Alan Eduardo García Hernández
Expediente 414/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alan Eduardo García Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo; esto, aun y cuando se haya concedido la suspensión provisional, empero, toda vez que se negó la definitiva, lo procedente es que se destruya al carecer de relevancia jurídica. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, se destruirán los expedientes y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obran las constancias de notificación de los oficios con los que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquéllas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para el impetrante del amparo, quien es el que tiene el agravio personal y directo, al verse afectado por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012455 Época: Novena Época Registro: 1003171 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1292 Página: 1452 REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada. Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo expuesto, una vez que obren los acuses de notificación de las autoridades responsables, relativos a la sentencia dictada en el presente asunto, así como de este proveído, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales procedentes.
- Principal
SENTENCIA: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 414/2021, promovido por Alan Eduardo García Hernández, por propio derecho, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución.
- Incidental
INTERLOCUTORIA: PRIMERO. Queda SIN MATERIA la suspensión definitiva solicitada por Alan Eduardo García Hernández, por propio derecho, respecto de las autoridades y por los actos que fueron precisados en el resultando primero, en términos del considerando segundo de la presente interlocutoria, al declararse inexistentes dichas autoridades. SEGUNDO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por Alan Eduardo García Hernández, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero, en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Vistos; los informes justificados de las autoridades responsables Fiscales Primera; Segundo por sí y en representación por ausencia del Fiscal Cuarto; Tercera; y, Quinta, todos Especializados en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; agréguense al sumario para que surtan sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de juez de distrito, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial lo determine o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba titular en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2765/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza y da fe.
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