ejecutora Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad. Acto Reclamado: La orden de aprehensión y su ejecución. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular dictó proveído el catorce de julio de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 1229/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la tercero interesada y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridad que tiene su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: a). La orden de aprehensión; y, b) La ejecución de ese acto. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Primer Distrito Judicial de la Capital, la Procurador General de Justicia del Estado y el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al rendir sus respectivos informes justificados reconocieron la existencia del acto reclamado que se les atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el testimonio de algunas de las constancias que integran la causa penal 199/2014 de las que se advierte la resolución reclamada y un audiovisual. Medios de prueba a los que se reconoce valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues resultan el medio idóneo para hacer patente lo acontecido en la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, dada la naturaleza del juicio (oral) en que se verificó, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Los conceptos de violación, en su parte substancial sostienen lo siguiente: Que se violan en perjuicio del quejoso las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que las autoridades responsables sin fundamento legal alguno, orden y libran una orden de aprehensión en su contra, no obstante de no haber cometido delito alguno que amerite privación de su libertad. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El concepto de violación expresado por el quejoso es infundado. En principio, es importante destacar que el Nuevo Sistema Procesal de Justicia Penal del Estado de Zacatecas, que entró en vigencia en la capital del Estado el cinco de enero de dos mil nueve, de acuerdo al artículo Segundo Transitorio del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, reviste de diversos principios propios de un sistema acusatorio oral, tales como el de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración que garanticen el derecho de presunción de inocencia, de acuerdo al artículo 3° del Código adjetivo en la materia. De las constancias que integran el testimonio de la causa penal oral 199/2014 instruida en contra de ALAN GONZÁLEZ MONTELONGO, por la comisión del hecho señalado por la ley como delito de Abandono de Familiares cometido en perjuicio de Itzi Yunuen González Hernández y Elsy Iyali González Hernández, se desprende lo siguiente: Que el veintisiete de febrero de dos mil quince, se dictó sentencia dentro del procedimiento abreviado número 199/2014, seguido en contra de ALAN GONZÁLEZ MONTELONGO, por la comisión del hecho señalado por la ley como delito de Abandono de Familiares cometido en perjuicio de Itzi Yunuen González Hernández y Elsy Iyali González Hernández, en la que se le impuso una pena privativa de libertad de nueve meses de prisión ordinaria y una multa de sesenta cuotas de salario mínimo y se le condenó al pago de la reparación del daño por la cantidad de $32,468.40 (Treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 40/100 m.n.) a cubrir a favor de las menores víctimas Itzi Yunuen González Hernández y Elsy Iyali González Hernández, por conducto de su representante Abigail Hernández Silverio; concediéndole el beneficio de la conmutación de la pena y el de la suspensión condicional de la condena, previo el pago de la reparación del daño o la garantía que por ese concepto se realice. En auto de diecinueve de marzo del presente año, al declarar la sentencia de mérito firme, se requirió al sentenciado aquí quejoso para que dentro del término de cinco días hábiles se acogiera a su elección a alguno de los beneficios otorgados en sentencia, o bien, se sujetara voluntariamente a fin de padecer la pena de prisión impuesta; apercibiéndolo que de no hacerlo, en el término concedido, se procedería a la ejecución forzosa de la misma, en términos de lo dispuesto por los artículos 481 y 483 del Código Procesal en vigor. El trece de abril del año en curso, el juez responsable dictó la siguiente determinación: "Apareciendo de la carpeta administrativa formada con motivo de la causa penal marcada con el número 199/2014, que se sigue en contra de ALAN GONZÁLEZ MONTELONGO, por el delito de ABANDONO DE FAMILIARES, cometido en agravio de las menores ELSY IYALI e ITZU YUNUEN de apellidos GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, se tiene que: En fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince, se dictó derivado de una tramitación de un procedimiento abreviado, la sentencia condenatoria en contra de ALAN GONZÁLEZ MONTELONGO, de la que se desprende se impuso a la misma una pena privativa de libertad de NUEVE MESES y multa por el equivalente a SESENTA CUOTAS, que se traduce en la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS; además de haberlo condenado al pago de la reparación del daño proveniente de delito a favor de las víctimas, por la suma de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. Cabe establecer que al imputado le fue impuesta la medida cautelar consistente la presentación periódica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 fracción IV del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas. El sentenciado en mención no recurrió en tiempo y forma; por tanto, a la fecha por ministerio de ley se encuentra firme; en términos de lo establecido por el artículo 41 en relación con el 426 del Código Procesal Penal en el Estado. Y si bien es cierto, que el sentenciado en comento se le concedieron los beneficios de la Conmutación de la Pena a que se refiere el artículo 73 del Código Penal del Estado o a su elección el de la Suspensión Condicional de la Condena a que se refiere el artículo 86 del mismo cuerpo de leyes, sin que a la fecha se haya acogido a alguno de ellos. En consecuencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 21 Constitucional, en armonía con el párrafo tercero del artículo 483 y 481 del Código Procesal Penal en el Estado; SE ORDENA LA APREHENSIÓN DE ALAN GONZÁLEZ MONTELONGO; ..." Determinación ésta que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora bien, el artículo 483, del Código Procesal Penal del Estado, establece lo siguiente: "Artículo 483. Inmediatamente después de quedar firme una sentencia condenatoria, se ordenarán las notificaciones e inscripciones correspondientes y se ordenará su ejecución. Tratándose de pena privativa de libertad y si el sentenciado se encuentra libre se dispondrá lo necesario para su captura. El Tribunal ordenará las providencias necesarias para que se cumplan los efectos de la sentencia". Del precepto anterior, se advierte que una vez que queda firme una sentencia condenatoria, se ordenará su ejecución; tratándose de pena privativa de libertad y si el sentenciado se encuentra libre se dispondrá lo necesario para su captura; por lo que el Tribunal ordenará las providencias necesarias para que se cumplan los efectos de la sentencia. De lo que se colige, que el juez responsable estuvo en lo correcto de emitir la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ALAN GONZÁLEZ MONTELONGO, al no haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en su contra. De ahí, que si el quejoso no se acogió a alguno de los beneficios concedidos en sentencia, así como tampoco se sujetó voluntariamente a fin de padecer la pena de prisión que le fue impuesta, es evidente, que se actualizaron las hipótesis establecidas en el artículo 483 del Código Procesal Penal, no obstante que fue requerido en auto de diecinueve de marzo de dos mil quince; por ello, contrario a lo sostenido por el quejoso sí se le instruyó un delito el cual amerita pena privativa de la libertad y el Juez responsable estuvo en lo correcto de dictar las providencias necesarias para hacer cumplir los efectos de la sentencia dictada en su contra, tal como lo dispone el citado numeral. En tales condiciones, cabe concluir, que la resolución reclamada no resulta violatoria de garantías en perjuicio del quejoso, pues conforme a lo expuesto, también se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el Tribunal responsable citó los preceptos en que apoyó su determinación, los cuales son exactamente aplicables al caso, asimismo, expresó los argumentos en que sustentó su determinación, de lo cual se advierte concordancia y congruencia entre los razonamientos expuestos y los fundamentos invocados. Así las cosas, procede negar a ALAN GONZÁLEZ MONTELONGO, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que como quedó asentado en párrafos precedentes, no se advierte queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Negativa que se hace extensiva, respecto del acto de ejecución de esa orden, reclamada a la autoridad ejecutora, por no reclamarse por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia, que expresa: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANTÍAS. Los actos de las autoridades ejecutoras, relativos a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorios de garantías ". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ALAN GONZÁLEZ MONTELONGO, contra los actos de las autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe hasta el día de hoy nueve de septiembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- mtm
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