Alam Cruz Cortés

Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
903/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Alam Cruz Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en la queja ********************/2022, de cuyo punto resolutivo se advierte: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso." En ese tenor, acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de febrero de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas respectivas. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, a través del cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ********************, en contra del acuerdo de catorce de octubre del presente año, el cual radicó con la queja ********************, de lo que esta autoridad toma conocimiento.YNJR/asvv

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos un escrito al parecer firmado por Alam Cruz Cortés, mediante el cual interpuso recurso de queja contra el auto de catorce de octubre del año en curso, por medio del cual se tuvo por desechada de plano la demanda de amparo; por consiguiente, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Amparo, remítase sin dilación alguna el ocurso de interposición de recurso y original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como copia certificada del juicio de amparo 903/2022, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto se tuvo por desechada la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1°, fracción I y 5°, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Alam Cruz Cortés, por propio derecho; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 903/2022 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. En ese sentido, de la demanda de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado de la autoridad Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Magistrada Isabel Inés Romero Cruz: " El oficio 017488 de fecha 21 de septiembre del 2022, expedido y signado por la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el cual se me comisiona al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en el Centro Integral de Justicia Zona Norte, debido a que inobservó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y las Condiciones Generales de Trabajo 2020-2022 del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial y como consecuencia de ello la falta de motivación y fundamentación, así como la normativa del debido proceso establecido en los artículos 1, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en primer lugar no especifica la temporalidad de la comisión y en segundo lugar, el citado oficio, de igual manera, no especifica la fecha de la sesión del pleno en que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, acordó y justificara el motivo por el cual me comisionan al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en el Centro Integral de Justicia Zona Norte y, segundo lugar, porque al ser suscrito afiliado al S.E.T.S.P.J. (Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial), de conformidad con lo establecido por la cláusula 93, inciso b) de las Condiciones Generales de Trabajo 2020-2022, la responsable, debió solicitar previamente la opinión por escrito al mencionado sindicato respecto de la comisión que pretendían atribuirme, para que éste a su vez en el término máximo de cinco días a partir de la recepción del oficio, diera respuesta y en caso de no responder, la Entidad Pública atenderá a lo dispuesto en la Cláusula 96 de las referidas Condiciones Generales, así como también tenían que solicitar mi consentimiento, ya que de lo contrario cambiarían las Condiciones de Trabajo del suscrito." Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta a su naturaleza de orden público. Así, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1°, fracción I y 5°, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal, toda vez que la autoridad señalada como responsable no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Los artículos referidos establecen: "ARTÍCULO 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. (.)". "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La interpretación sistemática de las normas transcritas, permite inferir que la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es menester que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse a través del juicio de garantías, sino únicamente los "actos de autoridad". En este contexto, es pertinente precisar que una autoridad, para efectos del amparo, es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De lo anterior se puede resumir que las características de un acto de autoridad, para efectos del amparo, requiere: -La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. -Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. -Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. -Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ilustran lo anterior, las tesis visibles bajo los rubros y textos siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De lo expuesto se colige que los actos que se reclaman en esta instancia, no pueden estimarse como actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que tienen su origen y producen efectos en una determinación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral. Con base en las consideraciones expresadas, debe destacarse que la parte quejosa en su calidad de trabajador del Poder Judicial del Estado de Veracruz, reclama el oficio número 017488 de veintiuno de septiembre del presente año, signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual le comunica que, a partir del veintiséis de ese mismo mes y año, se determinó su cambio de adscripción al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en el Centro Integral de Justicia Zona Norte, con su mismo puesto de Oficial Judicial y categoría de Oficial Administrativa "D", ello por necesidades del servicio, y con fundamento, entre otros, en los artículos 62, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 88, fracción XIII, 103, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y 9, fracción XII, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, por las necesidades del servicio público de administración de justicia lo que hace evidente que los actos reclamados derivan de la relación de coordinación que tiene el quejoso con el señalado Poder Judicial del Estado, quien funge como su patrón, es decir, son de naturaleza laboral, pues es innegable que acude en defensa de derechos consagrados a la luz del artículo 123 constitucional, derivados de una relación de trabajo. Lo anterior es así, porque si bien el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en términos del artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tiene facultades para conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, conserva el vínculo de naturaleza obrera-burocrática del nexo que existe entre el Poder Judicial del Estado como ente patronal con relación a sus trabajadores. En efecto, los artículos 3, fracción IV, 30, fracción II y 103, fracciones IX, XI y XLI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, disponen, lo siguiente: "Artículo 3. El Poder Judicial del Estado tendrá las atribuciones siguientes: (.) IV. Conocer y resolver a través de los juzgados en materia laboral, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al Apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de las universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables; asimismo, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal y municipal con sus empleados; así como entre los organismos autónomos del Estado y sus empleados, en los términos que fijen las leyes locales;" "Artículo 30. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tendrá su sede oficial en el municipio de Xalapa- Enríquez y competencia para: (.) II. Resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal o municipal con sus empleados; y entre los organismos autónomos del Estado y sus trabajadores;" "Artículo 103. El Consejo de la Judicatura tendrá las atribuciones siguientes: (.) IX. Con excepción del personal del Tribunal Superior de Justicia, nombrar, remover, resolver sobre la adscripción y renuncia de los servidores públicos del Poder Judicial, así como cambiar de adscripción, según las necesidades del servicio, a jueces y secretarios de Primera Instancia; (.) XI. Nombrar a los servidores públicos encargados de la administración del Poder Judicial y acordar lo relativo a sus licencias, remociones, renuncias y vacaciones; (.) XLI. Las que establezcan la Constitución Política del Estado y demás normativa aplicable. (.)." (El subrayado y resaltado es propio) De los numerales trascritos se obtiene que el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se denominará entidad pública y que entre sus atribuciones, el mencionado poder tiene la de resolver las controversias laborales que se susciten con sus trabajadores, entre otros, en términos de la Ley Orgánica del propio poder y demás disposiciones aplicables, y que la competencia para ello recae, específicamente en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, de la narración de los hechos contenida en la demanda de protección de derechos fundamentales, así como del propio oficio reclamado, se obtiene con meridiana claridad, que los actos reclamados al Consejo de la Judicatura del Estado, consistentes en el cambio de adscripción del quejoso como Oficial Judicial y Categoría de Oficial Administrativo "D" del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en el Centro Integral de Justicia Zona Norte, en Veracruz, Veracruz, surgen del vínculo laboral que existe entre éste y el señalado consejo, es decir, que en todo caso se relacionan con la facultad que a éste le otorga el artículo 103°, fracción IX, de su reglamento interior, concernientes, se insiste, a su calidad de Estado-patrón. Apoya lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia siguiente: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." En ese orden de ideas, se estima que por la naturaleza de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, no pueden estimarse como de autoridad, impugnables vía juicio de amparo, y por tanto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1°, fracción I y 5°, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal; pues en el caso, se reitera, los actos reclamados emanan de una relación de coordinación de la quejosa con el Poder Judicial del Estado de Veracruz, que surge con motivo de su relación laboral, por lo que no pueden considerarse como actos de autoridad emitidos en un plano de supra-subordinación que caracteriza a los de autoridad susceptibles de analizarse a través del juicio de garantías. Finalmente, se cita por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 10/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS.' y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.', subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." En consecuencia, se concluye que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1°, fracción I y 5°, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal; y, por ende, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. AUTORIZADO Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Téngase por autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Ángel Cortez Mora, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por no contar con el aludido registro que los acredite como licenciados en derecho. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo.

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