Alan Alfredo Rodíguez Muñoz y Otros.
Expediente 352/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alan Alfredo Rodíguez Muñoz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la actuación actuarial realizada en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de febrero del año en curso, suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa a través del defensor público adscrito el Lic. Juventino Rosas Aceves, dicho auto por los motivos ahí expuestos. Ahora bien, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por el Defensor Público Federal adscrito Juventino Rosas Aceves, atento a su contenido téngasele señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, esto es, el ubicado en calle Galeana, número 60, Colonia La Magdalena, en Uruapan, Michoacán, asimismo, autorizando para oír y recibir notificaciones al Licenciado Nicolás Dimas Pérez, lo anterior, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, el ocursante solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico en que se actúa y la práctica de notificaciones electrónicas; por tanto, como lo solicita la parte promovente, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE ABRE JUICIO EN LÍNEA, y se autoriza a la parte quejosa a través del Defensor Público Federal adscrito Juventino Rosas Aceves, el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "juroace", donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas, conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 14, 16 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que todas las notificaciones se le harán en línea y solo se utilizará el domicilio físico antes citado, cuando se trate de notificaciones en las que se estime indispensable hacerlas por conducto de actuario, como una excepción, acorde al contenido del quinto párrafo de la fracción I, artículo 30 de la Ley de Amparo. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, por lo que ve a los correos electrónicos juventino.rosas.aceves@correo.cjf.gob.mx y nicolas.dimas.perez@correo.cjf.gob.mx, que señala Defensor Público Federal adscrito en su escrito de cuenta, se le tiene por indicados para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, a fin de establecer contacto en algún momento de la secuela procesal. Finalmente, por lo que ve a diversa petición consistente en que se le remita copia del auto de seis de febrero de dos mil veinte, no ha lugar a proporcionarle la documental respectiva en los términos que lo solicita, lo anterior, toda vez que en proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, se asentó erróneamente dicha data, cuando lo correcto debió ser el auto de quince de octubre de dos mil veinte. Consecuentemente, con sustento en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento y se ordena notificar personalmente a la parte quejosa a través Defensor Público Federal adscrito el auto de quince de octubre de dos mil veinte, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, así como el presente acuerdo. Lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal designado el presente proveído así como el diverso de quince de octubre de dos mil veinte.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que remite el Jefe de Departamento en suplencia del Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, mediante el cual, informa que se designa al Licenciado Juventino Rosas Aceves como defensor público de los quejosos Alan Alfredo Rodríguez Muñoz y Sergio Iván Núñez del Río; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se ordena notificar personalmente al defensor público federal de referencia el auto de seis de febrero de dos mil veinte dictado en el presente juicio. Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal designado el presente proveído así como el diverso de quince de octubre de dos mil veinte.
- Principal
ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. Del análisis integral de las constancias del expediente en que se actúa, se infiere que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable una causal de improcedencia, misma que debe emprenderse a petición de parte o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tesis: 158 Apéndice de 1985 Quinta Época 395571 1 de 1 Pleno Parte VIII Pag. 262 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia(Común) AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar frente a los actos reclamados consistentes en la negativa de brindarles atención médica a los quejosos, toda vez que tienen síntomas de Covid-19, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se estima así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso, trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 107. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y de jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de que los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como los agraviados) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo es la negativa de brindarles atención médica a los quejosos, toda vez que tienen síntomas de Covid-19; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si los quejosos acuden en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde están internos, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en él (la negativa de brindarles atención médica a los quejosos, toda vez que tienen síntomas de Covid-19), es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, precisa concluir que los quejosos no cumplieron con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición de ser un caso urgente, debieron acudir ante el juez de ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgente, debieron acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serles favorable o no se les responda, plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, lo que les permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE DE JUICIO DE AMPARO; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la apreciación que antecede, pues la causal de improcedencia invocada no se apoya en aspectos facticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: Tesis: PC.III.P. J/18 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2017822 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II Pag. 1701 Jurisprudencia(Común) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad. Tesis: XVI.1o.P.14 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016103 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Pag. 2214 Tesis Aislada(Penal) PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La petición administrativa referida, cumple con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues es un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Asimismo, admite una segunda instancia en la que los promoventes pueden denunciar tanto la falta de respuesta de la autoridad penitenciaria, como la resolución que resulte contraria a sus intereses, directamente ante el Juez de ejecución. También posee beneficios en cuanto a la asistencia continua al solicitante y contrapesos en su tramitación, en tanto que la autoridad administrativa del centro, está obligada a auxiliar a los internos en la presentación del escrito respectivo, el cual no exige formalismos; sin soslayar que dicha herramienta favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Por ello, es inconcuso que la "petición administrativa" es una creación accesible, novedosa e idónea para propiciar el nivel decoroso de vida en reclusión que pretende el modelo penitenciario actual y, por ende, es el medio idóneo para impugnar hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión. No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de Ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los que fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para sobreseer en este juicio, en los términos anotados. De igual forma, cabe destacar que a la fecha, no obstante de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, los Juzgados de ejecución se encuentran laborando ordinariamente a fin de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de la libertad. Finalmente, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, lo procedente es decretar fuera de audiencia el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a todas las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ilustra: SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con diez minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). OFICIOS DE CUENTA Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, los oficios que a continuación se describirán: Oficio registrado bajo el consecutivo 8252, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre; Oficio registrado bajo el consecutivo 8641, signado por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; Correo electrónico registrado bajo el consecutivo 8958, cuyo remitente es Roberto Ponce de León Félix; Oficio registrado bajo el consecutivo 9094, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco; y Oficios registrados bajo los consecutivos 9149 y 9159, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento en relación al contenido de los mismos, toda vez que como se advierte de párrafos que anteceden, en esta data se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, y por ende, se dejó sin efectos la audiencia constitucional de ley; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, tenga a bien nombrar un abogado que asesore a los quejosos, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna; a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos en este asunto, se ordena reservar la notificación del presente auto a dichos peticionarios del amparo, para que una vez que sea designado defensor para que los asesore, éstos sean notificados por su conducto y éste proceda conforme a derecho corresponda. A fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena girar nuevo oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, delegación Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, a fin de que esté en condiciones de cumplir con lo solicitado en el citado auto de cuatro de septiembre pasado; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes
- Aida Araceli Manzo Chavez457/2023
- Aída Moreno Herrera131/2021
- Aide Torres Diego613/2023
- Ajalet Desidere Silva Collado308/2021
- Alain David Rico Ruiz114/2020
- Alan Alexis López Silva291/2019
- Alan Berber Sagrero181/2020
- Albertina Sandoval Sánchez108/2018
- Alberto Candido Herrera Rodríguez411/2019
- Alberto Conrado Rios Maldonado349/2023
- Alberto Galvan Calderon554/2023
- Alberto Garcia Farias559/2023