Alan Alberto Castellanos Osorio
Expediente 258/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Alan Alberto Castellanos Osorio
Actuaciones
- Principal
IV. Se declara que ha causado estado el auto que desechó la presente demanda de amparo. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción en cinco años.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica al promovente ALÁN ALBERTO CASTELLANOS OSORIO, el auto de diez de abril del año en curso, por medio de lista de estrados; auto que en lo conducente dice: Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso mediante el cual da cumplimiento oportuno al requerimiento efectuado por acuerdos de veinte de marzo y tres de abril de dos mil dieciocho; por lo que se le tiene precisando el acto que reclama a cada una de las autoridades que señala en este controvertido constitucional; en atención a lo anterior, téngase por desahogada la prevención antes mencionada, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento que se le hizo. En ese sentido, con la demanda de amparo, y escritos aclaratorios que obran en autos, se tiene a ALAN ALBERTO CASTELLANOS OSORIO, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el escrito de demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, mientras que por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto.En el caso que nos ocupa, es evidente que el Instituto Tecnológico de Chetumal; Director del Instituto Tecnológico de Chetumal; Subdirectora Académica del Instituto Tecnológico de Chetumal; Jefa de la División de Estudios Profesionales del Instituto Tecnológico de Chetumal; Subdirector de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico de Chetumal; y Jefa del Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico de Chetumal, todos con sede en esta ciudad, que precisa la parte quejosa no cumplen con las anteriores características para ser considerados como autoridades en el juicio de amparo, porque esencialmente el justiciable señala como actos reclamados, la negativa de recibir el pago por sinodalias y, por consiguiente, las omisiones administrativas que atribuye a quienes señaló como responsables, de ahí que dichos actos no son equivalentes a los de autoridad, que afecte derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general sino que derivan de una relación laboral entre dicho ente y particulares, como es el caso, donde tanto la parte patronal como el trabajador adquieren derechos y obligaciones recíprocas, en términos del derecho laboral burocrático, luego ante el incumplimiento de las partes, como sucede con el reclamo del pago de sinodalias como prestación laboral, se tendría que acudir ante los tribunales del trabajo ordinarios de justicia. De manera que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública, constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En tales condiciones, el juicio constitucional que promovió ALAN ALBERTO CASTELLANOS OSORIO, deviene improcedente, al actualizarse la invocada causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por ende, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del acto analizado en párrafos precedentes, con fundamento en el artículo 113 del invocado ordenamiento legal.
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