Alán Fabricio Nieblas
Expediente 1456/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1456/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alán Fabricio Nieblas
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo ***, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se admite la demanda. Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se autoriza al usuario ********************, para que tenga acceso a la consulta del expediente vía electrónica del presente juicio, una vez que la secretaria actuante lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, para agregar al usuario que registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y usuario de mérito. Asimismo, como lo peticiona la parte quejosa, practíquense las notificaciones vía electrónica, de conformidad con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia. No pasa inadvertido que la quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, en su escrito de demanda solicitó expresamente que las mismas le sean realizadas vía electrónica; por tanto, como se acordó en párrafos anteriores, las notificaciones se le harán por ese medio. Ténganse como autorizados a********************y******************** en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Atendiendo a que el promovente del amparo, solicita la suspensión en relación con la omisión de otorgar el medicamento "CICLOSPORINA EMULSIÓN ORAL DE 0.90 ML", que requiere derivado de la enfermedad que padece, esto es, "ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA", se decreta la suspensión de plano del acto reclamado. Sobre el tema del derecho fundamental de protección a la salud contemplado en el artículo 4° constitucional, nuestro Máximo Tribunal ha considerado que tiene entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. De los transcritos preceptos legales, se aprecia que tienen como finalidad garantizar el derecho fundamental a la protección de la salud, para lo cual el Instituto de carácter obligatorio debe establecer un seguro de salud que incluya los componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de rehabilitación física y mental, que tenga por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad. A su vez el artículo 28, de la citada legislación establece que el Instituto diseñará, implantará y desarrollará su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas de sus derechohabientes, y creará las herramientas de supervisión técnica y financiera necesarias para garantizar su cumplimiento. Para el efecto, la Junta Directiva aprobará los reglamentos en materia de servicios médicos; medición y evaluación del desempeño médico y financiero de los prestadores de servicios de salud del Instituto; incentivos al desempeño y a la calidad del servicio médico; financiamiento de unidades prestadoras de servicios de salud a través de acuerdos de gestión; surtimiento de recetas y abasto de medicamentos, y los demás que considere pertinentes. Por su parte, el numeral 41 de la legislación en consulta, dispone que tienen derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los familiares derechohabientes del trabajador, como lo son el cónyuge. Ahora bien, el quejoso******************** manifiesta que tiene un trasplante renal, y que su médico tratante (especialista en Nefrología) ordenó se le aplicara entre otro medicamentos el denominado CICLOSPORINA EMULSIÓN ORAL 0.90 ML, medicamento que aduce debe tomar de por vida, y que en la receta que exhibe se asentó que el tratamiento es de duración indefinida (sin suspender), pero que al acudir a la farmacia del Hospital Regional "Dr. Manuel Cárdenas de la Vega" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, personal que labora en dicha institución manifestó que no contaban con el medicamento, toda vez que el encargado de la farmacia no lo había solicitado ante la instancia correspondiente, por lo que no sabía le podría entregar. Pues bien, para acreditar tal hecho, el quejoso exhibió copias simples de la carátula de la tarjeta de citas médicas, nota medica del paciente de once de noviembre de dos mil veintidós, y recetas médicas de once de septiembre, nueve de octubre y diecisiete de noviembre del año en curso, expedidos por su médico tratante Dr. ********************, especialista en Nefrología. En ese contexto, dadas las condiciones de salud en las que se encuentra actualmente el quejoso********************, se estima que está en riesgo su salud; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus facultades, de inmediato realicen las gestiones que estimen necesarias para que el justiciable reciba la atención médica que requiere, y de acuerdo con el diagnóstico emitido por personal médico especializado, se le brinde el tratamiento médico que de manera urgente necesite de acuerdo a la enfermedad que presenta, y se le suministre el medicamento "CICLOSPORINA EMULSIÓN ORAL 0.90 ML". En el entendido de que las autoridades responsables, al rendir el informe respecto a la suspensión de plano, deberán informar, en su caso, a qué autoridad (incluso si no hubiese sido señalada como responsable) corresponderá brindar los servicios de salud inmediatos al agraviado y remitir copias certificadas de las constancias que acrediten que a la parte quejosa se le suministraron los medicamentos necesarios a fin de tratar la enfermedad que padece, de acuerdo con el diagnóstico médico. La suspensión de plano surtirá sus efectos hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables el auto en que cause ejecutoria la sentencia que en su caso se emita en el presente asunto. Por tanto, las autoridades responsables deberán seguir suministrando el medicamento, proporcionar la atención médica, servicios de hospitalización que en su caso requiera, tratamientos y estudios médicos acordes con el padecimiento que presenta la parte quejosa, a fin de garantizarle el derecho a la salud que le corresponde. Ahora bien, las autoridades responsables deberán informar a este juzgado de inmediato, el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, apercibidas de que si al rendir su informe correspondiente afirman una falsedad o niega la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262 de la ley de la materia. Igualmente, de no informar el cumplimiento dado a esta medida dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que reciba el oficio respectivo, se le podrá sancionar conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo el cual dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". VII. No se tramita incidente. Sin que haya lugar a aperturar incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que en párrafos que anteceden se otorgó la suspensión de plano de los actos. Se señalan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del tres de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Pídase a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá en la sentencia respectiva una medida de apremio, equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto). Hágase del conocimiento de las partes, que en caso de que se actualice alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato, y si es posible deberán acompañar las constancias que así lo acrediten, ya que de no hacerlo se les impondrá multa de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; acorde con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexó la quejosa a su escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Se autoriza a las partes la utilización de celular, lector óptico, fotográfico o cualquier otro medio electrónico o tecnológico a fin de que fotocopien todo lo actuado en el presente juicio, ello de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Dese a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. Se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. Es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
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