Alan Castro Abarca

Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
309/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Alan Castro Abarca

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo; en atención a su contenido; glósese a los autos para que obre como corresponda en virtud de que en proveído inmediato anterior, se declaró el cumplimiento del fallo protector del juicio en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    SINTESIS: Acapulco, Guerrero, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la comparecencia que antecede, por la cual, el quejosa Alan Castro Abarca, desahoga la prevención formulada y al efecto ratifica la firma que obra en el escrito de desahogo demanda. DESECHAMIENTO. Al examinar la demanda de amparo y el escrito de desahogo se advierte, que la parte quejosa esencialmente reclama de la Junta responsable la omisión de enviar el expediente 740/2016 al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero para la substanciación del amparo directo laboral que interpuso, así como de proveer respecto de la suspensión el acto. Omisiones contra las que, el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción IX, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." La citada fracción se aplica por analogía, puesto que en ésta se dispone la prohibición de ejercitar la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de la misma naturaleza; la cual no se limita a la resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también a cualquier determinación inmersa en él, puesto que las resoluciones principales como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamadas mediante otro juicio de amparo, como en el caso acontece, porque ello implicaría juicio de amparo contra actos de otros juicios de amparo. Ello es así, pues lo que se pretende es impedir que los actos realizados por una autoridad de control constitucional sean susceptibles de enjuiciarse por el mismo medio, al considerarse un contrasentido aceptar que aquéllas puedan violar la constitución (misma que es su directriz permanente); en este caso, es aplicable por analogía dicha fracción en virtud de que la autoridad señalada aquí como responsable actúa como auxiliar de la Justicia Federal; sin que ello signifique que las omisiones o violaciones que en trámite éstas incurran no estén reguladas, simplemente no son impugnables mediante diverso juicio de amparo. En efecto, se actualiza en el presente asunto la hipótesis a que se refiere la fracción en comento, en virtud de que el acto que se reclama está vinculado directamente con la tramitación de un juicio de amparo, en el que la junta responsable no actúa por instancia propia sino funge como una autoridad auxiliar para el trámite del mismo (juicio de amparo directo), como lo prevé los artículos 176, 178 y 190 de la Ley de Amparo. Tiene sustento a lo anterior, la tesis I.6o.T.7 K (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 992, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA JUSTICIA FEDERAL EN LOS INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. Conforme a la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en juicios de esa misma naturaleza. De esta forma, se considera que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones pronunciadas en auxilio de la Justicia Federal, como acontece cuando las autoridades responsables emiten determinaciones vinculadas directamente con el incidente de suspensión, o bien, cuando son omisas en relación con alguna cuestión de esa incidencia, toda vez que la citada ley establece el medio de defensa o recurso pertinente para impugnar la conducta de las autoridades responsables cuando actúen o dejen de hacerlo en el trámite de la suspensión, en términos de la fracción VIII del artículo 95 de la referida ley." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 1315, de la Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio". Cabe aclarar que los citados criterios fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada y de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen al texto vigente. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el seis de enero de dos mil veintidós se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informando que señaló las doce horas del treinta y uno de enero de dos mil veintidós para llevar a cabo la reinstalación del quejoso Martín Ruíz Sánchez, sin que a la fecha haya informado su resultado; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente procedimiento, la remite, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Con el apercibimiento que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio signado por la Subconsejera de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, en representación de la Gobernadora del Estado, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual en cumplimiento al acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, informa que a la fecha no ha recibido el oficio 1785/2022 que contiene la sentencia dictada por este juzgado federal, por lo que, a fin de evitar mayores dilaciones al procedimiento, reexpídase por ESTAFETA el comunicado oficial de referencia. Notifíquese.

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