Alan de Jesus Echeverría Tobie
Expediente 2/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2015
Partes del expediente
- María Teresa León Villegas y Otros.
- Alan de Jesus Echeverría Tobie
Actuaciones
- Principal
EL AUTO HA CAUSADO ESTADO. ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. EXPEDIENTE SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Ensenada, Baja California, a veintiséis de enero de dos mil quince. Visto el escrito y anexos de cuenta registrado con número 1083 que presenta el licenciado JAIME CASTRO HIRALES en su carácter de autorizado de JORGE GALAZ RÍOS Y MARÍA TERESA LEÓN VILLEGAS, en su carácter de cesionarios de Alan de Jesús Echeverría Tobie y Teresa de Jesús Echeverría Tobie, mediante el cual se les tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos mediante proveído de ocho de enero del año en curso. Ahora bien, resulta oportuno asentar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Atendiendo a dichas directrices, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la invocada legislación, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejos o y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido de que si se trata de actos emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal y como se desprende de la recta intelección de la fracción IV antes transcrita. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que en los juicios en los que se rematan bienes en el periodo de ejecución de sentencias, existen dos resoluciones que pueden impugnarse en el juicio de amparo indirecto, y que son aquellas en las que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados y la última resolución en el procedimiento de ejecución. Apoya lo aseverado, por identidad de razones jurídicas, la tesis VI.3o.C.86 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la foja 977, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO EXISTE REMATE DE BIENES EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA DOS TIPOS DE RESOLUCIONES. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo establece que el amparo ante el Juez de Distrito, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe. De lo anterior se desprende que en los juicios en los que se rematan bienes en el periodo de ejecución de sentencias, existen dos resoluciones que pueden impugnarse en el juicio de amparo indirecto, y que son aquellas en las que se aprueba o desaprueba el remate y la última resolución en el procedimiento de ejecución." Es menester señalar que la resolución de que se habla es aquella en donde el Juez de la causa realiza el examen de todas las circunstancias que concurren en la fase de ejecución de sentencia y, de ser el caso, aprobará o reconocerá el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ordenando el archivo definitivo del expediente, determinación que será la que podrá ser combatida mediante el juicio de amparo biinstancial. En el orden de ideas planteado, quien resuelve estima que -como se señaló en precedentes- en el caso, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ciertamente, del análisis integral de la demanda de garantías se desprende que los impetrantes señalan como actos reclamados lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: "De la responsable le reclamo el ilegal contenido de la resolución de fecha 24 de noviembre del 2014 que resolvió la procedencia del recurso de revocación interpuesto por la demandada en contra del auto de fecha 14 de agosto del 2014." En el capítulo de antecedentes, refieren que son parte actora en el Juicio Ejecutivo Mercantil 1122/2009, seguido en contra de María Teresa Cárdenas y José Roberto Chávez López, a quienes les fue adversa la sentencia dictada en dicho expediente, por lo que en la actualidad se encuentran en ejecución de la misma; manifiestan que al respecto, por auto de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, el juez responsable decretó la adjudicación directa del bien inmueble embargado en el citado juicio, determinación contra la cual la parte demandada interpuso recurso de revocación ante el propio juzgador, quien, por interlocutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce (acto reclamado), lo declaró fundado, dado que en el proveído impugnado, se tomaron determinaciones en base a diversos artículos del Código de Comercio en vigor, cuyos textos, dijo, no son aplicables en el procedimiento que les ocupa, ya que las reformas en cuestión fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de dos mil catorce, mientras que el juicio en cuestión se inició el cuatro de diciembre de dos mil nueve; por lo que, como se dijo, la responsable determinó que en la especie debía seguirse el procedimiento de ejecución de sentencia -que se encuentra en etapa de avalúo del bien embargado- aplicando las disposiciones que operaban antes de la reforma mencionada; lo que la llevó a revocar el auto por el que había efectuado la adjudicación del inmueble embargado, y que constituyó el acto reclamado en esta vía constitucional. En esas condiciones, debe decirse que la actuación reclamada, se llevó a cabo en ejecución de sentencia, por lo que este juzgador estima que dicho acto, si bien es de los dictados después de concluido el juicio, sin embargo, no es aquella mediante la cual se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o, que ordene el archivo definitivo del expediente, ni tampoco se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, tal y como se desprende de la recta intelección de la fracción IV antes transcrita. Al efecto resulta pertinente establecer el contenido de los artículos 574 a 579 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, mismos que son del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 574.- Dentro de los tres días siguientes al que se fincó el remate, las partes podrán hacer las objeciones que estimen pertinentes al procedimiento del mismo remate y transcurrido dicho término, el Juez dictará auto aprobándolo o no. Si se aprueba el remate, se requerirá al comprador para que dentro de tres días consigne la cantidad ofrecida de contado y si no lo hiciere se dejará sin efecto la venta, se procederá a una nueva subasta como si la anterior no se hubiere celebrado, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el Artículo 560, que se aplicará, por vía de indemnización, al ejecutante." "ARTÍCULO 575.- Una vez consignado el precio, se hará saber al deudor que dentro del tercer día otorgue la escritura de venta a favor del comprador, apercibido que, de no hacerlo, el Juez lo hará en su rebeldía haciéndolo constar así. Asimismo, y a petición de parte interesada; se podrá solicitar la inscripción preventiva del auto aprobatorio de remate, para lo cual se girará atento oficio al Reg istro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, remitiéndole copia certificada por duplicado de la diligencia de remate y del auto aprobatorio del mismo." "ARTÍCULO 576.- Una vez que quede firme el auto que aprueba el remate se dictarán las diligencias necesarias a petición de parte interesada para que se ponga en posesión material y jurídica del bien rematado al adjudicatario, siempre y cuando este último, en su caso, haya consignado el precio, dándose para ello las ordenes necesarias, aún las de desocupación de fincas habitadas por el deudor o terceros que no tuvieren contratos para acreditar el uso, en los términos que fija el Código Civil. En caso de que existan terceros que acrediten mediante la exhibición del contrato correspondiente dicho uso, en la misma diligencia se les dará a conocer como nuevo dueño al adjudicatario o sus causahabientes en su caso." "ARTÍCULO 577.- Con el precio se pagará al acreedor hasta donde alcance, y si hubiere costas pendientes que liquidar se mantendrá en depósito la cantidad que se estime bastante para cubrirlas hasta que sean aprobadas las que faltaren que pagarse; pero si el ejecutante no formula su liquidación dentro de los ocho días de hecho el depósito, perderá el derecho de reclamarlas. El reembargo produce su efecto en lo que resulte líquido del precio del remate después de pagarse el primer embargante, salvo el caso de preferencia de derechos. El reembargante para obtener el remate, en caso de que éste no se haya verificado, puede obligar al primer ejecutante a que continúe su acción." "ARTÍCULO 578.- Si la ejecución se hubiere despachado a instancias de un segundo acreedor hipotecario o de otro hipotecario de ulterior grado, el importe de los créditos hipotecarios preferentes de que responda la finca rematada, se consignará ante el juzgado correspondiente y el resto se entregará, sin dilación, al ejecutante, si notoriamente fuera inferior a su crédito o lo cubriere. Si excediere, se le entregarán capital e intereses y las costas líquidas. El remanente quedará a disposición del deudor, a no ser que se hubiere retenido judicialmente para el pago de otras deudas." "ARTÍCULO 579.- El acreedor que se adjudique la cosa reconocerá a los demás hipotecarios sus créditos para pagarlos al vencimiento de sus escrituras, y entregará al deudor, al contado, lo que resulte libre del precio, después de hecho el pago." En ese sentido, de los numerales transcritos se desprende el procedimiento a seguir una vez aprobado el remate a fin de ordenar en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, es por lo que resulta inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional, que de manera principal se hace consistir en la determinación del juez responsable dentro del procedimiento de ejecución de sentencia de allegarse diverso dictamen sobre el avalúo de los bienes embargados en expediente 1122/2009, pues así lo exponen los impetrantes, no constituye la determinación definitiva a que alude la fracción IV, última párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, ni tampoco la última resolución en el procedimiento de ejecución, entendiendo por ésta, aquella que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, por lo que no se ubica en la hipótesis de procedencia de la instancia de garantías contenida en el invocado precepto legal. Se invoca al respecto el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de Nuestro Más Alto Tribunal del País, plasmado a foja 74, del Informe de 1934, que reza: "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SOLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUEL SE APRUEBA. La jurisprudencia de la Sala ha establecido que las violaciones cometidas durante el procedimiento para llevar a cabo un remate, no deben estudiarse en la vía de amparo sino hasta que el remate se apruebe, pues de otra suerte sería imposible llegar hasta la venta de los bienes secuestrados, demorándose indefinidamente la ejecución de las sentencias. Esas violaciones deben invocarse ante el Juez de los autos para que las estudie al aprobar el remate cuando las leyes establezcan dicha aprobación, y en su caso, ese auto admite apelación; por lo que el amparo es improcedente en esas circunstancias contra la citación para el mismo remate." En razón de lo anterior, se insiste en la convicción de que el juicio de amparo planteado por Jorge Galaz Ríos y María Teresa León Villegas, con el carácter con que se ostenta, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Civil con residencia en esta ciudad, deviene notoriamente improcedente de conformidad con los artículos 107 fracción IV, interpretado a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Nueva Ley de Amparo, y habrá de DESECHARSE DE PLANO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley en cita. En observancia al Acuerdo Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, procédase en su oportunidad a la digitalización del presente expediente, a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por JORGE GALAZ RÍOS Y MARÍA TERESA LEÓN VILLEGAS, en su carácter de cesionarios de Alan de Jesús Echeverría Tobie y Teresa de Jesús Echeverría Tobie, personalidad que aseveran tienen reconocida ante la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, a quien le atribuyen los actos que reclaman en esta vía constitucional por violaciones a las garantías individuales consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales; fórmese el expediente de amparo correspondiente, el cual quedó registrado con el número 02/2015. La reclamación de los impetrantes, se hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: "De la responsable le reclamo el ilegal contenido de la resolución de fecha 24 de noviembre del 2014 que resolvió la procedencia del recurso de revocación interpuesto por la demandada en contra del auto de fecha 14 de agosto del 2014." Refieren los signantes de la demanda que son cesionarios de ALAN DE JESÚS ECHEVERRÍA TOBIE Y TERESA DE JESÚS ECHEVERRÍA TOBIE, los cuales, dice, son parta actora en el juicio ejecutivo mercantil 1122/2009, seguido ante la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, de donde emana el acto reclamado; igualmente refieren los amparistas que tienen reconocida la personalidad en el citado juicio mercantil; por tanto, previo a acordar sobre la admisión de la demanda y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo en vigor y, en atención al contenido del libelo de garantías, REQUIÉRASE a los promoventes del amparo para que dentro del término de CINCO DÍAS acrediten, mediante constancia suficiente, la personalidad con la que comparecen, es decir, como cesionarios de las personas que mencionan. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J.43/96, tomo IV, página 48, julio de 1996, Novena Época del pleno derivada de la contradicción de tesis 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, respectivamente, y Segundo del Décimo Sexto Circuito misma que a continuación se copia; "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del citado término, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo vigente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, del Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los Órganos, Criterios y Procedimientos Institucionales para la transparencia y acceso a la información Pública para éste Órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Distrito y los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil tres, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, voluntad ésta que deberá manifestarse antes de que se dicte el fallo correspondiente en el presente asunto, en la inteligencia de que se omitirán sus datos personales cuando manifiesten de manera expresa su oposición, asimismo la falta de ésta conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de dato alguno. Se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados JOSÉ ARIEL AYALA PÉREZ, VÍCTOR ARVIZU LÓPEZ y JAIME CASTRO HIRALES, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita su Cédula Profesional Federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en CALLE CORAL Y ALLENDE, NÚMERO 1545, LOCAL 10, COLONIA BUSTAMANTE DE ESTA CIUDAD.
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