Alam García Hernández
Expediente 1271/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/01/2023
Partes del expediente
- Alam García Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Decimonoveno del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite la ejecutoria pronunciada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, dentro del conflicto competencial 42/2022 derivado del juicio de amparo indirecto 1271/2022 del índice de este Juzgado, de la que se advierte que el Tribunal de referencia, declaró que el Juzgado Primero en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Nayarit de la Secretaría de Bienestar, residente en Tepic, en suplencia por ausencia del Titular de dicha Delegación, por medio del cual informa que el dieciocho de agosto del presente año, le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNTech a la menor de iniciales L.P.D.P.; luego, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora, del contenido del oficio de cuenta se advierte que la menor de iniciales L.P.D.P., aquí quejosa, ya cuenta con el esquema de vacunación completo contra el virus SARS-COV-2, pues ya recibió sus dos dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, lo que podría ser una posible causal de improcedencia; por tal motivo, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir de su notificación manifieste a este órgano jurisdiccional bajo protesta de decir verdad si la referida menor ya recibió el esquema de vacunación completo respecto al citado virus; se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior se resolverá el presente asunto conforme a derecho proceda con base en las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la Directora Jurídica del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en atención a lo solicitado por oficio 3537-IX de once de agosto del año en curso, remite copia certificada de los autos de doce y diecisiete de agosto del año en curso dictados en el expediente laboral 95/2008 de su índice, de los cuales se advierte que señaló las trece horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de ejecución de laudo. Asimismo, remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte demandada en el juicio laboral de origen del auto de doce de agosto del presente año, por el cual señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ejecución de laudo (trece horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós), sin que hubiera remitido la constancia de notificación realizada a la parte actora. Por lo tanto, requiérasele a autoridad oficiante para que realice lo siguiente: 1.- Para que en el término de tres días contado a partir de la fecha de desahogo de la audiencia de ejecución de laudo, remita copia debidamente certificada de dicha audiencia. 2.- para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora en el juicio laboral de origen del auto de diecisiete de agosto del año en curso. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa por la cantidad de ciento cincuenta Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, toda vez que con su actuar, demuestra el retardo para la impartición de justicia que señala el artículo 17° de nuestra carta magna. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ALAM GARCÍA HERNÁNDEZ y anexos de mérito, luego toda vez que este Juzgado Federal se reservó a proveer respecto la incompetencia planteada por el citado Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, hasta en tanto la citada autoridad remitiera la demanda y sus anexos, y tomando en consideración que dicha circunstancia ya aconteció, se procede a proveer lo conducente Demanda que por cuestión de turno remitió la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit Luego, en términos del dispositivo 48 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, a quien por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de que se trata, DETERMINA QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la misma; por ende, NO ACEPTA LA DECLINADA por el Juzgador remitente, por los motivos que a continuación se establecerán en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En principio debe precisarse bajo qué regla o reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio se ubican los actos reclamados, por lo que debe atenderse a la naturaleza jurídica de los mismos a fin de determinar si son de ejecución material o no, para estar así en posibilidad de determinar la competencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se deba conocer del asunto de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Amparo, antes transcrito. En la especie, se tiene que la parte quejosa en su escrito de demanda, reclamó lo siguiente: DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE RECLAMAN LOS SIGUIENTES ACTOS: ? "La Ausencia Total de Fundamentación y Motivación, en las disposiciones emitidas por el PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y por el COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, retransmitidas y ejecutadas por el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INTELACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, mediante las que hace del conocimiento que para continuar prestando servicios en la Guardia Nacional, se debe escoger: 1) Escoger una de las siguientes áreas: de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CONASE Coordinación Nacional Antisecuestro, PC Protección Civil, Protección Federal, CONAPRED Centro Nacional de Previsión y Desastre, PRT Prevención y Readaptación Social, SES Secretariado Ejecutivo del sistema, CDI Centro Nacional de Inteligencia) y/o, 2) Anotarse en el programa de separación voluntaria del servicio 2022. La ausencia total de fundamentación y motivación en el cambio de adscripción cuando no se optó por ninguna de las opciones anteriores..." Actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMISARIO GENERAL LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, todos con residencia en la Ciudad de México. De lo narrado por el quejoso en su demanda de amparo, en lo conducente, refiere: "V. ANTECEDENTES 1. Bajo protesta de decir verdad, el suscrito manifiesto que en el año 2017, en San Luis Potosí, S.L.P., aprobé el Curso de Formación Inicial de Cadetes para la División de Seguridad Regional, de la Policía Federal; pasando en ese momento a formar parte de la entonces Policía Federal. 2. Atento a lo anterior, en fecha 30 de septiembre de 2019, se me avisó, el decreto en materia de Guardia Nacional, por el que la Guardia Nacional se constituiría con los elementos de la Policía Federal (PF), Policía Militar y la Policía Naval, motivo por el cual desde esa fecha, el suscrito como integrante de la Policía Federal, pasé a formar parte de la Guardia Nacional, conservando mi antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carretera. Lo que se hace constar con la identificación que se inserta a continuación, en la que figura mi Grado/Cargo, Número de Empleado y Área de Adscripción: . 3. Lo anterior fue así, hasta el día 26 de junio de 2022, que se me convocó a una reunión por parte del DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, la que se llevó a cabo con motivos laborales, en la que de forma verbal el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, retransmite las órdenes y disposiciones emitidas por el PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y por el COMISARIO GENERAL LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, las cuales constan en que para continuar con mi servicio en esta Guardia Nacional, debía de tomar una de dos opciones, siendo: A. Escoger una de las siguientes áreas: de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CONASE Coordinación Nacional Antisecuestro, PC Protección Civil, Protección Federal, CONAPRED Centro Nacional de Previsión y Desastre, PRT Prevención y Readaptación Social, SES Secretariado Ejecutivo de sistema, CDI Centro Nacional de Inteligencia). y/o B. Anotarme en el programa de separación voluntaria del servicio 2022 Esto, debido a que por órdenes del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y del COMISARIO GENERAL LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, no debería de quedar en servicios de carreteras ni un elemento con procedencia de la Policía Federal; razón por la que era necesario decidir a la brevedad, para informar el resultado a sus superiores. ÓRDENES VERBALES CON AUSENCIA TOTAL DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 4. Es menester precisar a su Señoría, que las ordenes citadas con antelación únicamente fueron dirigidas "a manera de discriminación y con el fin de marginarnos de nuestras funciones" a todo el personal -del que el aquí quejoso es parte- proveniente de la Policía Federal que integra la Guardia Nacional. 5. En ese sentido, todo personal que no haya optado por la separación voluntaria, es cambiado de adscripción sin que se justifique la necesidad del servicio 6. Finalmente y para que no sean violados mis Derechos Constitucionales, acudo a usted C. Juez de Distrito, solicitando el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Del contenido de la demanda, se advierte que el justiciable el acto que destacadamente reclama es la ausencia de fundamentación y motivación de las disposiciones u órdenes verbales emitidas por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Comisario General, el Comandante de la Guardia Nacional y transmitidas y ordenadas por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, en las que se le hizo del conocimiento que para seguir prestando servicios en la Guardia Nacional tenía que escoger alguna de las áreas que le indicaron o anotarse en el programa de separación voluntaria del servicio dos mil veintidós. En ese contexto, queda de relieve pues que el acto del que se duele el impetrante del amparo, por su propia naturaleza, está teniendo ejecución en la residencia del citado órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda tener ejecución o haya comenzado a ejecutarse en otro distrito. Ahora, como se anticipó el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De lo que se sigue que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda de mérito, es el juzgado declinante, pues fue ante el donde se presentó la demanda de amparo, y no ante este juzgado federal; sin que resulte bastante la circunstancia que se alude en el acuerdo de quince de julio del año en curso, en el sentido de que: ".Lo antes referido permite concluir que el acto reclamado tiene ejecución material solo en el Estado de Nayarit, puesto que en dicha entidad federativa y municipio se ejecutó el acto atinente al cambio de adscripción, toda vez que por ser el lugar en que se encontraba adscrito el quejoso, puesto que ahí fue donde se le notificó y se instruyó para dar cumplimiento al mandamiento impugnado. Razón por la que se considera que es un Juez de Distrito con Jurisdicción en el municipio de Tepic, Nayarit, en el que se debe conocer y, en su caso, resolver el presente juicio de amparo, al ejercer jurisdicción en el lugar en donde tuvieron ejecución los actos reclamados (Peñas, Estado de Nayarit) en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo.". Cuenta habida que, quien aquí resuelve estima que no se está en el supuesto a que alude el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues si bien podría recaer en este juzgador federal jurisdicción por tratar de ejecutarse el acto en este Distrito Judicial, no menos cierto es que, dada la naturaleza del acto reclamado, las disposiciones u órdenes verbales emitidas por las responsables en las que se le hizo del conocimiento que para seguir prestando servicios en la Guardia Nacional tenía que escoger alguna de las áreas que le indicaron o anotarse en el programa de separación voluntaria del servicio dos mil veintidós, nacieron en la Ciudad de México, y en todo caso, su ejecución final, tendrá lugar, entre otras, en las áreas o adscripciones a que hacen referencia, que igualmente tienen residencia tanto en la Ciudad de México, como en las diversas delegaciones en las entidades federativas; por tanto, es inconcuso que se está en el supuesto a que alude el segundo párrafo del numeral 37 de la ley de la materia, en cuanto establece que si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Lo que significa, que en su caso, se estaría ejecutando el acto reclamado ante el juez declinante de la Ciudad de México, y si el quejoso presentó su demanda de amparo ante el mismo, es innegable que éste es competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado por el quejoso ALAM GARCÍA HERNÁNDEZ, con independencia de que dicho acto pudiera tener ejecución en más de un distrito. Consecuentemente, por los motivos señalados, este órgano de Control Constitucional no acepta la competencia declinada en razón de territorio, para conocer de los actos reclamados, por ello, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de la Materia, devuélvase el juicio de amparo 1136/2022, asimismo se le solicita se sirva comunicar si insiste en declinar su competencia o no, y en su caso, acuse el recibo correspondiente. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia cuyo epígrafe y contenido establecen: "INCOMPETENCIA. LA FACULTAD DEL JUEZ PARA INHIBIRSE DE CONOCER DE UNA DEMANDA EN EL PRIMER AUTO QUE DICTE AL RESPECTO, POR CONSIDERARSE INCOMPETENTE, NO ESTÁ RESTRINGIDA NI ADMITE COMO EXCEPCIÓN LOS SUPUESTOS DE COMPETENCIA PRORROGABLE POR SUMISIÓN TÁCITA DE LAS PARTES. De acuerdo con el principio de debido proceso legal previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades están obligadas a cumplir de manera sistemática, ordenada y progresiva, las reglas que las normas procedimentales respectivas señalan para garantizar la resolución de las controversias judiciales. Lo anterior implica que los diversos supuestos legales que regulan un mismo concepto jurídico, se actualizan en distintos estadios procedimentales, que de manera sucesiva y cronológica van aconteciendo conforme al orden lógico jurídico previsto por el legislador para el correcto desarrollo del proceso judicial, como ocurre con la regulación de la competencia para conocer de los negocios planteados por las partes. De ahí que no existe motivo legal alguno para excluir la competencia prorrogable, por sumisión tácita de las partes, de la facultad que tiene el juez para inhibirse en el primer proveído que dicte, de conocer de una demanda cuando se considera legalmente incompetente; pues de estimar lo contrario, es decir, de sostener que no debe, en el primer proveído que recaiga a la demanda, declararse incompetente tratándose de la competencia prorrogable, por razón de territorio o de la materia (en aquellos casos establecidos por la propia ley), a fin de dar oportunidad al demandado de que pudiera someterse voluntariamente a su competencia al comparecer al juicio, haría nugatorio el contenido del artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que expresamente faculta a los tribunales para negarse a conocer de un asunto por considerarse incompetentes, así como el de los artículos 1115 del Código de Comercio y 165 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen dicha facultad de inhibirse del conocimiento de un negocio, precisamente cuando se trate de competencias prorrogables, por razón de territorio o materia; sin que tales disposiciones puedan ser desconocidas Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a JOSÉ MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ y ERASMO VARGAS FÁVILA; y en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo de referencia, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, a las restantes personas que señala por así haberlo solicitado expresamente. Sin que sea el caso tenerle señalando los correos electrónicos y números telefónicos que alude, toda vez que no hizo del conocimiento su firma electrónica conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, toda vez que la notificación vía internet es uno de los servicios que se presta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; por tanto, solo las personas que cuenten con dicha firma podrán ser notificados por esa vía; por tanto, únicamente se les tendrá como medios de contacto en los casos que se estimen necesarios, por lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE.
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