Alan Eric Cazares Figueroa

Expediente 905/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
905/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Alan Eric Cazares Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio; por tanto, hágase del conocimiento de las partes que ha causado ejecutoria. Comuníquese lo anterior a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en virtud de lo expuesto, archívese este asunto como definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, estando en audiencia pública Germán Cruz Silva, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Everardo Mercado Salceda, con quien actúa y da fe, como está ordenado en auto de veinticuatro de agosto del año en curso (foja 36), con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 905/2017, sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda, auto de prevención, escrito de desahogo, auto admisorio y demás constancias que obran en autos. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, se declara abierto el período de pruebas, en el que el Secretario da cuenta con las documentales que obran en autos, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano. A lo que el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia se tienen como pruebas las antes citadas, las que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al emitirse el fallo correspondiente; se cierra el período de pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento. Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para elaborarlos, dándose así por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 905/2017, promovido por Alan Eric Cazares Figueroa, por propio derecho, contra actos del Secretario del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete (fojas 2 a 8), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este Juzgado Segundo de Distrito en la misma materia y jurisdicción, por razón de turno, el diez siguiente, Alan Eric Cazares Figueroa, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se indican enseguida: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen el carácter de autoridades responsables, las que se identifican a continuación: COMO AUTORIDADES ORDENADORAS: El Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Director (a) de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. COMO AUTORIDAD TANTO ORDENADORA Y EJECUTORA: Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. COMO AUTORIDADES EJECUTORAS: El Titular o Encargado del Centro de Verificación de Emisiones autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente denominado VERIFICACIÓN SANTA LUCIA S.A. DE C.V., AO9046." ".IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. De la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (sic), se reclama la emisión, suscripción y expedición del ""PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017"" publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal (sic) de fecha 27 (veintisiete) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), mismo que entro en vigor el día primero de enero de 2017. Específicamente en lo que se refiere al numeral 7.4.1., de dicho PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, el cual establece que para obtener la constancia de verificación tipo cero "0", los vehículos automotores -aunado al hecho de que sus emisiones no sobrepasen los límites ahí establecidos-, deberán contar con SBD (Sistema de Diagnostico a Bordo) y no presentar falla en cualquiera de los cinco monitores establecidos en la Norma NOM-EM-167-SEMARNAT-2016. El numeral 7.4.1., del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de dos mil diecisiete, establece que podrán obtener el holograma cero los vehículos a gasolina (como en el caso se trata), que cuentan con convertidor catalítico de tres vías, con sistema de diagnóstico (SBD), que no presente códigos de falla en el Sistema de Diagnóstico a Bordo y que obtengan como máximo las siguientes emisiones: . Por resultar violatorio de los principios de igualdad, no discriminación, así como al objeto y finalidad de la norma (protección al medio ambiente). Del Centro de Verificación de Emisiones autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente denominado VERIFICACIÓN SANTA LUCIA S.A., reclamo que no obstante que al llevar a cabo la verificación de mi vehículo las emisiones arrojadas por éste fueron menores a las establecidas en el "PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017" me fue otorgada la constancia de verificación y holograma tipo 1." SEGUNDO. El dieciocho de julio de dos mil diecisiete (fojas 10 a 14), se recibió la demanda, la cual se registró con el número 905/2017, se formuló prevención para los siguientes efectos: ".a).- Manifieste si la autoridad señalada como "Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales", se trata de una misma autoridad, o bien son diversas, y en caso de ser así deberá de precisar la denominación correcta de las que en su caso llegara a señalar, en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones III y IV del numeral 108 de la ley de la materia. Bajo el apercibimiento que de no desahogar lo anterior se tendrá como una sola autoridad. En el entendido de que si al desahogar la prevención contenida en el inciso que antecede adiciona más de dos autoridades diversas a las referidas en el capítulo correspondiente, deberá anexar una copia de su escrito inicial de demanda, para cada una de ellas, necesarias para su emplazamiento. b) Precise de manera clara cuales son los actos que reclama de las autoridades responsables que preciso en el capítulo identificado como "A.- AUTORIDADES ORDENADORAS.- Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Director(a) de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales". Bajo el apercibimiento que de no desahogar lo anterior, se dejaran de tener como autoridades responsables a las mismas. c) Señale si es su deseo tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados y, en caso de ser así, deberá formular el capítulo correspondiente, así como acompañar dos copias del ocurso inicial de demanda necesarias para formar los cuadernos relativos. Bajo el apercibimiento que de no desahogar dicho requerimiento no dará trámite a la suspensión que solicita. d) De conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia, se requiere a la parte promovente para que exhiba, ocho copias de su escrito aclaratorio, las cuales serán distribuidas de la siguiente forma, cinco para emplazar a las autoridades responsables, dos para formar los cuadernos incidentales correspondientes y una más para dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, en el entendido de que de señalar autoridades diversas deberá exhibir una copia más por cada nueva autoridad que designe." Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal el veintiocho de julio de dos mil diecisiete (foja 17), el quejoso desahogó parcialmente la prevención de mérito, en los siguientes términos: ".Que los actos reclamados en el escrito inicial de demanda son atribuidos a las autoridades señaladas es la misma (Secretaría de Medio Ambiente), de la Ciudad de México." Ante ello, por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 19 a 21) se hicieron efectivos los apercibimientos decretados y se tuvo como una sola autoridad al Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acto continuo se admitió a trámite el juicio, se ordenó pedir informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio por su secuela procesal se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El suscrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente sumario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 107, fracciones I y II, inciso g) de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, pues se promueve en contra de un acuerdo de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación. SEGUNDO. De conformidad con lo establecido por el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se precisa que la jurisprudencia emitida antes de esa fecha, puede ser aplicada siempre y cuando no se oponga a lo dispuesto en dicha ley y, sea acorde con la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 10/2016, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, página 705, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." TERCERO. Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, específicamente del contenido de los capítulos relativos a los actos reclamados y a los conceptos de violación formulados, se advierte que la parte quejosa reclama el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año dos mil diecisiete, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, en específico el artículo 7.4.1. El precedente dispositivo, es reclamado como norma heteroaplicativa con motivo de su primer acto de aplicación, que aduce la parte quejosa se verificó a través de la asignación de la Constancia de Verificación tipo "1" (holograma "1"), respecto del vehículo de su propiedad marca Dodge, tipo Durango, modelo dos mil cinco, placas de circulación 360THA, matriculado en esta Ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como actos reclamados destacados, los señalados en el párrafo que antecede. CUARTO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental por sí y en su carácter de Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (denominación correcta), así como la Directora General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico (denominación correcta), ambas autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consistentes en la emisión del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año dos mil diecisiete, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, en específico el artículo 7.4.1., ni tampoco su primer acto de aplicación, consistente en la asignación de la Constancia de Verificación tipo "1" (holograma "1"), respecto del vehículo marca Dodge, tipo Durango, modelo dos mil cinco, placas de circulación 360THA, matriculado en esta Ciudad. Ello, porque así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado (fojas 27 bis a 29), sin que el impetrante ofreciera prueba que desvirtuara tal negativa. En tales circunstancias, si la parte quejosa no desvirtuó las negativas de que se trata, en virtud de que no ofreció medio probatorio alguno tendente a demostrar la participación de esas autoridades en los actos que les atribuyó y no se advierte de autos tal circunstancia, deben tenerse por inexistentes. Ante la inexistencia decretada, respecto de los actos y autoridades señalados en este considerando, procede sobreseer respecto de éstos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de dos mil dos, de la novena época, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." QUINTO. La autoridad responsable Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado (fojas 74 a 78), aceptó en el ámbito de sus funciones y atribuciones participar en la expedición y firma del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año dos mil diecisiete, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, en específico el artículo 7.4.1., de ahí que se tenga por cierto el acto atribuido a la autoridad de que se trata. Máxime que la certeza de tal acto se encuentra acreditada con la publicación efectuada del Programa de mérito, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, y en la tesis VII.3o.C.16 K, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, página 1343, de rubro "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA"; y en la diversa 56, publicada en el Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, común, página 73, de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Por su parte, la autoridad responsable Titular del Verificentro AO9046 "Verificación Santa Lucia S.A. de C.V.", fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia que obra agregada en autos (fojas 26 Bis y 27), por tanto, con fundamento en el artículo el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto atribuido a la autoridad de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.29 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, página 2541, del siguiente rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que cuando no se rinda el informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por otra parte, el diverso 78, párrafo tercero, de la misma legislación establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos; lo que indica que tal numeral se aplica sólo cuando la responsable tenga en su poder esa prueba pero no la haya remitido y, por su estrecha vinculación con el acto reclamado, resulta necesaria para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, es patente que el párrafo tercero del citado artículo 78 establece una obligación para el juzgador de garantías que no se encuentra condicionada por la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 149, sino relacionada directamente con la establecida en el párrafo segundo de este último numeral, es decir, con aquella en la que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado y no remite las constancias relativas a fin de demostrar su constitucionalidad. Luego, en la hipótesis de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el Juez de Distrito no está obligado a recabar oficiosamente pruebas sobre los hechos que pudieran determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que deja a salvo su facultad para hacerlo voluntariamente, de estimarlo necesario para la resolución del asunto.". SEXTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser cuestiones de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, la autoridad responsable Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación manifestó que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues aduce que la parte quejosa no acredita la existencia de un acto de autoridad que haya sido dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de ahí la causa de improcedencia advertida. Así, a fin de verificar si la causa de improcedencia alegada resulta fundada, resulta conveniente traer a colación el contenido de los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; al respecto dichos preceptos legales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Del anterior precepto se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del promovente del amparo. Así, existe obligación para el gobernado de acreditar ser titular de un derecho o de un interés legítimo y que éste afecte su esfera jurídica para que el juicio de amparo resulte procedente. En ese sentido, resulta ilustrativo precisar que el interés legítimo es aquel que tienen determinadas personas por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. En efecto, el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Igualmente, la afectación en la esfera jurídica del gobernado se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. En otras palabras, el interés legítimo para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del peticionario, lo faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto, así como en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que es insuficiente, para acreditar el interés legítimo en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de hacerla, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el sólo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés legítimo cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Aquí, resulta importante señalar el contenido de los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ..." De igual modo, es conveniente precisar el contenido de los artículos 5° y 6º de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "ARTÍCULO 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En tal orden de ideas, conviene recordar que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año dos mil diecisiete, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, en específico el artículo 7.4.1., reclamado con motivo de su primer acto de aplicación, que la parte quejosa hizo consistir en la asignación de la Constancia de Verificación tipo "1" (holograma "1"), respecto del vehículo que adujo es de su propiedad marca Dodge, tipo Durango, modelo dos mil cinco, placas de circulación 360THA, matriculado en esta Ciudad. Ahora bien, de las constancias de autos no se advierte que el impetrante hubiese aportado algún medio de convicción que justifique la existencia, en principio, de tal acto de aplicación, esto es, no exhibió la Constancia de Verificación tipo "1" (holograma "1"), respecto del vehículo marca Dodge, tipo Durango, modelo dos mil cinco, placas de circulación 360THA y, por tanto, no justifica el acto de aplicación. Aquí debe señalarse que en la demanda de amparo aparece una fotografía reducida a color de la Constancia de Verificación tipo "1" (holograma "1"), respecto del vehículo marca Dodge, tipo Durango, modelo dos mil cinco, placas de circulación 360THA; sin embargo, ésta resulta insuficiente por dos circunstancias. Su valor probatorio sólo es de indicio de que existe un documento que al parecer se trata de una constancia de verificación. En la fotografía de dicha constancia de verificación aparece el nombre de una persona distinta al quejoso, a saber "FRANCISO JAVIER GUEV" En segundo término, el impetrante no justificó derecho de propiedad o posesión sobre el vehículo marca Dodge, tipo Durango, modelo dos mil cinco, placas de circulación 360THA. Sobre esta base, ante la deficiencia probatoria del quejoso, pues no justificó el primer acto de aplicación de la norma reclamada se impone sobreseer en el juicio por tal acto. Es aplicable a lo aquí considerado la jurisprudencia 194, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 133, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Ante ello, el quejoso no justifica su interés jurídico o legitimo en orden con el acto reclamado consistente en la asignación de la Constancia de Verificación tipo "1" (holograma "1"), respecto del vehículo de su propiedad marca Dodge, tipo Durango, modelo dos mil cinco, placas de circulación 360THA, matriculado en esta Ciudad, por lo que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. A su vez, el sobreseimiento decretado procede hacerlo extensivo respecto del acto reclamado consistente en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año dos mil diecisiete, norma que se reclamó como heteroaplicativa con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la asignación de la Constancia de Verificación tipo "1" (holograma "1"), respecto del vehículo de su propiedad marca Dodge, tipo Durango, modelo dos mil cinco, placas de circulación 360THA, matriculado en la Ciudad de México. Ello, porque el amparo promovido en contra de una ley, reglamento o norma de carácter general, con motivo de un acto de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley del acto de aplicación, pues éste es el que causa perjuicio y no la ley por sí sola, considerada en abstracto, de modo que es esa estrecha vinculación la que impide examinar a la ley prescindiendo del acto de aplicación, llevando así a establecer que la improcedencia del juicio, en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 346, página 400, tomo I, constitucional, jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, Séptima Época; cuyo rubro y texto indican: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Así como la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, página 235, tomo XII, agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que dispone: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De igual forma, es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 78/2007, página 5, tomo XXVI, diciembre de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo rubro y texto indican: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." Y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/99, página 104, tomo X, julio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que señala: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 37, 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 78, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 217, todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Germán Cruz Silva, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del Secretario Everardo Mercado Salceda, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy quedando en su lugar las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Subdirector de Asuntos Contenciosos, en ausencia del Director Ejecutivo Jurídico, quien representa a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la citada autoridad y con su contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que dentro del término de ley manifiesten lo que a su interés legal convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que nombra y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad oficiante la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, probanzas que se admiten y desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas el día que tenga verificativo la audiencia de ley. Finalmente, respecto a la manifestación que realiza la autoridad oficiante en el sentido de que se le autorice el uso de escáner y/o cámara digital, por conducto de persona autorizada, para la obtención de la correspondiente reproducción de las actuaciones tramitadas en el presente expediente, hágase de su conocimiento que deberá estarse a lo ordenado en el diverso proveído dictado el treinta y uno de julio del año en curso, a través del cual se autorizó a las partes el uso de dichos medios digitales. NOTIFÍQUESE.

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