Alan Daniel Ramírez Gómez

Expediente 1099/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1099/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Alan Daniel Ramírez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término de cinco días que se concedió a la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención ordenada en relación con su demanda de amparo; sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, hágase efectivo el apercibimiento que se encuentra inmerso en auto inicial, y en consecuencia, se tiene por no presentada su demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación dicha resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, hágase efectivo el apercibimiento que se encuentra inmerso en auto inicial, y en consecuencia, se tiene por no presentada su demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación dicha resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de enero de dos mil veintiuno. REANUDA PROCEDIMIENTO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que concluyó la vigencia de la suspensión de los plazos y términos procesales establecida en la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se instruyó el regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la forma de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En consecuencia, tomando en consideración que en términos de los artículos 365 y 367 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con lo determinado en la referida Circular, el proceso en el presente juicio fue suspendido con motivo del citado fenómeno de salud pública, SE REANUDA EL PROCEDIMIENTO, en el entendido de que, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. ESTADO DE AUTOS. Ahora, de la certificación de cuenta también se advierte, que la última actuación en el presente juicio tuvo lugar el quince de diciembre de dos mil veinte, data en la que se emitió auto aclaratorio. Hágase del conocimiento a la parte quejosa que la reanudación de los plazos procesales suspendidos, opera conforme a los lineamientos dados por el propio Consejo de la Judicatura Federal; y en su defecto hasta la notificación de este acuerdo. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida vía electrónica la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de los Fiscales adscritos a la Unidad 2 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1099/2020-IV, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. PREVENCIÓN. Ahora bien, derivado del análisis de la satisfacción de los requisitos que prevé el artículo 108, fracciones III, IV y V, en relación con el numeral 114 fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído; precise concretamente lo que a continuación se indica: PRIMERO. Cumpla con el requisito previsto en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, esto es, aclare la denominación de las autoridades responsables, a las que denominó como Fiscales adscritos a la Unidad 2, 3 y 5, todos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, para este juzgado, constituye un hecho notorio que dichas autoridades, no existen con tal denominación dentro del organigrama de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 153/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Página: 440, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." SEGUNDO. Cumpla con el requisito previsto en el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, esto es, aclare su acto reclamado, ello en razón de que en el capítulo correspondiente, se duele de las ordenes privativas de libertad emitidas en su contra; sin embargo, en sus conceptos de violación hace alusión a que la autoridad responsable emitió el auto de vinculación a proceso afectando su libertad deambulatoria, lo que corrobora en el apartado de suspensión, al referir que la solicita para que sea puesto en inmediata libertad; por lo que, deberá referir cuál es el acto que de manera destacada reclamada, ya que, no se tiene la certeza de la intención que pretende el quejoso con la presentación de la demanda de amparo. TERCERO. Cumpla con el requisito previsto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, esto es, narre bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, redactándolos de manera cronológica, clara y precisa, ya que de la lectura integral de su demanda, no se advierte que hubiere vertido dicho requisito legal. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis de Jurisprudencia P./J.127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, que sustento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXIV, Julio de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que aparece en la página 348, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la parte quejosa y no los autorizados de éste ni siquiera en términos amplios, lo anterior, debido a que aquélla entraña cuestiones inherentes a la integración de la litis del juicio de amparo, que sólo pueden ser desahogadas por quien tiene el derecho de acción. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo I, Agosto de 2014, Décima Época, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, hágasele notar a la parte quejosa que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió y que la Ley de Amparo, prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el primer punto se tendrá por inexistentes a las citadas autoridades y proveerá lo conducente respecto de las diversas autoridades por las que no se requirió; ahora, de no desahogar los requerimientos segundo y tercero, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley que rige el juicio constitucional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados, los cuales no pueden tenerse como tal, por ende, hágase de su conocimiento que las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este Juzgado, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III, 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente asunto designe domicilio en esta ciudad de Querétaro para tal efecto. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, con número de registro 195064, visible en la página 1067, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Ahora, en relación con la petición formulada por el solicitante del amparo, consistente en que se le notifique al correo electrónico que cita, no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que dicho medio no se encuentra en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica. Ahora, si lo que pretende el promovente es que las notificaciones se le hagan de forma electrónica, se acordará lo conducente hasta en tanto proporcione "Nombre de Usuario", de conformidad con la normatividad aplicable, esto es, el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil veinte. Por lo anterior, dígasele al promovente que queda expedito su derecho para solicitar expresamente que se le realice las notificaciones vía electrónica a través del Sistema Electrónico oficial, mediante el usuario que designe para tal caso. MEDIOS DE CONTACTO. Ténganse a la parte promovente proporcionando como medios de contacto el correo electrónico que para tal efecto señala, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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