Alan Eduardo Carreon Reyes

Expediente 24/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 26 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
24/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Alan Eduardo Carreon Reyes
  • Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Cananea, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual, el Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, base operativa abigeatos, con residencia en Cananea, Sonora, informa que quedó enterado del contenido del oficio 4129 de dieciséis de junio del presente año, con el cual se le comunicó que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente expediente. Ahora bien, se toma nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se inconformaran contra la sentencia de treinta de mayo del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea necesario computar el plazo para la interposición del recurso de revisión respecto a las autoridades responsables, toda vez que el sentido de la sentencia, no les produce agravio en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena archivar el presente asunto. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se procede a determinar la clasificación documental de este expediente. En principio, no se considera de relevancia documental, porque no se cumple con ninguno de los supuestos que se mencionan en el capítulo quinto del acuerdo señalado. Ahora bien, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo general citado, este expediente debe ser considerado depurable porque se trata de un juicio de amparo en el que se negó la protección de la Justicia Federal. Por ello, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha del presente acuerdo y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y el proveído en que se acordó su archivo como asunto concluido; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General indicado. Por otra parte, debido a que este expediente judicial se refiere a un juicio de amparo con incidente se procede a determinar la destrucción y depuración de aquél. En el caso del duplicado, debe ser considerado destruible de conformidad con el artículo 20 del acuerdo señalado, por lo que deberá ser destruido a partir de los seis meses de esta fecha, en que se ordena su archivo como asunto concluido. Ahora bien, respecto al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el mismo debe ser considerado como depurable, por lo que resulta procedente la conservación de las resoluciones relativas, esto último a partir de los tres años de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De conformidad con el artículo 35 del acuerdo de mérito, los datos correspondientes a la valoración deberán ser anotados en la carátula del presente expediente y de su incidente respectivo.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se inconformaran contra la sentencia de treinta de mayo del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea necesario computar el plazo para la interposición del recurso de revisión respecto a las autoridades responsables, toda vez que el sentido de la sentencia, no les produce agravio en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. se ordena archivar el presente asunto. se procede a determinar la clasificación documental de este expediente.

  4. Principal

    RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA FEDERAL NO AMPARA NI PROTEGE a ****************, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta; Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la Base Operativa; Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común; Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la Base Operativa, División Abigeatos; Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos con sede en Cananea, Sonora, por las razones vertidas en el considerativo sexto de esta sentencia.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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