Alan Cristian Rodríguez Valencia

Expediente 263/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
263/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
09/10/2017

Partes del expediente

  • Alan Cristian Rodríguez Valencia
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    ..POR ESTE MEDIO PROCEDO A NOTIFICAR AL QUEJOSO ALÁN CRISTIAN RODRÍGUEZ VALENCIA, EL AUTO DE 9 DE OCTUBRE DE 2017, QUE DICE:... Advirtiéndose de la constancia secretarial de cuenta, que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 319), mismo que le fue notificado personalmente por conducto de su autorizado el dos de octubre en curso, por lo que el término feneció el seis de los presentes. Ahora, mediante el citado proveído, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto del oficio signado por la Juez Primera de Primera Instancia de lo Penal, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, al que adjuntó copias certificadas de la resolución de veintidós de septiembre en curso, donde se dejó insubsistente la resolución de veintitrés de abril de este año dentro de la causa penal 01/2017 de su índice, así como las actuaciones jurisdiccionales que derivaron de dicha resolución, así como la declaración de que es carente de competencia legal y funcional, ordenando devolver los autos originales de la citada causa penal, al Agente del Ministerio Público Investigador del Sector II, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, para que actúe conforme a las facultades inherentes al procedimiento penal acusatorio; con el apercibimiento que de no hacer declaración alguna, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio, respecto al cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por consiguiente, una vez transcurrido el término concedido, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." -Efectos de la Sentencia- Al respecto, debe decirse que el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se dictó sentencia constitucional (fojas 276 a 292) en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Alan Cristian Rodríguez Valencia, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado el veintitrés de abril de dos mil diecisiete, así como todas las actuaciones anteriores al mismo, dictados dentro de los autos de la causa penal 01/2017, seguida en contra de Alan Cristian Rodríguez Valencia, así como sus consecuencias legales. 2. Emitiera otra resolución en la que, atendiendo a los lineamientos de esta sentencia, se declarara carente de competencia legal por funcionabilidad, debiendo devolver los autos originales de la averiguación previa 408/2016 al Agente del Ministerio Público Investigador del Sector II, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, a efecto de que actúe conforme a las facultades inherentes del procedimiento penal acusatorio. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5o.P.46 P (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2961, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, junio de dos mil dieciséis, Décima Época, de título y contenido: "PROCESO PENAL ACUSATORIO. SI EL JUEZ DE DISTRITO AL CONOCER DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN ESTIMA QUE LOS HECHOS MATERIA DE ANÁLISIS SON COMPETENCIA DEL JUEZ DEL SISTEMA ADVERSARIAL, LA CONCESIÓN DEL AMPARO NO PUEDE SER PARA QUE EL JUZGADOR DEL PROCESO MIXTO O TRADICIONAL RESUELVA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE AQUÉL. El sistema penal acusatorio conlleva una serie de lineamientos diversos a los establecidos para el sistema procesal penal mixto (declaración preparatoria, auto de formal prisión o preventiva, procedimiento sumario, etcétera), esto es, desde la manera en que debe integrarse la investigación de los hechos, lo cual se hace a través de "una carpeta de investigación" en lugar de una averiguación previa, hasta la intervención de los Jueces en el proceso, pues la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, establece diferencias rígidas en las etapas del proceso y de las autoridades que participan en cada una, esto es, una cosa será el titular de la investigación, otra el control de la legalidad de diligencias (de carácter cautelar o de medidas preliminares -detención-) por parte de un órgano judicial -Juez de control-, quien no va a ser el mismo que en su momento emita una resolución en la etapa del juicio oral -Juez de juicio- o funja como Juez de ejecución penal -Juez de ejecución-. Ello, sumado a que el sistema acusatorio prevé otro tipo de instituciones -principio de oportunidad, juicio abreviado, medios alternos para la solución de conflictos, entre otras- por lo que implica la coexistencia de estos criterios y mecanismos con sujeción al control judicial, lo cual equivale a un cambio de reglas en el procedimiento, para de esa forma respetar los principios que lo rigen: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, los cuales recoge el artículo 20 de la Constitución Federal. En ese contexto, si el Juez de Distrito al conocer del juicio de amparo contra el auto de formal prisión determina que los hechos materia de análisis son competencia de un Juez del sistema penal adversarial, la concesión del fallo protector no puede ser para que el juzgador del proceso mixto o tradicional resuelva conforme a los lineamientos del proceso penal acusatorio, pues el Juez del sistema tradicional carece de facultades para resolver la situación jurídica del quejoso bajo las reglas del citado proceso, pues éstas no empatan con el diverso penal mixto; máxime que, como quedó asentado, los Jueces que intervienen en las diversas etapas del nuevo sistema son diferentes. De modo que, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso de revisión respectivo debe enderezar los efectos de la concesión de amparo para que el Juez de la causa deje insubsistente el auto de plazo constitucional y devuelva los autos al Ministerio Público investigador para que actúe conforme a las facultades inherentes del procedimiento penal acusatorio.". La sentencia causó ejecutoria el siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 300 a 302) y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 844/2017-I la Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, adjuntó copias certificadas de la resolución de veintidós de septiembre en curso, donde dejó insubsistente la resolución de veintitrés de abril de este año dentro de la causa penal 01/2017 de su índice, así como las actuaciones jurisdiccionales que derivaron de dicha resolución, así como la declaración de que es carente de competencia legal y funcional, ordenando devolver los autos originales de la citada causa penal, al Agente del Ministerio Público Investigador del Sector II, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, para que actúe conforme a las facultades inherentes al procedimiento penal acusatorio y de solicitarlo procedente, solicite la correspondiente orden de aprehensión. Ello implicó que se dejara de vulnerar el derecho humano de la parte quejosa al debido proceso; y se dio cumplimiento además, a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados, el presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo y, en acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. Asimismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse concedido la medida cautelar solicitada. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en la carátula del presente expediente y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 17391, 17392 y 17397.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el telegrama con número de folio 1073363 que remite la Juez Primera de Primera Instancia de lo Penal, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, y en atención a lo manifestado, dígasele que se acordará lo conducente hasta en tanto obren en autos las constancias relativas al expediente 01/2017 de su índice, a las que hace alusión en el mismo.

  3. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, aun no ha atendido el requerimiento realizado mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 300 a 302), asimismo, en autos no obra agregada constancia en la que se acredite que haya sido notificado, no obstante haberse enviado el ocho de septiembre en curso (fojas 300 a 302). En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo 263/2017-4 y lo informe a este juzgado, para lo cual deberá anexar la documentación correspondiente; lo anterior, deberá hacerse a través de mensajería rápida; apercibido que de no cumplir en el plazo antes señalado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, a saber $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), dando un total de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del artículo quinto del decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Aunado a lo anterior, en caso de incumplimiento se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento. Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. En cumplimiento al presente proveído, se gira vía estafeta el siguiente oficio: 16575.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el dieciocho de agosto del año en curso; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 y el precepto 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la ley mencionada en primer término, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a , ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, para que: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el veintitrés de abril de dos mil diecisiete, así como todas las actuaciones anteriores al mismo, dictados dentro de los autos de la causa penal 01/2017, seguida en contra de Alan Cristian Rodríguez Valencia, así como sus consecuencias legales. 2. Emita otra resolución en la que, atendiendo a los lineamientos de la sentencia, se declare carente de competencia legal por funcionabilidad, debiendo devolver los autos originales de la averiguación previa 408/2016 al Agente del Ministerio Público Investigador del Sector II, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, a efecto de que actúe conforme a las facultades inherentes del procedimiento penal acusatorio. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5o.P.46 P (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2961, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, junio de dos mil dieciséis, Décima Época, de título y contenido: "PROCESO PENAL ACUSATORIO. SI EL JUEZ DE DISTRITO AL CONOCER DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN ESTIMA QUE LOS HECHOS MATERIA DE ANÁLISIS SON COMPETENCIA DEL JUEZ DEL SISTEMA ADVERSARIAL, LA CONCESIÓN DEL AMPARO NO PUEDE SER PARA QUE EL JUZGADOR DEL PROCESO MIXTO O TRADICIONAL RESUELVA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE AQUÉL. El sistema penal acusatorio conlleva una serie de lineamientos diversos a los establecidos para el sistema procesal penal mixto (declaración preparatoria, auto de formal prisión o preventiva, procedimiento sumario, etcétera), esto es, desde la manera en que debe integrarse la investigación de los hechos, lo cual se hace a través de "una carpeta de investigación" en lugar de una averiguación previa, hasta la intervención de los Jueces en el proceso, pues la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, establece diferencias rígidas en las etapas del proceso y de las autoridades que participan en cada una, esto es, una cosa será el titular de la investigación, otra el control de la legalidad de diligencias (de carácter cautelar o de medidas preliminares -detención-) por parte de un órgano judicial -Juez de control-, quien no va a ser el mismo que en su momento emita una resolución en la etapa del juicio oral -Juez de juicio- o funja como Juez de ejecución penal -Juez de ejecución-. Ello, sumado a que el sistema acusatorio prevé otro tipo de instituciones -principio de oportunidad, juicio abreviado, medios alternos para la solución de conflictos, entre otras- por lo que implica la coexistencia de estos criterios y mecanismos con sujeción al control judicial, lo cual equivale a un cambio de reglas en el procedimiento, para de esa forma respetar los principios que lo rigen: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, los cuales recoge el artículo 20 de la Constitución Federal. En ese contexto, si el Juez de Distrito al conocer del juicio de amparo contra el auto de formal prisión determina que los hechos materia de análisis son competencia de un Juez del sistema penal adversarial, la concesión del fallo protector no puede ser para que el juzgador del proceso mixto o tradicional resuelva conforme a los lineamientos del proceso penal acusatorio, pues el Juez del sistema tradicional carece de facultades para resolver la situación jurídica del quejoso bajo las reglas del citado proceso, pues éstas no empatan con el diverso penal mixto; máxime que, como quedó asentado, los Jueces que intervienen en las diversas etapas del nuevo sistema son diferentes. De modo que, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso de revisión respectivo debe enderezar los efectos de la concesión de amparo para que el Juez de la causa deje insubsistente el auto de plazo constitucional y devuelva los autos al Ministerio Público investigador para que actúe conforme a las facultades inherentes del procedimiento penal acusatorio.". Lo anterior, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente auto, dé el debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito, para lo cual deberá anexar la documentación correspondiente; apercibido que en caso de omisión, se le impondrá multa de cien veces el valor por unidad equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) dando un total de $7,549.00 pesos (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización Pública en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Aunado a ello, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Articulo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." [.] "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". [.] "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." [.] Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 15605, 15606 y 15607

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