Alán Antonio Nieto Aguilar

Expediente 943/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
943/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Alán Antonio Nieto Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, mediante el cual solicita la devolución de un DVD y de un legajo de copias certificadas de la carpeta de investigación que menciona. Devuélvansele las constancias que solicita, al ser innecesario su resguardo en el presente asunto. Se advierte que el presente asunto se envió al archivo, devuélvase al mismo.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de diez días, sin que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  3. Incidental

    Visto que en el cuaderno principal se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales, así como que en el presente asunto se negó la suspensión definitiva; por tanto, archívese el mismo como asunto concluido y se provee: a) Con fundamento en el artículo 21, inciso c), el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá destruirse. b) Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de trece de los actuales, se requirieron constancias a la autoridad responsable por la posible actualización de una causa de improcedencia, las que se tuvieron recibidas en diverso de diecisiete siguiente, consistentes en copia certificada del acta de audiencia de dieciocho de noviembre del año en curso y un disco versátil digital que contiene el audio y vídeo relativo a dicha audiencia llevada a cabo en el expediente F-2449/2021, por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Sobreseimiento fuera de audiencia. Es menester precisar que la parte quejosa, actora en el juicio de origen, reclama la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 395/2021-F, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que modificó la interlocutoria de trece de julio de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente F-409/2017 de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. En la resolución apelada, el juzgado de origen consideró acreditado el incumplimiento del convenio en los términos relativos al derecho de convivencia, por lo que se ordenó dar cumplimiento a la cláusula segunda referente a la custodia compartida y se requirió a la parte demandada para que en los términos del régimen de convivencia, entregue a su menor hija de iniciales L.A.N.R. para la custodia compartida del padre, con el apercibimiento de que no hacerlo se daría vista a la representación social. Sin embargo, el tribunal de alzada modificó esa interlocutoria para efecto de que el juez natural otorgara a Ana Carolina Ramos Mosqueda el término de treinta días naturales, a efecto de que ejercitara en representación de su menor hija, juicio autónomo en la vía ordinaria civil, donde solicitara la modificación del convenio y expusiera las causas para ello; juicio durante el cual, continuaran las convivencias supervisadas decretadas el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno entre el quejoso y su menor hija, con la salvedad de que en aquél juicio podrá resolverse de manera diversa siempre con base en el interés superior de la menor. En atención a ello, Ana Carolina Ramos Mosqueda, promovió un nuevo juicio, el cual fue registrado con el número de expediente F-2449/2021, en el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, donde el quejoso fue emplazado el diez de noviembre del año en curso y, posteriormente, en audiencia de dieciocho siguiente, dichas partes celebraron un convenio relativo a las convivencias de la menor con su progenitor. De acuerdo con lo anterior, en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por haberse consentido el acto reclamado. El aludido numeral, en su parte conducente, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.) La hipótesis de mérito impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla subyace del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales, de tal suerte que para que se actualice el consentimiento es indispensable que concurran los elementos que se precisaron en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, fuente 139-144, página 13, que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando concurran tres requisitos, a saber: a) La existencia del acto o ley reclamados. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, del que no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis P. LXXVI/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página ciento cincuenta y siete, que dice: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio." b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Una forma de consentimiento expreso es el desistimiento de la demanda, en donde no hay posibilidad de interpretación para el juzgador; y otra, cuando el consentimiento se deduce de otras manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso, supuesto en el que la autoridad de amparo debe verificar si alguna actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. En el caso de que se trata, se encuentran colmadas las mencionadas exigencias para considerar que los actos que reclama el quejoso, han sido consentidos. Lo anterior, toda vez que al haberse concretado un convenio entre el quejoso y la tercera interesada, en el diverso juicio que promovió esta última en atención a la resolución que constituye el acto reclamado, es evidente que aquél lo consintió, ya que de lo contrario, es decir, estar inconforme con la resolución que aquí se combate, se hubiera abstenido de llevar acabo cualquier convenio dentro del juicio iniciado en cumplimiento a la resolución reclamada, con la finalidad de que este juzgado estuviera en la posibilidad de analizar si fue correcto que la sala responsable otorgara a Ana Carolina Ramos Mosqueda el término de treinta días naturales, a efecto de que ejercitara en representación de su menor hija, juicio autónomo en la vía ordinaria civil en el que solicitara la modificación del convenio y expusiera las causas para ello. Además, al llevarse cabo la modificación del convenio, el que se equipara a una sentencia ejecutoriada, de conformidad con el artículo 446, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en el juicio que se instauró en atención a lo determinado por la sala responsable -resolución que constituye el acto reclamado-, se cumplió con el objeto de dicho sumario. Por lo cual, si el quejoso aceptó las consecuencias del juicio en el que la aquí tercera interesada solicitó la modificación del convenio original, se concluye que consintió el acto reclamado. Es así, porque el quejoso realizó manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento del acto reclamado, pues dentro del juicio iniciado con motivo de la resolución reclamada celebró un convenio con la tercera interesada que modificó el diverso cuya ejecución pretendía en el juicio del que deriva el acto reclamado. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia VII.A.T. J/17, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, octubre de 1997, página 697, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO POR LAUDO CONSENTIDO. Si de autos aparece que la Junta responsable informa y demuestra legalmente que la parte quejosa pagó a los terceros perjudicados todas las prestaciones demandadas en el juicio laboral de donde emana el laudo combatido a entera satisfacción y con solicitud de que tuviera el asunto por total y legalmente concluido en el acta respectiva, surge la causa de improcedencia que prevé la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio en términos de la fracción III del artículo 74 de la propia ley." Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, es decir, las doce horas del veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

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