Alan Arturo Reyes Cisneros

Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
404/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Alan Arturo Reyes Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 404/2022, promovido por ***, contra actos del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el tres de agosto de dos mil veintidós en este Juzgado Tercero de Distrito con sede en esta localidad, *** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: Autoridades responsables: 1. Juez de Control de la Cuarta Región Judicial en el Estado. 2. Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Uno. 3. Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos. 4. Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres. 5. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Atención Inmediata. 6. Agente de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Policía Investigadora y Policía Ministerial del Distrito Nuevo Laredo. Todos con asentamiento en esta localidad. Acto reclamado: "He sido informado por familiares que unas personas que dicen ser policías han estado frecuentando mi domicilio y dicen tener una orden de aprehensión en mi contra, siendo que yo no he cometido delito alguno, y desconozco el motivo por cuál pretenden detenerme, fuera de todo procedimiento legal, puesto que yo no he sido citado a declarar ante ninguna autoridad ministerial." SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, registró la anterior demanda con el número 404/2022; la admitió a trámite; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado consiste en un mandato de captura que posiblemente pueda ejecutarse dentro de la demarcación en que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción por razón de territorio y materia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito de demanda de amparo, se concluye que *** reclama lo siguiente:  La orden de aprehensión emitida en su contra el tres de mayo de dos mil veintidós dentro de la carpeta procesal ***, del Juzgado de Control de la Cuarta Región Judicial, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por los artículos 267 y 268, del Código Penal en el Estado de Tamaulipas, vigente en la época de los hechos, así como la ejecución de dicho mandato de captura. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Los Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscritos a las Unidades General de Investigación Uno y Tres, así como el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Atención Inmediata, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados por la parte agraviada (fojas 13, 15, y 79). El quejoso ***, no desvirtuó esas negativas con pruebas en contrario, consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el párrafo que antecede. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control de la Cuarta Región Judicial en el Estado, el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos, y el Agente de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Policía Investigadora y Policía Ministerial del Distrito Nuevo Laredo, todos con asentamiento en esta localidad, al rendir sus informes con justificación aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 107, 51 y 22). Al respecto se cita de la tesis de jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que allegaron dichas responsables con sus informes de mérito (fojas 108 vuelta a 123, 127 a 148, 52 a 77 y 24 a 48) a las cuales esta juzgadora otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2 de esa propia legislación. Cobra aplicación en la especie, el contenido de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se constata, de oficio, que no se actualizan supuestos de improcedencia, ni las partes hicieron valer alguna, por lo tanto, procede analizar el fondo de la cuestión planteada. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. El quejoso ***, en esencia, aduce que la orden de aprehensión es inconstitucional porque, en su opinión: I. No ha sido oído con las debidas garantías y un plazo razonable, previo al dictado del fallo combatido. II. Transgrede los derechos de exacta aplicación de la ley, de legalidad, libertad, presunción de inocencia y seguridad jurídica. Son infundados los motivos de disenso, sin que exista deficiencia alguna qué suplir en términos del inciso a), de la fracción III, y penúltimo párrafo, del artículo 79 de la Ley de Amparo. Así se califican porque el quejoso refiere se transgredió en su perjuicio el derecho de audiencia, pues, en su opinión, el juez de control responsable omitió citarlo previamente a la emisión de la orden de aprehensión reprochada, y sin embargo, el acto reclamado no vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho de audiencia tutelada en el artículo 14 constitucional. Ello es así, ya que el representante social informó al juez de control (fojas 133 vuelta y 134), que el dos de marzo de dos mil veintidós, envió una cita para que compareciera en su calidad de imputado y acompañado de su abogado defensor, a las diez horas del día siete de ese mismo mes y año, desatendiendo dicho llamado, no obstante de haber sido notificado en términos del artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Circunstancia que motivó al Juez de Control a ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de una orden de comparecencia previa a través de la fuerza pública, pues, como ocurre en el caso, el Ministerio Público demostró la necesidad de cautela, esto es, que existen circunstancias que evidencian la posibilidad de que el activo se evada de la acción de la justicia, lo que en la especie aconteció por las razones que más adelante serán detalladas. Por otra parte, son igualmente infundados los conceptos de violación que sustenta el quejoso en que no existe una exacta aplicación de la ley, que se transgreden sus derechos de legalidad, libertad, presunción de inocencia y seguridad jurídica Es así, pues este Juzgado de Distrito advierte que la orden de aprehensión emitida el tres de mayo de dos mil veintidós, en la carpeta procesal *** del índice del Juzgado de Control de la de la Cuarta Región Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, contrario a lo que refiere el quejoso ***, no transgrede derechos fundamentales en su perjuicio. Lo precedente se sostiene de ese modo, en virtud de que el mandamiento reclamado sí cumplió con los requisitos constitucionales contemplados en el precepto 16 del Pacto Federal, así como en el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Previamente a justificar tal conclusión, es pertinente precisar que por Decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir el sistema procesal penal acusatorio, el cual se rige bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Tales postulados conforman el eje axial del nuevo proceso penal mexicano, que se cristalizó en el primer párrafo del precepto 20 de la Norma Fundamental que dice: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ." Dichos principios tienen una función primordial para el correcto desarrollo del enjuiciamiento de referencia, pues tienen como propósito que con su aplicación, se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal; fijar la existencia de un hecho típico; identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; y procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. En ese mismo sentido, es ineludible traer a contexto el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en ese orden dicen: "Artículo. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." (.) "Artículo 141. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. [.]". Como se observa, del primer dispositivo transcrito, de orden constitucional, no podrá librarse orden de aprehensión, sino es que aquel mandamiento: a) Se dicte por autoridad judicial competente. b) Le preceda una denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. c) "Obren" datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La exigencia probatoria en comento fue puntualizada por el legislador federal, en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer, en lo que importa, que el Ministerio Público podrá solicitar que se libre mandamiento de captura, cuando: I. Se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. II. Dicha fiscalía "anuncie que obren" datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. III. Exista la necesidad de cautela. De todo lo anterior, se deriva que, para el dictado de una orden de aprehensión, conforme al marco constitucional y legal es necesario que: 1. Sea dictada por autoridad judicial competente. 2. Le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. 3. El Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. 4. La justificación de que existe necesidad de cautela. Requisitos que, desde luego, ponen de relieve que, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del citado artículo 16 constitucional, basta que el órgano de acusación anuncie al juzgador que dentro de la carpeta de investigación "obran datos" que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado como autor o como partícipe; ello siempre y cuando exista una denuncia o querella anterior; el hecho delictivo del que se dé noticia traiga aparejada una pena privativa de libertad; y se justifique, sobre todo, la necesidad de cautela. Es importante hacer notar que el Código Nacional de Procedimientos Penales detalla que es suficiente que el Ministerio Público anuncie que obren datos de prueba que establezcan la realización de un hecho delictivo contemplado en la ley, así como la probable intervención del imputado en el mismo; lo cual es acorde con lo dispuesto en la Norma Fundamental, pues resulta palmario que, en esta fase, no es necesario que la fiscalía establezca la presencia de esos elementos, pues tal extremo es materia de la determinación que debe emitir el juez de control al emitir o no el auto de vinculación a proceso en términos del artículo 19 de la Constitución General de la República. De aceptar lo opuesto, se avalaría que los aspectos sustanciales de la vinculación a proceso se dilucidaran sin antes haberse formulado la respectiva imputación, así como dotarle al imputado de la oportunidad de contestar el cargo y aportar los datos probatorios correspondientes, aunado a que el simple anuncio es representativo de la fase concreta en que se solicita el mandamiento de captura, esto es, la etapa de investigación desformalizada, que tiene como eje central la carencia de pruebas formalizadas, lo cual posibilita que se alcance el fin de fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio, a diferencia del sistema añejo que tenía como parte fundamental del procedimiento, la correspondiente a la averiguación previa. En cuanto a este nuevo estándar probatorio, es importante mencionar, dada su innovación, que la condicionante relativa a la necesidad de cautela se entiende a la concurrencia del peligro de que el señalado como autor o partícipe del hecho delictivo no comparezca de manera libre y voluntaria y que, por ende, sea difícil conducirlo al proceso. Tal requisito tiene su génesis en que, ante la existencia de otros medios de conducción al proceso menos lesivos, la orden de aprehensión debe tener una justificación adicional, lo cual es acorde con la perspectiva de que la afectación de libertad deambulatoria es de naturaleza excepcional. Esto es, solamente en el escenario de que concurran datos objetivos de los que se derive que si el probable interviniente fuera citado en libertad, no se presentaría de forma voluntaria, podrá obsequiarse, la aludida orden de aprehensión, esto es, debe existir una justificación amplia de que ni el citatorio ni la orden de comparecencia son suficientes para conducir a la persona al proceso y que, por tanto, la orden de aprehensión es el medio idóneo para evitar la evasión de la acción de la justicia; requisito que puede emanar de las circunstancias personales del imputado, como su relación con la víctima, entre otros aspectos que lleven a la convicción de que aquel no se presentara ante el juez de manera volitiva. Expuesto lo anterior, este Juzgado advierte que el mandamiento de captura reclamado no es contrario a derecho, en concreto, al cumplir con las directrices desarrolladas en párrafos precedentes. Pues, en el caso, se advierte que se cumplió con el requisito número uno, ya que el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para librar la orden de aprehensión reclamada, pues los hechos que le dieron origen iniciaron en este municipio, el cual está comprendido en la región donde ejerce jurisdicción el mencionado juzgador; ello conforme a lo establecido en los artículos 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 10 y 10 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Tamaulipas, que establecen lo siguiente: "Artículo 20. Reglas de competencia Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas: I. Los Óranos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; (.)" "Artículo 10. El territorio del Estado de Tamaulipas, con excepción de la justicia para adolescentes y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se divide en quince Distritos, los cuales son: (.)" "Artículo 10 Quáter. El territorio del Estado de Tamaulipas, únicamente para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se organizará en seis Regiones Judiciales, que se integran de la siguiente manera: (.)" CUARTA REGIÓN JUDICIAL: Cabecera en Nuevo Laredo, comprende el Distrito Judicial III. (.)" De igual manera, se aprecia que el segundo de los requisitos relativo a que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de prisión se satisface, en tanto que el juez de control aludió a que, el fiscal de origen, dio noticia de que el veinte de febrero de dos mil veintidós, se recibió denuncia por parte de ***, en representación de su hija menor ***, en la que relató los hechos y circunstancias respecto a la probable comisión de la conducta delictiva cometida en su perjuicio acontecida en este municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Indicó que el nombrado hecho era atribuido al aquí quejoso ***, quien desde febrero hasta diciembre de dos mil veintiuno realizó tocamientos a su hija ***, quien contaba con doce años de edad. Suceso que podría dar lugar a establecer la existencia del delito de abuso sexual, previsto en los artículos 267 y 268 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que contemplan una pena de prisión de hasta diecinueve años seis meses de prisión, pues disponen: "ARTÍCULO 267.- Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa. Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. ARTÍCULO 268.- A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa. Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo." Asimismo, se salda la tercera de las condicionantes para librar la orden de aprehensión, en particular, la atinente a que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. En principio, debe decirse que se observa que el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, precisó que acorde con los hechos que el Ministerio Público hizo alusión en su solicitud de orden de captura contenida en el escrito de dos de mayo de dos mil veintidós, la materia de la investigación versa en torno al suceso relativo a que supuestamente, la víctima fue abusada sexualmente por el aquí quejoso ***, desde febrero de dos mil veintiuno y hasta diciembre siguiente, en que se suscitó por última ocasión ese acto. En particular, el juzgador señaló que para justificar esos hechos, el fiscal solicitante refirió en su solicitud que obraban los datos de prueba siguientes: a) Denuncia formulada por comparecencia por ***, en representación de su hija ***, de veinte de febrero de dos mil veintidós. b) Denuncia por escrito presentada por ***, el catorce de marzo de dos mil veintidós. c) Declaración de la víctima menor de edad, de identidad reservada de iniciales ***, de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. d) Declaración de *** de diecisiete de marzo de dos mil veintidós. e) Oficio 109/2022, que contiene el dictamen psico - emocional, practicado a la víctima ***, por la licenciada ***, perito profesional adscrita a la Coordinación Regional de Servicios Periciales de esta ciudad, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós. f) Documental pública consistente en copia del acta de nacimiento expedida por la Oficialía Segunda del Registro Civil de Nuevo Laredo, Tamaulipas, inscrita en el libro 2, número de acta 382, con fecha de registro seis de febrero de dos mil nueve, a nombre de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales *** Es importante destacar que en el nuevo sistema de justicia penal, el dictado de una orden de aprehensión sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho por el cual se formulará la imputación. Al respecto se cita la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. La orden de aprehensión para su emisión, conforme al nuevo sistema de justicia penal, requiere de datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ya que el objetivo es poner al detenido a disposición del juez de control para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba correspondientes, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación. Así, para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la orden de detención, es necesario que el juez de control proporcione a los elementos aprehensores una constancia que contenga los puntos resolutivos de la determinación que emitió de manera oral, así como copia del audio y video de la audiencia relativa, que les permita identificar plenamente al gobernado y que éste pueda imponerse adecuadamente de la decisión que afecta su derecho a la libertad personal, por tanto, los requisitos mínimos que debe contener la aludida constancia son los siguientes: a) el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener; b) la causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; c) el juez de control que la pronunció y d) la fecha en que se expidió. Con tales elementos se otorgará certeza y seguridad jurídica al particular, y se asegurará la prerrogativa de defensa contra una detención que no cumpla con la exigencia constitucional." Así, el artículo 16 constitucional, no requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del imputado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Esto, porque en el nuevo sistema de justicia penal debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al solicitarse orden de aprehensión para poder formular la imputación, lo que se pretende es judicializar la investigación, de ahí que se requiere de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así, para dictar una orden de aprehensión y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Entonces, si en autos se encuentra la denuncia por comparecencia formulada por ***, en representación de su hija menor de edad ***, de veinte de febrero de dos mil veintidós; el Ministerio Público anunció que en la carpeta de investigación ***, existen datos que establecen la comisión del delito abuso sexual previsto y sancionado en los artículos 267 y 268 del Código Penal para el estado de Tamaulipas, y existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, ***, participó en su comisión, es evidente que se reúnen los requisitos para el dictado de una orden de aprehensión como lo señalan los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, en cuanto a la necesidad de cautela que exige el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como bien lo determinó el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, se encuentra plenamente justificada. En efecto, el delito corresponde a abuso sexual previsto y sancionado en los artículos 267 y 268 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Esto es, se está en presencia de un ilícito catalogado como de aquellos que requieren prisión preventiva oficiosa por el artículo 19 constitucional, y dicho dispositivo, en su párrafo segundo dispone que el Juez de Control en el ámbito de su competencia dictará prisión preventiva oficiosa en tratándose, entre otros, del delito de abuso sexual, circunstancia que por sí, podría sostener la necesidad de cautela. Aunado a ello, en la resolución reclamada se tomó en consideración (foja 145) el hecho de que el ahora quejoso fue citado por el Ministerio Público el dos de marzo de dos mil veintidós, para que compareciera ante esa representación en calidad de imputado y acompañado de su abogado defensor a las diez horas del siete de marzo siguiente, en el domicilio ubicado en ***, en esta localidad, notificado en términos del ordinal 82, fracción I, inciso d), del Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante, desatendió ese llamado. De igual manera, se tomó en consideración el informe de siete de abril de dos mil veintidós, suscrito por la agente de la Policía Investigadora adscrita a la Unidad General de Investigación Número Dos de esta ciudad, en el que asentó que se constituyó los días catorce, diecisiete y veinticuatro de marzo de dos mil veintidós en el domicilio del imputado, precisado en el párrafo que antecede, sin ser atendida por persona alguna ya que nadie atendió a sus llamados (foja 145). También, el juez de control refirió que la representación social hizo del conocimiento (foja 133 vuelta) que para cerciorarse de la ubicación del domicilio que habita el imputado, aquí quejoso, ***, en la carpeta de investigación obra el dato de prueba consistente en el informe de investigación precisado en el párrafo que antecede, en el que se aprecia, que la agente policiaca se constituyó el catorce de marzo de dos mil veintidós en el domicilio situado en ***, en esta localidad, y después de hacer diversos llamados a la puerta sin ser atendida por persona alguna, se entrevistó con el vecino que reside en la casa contigua, quien le expresó que conocía de vista al ahora agraviado y le confirmó que mora en el domicilio de referencia. De esa manera, la necesidad de cautela, como bien lo sostuvo el juez de origen, encuentra sustento en: I. El hecho delictivo de abuso sexual, es de aquellos que requieren prisión preventiva oficiosa; y, II. El ahora quejoso ha mostrado resistencia para comparecer ante la representación social a su entrevista como imputado. En las relatadas condiciones, dado que la orden de aprehensión reclamada cumple con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no advertirse queja deficiente qué suplir que le reditúe en algún beneficio al quejoso, los argumentos del quejoso son infundados. Negativa de amparo que se hace extensiva a la ejecución atribuida a las autoridades ejecutoras del mandato de captura reprochado, denominadas agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos, y Agente de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Policía Investigadora y Policía Ministerial del Distrito Nuevo Laredo, ambos con asentamiento en esta localidad, ya que no se reclama por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hace depender de la orden de aprehensión reclamada de tres de mayo de dos mil veintidós (fojas 136 a 147). Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." SÉPTIMO. DECISIÓN. Ante lo infundado de los conceptos de violación analizados en el considerando inmediato anterior, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por ***, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida en su contra el tres de mayo de dos mil veintidós dentro de la carpeta procesal ***. Negativa que se hace extensiva a la ejecución atribuida a las autoridades ejecutoras del mandato de captura denominadas Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos, y Agente de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Policía Investigadora y Policía Ministerial del Distrito Nuevo Laredo, ambos con asentamiento en esta localidad. OCTAVO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en relación a los actos reclamados de las autoridades mencionadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni protege a ***, respecto de los actos reclamados de las autoridades señaladas en el considerando cuarto, en los términos de lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de José Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe

  2. Principal

    Por este medio se notifica al tercero interesado: Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en relación a los actos reclamados de las autoridades mencionadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni protege a ***, respecto de los actos reclamados de las autoridades señaladas en el considerando cuarto, en los términos de lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las trece horas con tres minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Por este medio se notifica y se emplaza a juicio al tercero interesado: el acuerdo de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, se le emplaza a juicio, se hace de su conocimiento la instauración del presente juicio, así como el derecho que tiene de apersonarse a él, dejando a su disposición en el local de este juzgado, copia de la demanda para correrle traslado, así como copia del auto de radicación de cuatro de agosto de dos mil veintidós, sin tramitar el incidente de suspensión por no haber sido solicitado; asimismo, que se tienen señaladas las diez horas con cuatro minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional.

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