Alaide Sanchez Rodriguez

Expediente 87/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
87/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2016

Partes del expediente

  • Alaide Sanchez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 15 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, respecto de los oficios y anexos remitidos por la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada con los elementos que obran en autos. En primer lugar, se advierte que la sentencia de amparo emitida el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "(.) Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada contra la aquí quejosa el treinta y uno de enero de dos mil catorce, en la causa penal número 26/2014 de su índice, así como su ejecución; y, En su lugar, tomando en cuenta las consideraciones de la presente sentencia, emita una nueva determinación en la cual concluya que no se acredita la probable responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito que se le imputa. (.)" Y, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el doce de abril del año en curso (fojas 395 y 396), el entonces Juez Primero de lo Penal de Tehuacán, Puebla mediante resolución dictada el dieciocho de abril de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 26/2014, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce (acto reclamado). Concluyó que no se acredita la probable responsabilidad de la aquí quejosa en la comisión del delito que se le imputa; y, Negó la orden de busca, aprehensión y detención solicitada por el Agente del Ministerio Público Investigador en contra de la aquí quejosa Alaide Sánchez Rodríguez, como probable responsable de la comisión del delito de fraude específico en agravio de María Lorena Chávez Martínez. Ordenó girar oficio al Agente del Ministerio Público de su adscripción, para su conocimiento y efectos legales procedentes, solicitando se ordene a los elementos de la Policía Ministerial del Estado a su mando, se abstengan de ejecutar la orden de aprehensión de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, única y exclusivamente por lo que hace a la aquí quejosa. En consecuencia, en virtud de lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.P. J/1 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización son: FORMAL PRISION, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado (Novena Época, Registro: 201568, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Penal, Tesis: I.1o.P. J/1, Página: 467). Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento"

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, respecto de los oficios y anexos remitidos por la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada con los elementos que obran en autos. En primer lugar, se advierte que la sentencia de amparo emitida el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "(.) Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada contra la aquí quejosa el treinta y uno de enero de dos mil catorce, en la causa penal número 26/2014 de su índice, así como su ejecución; y, En su lugar, tomando en cuenta las consideraciones de la presente sentencia, emita una nueva determinación en la cual concluya que no se acredita la probable responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito que se le imputa. (.)" Y, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el doce de abril del año en curso (fojas 395 y 396), el entonces Juez Primero de lo Penal de Tehuacán, Puebla mediante resolución dictada el dieciocho de abril de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 26/2014, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce (acto reclamado). Concluyó que no se acredita la probable responsabilidad de la aquí quejosa en la comisión del delito que se le imputa; y, Negó la orden de busca, aprehensión y detención solicitada por el Agente del Ministerio Público Investigador en contra de la aquí quejosa Alaide Sánchez Rodríguez, como probable responsable de la comisión del delito de fraude específico en agravio de María Lorena Chávez Martínez. Ordenó girar oficio al Agente del Ministerio Público de su adscripción, para su conocimiento y efectos legales procedentes, solicitando se ordene a los elementos de la Policía Ministerial del Estado a su mando, se abstengan de ejecutar la orden de aprehensión de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, única y exclusivamente por lo que hace a la aquí quejosa. En consecuencia, en virtud de lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.P. J/1 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización son: FORMAL PRISION, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado (Novena Época, Registro: 201568, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Penal, Tesis: I.1o.P. J/1, Página: 467). Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

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