Alam Geová Moreno Ramírez

Expediente 70/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
70/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Alam Geová Moreno Ramírez
  • Yaremi Flores Rosales
  • Ricardo Lara Baez y Otros.
  • Alam Geová Moreno Ramírez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Amparo en revisión

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante ejecutoria dictada en el presente asunto, se revocó la resolución recurrida y se sobreseyó en el juicio de amparo indirecto, por lo que se considera que encuadra en un supuesto de depuración. Ahora bien, toda vez que por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el expediente se clasificó como SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; sin embargo, en una nueva valoración, con fundamento en el artículo 18, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Notifíquese

  2. Amparo en revisión

    PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxx y xxx, por conducto del defensor público federal, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

  3. Amparo en revisión

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa y recurrente, para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "CUARTO. No se transcriben ni se reproducen en copia certificada los agravios ni la sentencia recurrida, en atención a que no serán materia de estudio por advertirse la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo que impone revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio. En efecto, este tribunal colegiado advierte una causal de improcedencia del juicio de amparo indirecto que impide entrar al estudio de los agravios planteados por la parte recurrente, atento al contenido del artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor que dispone: "Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: (.) III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia; [.]" Conforme a lo trascrito el tribunal colegiado al conocer del recurso de revisión deberá examinar de oficio y en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia inadvertidas o desestimadas por el juez de Distrito. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." La causa de improcedencia advertida es la establecida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.].". Previo a continuar es pertinente precisar, que no se soslaya que la primera parte del segundo párrafo de la fracción transcrita hace alusión, a que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Y que atendiendo a una interpretación literal de ello, pudiera entenderse que se refiere, a que únicamente la sentencia que se emita en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, en tratándose de asuntos del nuevo sistema de justicia penal como el presente, hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia que se invoca, y no como en el caso particular, que la sentencia tiene su origen en la tramitación de un procedimiento abreviado, y que fue decretada por un juez de control en etapa intermedia. Sin embargo, lo cierto es, que la parte conducente no hace distingo alguno, en relación con si debe tratarse de una sentencia, como se dijo, dictada por un tribunal de enjuiciamiento en la etapa de juicio oral, o, la emitida por el juez de control en la intermedia a razón del trámite anticipado de que se habla. Máxime, cuando la referida fracción en su última parte dispone: "La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Al respecto, por compartir ese criterio, se considera aplicable la tesis aislada aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable con los datos siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." De lo anterior se concluye que, entonces, también contempla la sentencia dictada por el juez de control durante la etapa intermedia y antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, pues es en dicha etapa (la intermedia) donde se solicita y se tramita el procedimiento abreviado, una vez que el imputado fue vinculado a proceso; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que en la especie así sucedió, pues de la consulta de la página de internet del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que el veintiséis de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado de la causa 47/2020, instruida en contra de los aquí recurrentes Alam Geová Moreno Ramírez y Ricardo Lara Báez, en la cual la defensa, los sentenciados y el fiscal federal renunciaron al plazo de impugnación, por lo cual se declaró que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA y quedó firme e irrevocable para los efectos legales correspondientes. Esa sentencia constituye un hecho notorio para este tribunal al encontrarse publicada en la página la página de internet del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo establece la jurisprudencia siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En esta tesitura, se estima que se actualiza la causa de improcedencia anunciada, está, habida cuenta que los quejosos reclamaron en sede constitucional, la resolución de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada en la audiencia inicial de veintisiete de febrero del dos mil veinte, por el Juez de Distrito en funciones de juez de control. No obstante, como ya se estableció, el mismo juez celebró audiencia de procedimiento abreviado, dentro de la cual se tomaron las siguientes determinaciones torales: ".Que los acusados ALAM GEOVA MORENO RAMÍREZ y RICARDO LARA BÁEZ, con dichos actos actualizaron las conductas delictivas de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA; previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el diverso numeral 9, fracción I, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y CONTRA LA SALUD en la modalidad de POSESIÓN DE CLORHIDATO DE METANFETAMINA CON FINES DE COMERCIO, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, en relación con los diversos numerales 193, párrafos primero y segundo, y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en concordancia con los preceptos 245, grupo II, 247 y última línea horizontal de la tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal e inmediato contemplada en el artículo 479, ambos de la Ley General de Salud (se precisa que con fundamento en el artículo 316, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se realizó una precisión de los numerales en que se encuentra previsto el segundo de los ilícitos mencionados); cometidos en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. Así, por la responsabilidad penal de los acusados ALAM GEOVA MORENO RAMÍREZ y RICARDO LARA BÁEZ, en la comisión de los delitos antes precisados, impuse la pena de cinco años dos meses de prisión y cien (100) días multa equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional)." ".De igual forma, concluyó la vigencia de la medida cautelar impuesta en la inicial de cuatro de enero de dos mil veinte, consistente en la prisión preventiva oficiosa.". Lo anterior permite establecer, que se tiene certeza jurídica acerca de que la nueva situación que rige para los quejosos, aquí recurrentes, es la sentencia condenatoria de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en su contra en el procedimiento abreviado al que se sujetaron. Por lo que, en la especie, ha operado un cambio de situación jurídica, en términos de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por el que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que pudieran haberse cometido en la emisión del acto reclamado, al no poder decidir sobre éste sin afectar la nueva situación jurídica, ya que en un principio la afectación reclamada fue la resolución de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control. Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, al considerarse que se emitió una sentencia en contra del quejoso dentro del procedimiento abreviado, el cual sustituyó la calidad de imputados con la que éstos promovieron la demanda de amparo contra la resolución de vinculación a proceso, por la de sentenciados, pues es la sentencia de referencia la que actualmente rige la situación jurídica de los quejosos. En esta tesitura, se actualiza la causa de improcedencia señalada, en razón de que jurídicamente no es posible efectuar el análisis del acto que se reclama en el juicio de amparo origen de este recurso, pues como se precisó, quedó superado por la sentencia condenatoria dictada en contra de los promoventes del amparo, derivada del procedimiento abreviado al que se sujetaron los ahora recurrentes; de ahí que lo procedente sea revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa y recurrente con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las facilidades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente sumario mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de usuario debidamente registrado en el "Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación", a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución.

  4. Amparo en revisión

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la asistente de despacho judicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, por el cual remite copia certificada de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en el procedimiento abreviado de la causa penal 47/2020. Toda vez que el presente recurso se encuentra turnado a la ponencia del suscrito para su resolución, dicha sentencia será tomada en consideración al momento de formular proyecto de resolución.

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