Alan Gael Díaz Santiago
Expediente 1121/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 81 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1121/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 81
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alan Gael Díaz Santiago
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 81.
- Principal
Ciudad de México, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que en auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se formó tomo de pruebas, con las documentales exhibidas por el Jefe del Departamento de Amparos y Recursos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en copia certificada de copia certificada a que refiere la solicitud de información 0063700355318, el cual ya no es necesario; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el mismo a la citada autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se tendrá como tal, la constancia de notificación del oficio que se gire en el presente acuerdo. Asimismo, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió diversas documentales; por ello, requiérase para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibido que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de asistido de Carlos Alberto García López, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Ciudad de México, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que en auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se formó tomo de pruebas, con las documentales exhibidas por el Jefe del Departamento de Amparos y Recursos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en copia certificada de copia certificada a que refiere la solicitud de información 0063700355318, el cual ya no es necesario; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el mismo a la citada autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se tendrá como tal, la constancia de notificación del oficio que se gire en el presente acuerdo. Asimismo, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió diversas documentales; por ello, requiérase para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibido que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que se pronunciara al respecto. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente asunto; inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, misma que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el amparo en revisión R.A. 109/2019, de su índice, resolvió: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Alan Gael Díaz Santiago, contra los actos atribuidos a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas de la mencionada Comisión para los efectos precisados en el considerando quinto esta ejecutoria. Y hecho lo anterior, notifique a la parte quejosa la resolución correspondiente". En auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos y se requirió a la autoridad responsable. En ese contexto, cabe precisar que los efectos de la sentencia de amparo se concedieron para que: "(.) Se brinde la atención médica necesaria e integral que el quejoso requiere de acuerdo con sus antecedentes y enfermedades conforme a los siguientes lineamientos: (a) Para brindar la atención médica integral, la opinión del quejoso deberá escucharse durante todo el proceso, quien podrá expresarla con apoyo de sus padres o de su representante legal, para lo cual se considerará su edad, discapacidad, madurez y capacidad de comprender su estado de salud. (b) Los médicos brindarán tanto al quejoso como a sus padres o representante legal información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre el estado del paciente y su diagnóstico sobre el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos esperados de los tratamientos que se propongan y que garanticen el nivel más alto de salud, sin descartar el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados, sobre las alternativas farmacológicas y el posible dolor o malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios, así como sobre las consecuencias de los tratamientos y lo que se estima ocurrirá antes, durante y después de su administración. (c) El quejoso, los padres o el representante legal de aquél tendrán el derecho a decidir con libertad si aceptan o no el tratamiento propuesto por los médicos especialistas. (d) La Secretaría de Salud deberá otorgar el tratamiento que el quejoso haya elegido de manera informada, el cual comprenderá exámenes, medicamentos, terapias, rehabilitación física, procedimientos, cirugías y otros servicios médicos. (e) Una vez aceptado el tratamiento que se propone para atender integralmente al paciente, el quejoso será evaluado de manera periódica para supervisar y evaluar su estado de salud. (f) El tratamiento y medicamentos prescritos serán garantizados durante toda la infancia de manera íntegra y oportuna por la Secretaría de Salud quien determinará la institución de salud a nivel federal a través de la cual se dará cumplimiento a lo establecido en este efecto. En caso de que alguno de los medicamentos prescritos no se encuentre dentro del territorio nacional, la Secretaría de Salud se encargará de realizar todas las gestiones necesarias, incluyendo el trámite de las autorizaciones correspondientes, para que éste sea proporcionado de manera puntual a Alan Gael Díaz Santiago. (g) Al llegar el quejoso a la mayoría de edad, deberá canalizarse para su evaluación por médicos de la especialidad que corresponda y ajustar, si es necesario, el tratamiento como adulto. El Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y sustancias químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: Deje sin efectos el oficio preventivo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y una vez que se emita la normatividad correspondiente, dé una respuesta congruente, debidamente fundada y motivada a la solicitud de la quejosa y le notifique personalmente. Es importante señalar que la Secretaría de Salud está obligada a adoptar las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de Alan Gael Díaz Santiago, hasta el máximo de los recursos con que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena realización de este derecho". En cumplimiento al fallo protector, en proveído de veintiséis de marzo actual, mediante oficio registrado con el folio 2788, la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, exhibió copia certificada del oficio CAS/DERESPQ/4176/2021, de once de marzo de dos mil veintiuno, en el que dejó insubsistente el oficio de prevención del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar emitió una respuesta fundada y motivada a la petición presentada por la parte quejosa el diez de septiembre de dos mil dieciocho y registrada con el número 183300EL351321 Asimismo, en proveído de diecinueve de octubre actual, por oficio registrado con el folio 17961, la autoridad de la División de Asuntos Jurídicos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exhibió el diverso oficio 96.200.1.2.3.1/080/2021 de catorce de octubre de dos mil veintiuno, signado por la Encargada de Coordinación de Pediatría, Jefa de Neurología Pediátrica y Médicos adscritos del citado instituto, en el que informaron que el trece de octubre del año en curso, a las ocho horas se llevó a cabo la cita urgente con el menor Alan Gael Díaz Santiago y sus padres; asimismo, indicó que en cuanto a la periodicidad de las citas, los padres estuvieron de acuerdo a la que ha tenido desde su atención inicial, esto es cada tres o cuatro meses y atención inmediata cuando lo requiera. En ese sentido el Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y sustancias químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dejó sin efectos el oficio preventivo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y dio una respuesta congruente, debidamente fundada y motivada a la solicitud de la quejosa. Asimismo, la autoridad dependiente de la Secretaría de Salud acreditó que se han realizado citas urgentes con el menor Alan Gael Díaz Santiago y sus padres; asimismo, señaló que en cuanto a la periodicidad de las citas, los padres estuvieron de acuerdo a la que ha tenido desde su atención inicial, y atención inmediata cuando lo requiera. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. Con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, personalmente la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Carlos Alberto García López, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que se pronunciara al respecto. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente asunto; inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, misma que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el amparo en revisión R.A. 109/2019, de su índice, resolvió: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Alan Gael Díaz Santiago, contra los actos atribuidos a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas de la mencionada Comisión para los efectos precisados en el considerando quinto esta ejecutoria. Y hecho lo anterior, notifique a la parte quejosa la resolución correspondiente". En auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos y se requirió a la autoridad responsable. En ese contexto, cabe precisar que los efectos de la sentencia de amparo se concedieron para que: "(.) Se brinde la atención médica necesaria e integral que el quejoso requiere de acuerdo con sus antecedentes y enfermedades conforme a los siguientes lineamientos: (a) Para brindar la atención médica integral, la opinión del quejoso deberá escucharse durante todo el proceso, quien podrá expresarla con apoyo de sus padres o de su representante legal, para lo cual se considerará su edad, discapacidad, madurez y capacidad de comprender su estado de salud. (b) Los médicos brindarán tanto al quejoso como a sus padres o representante legal información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre el estado del paciente y su diagnóstico sobre el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos esperados de los tratamientos que se propongan y que garanticen el nivel más alto de salud, sin descartar el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados, sobre las alternativas farmacológicas y el posible dolor o malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios, así como sobre las consecuencias de los tratamientos y lo que se estima ocurrirá antes, durante y después de su administración. (c) El quejoso, los padres o el representante legal de aquél tendrán el derecho a decidir con libertad si aceptan o no el tratamiento propuesto por los médicos especialistas. (d) La Secretaría de Salud deberá otorgar el tratamiento que el quejoso haya elegido de manera informada, el cual comprenderá exámenes, medicamentos, terapias, rehabilitación física, procedimientos, cirugías y otros servicios médicos. (e) Una vez aceptado el tratamiento que se propone para atender integralmente al paciente, el quejoso será evaluado de manera periódica para supervisar y evaluar su estado de salud. (f) El tratamiento y medicamentos prescritos serán garantizados durante toda la infancia de manera íntegra y oportuna por la Secretaría de Salud quien determinará la institución de salud a nivel federal a través de la cual se dará cumplimiento a lo establecido en este efecto. En caso de que alguno de los medicamentos prescritos no se encuentre dentro del territorio nacional, la Secretaría de Salud se encargará de realizar todas las gestiones necesarias, incluyendo el trámite de las autorizaciones correspondientes, para que éste sea proporcionado de manera puntual a Alan Gael Díaz Santiago. (g) Al llegar el quejoso a la mayoría de edad, deberá canalizarse para su evaluación por médicos de la especialidad que corresponda y ajustar, si es necesario, el tratamiento como adulto. El Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y sustancias químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: Deje sin efectos el oficio preventivo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y una vez que se emita la normatividad correspondiente, dé una respuesta congruente, debidamente fundada y motivada a la solicitud de la quejosa y le notifique personalmente. Es importante señalar que la Secretaría de Salud está obligada a adoptar las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de Alan Gael Díaz Santiago, hasta el máximo de los recursos con que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena realización de este derecho". En cumplimiento al fallo protector, en proveído de veintiséis de marzo actual, mediante oficio registrado con el folio 2788, la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, exhibió copia certificada del oficio CAS/DERESPQ/4176/2021, de once de marzo de dos mil veintiuno, en el que dejó insubsistente el oficio de prevención del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar emitió una respuesta fundada y motivada a la petición presentada por la parte quejosa el diez de septiembre de dos mil dieciocho y registrada con el número 183300EL351321 Asimismo, en proveído de diecinueve de octubre actual, por oficio registrado con el folio 17961, la autoridad de la División de Asuntos Jurídicos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exhibió el diverso oficio 96.200.1.2.3.1/080/2021 de catorce de octubre de dos mil veintiuno, signado por la Encargada de Coordinación de Pediatría, Jefa de Neurología Pediátrica y Médicos adscritos del citado instituto, en el que informaron que el trece de octubre del año en curso, a las ocho horas se llevó a cabo la cita urgente con el menor Alan Gael Díaz Santiago y sus padres; asimismo, indicó que en cuanto a la periodicidad de las citas, los padres estuvieron de acuerdo a la que ha tenido desde su atención inicial, esto es cada tres o cuatro meses y atención inmediata cuando lo requiera. En ese sentido el Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y sustancias químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dejó sin efectos el oficio preventivo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y dio una respuesta congruente, debidamente fundada y motivada a la solicitud de la quejosa. Asimismo, la autoridad dependiente de la Secretaría de Salud acreditó que se han realizado citas urgentes con el menor Alan Gael Díaz Santiago y sus padres; asimismo, señaló que en cuanto a la periodicidad de las citas, los padres estuvieron de acuerdo a la que ha tenido desde su atención inicial, y atención inmediata cuando lo requiera. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. Con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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