Alan Ervey Juarez Castillo
Expediente 244/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/03/2023
Partes del expediente
- Alan Ervey Juarez Castillo
Actuaciones
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, contra el acto y autoridades presidas en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia; por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional está señalada para celebrarse en esta fecha a las diez horas con treinta y icinco minutos; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que debe mediar entre la fecha de notificación a las partes respecto del auto de ocho de los cursantes, en el que se puso a la vista el informe justificado y constancias remitidos por la Directora General por sí y como Presidenta del Comité Técnico y la Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Reinserción Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y de la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con el numeral 117 de la ley de la materia vigente. Consecuentemente, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 115, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado. Encuentra apoyo lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/2008 sustentada por la Segunda Sala, publicada en la página 151 del tomo XXVII, Marzo de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Directora General por sí y como Presidenta del Comité Técnico y personal adscrito al área en ausencia de la Encargada del Área Médica, todos del Centro Federal de Reinserción Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual, rinden informe de cumplimiento de la suspensión de plano y oficio otorgada al quejoso y remiten las constancias que acreditan dicho cumplimiento. Vista con informe y constancias relativas al cumplimiento a la suspensión. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio que se recibe a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga. Pruebas. Con fundamento en los artículos 117, cuarto párrafo y 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las constancias que remiten las autoridades oficiantes, sin necesidad de diligencia previa, dada su propia y especial naturaleza, en el entendido de que se tienen por desahogadas como instrumental de actuaciones, ya que al obrar en autos deben tomarse en consideración al momento de resolver en el presente juicio constitucional. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Alan Ervey Juárez Castillo por derecho propio, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 244/2023-II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de una lectura integra del escrito de demanda, debe precisarse que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: La omisión de dar atención médica a Alan Ervey Juárez Castillo, respecto al padecimiento de hemorroidectomía que aduce tener, así como de suministrarle el medicamento "Daflon" para dicho padecimiento. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CONCESIÓN DE SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio para que, de conformidad con el expediente que lleva a su cargo a nombre del quejoso y los padecimientos que ahí se consignen, proporcione la atención médica y el tratamiento necesarios respecto a su padecimiento, así como el medicamento necesario, de conformidad con su expediente médico. En el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud del quejoso. Dicha suspensión no surtirá efecto jurídico alguno si el acto reclamado por el inconforme no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no produce algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como lo identifique la promovente. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Se hace del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables que, de no acatar esta medida suspensional, podrán ser acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte -2, Octava Época con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." El otorgamiento de la suspensión de plano se funda en el criterio jurisprudencial de la tesis I.18o.A.22 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, visible en la página: 2563, con rubro siguiente: "PELIGRO DE VIDA. UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE AMPARO, A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO HOMINE, LLEVA A CONSIDERAR QUE CIERTOS RIESGOS O AFECTACIONES A LA SALUD QUE CONSTITUYAN UN RIESGO DE VIDA ACTUALIZAN EL DEBER DE LOS JUZGADORES DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE LA SUSPENSIÓN, AUN CUANDO NO SEAN COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO, DE MANERA PREVIA A DIRIMIR CUALQUIER CUESTIÓN COMPETENCIAL." DESECHAMIENTO PARCIAL RESPECTO DE DIVERSAS AUTORIDADES. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (..)" La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199459, consultable en la página 118, tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En el caso, el quejoso reclama la falta de atención médica, los cuales se están ejecutando en el lugar donde directamente se encuentra recluido; a saber, Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Así las cosas, se puede determinar que las autoridades que señala como responsables, que no tienen jurisdicción en Toluca, Estado de México, así como que no tienen intervención en la emisión o ejecución de los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica, por lo que en todo caso dicha ejecución correspondería a las autoridades que ejerzan jurisdicción en donde se encuentra recluido el quejoso; es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lo anterior, aunado a que únicamente las autoridades penitenciarias que ejercen jurisdicción en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso, son competentes para llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados; de modo que ni en la emisión, ni en su ejecución tendrían intervención alguna autoridad distinta; y el hecho de no tenerlas como autoridades responsables no le causa perjuicio, pues de ser el caso de que se conceda la suspensión del acto reclamado o aún la tutela judicial del amparo, respecto de las restantes autoridades por las que se admitirá la demanda, los alcances de tales actos jurídicos de decisión comprenderán no sólo a las autoridades ordenadoras sino también a las ejecutoras encargadas llevar a cabo materialmente la ejecución de los actos reclamados, como lo son las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida por Alan Ervey Juárez Castillo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de las autoridades señaladas como: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A la C. Rosa lcela Rodríguez Velásquez Titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Al C. Hazael Ruiz Ortega Titular del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Al Titular de la Coordinación General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social. El C. Coordinador General de Centros Federales. Sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión al quejoso, en virtud de que en caso que el acto reclamado a las autoridades responsables penitenciarias sea cierto, éstas deberán hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito a qué autoridad corresponde llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados que por esta vía se reclaman, estando en su caso, en aptitud de ampliar su demanda respecto de ellos. Además, tal determinación guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y, en caso de admitir la demanda de amparo por todas las autoridades indicadas por los quejosos, se retardaría la integración del asunto que se provee. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo, únicamente respecto a las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. EXHORTACIÓN DE JUICIO EN Línea. En términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar el cuaderno de suspensión, toda vez que en párrafos precedentes se concedió la suspensión de plano y oficio de los actos aquí reclamados. SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115 de la Legislación aplicable, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. REQUERIMIENTO CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Requerimiento que deberá llevar a cabo el actuario de este órgano jurisdiccional, mediante correo electrónico, fax o cualquier otra vía que dicho funcionario determine a fin de privilegiar el trabajo a distancia. En el entendido que las autoridades responsables deberán privilegiar de ser posible el uso de los medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe justificado, así como de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, al correo oficial tpgarduno@cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, incluso para lograr la logística de lo anterior, puede comunicarse con la licenciada Tannia Polet Garduño Gómez, al número telefónico ********************. APERCIBIMIENTO EN CASO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrá como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, se harán por oficio el cual podrá enviarse mediante correo electrónico, fax o cualquier otra vía que determine el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de privilegiar el trabajo a distancia, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se publica en este órgano jurisdiccional. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, en el entendido que únicamente deberán realizarse personalmente las que así lo ameriten en términos del precepto 26 de la Ley de Amparo; por lo que, las restantes deberán efectuarse por medio de lista, que se colocaran en las instalaciones de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada a ********************en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo en razón de que cuenta con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a la promovente, bajo su costa, las copias que solicita, previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente. ... Notifíquese.
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