Alan Alfredo Sánchez López
Expediente 496/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alan Alfredo Sánchez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene al Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, remitiendo el recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizado de la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en su oportunidad, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos de este juicio de amparo y del escrito de revisión, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, y las restantes copias de dicho escrito distribúyanse entre las demás partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 496/2023-VI, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional el once siguiente, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernadora del Estado de Chihuahua, residentes la Ciudad de Chihuahua, Capital, que hizo consistir en los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS 1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DECHIHUAHUA, se le reclama: la aprobación y expedición de los Decretos siguientes: a) Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente el ARTICULO PRIMERO, en relación con el apartado de DERECHOS, establecido en su tabla como 4.3 derechos por prestación de servicios 4.3.2.3 de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Así como ARTICULO DECIMOTERCERO, el cual señala: a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29; en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para ficha fracción. b) Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el artículo 29 con las fracciones siguiente que contiene la tarifa de 167.3734 UMAS; I. por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos; II. Por las inscripciones de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripciones de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuyas garantías ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cedulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio; VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de algunas de las divisiones no resulte excedente de superficie. En caso de que resulte excedente, se pagara por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo: VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado del Estado de Chihuahua." Segundo. Mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo y se registró como expediente 496/2023-VI; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se requirió al Notario Público número Veinticuatro para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, para que remitiera copia certificada de la escritura pública así como los comprobantes expedidos a la quejosa, en virtud de que el acto jurídico que derivo en la aplicación de la normativa impugnada se celebró ante dicho fedatario, y se ordenó dar la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien formuló alegato ministerial; finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional que hoy se celebra, por lo que; C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en la inconstitucionalidad de una norma tributaria estatal, cuyo acto de aplicación se realizó en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama del Congreso y Gobernadora Constitucional del Estado, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, lo siguiente: La aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVII/APLIE/0476/2022 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, específicamente, los artículos primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero; así como el diverso Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el cual se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, con motivo de su primer acto de aplicación. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Chihuahua, y Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro 917812, Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común, consultable en la página 231, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Como lo hace valer la autoridad responsable Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para abordar el análisis respectivo, resulta relevante precisar que la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, está condicionada a la procedencia del referido juicio contra dicho acto de aplicación, por lo que el juzgador de amparo podrá pronunciarse válidamente sobre la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, siempre y cuando no se actualice una causa que afecte la procedencia del juicio respectivo contra el acto de aplicación de aquéllas. Lo cual se sustenta en la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Tesis:, Página: 235, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Al analizar la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, es importante distinguir entre los aspectos de procedencia de ese juicio en contra del acto en el que se sostiene se concretó lo previsto en las normas controvertidas y los diversos aspectos de procedencia relacionados con la impugnación de estas últimas. En ese orden de ideas, cuando se impugnan en amparo normas generales con motivo de su acto de aplicación, el primer aspecto que debe abordarse por orden lógico es el relativo a la procedencia del juicio de amparo contra el acto que se señala como aquél en el que se concretaron las normas generales cuya constitucionalidad se impugna, pues aun cuando en el referido acto sí se concrete en perjuicio de la parte quejosa lo previsto en las normas impugnadas e, incluso, se trate del primer acto de aplicación, si la demanda respectiva se presenta en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente a aquél en que tuvo lugar el acto de aplicación, el juicio será improcedente respecto de éste y, en consecuencia, en relación con las normas concretadas por primera vez en dicho acto. Incluso, al abordar el estudio de procedencia del amparo contra una norma impugnada con motivo de su aplicación, debe distinguirse entre la oportunidad de la demanda contra éste último y la posibilidad de controvertir la respectiva norma general con motivo de un posterior acto de aplicación, cuando el primero en el que tuvo lugar se realizó en forma implícita o tácita. En el primer caso, se trata de un problema relacionado con el plazo para acudir al juicio de amparo contra un determinado acto de aplicación de una norma general, en la inteligencia de que si la demanda se presenta fuera del plazo respectivo, el juicio será improcedente respecto del acto de aplicación de la norma impugnada y, en vía de consecuencia, respecto de ésta última. En cambio, el amparo que se promueve contra un acto de aplicación de una norma general, en el cual se acredita que previamente la parte quejosa ya había resentido en su esfera jurídica las consecuencias de lo previsto en aquélla, será improcedente respecto de la norma impugnada, sólo si se acredita plenamente que -en el acto de aplicación previo-, se hizo de su conocimiento a plenitud y que esa precisa norma general sirvió de sustento a la afectación correspondiente. En ese orden de ideas, debe tomarse en cuenta que el acto de aplicación que puede tenerse como el primero y, por ende, ser objeto de impugnación en el juicio de amparo, es el que causa un perjuicio cierto a la parte quejosa, pues los actos de aplicación que no causan perjuicio o bien en los que no se realiza la aplicación expresa de una norma general, válidamente no pueden considerarse como un primer acto que impida posteriormente acudir al amparo a impugnar aquélla con motivo de un posterior acto de aplicación, lo que no obsta para que los actos de aplicación implícita puedan servir de base para impugnar en amparo la normativa respectiva, pero como un criterio en beneficio de la parte quejosa que con base en el análisis del acto correspondiente pueda determinar qué normativa le fue aplicada tácita o implícitamente, siendo aplicables los criterios contenidos en las tesis de rubro "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS" y "AMPARO CONTRA NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. PROCEDE CONTRA EL ACTO EN QUE SE APLIQUEN EXPRESAMENTE, AUNQUE CON ANTERIORIDAD SE HAYAN APLICADO IMPLÍCITAMENTE." En ese contexto, dado que en este asunto la parte quejosa acude al amparo para impugnar diversos preceptos legales que dice le fueron aplicados con motivo del pago de los tributos correspondientes por conducto de un notario público, conviene precisar cuáles son los principales criterios jurisprudenciales relacionados con la determinación sobre cuándo se actualiza el acto de aplicación de normas generales tributarias, y en qué momento se inicia el plazo para impugnar en amparo dicho acto de aplicación, bien sea que se realice por la propia quejosa, por una autoridad o por un tercero en auxilio de la administración. En el caso concreto, para resolver la problemática relativa a cuándo inicia el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra leyes tributarias que regulan los derechos por inscripción del respectivo testimonio notarial en el Registro Público de la Propiedad, con motivo del acto por virtud del cual un notario público recibe o recauda los referidos tributos, es necesario atender a la distinción entre la procedencia de ese juicio constitucional contra el acto de aplicación de la regulación que rige esos tributos y la del amparo contra esa precisa regulación. Al respecto, si bien lo ordinario es que el acto de aplicación de una norma general provenga de la actuación de un órgano del Estado, especialmente cuando actúa investido de imperio, lo cierto es que en ocasiones los sujetos directamente vinculados a cumplir con lo establecido en ésta o terceros que actúan como auxiliares de la administración, deben llevar a cabo la aplicación de lo que disponga aquélla, pues de lo contrario incurrirán en un acto ilícito, lo que permite sostener que esos actos de aplicación son realizados en perjuicio del sujeto de aquélla, bien sea directamente por éste o por un tercero, por lo que atendiendo a este tipo de situaciones que especialmente se presentan en la aplicación de las normas generales tributarias, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, ha reconocido que el acto de aplicación que permite acudir al juicio de amparo para impugnar una norma general, puede acontecer tanto en actos realizados por la parte quejosa como por un tercero que actúa en auxilio de la administración tributaria. Incluso, resulta relevante distinguir, en el último supuesto mencionado, es decir, en el caso de los actos de aplicación realizados por un tercero, entre el acto de aplicación en el que es indispensable la voluntad del contribuyente para realizar el pago respectivo, en tanto que éste tiene a su disposición los recursos a erogar, y el diverso en el que esos recursos se encuentran bajo resguardo del tercero auxiliar de la administración, supuesto en el que la voluntad de éste es la determinante para concretar el respectivo acto de aplicación. Ante ello, los actos de aplicación de normas tributarias realizados por la parte quejosa o por un tercero, pueden generar la interrogante sobre el momento a partir del cual comienza el plazo de quince días para promover el amparo respectivo. En ese orden, en el año de mil novecientos ochenta y seis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el plazo para promover el amparo contra una norma general impugnada con motivo de su aplicación realizada por la propia quejosa, comienza desde que éste se coloca en el supuesto normativo establecido en aquélla, precisando que el artículo impugnado "empezó a causarle perjuicios al quejoso a partir del momento en que se vinculó a la ley colocándose en su supuesto, es decir, cuando formuló su autoliquidación y las autoridades fiscales le recibieron la declaración correspondiente, por ende, también empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo". ACTOS DE APLICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS REALIZADOS DIRECTAMENTE POR LA PARTE QUEJOSA En esa virtud, debe tomarse en cuenta que dicho plazo inicia, necesariamente, al día siguiente al en que la parte quejosa realiza el pago del tributo respectivo, dado que al tener bajo su resguardo los recursos a erogar, es él quien decide -dentro del margen legal para ello- llevar a cabo el pago y, por ende, a generar en su perjuicio la afectación patrimonial correspondiente, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es indudable que a partir del momento de la erogación del tributo el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial y si es su intención controvertir las normas generales que lo vinculan a realizar ese pago y que, por ende, sirven de base a ese perjuicio, resulta indudable que en términos de lo previsto en el último precepto citado, al realizar el entero se tiene noticia tanto del perjuicio sufrido como del origen de éste, pues a él le correspondió llevar a cabo los cálculos correspondientes y, por consiguiente, conocer plenamente tanto la afectación patrimonial como su fundamento. Esta conclusión implica que el plazo para impugnar ese acto de aplicación de la norma general respectiva, necesariamente inicia desde que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial en la cual se concreta aquélla y, de no promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al día en el que por su propia voluntad se colocó en el supuesto de esa normativa, se deberá estimar que decidió no impugnarla a través de dicho medio de control constitucional y, por ende, si posteriormente pretende controvertirla, con motivo del acto de aplicación que él decidió realizar, el juicio resultará extemporáneo, pues el plazo de quince días necesariamente habrá comenzado desde el momento en el que decidió cumplir con la obligación tributaria que le genera la respectiva afectación patrimonial. Dicho en otras palabras, aun cuando la parte quejosa pretendiera ostentarse sabedor del acto de aplicación en un momento posterior, lo cierto es que tuvo conocimiento pleno de la afectación patrimonial que le causó perjuicio desde el momento en el que realizó el pago respectivo, máxime que fue su voluntad la que determinó llevarlo a cabo en ese preciso momento y no en uno diverso dentro del margen legal para cumplir con la respectiva obligación tributaria. ACTOS DE APLICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS REALIZADOS POR UN TERCERO QUE ACTÚA EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN. Por otra parte, cuando el acto de aplicación es realizado por un tercero que actúa en auxilio de la administración, debe considerarse que aun cuando por lo regular ese tipo de actos de aplicación no tienen el carácter de actos de autoridad y que, por ende, no se les puedan atribuir vicios propios, ello no obsta para que también existan requisitos que condicionan la procedencia del amparo contra ese preciso acto, entre otros, el consistente en el plazo para promover la demanda de amparo. Es decir, si una norma general se controvierte en amparo con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero, la procedencia del juicio estará condicionada a que la demanda se haya presentado en tiempo respecto de ese acto el cual, tratándose de normas que regulan los elementos de un tributo, exige analizar si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, tradicionalmente cuando se trata de una retención que se lleva a cabo con motivo de la deuda que el tercero tiene con el contribuyente; o bien si los recursos respectivos se encuentran bajo el resguardo del contribuyente y con motivo de la realización del o de los hechos generadores debe entregarlos por concepto del tributo respectivo a un tercero que en auxilio de la administración lo recauda y lo entera a la hacienda pública. En este último caso se ubica el pago realizado por la parte quejosa al Notario con motivo de la entrega de los recursos correspondientes para cubrir las cantidades relativas a los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ante ello, debe destacarse que el referido pago se realiza con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, ya que al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en perjuicio de éste en la que se concreta lo previsto en las leyes tributarias que son fuente de esa afectación patrimonial. Por tanto, el inicio del cómputo del plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente, en tanto que éste tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, tiene lugar al día siguiente al en que el contribuyente entrega esos recursos al referido tercero auxiliar, pues en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial respectiva. Cabe resaltar que en el caso del pago de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, realizado por conducto de un notario público, éste no actúa con el carácter de autoridad , ya que la afectación patrimonial que genera al adquirente no se da en una relación de supra a subordinación donde unilateralmente éste modifica la esfera jurídica del adquirente, máxime que no se da sobre recursos que aquél tenga bajo su resguardo; por el contrario, para que se dé esa afectación patrimonial es indispensable que el adquirente acepte el monto que debe entregar al notario por un concepto diverso al del costo del inmueble, de allí que en esa afectación patrimonial realizada por un notario público en auxilio de la administración, concurre la voluntad del adquirente del inmueble respectivo. De esta circunstancia se sigue también que si la voluntad del contribuyente es determinante para que se dé el pago de esos tributos y, por ende, para que se dé la afectación patrimonial que puede servir de base para acudir al amparo para controvertir las normas generales que regulan el o los tributos respectivos, resulta indudable que al momento en el que se da la entrega de recursos al notario público, el adquirente del bien tendrá noticia plena de la afectación patrimonial, es decir, a partir de ese momento tendrá conocimiento de ésta. En ese orden de ideas, si el contribuyente pretende impugnar una norma general con motivo de su aplicación generada por un tercero en auxilio de la administración, es necesario que el amparo se promueva dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél al en que tuvo conocimiento pleno del acto en el cual se dio la respectiva afectación patrimonial, atendiendo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que al entregar el monto respectivo al notario público concurre la voluntad del contribuyente, en cuanto a decidir el momento en el que entrega los recursos que tiene a su disposición, resulta indudable que éste tuvo noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decidió entregar el monto correspondiente y, por ende, el plazo de quince días para acudir al amparo con motivo de ese acto, con el objeto de controvertir las normas generales que se pudieron concretar en aquél, inicia al día siguiente al en que entregó el monto del tributo al notario público. En efecto, al realizar el contribuyente -en un plano de coordinación- el pago de los tributos respectivos, es decir, al llevar a cabo las erogaciones correspondientes con base en recursos que se encuentran a su disposición, de ello se sigue que se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración como retenedor o recaudador, hace de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación patrimonial respectiva, en la inteligencia de que al provenir los recursos de su patrimonio, es indudable que al momento de realizar el entero de los tributos respectivos al referido tercero, tuvo conocimiento pleno de la existencia de esa afectación patrimonial, por lo que si considera que la fuente legal de dicha afectación es inconstitucional, a partir de ese momento inicia el cómputo del plazo de quince días para controvertir en amparo la validez del sustento normativo de dicha afectación. Sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes que son aplicadas a partir de un pago realizado con recursos que se encuentran a su disposición, sin necesidad de un acto proveniente de una autoridad, en tanto que a pesar de que la afectación patrimonial respectiva tendrá lugar cuando concurra la voluntad del contribuyente que erogará el tributo respectivo, el plazo para la impugnación de la normativa que rija esa prestación patrimonial no comenzaría a partir de que conoce a plenitud esa afectación, sino sólo desde el momento en el que decida conocer la fuente jurídica de su obligación, aun cuando pudo optar por no sufrir el impacto patrimonial respectivo en tanto no tuviera noticia plena de esa fuente normativa. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la circunstancia de que en el documento en el que conste el referido acto de retención o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se hubieren citado las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que la parte quejosa tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello, decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo lugar, porque la participación del notario público que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, de donde sigue que este último no impone su voluntad al contribuyente. Cabe agregar que aun cuando la regulación respectiva no se haya citado en el recibo expedido por el notario público o en la escritura correspondiente y, por ende, ello sea determinante para considerar que allí no tiene lugar el primer acto expreso de aplicación de las normas que rigen el tributo, ello únicamente provoca que en un amparo promovido contra un posterior acto de aplicación, no se considere a este pago como el primer acto a partir del cual debía promoverse el juicio de amparo contra las leyes respectivas, dado que al no citarse éstas en el documento referido, para efectos de la procedencia del amparo promovido contra un posterior acto de aplicación, si el sujeto que sufrió la afectación patrimonial no controvierte oportunamente su constitucionalidad con motivo de aquella aplicación, debe estimarse que aun cuando en ese momento tuvo conocimiento pleno de la afectación patrimonial respectiva y, por ende, a partir de aquélla puede acudir al amparo a controvertir el sustento normativo de esa afectación, lo cierto es que si no opta por esta impugnación, al no existir un primer acto de aplicación expreso, podrá controvertir la normativa correspondiente con motivo de un posterior acto de aplicación, al no implicar esa falta de impugnación, el consentimiento implícito o tácito de ese sustento normativo. Con independencia de lo anterior, debe precisarse que la posibilidad de que un contribuyente pueda acudir al amparo para impugnar la normativa que regula un tributo con motivo de un acto de aplicación posterior al primero en el que aquélla se le aplicó implícita o tácitamente, sin que la hubiera impugnado en amparo oportunamente a partir de esa aplicación, resulta intrascendente para determinar a partir de qué momento el contribuyente tuvo conocimiento de la afectación que sufrió en su patrimonio motivo de poner a disposición del notario público los recursos respectivos, que constituyen el acto de aplicación implícito de la normativa en comento. En ese contexto, si el adquirente del inmueble no promueve la demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de la afectación patrimonial que le causó la entrega de recursos que realizó al notario público, en la cual resulta determinante la voluntad de aquél y, posteriormente, acude al juicio de amparo para controvertir con motivo de esa precisa afectación patrimonial las normas generales que implícitamente se le aplicaron, el amparo resultará improcedente contra esta normativa, no porque se hubiere consentido ésta al no acudir al juicio de amparo con motivo de su primer acto de aplicación, sino en virtud de que este juicio constitucional resultará extemporáneo respecto del acto en el que se dio la afectación directa patrimonial en perjuicio del contribuyente y, en consecuencia, dicho juicio también resultará improcedente respecto de la normativa aplicada implícitamente en éste. No obsta a lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 451/2012, de la cual deriva la tesis jurisprudencial 2a./J. 47/2013 (10a.) que lleva por rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN". En efecto, de la lectura de la ejecutoria respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis consistió en determinar si la retención puede servir de base para computar el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo en contra de los preceptos analizados, o si para ello es necesario que la parte quejosa tenga pleno conocimiento de la recepción del derecho controvertido. Incluso, en la referida sentencia de la Segunda Sala, con base en las consideraciones respectivas, se arribó a la conclusión que aun cuando para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el acto por virtud del cual el notario público retiene los derechos por el Registro Público de la Propiedad constituye el primer acto de aplicación, en ese caso, del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, lo cierto es que para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, para presentar la demanda de amparo contra dicho precepto, no basta tener por acreditado ese sólo hecho, sino que, además, es necesario que se encuentre demostrado fehacientemente que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación; es decir, que se pueda deducir, sin lugar a dudas, cuáles fueron los conceptos de la retención y el sustento legal de esa actuación. Como se advierte de las consideraciones apuntadas, el análisis realizado se refirió al plazo para impugnar el numeral respectivo, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el inicio del plazo para impugnar el precepto de mérito, sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa. Lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del referido numeral y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente. Criterio que desde luego cobra aplicación en la especie, toda vez que el artículo 33 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, en su segundo párrafo, dispone que no se deberá cobrar cantidad alguna adicional a lo establecido en el Arancel, sin perjuicio del cobro de los importes para cubrir los créditos fiscales que graven los actos jurídicos autorizados, el costo de documentos, constancias, certificaciones, publicaciones, avalúos, derechos registrales, impuestos y permisos recabados por la Notaria o Notario Público, que serán por cuenta y orden de la parte solicitante y que sean indispensables para la autorización y registros del instrumento. Sin que represente obstáculo para el arribo de tal conclusión, que no se trate propiamente de una "retención" , esto es, de una relación jurídica tributaria, en la cual el Estado extiende su competencia tributaria en esta figura jurídica, dado que convierte al retenedor en su auxiliar y coadyuvante, constriñéndolo a cumplir con la obligación de retener y enterar el numerario al erario público, pues basta con que se entreguen al Notario Público los recursos para que pague por cuenta del particular los derechos de inscripción para que se actualice la afectación patrimonial a este último. En ese sentido, conforme al precepto estatal de trato, los notarios públicos reciben de los particulares los recursos económicos que se encuentran a su disposición para cubrir los montos correspondientes, entre otros, del derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en la inteligencia de que a partir del momento de esa afectación patrimonial, derivada de su aceptación de erogar los recursos respectivos mediante su entrega a un tercero que, como se patentizó, sí actúa como auxiliar de la hacienda pública conforme a la citada ley que regula su función notarial, inicia el cómputo del plazo de quince días para controvertir mediante el juicio de amparo el respectivo acto de aplicación. En abono a lo anterior, para corroborar que en ese fallo no se abordó el tema relativo al momento en el que comienza el plazo para impugnar en el juicio de amparo el acto de aplicación de la referida normativa, sino únicamente el momento en el que inicia el plazo para controvertir la normativa correspondiente, destacan las tesis jurisprudenciales 2a./J. 52/2004 y 2a./J. 5/2006, de la Segunda Sala que se aplicaron por analogía para sostener la referida conclusión, que llevan por rubros: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL." y "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." En ese tenor, se impone concluir que el análisis de procedencia realizado al resolver la contradicción de tesis 451/2012, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 47/2013 (10a.) se refiere únicamente a la oportunidad de la demanda de amparo contra el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, sin que implique un pronunciamiento jurisprudencial sobre el momento en el que comienza el plazo de quince días para promover ese juicio constitucional contra la afectación patrimonial en la que tiene lugar la aplicación de ese numeral, aspecto procesal de diversa naturaleza que guarda relación con el momento en el cual la parte quejosa tiene noticia de dicha afectación, con independencia de que en ese momento pueda o no tener noticia cierta sobre la normativa que sirve de sustento a ésta, lo cual, en todo caso, será relevante para pronunciarse sobre la procedencia del amparo contra la regulación respectiva mas no sobre el momento en el que inicia el plazo de quince días para acudir al amparo a impugnar el respectivo acto de aplicación. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que en el presente caso la afectación patrimonial sufrida en la esfera jurídica de la parte quejosa tuvo lugar al menos desde que depósito la cantidad presupuestada en relación con la firma de la escritura pública número veinticuatro mil setecientos sesenta y tres, en virtud de que en esa fecha fueron puestos a disposición del fedatario público, parte de los recursos respectivos dentro de los cuales este último obtuvo la cantidad correspondiente por los conceptos que por esta vía impugna, con el que tuvo noticia tanto del perjuicio sufrido como del origen de éste y que a decir del Notario Público número Veinticuatro del Distrito Judicial Bravos ocurrió desde el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Ello, por así haberlo manifestado expresamente tal fedatario en su informe y advertirse de los anexos recibidos en este juzgado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés en específico, copia certificada de la escritura pública número veinticuatro mil setecientos sesenta y tres (24,763) de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de donde se advierte en la cláusula octava, del capítulo primero, que la parte aquí quejosa asume la obligación de pagar todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen con motivo de la escritura y su registro, relativos a la formalización de acto jurídico de compraventa de inmueble, documento en el que obra la firma del aquí quejoso, lo que le fue reiterado al momento de suscripción de la escritura pública respectiva, como se advierte de su lectura, con lo que se comprueba la información proporcionada por el fedatario respecto a que se le hizo del conocimiento los conceptos de impuestos a la parte quejosa desde el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, y que le fueron entregados parte de los recursos respectivos por parte del quejoso, con pleno conocimiento de éste respecto a los conceptos que amparaban tal cantidad; esto es, en esa data la impetrante sufrió la afectación a su esfera patrimonial, con motivo del pago de la suma correspondiente a tales derechos por inscripción registral, que enteró junto con los diversos gastos notariales derivados de la escritura. En efecto, derivado de la entrega de tal cantidad, fue posible que el fedatario público el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, hiciera el pago de los derechos ante la Oficina de Recaudación, precisamente con recursos que antes de esa data ya se encontraban en poder del fedatario y que le fueron entregados por la parte quejosa previamente, pues sería ilógico pensar que se llevó a cabo un pago con recursos no enterados previamente por la parte contribuyente; máxime que sobre tal aspecto no existe aclaración ni cuestionamiento alguno por las partes ni constancia con la que se cuestione tal presunción. En esa tesitura, a partir del momento de esa afectación patrimonial, derivada de la aceptación de la parte quejosa de erogar los recursos respectivos mediante su entrega a un tercero que actúa como auxiliar de la hacienda pública, inició el cómputo del plazo de quince días para controvertir mediante el juicio de amparo el respectivo acto de aplicación, debiendo precisarse que, en todo caso, el desconocimiento de dicha normativa le resulta atribuible, inicialmente, al propio contribuyente quien tuvo la opción de no realizar el pago hasta en tanto el referido tercero le hiciera del conocimiento la fuente de esa afectación patrimonial. Precisado lo anterior, si la parte quejosa en el presente asunto tuvo conocimiento de la afectación patrimonial respectiva y, por ende, del perjuicio generado en su esfera jurídica, al menos desde que verificó la celebración del contrato que se hizo constar mediante escritura pública -con la concurrencia de su voluntad y dentro del margen legal para ello- de la que se desprende que convino que fueran puestos a disposición de dicho fedatario los recursos relativos a dicha transacción, dentro de los cuales, el importe correspondiente al pago del derecho de registro por actos traslativos de dominio de propiedad de inmueble, esto es, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés y, la respectiva demanda de amparo se presentó hasta el diez de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, resultando evidente sin necesidad de asentar pormenorizadamente el cómputo respectivo, que su presentación en contra de dicha afectación patrimonial resulta extemporánea, toda vez que no se promovió dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de ésta, mismos que fenecieron el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. En ese contexto, debe destacarse que aun cuando la parte quejosa adujera no haber tenido certeza de la aplicación de la normativa que combate en el preciso acto de convenir en la entrega al notario público de las cantidades correspondientes por concepto de los derechos por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, llevada a cabo por el Notario Público con motivo de la firma de la escritura pública, o que tampoco tuvo conocimiento de las cantidades pagadas al no habérsele entregado los comprobantes respectivos, lo cierto es que al concurrir su voluntad y al entregar dentro del margen legal para ello, los recursos para que el notario público en auxilio de la administración pública llevara a cabo los pagos correspondientes, resulta claro que desde la firma de la escritura respectiva y/o la entrega de las cantidades respectivas al fedatario público, tuvo conocimiento de la afectación patrimonial en su perjuicio; por lo que no es dable que su situación jurídica se defina respecto del momento en que aduce haber tenido conocimiento de la aplicación de las normas impugnadas para efecto de promover juicio de amparo en su contra, incluso, de forma implícita pues, como ya se mencionó, no puede desvincularse el estudio de la procedencia del amparo contra una disposición normativa impugnada, del relativo a la procedencia de ese medio de control constitucional contra su acto de aplicación. Aún más, si bien no se encuentra acreditado fehacientemente que al momento de la firma de la escritura o en el que efectuó el pago por concepto de derechos de inscripción la parte quejosa tuvo conocimiento preciso de qué normas generales le fueron aplicadas al entregar -con la concurrencia de su voluntad-, los recursos económicos correspondientes, lo cierto es que sí tuvo conocimiento pleno de la afectación patrimonial que provoca la actualización de lo previsto en esas normas, pues sólo con la concurrencia de su voluntad podría darse esa afectación, al aceptar la entrega de los recursos respectivos para tales efectos, ello sin que se soslaye que desde el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la aquí quejosa suscribió el informe para el derechohabiente sobre el cálculo de impuestos y derechos se le informo lo relativo al pago de derechos relativos a la formalización de acto jurídico de compraventa de inmueble. Finalmente, dada la extemporaneidad de la demanda respecto del acto de aplicación de la normativa impugnada, el cual, incluso, no constituye un acto de autoridad, importa precisar que no se actualiza algún supuesto de suplencia de la deficiencia de la queja, ya que ésta se encuentra condicionada a la procedencia del amparo en el que se controvierta una ley respecto de cuya inconstitucionalidad exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más aún, cuando el respectivo acto de aplicación no tuvo lugar en un acto de autoridad. Sirve de sustento a esta conclusión el criterio contenido en la tesis P./J. 7/2006 de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Apoya lo anterior, las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 167/2015, en la cual, determinó en qué momento la parte quejosa sufrió la afectación patrimonial que le sirvió de sustento para impugnar las normas generales tildadas de inconstitucionales, esto es, "los artículos 94 Bis a 94 Bis-8 y 123 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y artículo 77, fracciones II, IV y XXIV, y 78 de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que regulan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad". Ejecutoria de la cual, derivaron las jurisprudencias publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, página 1935, de rubros siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL."; "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL." Y "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA." En tal virtud, el presente juicio de amparo resulta improcedente por extemporáneo respecto del acto de aplicación de las normas impugnadas y, en consecuencia, también resulta improcedente respecto de las normas impugnadas que se concretaron en su esfera jurídica con motivo de dicho acto; por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo y, por ende, se impone decretar el sobreseimiento en términos del diverso 63, fracción V, de la ley de la materia. Luego, atendiendo al sentido del fallo, no se analizan los conceptos de violación encaminados a combatir la inconstitucionalidad de los preceptos legales, debido a los efectos que provoca el sobreseimiento. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, Volumen 86, Sexta Parte, página 93, con número de registro digital 254008, que sostiene: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional." Por otro lado, no sobra añadir que el sobreseimiento en el juicio no entraña, por sí mismo, el desconocimiento del derecho a un recurso judicial efectivo en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, frente a la actuación del poder público, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa. Lo anterior, en términos del criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.7o.A.15 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1947, con número de registro digital 2006083, que reza: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por último, cabe destacar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el amparo en revisión administrativo ******************** de su índice, en sesión del día veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el cuarto punto considerativo de este fallo. Notifíquese Personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la Titular de la Notaría Pública Número Veinticuatro, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento que se le formuló en auto de seis de septiembre del año en curso, y al efecto remite las constancias del estado de cuenta y los comprobantes expedidos a ********************. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes
- Aida Del Carmen Trejo Coique941/2021
- Aida Irma Parada Chavarría593/2014
- Aida Ontiveros Medina221/2014
- Aide Ávalos Bello876/2019
- Aideé Arellanes García520/2021
- Alan Aarón Luevano Duque79/2023
- Alan Daniel Delgado Carrillo y Otros.767/2018
- Alan Daniel Delgado Carrillo387/2017
- Alan Danile Delgado Ramírez838/2023
- Alan Eduardo Palomino Beltrán y Otros.305/2022
- Alan Gabriel o Gabriel Alan Ramírez Sierra276/2021
- Alan Gómez Jáquez927/2017