Alan Campos Romo
Expediente 217/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Alan Campos Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
"AGRÉGUESE A LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO EL OFICIO PROVENIENTE DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL SOLICITA SE PERMITA LA VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DERIVADO DEL PRESENTE JUICIO, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 DEL ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO; CON LA FINALIDAD DE QUE EL JUZGADO OFICIANTE TENGA ACCESO A LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN EL PRESENTE EXPEDIENTE, SE AUTORIZA SU CONSULTA ELECTRÓNICA."
- Principal
DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA SE ADVIERTE QUE A LA FECHA TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 98, EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN I, INCISO A), DEL ARTÍCULO 97, DE LA LEY DE AMPARO, PARA RECURRIR EL AUTO DE CUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE POR UNA PARTE SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA Y, POR OTRA, SE DESECHÓ, LA CUAL FUE PROMOVIDA POR ** SIN QUE SE HUBIERA HECHO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ORDINALES 355, Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA, CONFORME AL ARTÍCULO 2, DE LA LEY DE MATERIA, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE (SISE). ARCHIVO TODA VEZ QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 21, INCISO D), DEL ACUERDO GENERAL DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, CONSÉRVESE EL PRESENTE JUICIO POR EL TÉRMINO DE TRES AÑOS, UNA VEZ CONCLUIDO, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN.
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE CONSTE COMO CORRESPONDA Y SURTA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES EL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL CUAL EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN PROVEÍDO DE QUINCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, REMITE COPIA CERTIFICADA DE DIVERSAS CONSTANCIAS RELATIVAS A SU JUICIO DE AMPARO 74/2021; SIN QUE EXISTA NECESIDAD DE REALIZAR MAYOR PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO, TODA VEZ QUE EL ACTO RECLAMADO EN EL REFERIDO JUICIO, SEGÚN SE APRECIA, NO GUARDA RELACIÓN CON EL PRESENTE CONTROVERTIDO CONSTITUCIONAL, AUNADO A QUE EN PROVEÍDO DE CUATRO DE MAYO DE DEL AÑO EN CURSO, SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE JUICIO.
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA EL ESCRITO DE CUENTA, SIGNADO POR EL QUEJOSO ** MEDIANTE EL CUAL DESAHOGA LA PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Y, AL EFECTO, MANIFIESTA LO SIGUIENTE: "EN ESTE ACTO ME DESISTO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO JUEZ ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES, ADSCRITO A LA UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA EN EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES TRES, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE, POR LO QUE SOLICITO SE TENGA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA AL SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y COMO *** BAJO ESTE CONTEXTO, VISTO LO MANIFESTADO POR EL QUEJOSO, SE ADVIERTE QUE NO ES SU DESEO SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL "JUEZ ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES, ADSCRITO A LA UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA EN EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES TRES, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE", A QUIEN ATRIBUYÓ EL ACTO RECLAMADO EN SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, CONSISTENTE EN*** RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO A LAS DEMÁS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE SEÑALÓ EN SU DEMANDA, CONSISTENTE EN LA ORDEN DE TRASLADO DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUALQUIER OTRO CENTRO DE RECLUSIÓN, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, PUES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO EN CONSECUENCIA, AL NO HABERSE AGOTADO LA CONTROVERSIA JUDICIAL ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL CONTRA EL CITADO ACTO RECLAMADO, ES INCONCUSO QUE SE INOBSERVÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO, LO QUE CONLLEVA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61, DE LA LEY DE AMPARO, Y POR TAL MOTIVO, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, RESPECTO DE LA ORDEN DE TRASLADO DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUALQUIER OTRO CENTRO DE RECLUSIÓN, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN. AUNADO A QUE LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO QUE SOLICITA Y AUTORIZA EL TRASLADO DEL QUEJOSO A DIVERSO CENTRO DE REINSERCIÓN, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNA DE LAS CAUSAS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, COMO SERÍA SI SE TRATASE DE UN ACTO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO -DADO QUE EL PROCEDIMIENTO DEL TRASLADO SE ENCUENTRA PREVISTO Y REGULADO EN EL CAPÍTULO V DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE EL PETICIONARIO DE DERECHOS ACUDA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, COMO LO DISPONE LA FRACCIÓN VII, DEL ORDINAL 107 CONSTITUCIONAL; Y EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN XX, DEL ARTÍCULO 61, DE LA LEY DE AMPARO, TODA VEZ QUE ESA MEDIDA NO IMPORTA PELIGRO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA, DEPORTACIÓN O DESTIERRO, NI SE ORDENA ALGUNO DE LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL DIVERSO 22 DE LA LEY FUNDAMENTAL, ESPECÍFICAMENTE, PENAS DE MUTILACIÓN E INFAMIA, AZOTES, MARCAS, PALOS, TORMENTO DE CUALQUIER ESPECIE, MULTA EXCESIVA, CONFISCACIÓN DE BIENES Y CUALESQUIERA OTRAS PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES. PUES DE SU LECTURA, COMO PRIMER ASPECTO RELEVANTE A DESTACAR, SE ADVIERTE QUE FUERON EMITIDAS, TOMANDO COMO BASE LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LOS ARTÍCULOS 18 Y 21, DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, EN LA QUE, COMO QUEDÓ INDICADO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SE LE QUITARON FACULTADES A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DECIDIR LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN EN RECLUSIÓN, PARA OTORGÁRSELAS A LA AUTORIDAD JUDICIAL; LO QUE CONLLEVA A QUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS YA NO TENGAN COMPETENCIA PROPIA PARA ORDENAR LOS TRASLADOS, SINO QUE ÉSTOS DEBEN SER AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PUES DE LO CONTRARIO, SE ESTARÍA FRENTE A ACTOS EMITIDOS FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CIRCUNSTANCIA QUE SE MATERIALIZÓ CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, YA QUE DE SU CONTENIDO, COMO TAMBIÉN QUEDÓ RESEÑADO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SE APRECIA LA CREACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA AUTORIZAR, CONTROLAR Y VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LOS TRASLADOS, DESTACANDO DE ÉSTE QUE LA REGLA GENERAL ES LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA EN ESOS ACTOS, Y EXCEPCIONALMENTE EN CASOS URGENTES, ESA AUTORIZACIÓN SERÁ POSTERIOR, ESTO ES, QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ORDENARÁ Y EJECUTARÁ EL TRASLADO PARA POSTERIORMENTE SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL SU VALIDACIÓN, QUIEN PODRÁ CONFIRMAR O REVOCAR ESA DECISIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE PREVER LA FACULTAD DE LOS INTERNOS DE EJERCITAR UNA ACCIÓN QUE INICIE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL PARA COMBATIR ESE TRASLADO. POR OTRO LADO, DEBE SEÑALARSE, QUE LOS CRITERIOS RESEÑADOS ATIENDEN A SITUACIONES ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEGISLACIÓN DE EJECUCIÓN PENAL EN COMENTO, DONDE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CONTINUABAN ORDENANDO TRASLADOS DE INTERNOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SIN CONTAR CON FACULTADES Y SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL, EN DONDE, ANTE LA FALTA DE NORMATIVIDAD ESPECIAL SOBRE LA MATERIA, SE CONSIDERÓ PERTINENTE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA CONTROLAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE TALES ACTOS. POR TANTO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA, MÁXIME QUE PERMITIR EL ACCESO EN TODO MOMENTO AL JUICIO DE AMPARO, GENERARÍA INSEGURIDAD JURÍDICA EN DETRIMENTO DEL PROPIO DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA.
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