Alan Emanuel Larriva Ruiz

Expediente 1540/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1540/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2016

Partes del expediente

  • Alan Emanuel Larriva Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V *TCC. ACUSA RECIBO, ADMITE RECURSO DE REVISIÓN-SENTENCIA* AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR EL VIGESIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO... MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL DIVERSO OFICIO... E INFORMA QUE ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR... EL CUAL SE REGISTRÓ BAJO EL NÚMERO DE TOCA R.A. 352/2016 DE LO ANTERIOR SE TOMA CONOCIMIENTO... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para atender el requerimiento ordenado mediante proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, sin que éste se hubiese desahogado. En consecuencia, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento contenido en proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA de garantías promovida por Eloy Gutiérrez Vargas en favor de Alan Emanuel Larriva Ruíz, pues no existe instancia de parte agraviada en términos del artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ordena hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno para los efectos legales conducentes; consecuentemente, se deja sin efectos todas y cada una de las medidas decretadas en auto de trece de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Carlos Hugo Luna Baraibar, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido por el Secretario licenciado Francisco Javier García Hernández, quien autoriza y da fe. Doy fe. CHLB/FJGH/iepm EL JUEZ EL SECRETARIO

  3. Principal

    Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Eloy Gutiérrez Vergara, en favor de Alan Emanuel Larriva Ruíz, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, contra actos del Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 15, 17, fracción IV, 20, 37, 108, 109 y 112 de la Ley de Amparo; se forma expediente tanto impreso como electrónico y se registra en el libro de gobierno con el número 1540/2016-VII. Con fundamento en los artículos 125, 126, 127, fracción II, 162 y 164, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto privativo de libertad fuera de procedimiento judicial, se concede al quejoso Alan Emanuel Larriva Ruíz, la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados consistentes en el arresto administrativo ejecutándose en su contra, para que las autoridades responsables lo pongan en inmediata libertad; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior determinación, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: ... III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Es aplicable la jurisprudencia número P./J. 75/2000 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 18, tomo XII, agosto de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento." Así como, la tesis emitida por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 984, tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, del rubro y texto siguientes: "ARRESTO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Si se negara a la quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en un arresto de tres días que le fue impuesto por la autoridad judicial, quedaría el amparo sin materia, puesto que sufriría desde luego tal arresto." Es menester precisar que la medida decretada no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o provienen de autoridades ordenadoras distintas a las señaladas como responsables en la demanda de amparo que se atiende. Es pertinente reiterar que si el quejoso no ratifica por sí o por conducto de su representante en términos del artículo 15 párrafo tercero de la ley de la materia, el escrito de amparo promovido a su favor, entonces las providencias dictadas en el cuerpo del presente proveído quedarán automáticamente sin efectos. Para el caso de que se ratifique la demanda de amparo, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, se admitirá a trámite la demanda. Con fundamento en los artículos 15, 24, 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario de este juzgado a fin de que se constituya en el lugar en que se encuentre el quejoso, a efecto de que le notifique el presente proveído y lo requiera PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS SE CONSTITUYA POR SI O POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO Y MANIFIESTE SI RATIFICA O NO EL ESCRITO DE DEMANDA que se atiende, promovida en su nombre por Eloy Gutiérrez Vergara, apercibido que de no hacerlo, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, en términos del citado artículo 15; quedando sin efectos las providencias decretadas. Del mismo modo, el Actuario dará fe de que el quejoso fue puesto en libertad, haciendo constar la hora en que ello aconteció o bien manifestando la imposibilidad que le asiste. En mérito de lo anterior, no ha lugar a ordenar formar por separado y duplicado el incidente de suspensión, ello en razón de que la orden de arresto reclamada, al tratarse de un acto restrictivo de libertad fuera de procedimiento judicial, que encuadra dentro de los supuestos de los artículos 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, de modo que dicha orden y su ejecución son suspendibles a través de la suspensión de plano decretada en líneas precedentes. Sirve de apoyo la jurisprudencia número I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 951, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no esta en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento antes citado por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza con apoyo en la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a Humberto Ramírez Huesca, Eloy Gutiérrez Vergara y Alejandro Rodríguez Borja por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como solicitar la supresión de los nombres de las partes en las listas de notificación que se publiquen por medios electrónicos. A su vez, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles; y el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. Ahora bien, dada la carga de trabajo diaria que presenta el órgano jurisdiccional, y para llevar a cabo las notificaciones dentro del término establecido en artículo 24, primer párrafo de la ley de la materia, con apoyo en el precepto legal 26 fracción I, inciso a), de la precitada ley, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la notificación personal encomendada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el Maestro Carlos Hugo Luna Baraibar, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido por el Secretario licenciado FILIBERTO ORTEGA TREJO, quien autoriza y da fe. Doy fe. CHLB/FOT/mavb EL JUEZ EL SECRETARIO

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