Alaan Jovany Martínez Chavira
Expediente 92/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alaan Jovany Martínez Chavira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este asunto, sin que las partes se hubieren pronunciado al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, se tiene que este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 92/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, en los siguientes términos: ACTO RECLAMADO. La ilegal resolución dictada el día 22 de enero de 2021 dentro de la Causa Penal *******, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en mi perjuicio (.) (sic). Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó violentados. El peticionario del amparo señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. A través de auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Vista para ampliar demanda. En auto de siete de abril de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos, se colige que el quejoso reclamó a través de este juicio de amparo biinstancial, lo siguiente: Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión de los siguientes delitos: (.) Pues bien, de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 76/2018 (10a.), aunque el quejoso únicamente reclamó en este asunto el auto de vinculación emitido en su contra, al advertirse de sus motivos de disenso argumentos tendentes a controvertir la legalidad de la calificación de la detención, debe prevenírsele en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que, de así estimarlo, señale como acto reclamado el aludido control de la detención. En efecto, dicho criterio es del siguiente contenido: CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención. En consecuencia, con sustento en el artículo 108, fracción IV, con relación al diverso 111, fracción II, de la Ley de Amparo1, dese vista a la parte quejosa, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, amplíe su demanda, de ser su deseo, con la finalidad de que señale el aludido acto, como reclamado. (.) Quinto. Ampliación de demanda. Luego, en auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, para lo cual, se adicionó como acto reclamado al Juez responsable, la calificación de legal de su detención, efectuada en la primera parte de la audiencia inicial; así como autoridad responsable, a los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de quienes el accionante del amparo reclamó la ilegal detención que, dijo, le realizaron el quince de enero de dos mil veintiuno. Sexto. Acreditación de credenciales como licenciadas en Derecho, de las defensoras privadas del imputado. Mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Juez responsable que remitiera las certificaciones respectivas respecto a si las defensoras particulares del imputado, de nombres ******* y ******* cuentan con las credenciales pertinentes para ejercer como licenciadas en Derecho, a efecto de tener la certeza de que el derecho fundamental del quejoso a ser defendido por un licenciado en Derecho, fue respetado. Ello, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405/2017, en concatenación con la Contradicción 1/2020, emitidas por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendió por licenciado en Derecho, fue respetado. Al respecto, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez responsable cumpliendo la solicitud que se le efectuó, pues remitió en copia certificada, los siguientes documentos: a) formato de registro de datos y formas de notificación para defensor particular, a nombre de *******; b) cédula profesional a nombre de *******, que la acredita como licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales; c) formato de registro de datos y formas de notificación para defensor particular, a nombre de *******; y, d) cédula profesional a nombre de *******, que la acredita como licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales. De manera que, tal como se acotó en dicho auto, ha quedado evidenciado que las profesionales en comento sí cuentan con las credenciales atinentes que las avalan como peritos en Derecho; de tal suerte que, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades señaladas enseguida: I. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad: - La calificación de legal de su detención, en la primera parte de la audiencia inicial, celebrada el diecisiete de enero de dos mil veintiuno en la causa penal *******, y - El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión de los siguientes delitos: a) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con relación al diverso numeral 11, incisos b) y e) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del primer numeral de referencia. b) Portación de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. c) Posesión de cargadores de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, con relación al diverso numeral 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y; d) Contra la Salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina y fentanilo, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal. II. De los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez: - La -ilegal- detención que le realizaron el quince de enero de dos mil veintiuno. Tercero. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, a través del cual lo negaron categóricamente. Sin que el quejoso, por sí o por conducto de sus autorizadas2 , hubiera aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tal negativa. Respecto a lo anterior, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236, del contenido: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Dicha negativa cobra relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad; pero no cuando se negó categóricamente el acto imputado, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos combatidos por el accionante del amparo, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe con justificación, así lo aceptó. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la constancia inicial verificada en la causa penal de origen, de la que los actos combatidos en este juicio, se deducen; misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles3 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en un disco compacto, al que se le reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo4 . Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos por el quejoso, a la autoridad en cita. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo5 . Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Análisis del control de detención. Previo a efectuar el análisis atinente, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo6 , en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal *******, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013) 7 . Dicho lo previo, debe destacarse que durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público solicitó la calificación de legal de la detención del quejoso y al efecto expuso los antecedentes relativos la forma, tiempo y lugar en que ocurrió su detención, en flagrancia; respecto a lo cual, el Juez responsable expuso lo siguiente: (.) este juzgador tiene lo suficiente a efecto de determinar lo relacionado con el control de la detención (.) a efecto de determinar si es legal o no la detención se encuentra en lo que establece el artículo 16 de la Constitución y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en los cuales se establecen los casos en los que se puede detener a una persona sin que medie una determinación judicial en los cuales se encuentra la flagrancia delictiva y ésta se actualiza cuando es detenida una persona en el momento de estar cometiendo un delito. También debo de ponderar a efecto de hacer esta determinación, los diversos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con números de registro 2014689, 2010961 y 2008638, de rubros, respectivamente, "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. LA SOSPECHA RAZONABLE QUE JUSTIFIQUE SU PRÁCTICA DEBE ESTAR SUSTENTADA EN ELEMENTOS OBJETIVOS Y NO EN LA MERA APRECIACIÓN SUBJETIVA DEL AGENTE DE POLICÍA", "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA" y "DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA". En esas condiciones, el de la voz considera que la detención realizada respecto de *******, debe calificarse de legal, esto pues lo cierto es que las circunstancias narradas por el agente del Ministerio Público con base en el informe policial homologado crean en el de la voz, la convicción de que se encuentra actualizado el supuesto de flagrancia delictiva, previsto por el artículo 146, fracción I, del Código de Procedimientos Penales y al efecto me voy a remitir a destacar ciertas circunstancias que fueron narradas del informe policial homologado para poder justificar esta determinación. Bien, del informe policial homologado se puede establecer que el día quince de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encontraban realizando su recorrido de patrullaje en el fraccionamiento *******, y al circular por la calle *******, al cruce con *******, estaba un vehículo Tajo que se encontraba sin placas y estacionado en sentido contrario al de su circulación, de él observan que desciende una persona del lado del piloto del sexo masculino y también alcanzan a advertir que en su mano derecha llevaba lo que aparentaba ser un arma de fuego y que al darse cuenta de la presencia policiaca, esta persona arroja el objeto al interior del vehículo y sube rápidamente del lado del conductor intentando avanzar pero esto ya no lo pudo realizar toda vez que le habían cerrado el paso. Esta primer circunstancia que acabo de ponderar es la que justifica ese primer acercamiento por parte de los elementos de la policía en el cual está permitido incluso detener transitoriamente la marcha de este vehículo para lograr realizar una entrevista a estos sujetos, preguntándoles por ejemplo qué hacen ahí, qué es lo que había arrojado en su caso; incluso observar desde el exterior del vehículo qué es lo que había dentro de este automotor; además debo de establecer que con posterioridad a este primer acercamiento les informan que las circunstancias, es decir, que habían observado arrojar lo que al parecer era un arma de fuego y que por lo tanto se les iba a realizar una inspección a la cual acceden estas personas y de la inspección corporal que se realiza al menor y al ahora investigado no arroja nada, sin embargo, de la inspección que se realiza al vehículo se observa en el asiento del piloto un arma de fuego, además atrás del asiento trasero se logra también el hallazgo de una escopeta, otra escopeta y diversos cartuchos, así como en la guantera de dos bolsas de plástico la primera con lo que al parecer contenía clorhidrato de metanfetamina, conocida como cristal y la otra con doscientas catorce pastillas de lo que al parecer era fentanilo. Esto es lo que precisamente evidencia que la detención ocurrió de manera legal, pues al lograr el hallazgo de una primera arma y con posterioridad de los demás objetos que acabo de mencionar, pues es evidente que las personas que tripulaban ese vehículo estaban cometiendo un delito flagrante; de ahí que cumpla con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución y 146 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debo de establecer que por ende resulta innegable y justificable que hayan sido detenidos sin que medie una orden judicial expedida por la autoridad competente; además, por cuanto al argumento de la defensa, en el sentido de que se debe declarar ilegal la detención toda vez que hubo una detención injustificada, este juzgador considera que la particularidad de que hubiera una dilación injustificada no genera que se decrete ilegal la detención pues lo que en su caso va a generar esta puesta a disposición injustificada según el criterio jurisprudencial con número de registro 2012186 de rubro "DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN", en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, cuestión que en el caso no existe así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como base la demora injustificada; en el caso, no existe algún dato que se hubiera obtenido con posterioridad a la detención del señor ******* y previo a la puesta a disposición, sino que los datos de prueba que se han ponderado en este caso, surgen precisamente de la detención en flagrancia y además que refiere la Suprema Corte de Justicia que deberán ser anuladas aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora sin conducción y mandato del Ministerio Público, cuestión que tampoco existe en el caso pues no se ha ponderado un dato de prueba que se hubiera generado por los elementos aprehensores sin la conducción del agente del Ministerio Público; de ahí que no se pueda considerar acertado el argumento por parte de la defensa en el sentido que al existir una demora injustificada se deba de calificar de ilegal la detención. Por lo anterior debo de establecer que, efectivamente, este juzgador, atendiendo a esta jurisprudencia y a la independencia fáctica de la puesta a disposición y de la detención, sí, efectivamente, como lo refiere la defensa, existe una dilación injustificada, pues la detención ocurre a las diecinueve horas del quince de enero de dos mil veintiuno, mientras que la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público ocurre a las cinco horas con treinta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil veintiuno, esto es, transcurren más de diez horas y media entre la detención y la puesta a disposición, sin que se hubiera podido justificar el tiempo que medió entre una y otra, pues si bien el agente del Ministerio Público relató unos actos que tuvieron que realizar los agentes aprehensores, como es el traslado del vehículo al corralón, el traslado a la estación de policía, el registro de las huellas en el sistema, los certificados médicos del menor y del ahora investigado, así como el llenado de actas, lo cierto es que esto según el último dato del fiscal, el llenado de actas y cadena de custodia que ocurre, los actos administrativos de las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos a las cero horas con catorce minutos, sin que se pueda justificar con posterioridad qué es lo que ocurre después de ésta hora y hasta las cinco horas con treinta y seis minutos del dieciséis de enero. Por lo tanto, este juzgador estima que sí existe efectivamente una dilación injustificada en la puesta a disposición de los elementos aprehensores y por lo tanto se le da vista al agente del Ministerio Público para que inicie la carpeta de investigación por separado a efecto de que se determine si existió alguna privación ilegal de la libertad o en su caso la existencia de otro ilícito, para lo cual le doy cuarenta y ocho horas, agente del Ministerio Público para que me informe respecto de esta carpeta de investigación. Reitero, esta particularidad no trae como consecuencia que se califique de ilegal la detención del señor ******* pues como lo mencioné, únicamente lo que genera es que se invaliden la declaración, lo datos de prueba que se hubieran obtenido desde el primer momento y hasta la puesta a disposición y los datos que se hubieran obtenido sin la conducción del agente del Ministerio Público, los cuales no se han ponderado en este momento. Ahora, entre la puesta a disposición ante este órgano jurisdiccional y el plazo con el que se cuenta que es de cuarenta y ocho horas para el agente del Ministerio Público, este juzgador estima que se encuentra satisfecho, pues la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público ocurre a las cinco horas con treinta y seis minutos del dieciséis de enero del presente año y ante este órgano jurisdiccional a las dieciocho horas con nueve minutos del diecisiete de enero del presente año. Perdón, según el sistema, ocurre a las dieciocho horas con once minutos; sin embargo esta variación del horario se debe al sistema que se utiliza para la interconexión a través de la cual se remiten las solicitudes del agente del Ministerio Público, pero aun tomando en consideración ésta última hora, se encuentra satisfecho el plazo de cuarenta y ocho horas que prevé el artículo 16 de la Constitución federal y por ende es que este juzgador estima que se debe calificar de legal la detención de *******, así como su retención, por lo tanto le informo que va a permanecer detenido en esta sala hasta en tanto se determine si será o no sometido a una medida cautelar (.). Como concepto de violación al respecto, el accionante del amparo aduce que los elementos policiacos tardaron más de quince horas en ponerlo a disposición de la representación social y que el Juez responsable resolvió erróneamente al justificar el exceso de horas de la detención. Es infundado tal motivo de disenso. Con relación a ello, el principio de inmediatez que opera tratándose de la detención de personas sorprendidas cometiendo delitos en flagrancia, como en el caso, implica que la persona detenida sea puesta a disposición de la autoridad ministerial sin dilaciones, sino en el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo las diligencias correspondientes, lo que debe ser valorado en cada caso. Tomando en cuenta lo anterior, la detención se verificó aproximadamente a las diecinueve horas del quince de enero del dos mil veintiuno, y fue puesto a disposición del Ministerio Público a las cinco horas con treinta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil veintiuno, es decir, entre la detención y la puesta a disposición de la Representación Social, transcurrieron poco más de diez horas, respecto a lo cual, el Juez responsable concluyó que, efectivamente, hubo una prolongación no justificada de la detención, para lo cual dio vista a ésta a efecto de iniciar carpeta de investigación por separado con el fin de que se determinara si existió alguna privación ilegal de la libertad o en su caso la existencia de otro ilícito. Luego, como bien lo refirió el Juez responsable, lo único que genera esa prolongación no justificada en la detención, es que se invaliden la declaración, lo datos de prueba que se hubieran obtenido -después de efectuada la detención en flagrancia y hasta la puesta a disposición y los datos que se hubieran obtenido sin la conducción del agente del Ministerio Público- mismos que no fueron ofertados ni ponderados en el caso, como lo puntualizó el Juez responsable; pues los datos de prueba relativos a los artefactos bélicos y sustancias ilícitas que fueron encontrados en el vehículo automotor que tripulaba el quejoso, que sí fueron ponderados por el Juez responsable, surgieron precisamente de la detención en flagrancia. Ahora bien, se cita enseguida el contenido del párrafo quinto del artículo 16 Constitucional: Artículo 16. (.) Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. De dicha norma se desprende que cuando una persona sea detenida en flagrancia, deberá ser puesta "sin demora" a disposición de la autoridad más cercana y ésta "con la misma prontitud", a disposición del Ministerio Público, lo que se conoce efectivamente como principio de inmediatez y se ha interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los agentes policiacos aprehensores deben poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público, de inmediato, mediando únicamente el tiempo necesario y razonable para practicar las diligencias correspondientes a dicha puesta a disposición, esto es, el criterio para estimar si existió demora, o no, entre ambos momentos, es la razonabilidad en el lapso entre un momento y otro, aspecto que debe ser valorado conforme a las circunstancias de cada caso. Indicado lo anterior, se procede a analizar si en este caso, el lapso de más de diez horas -no quince horas, como refirió el quejoso que transcurrieron entre el momento de la detención y el momento en que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, atendiendo a las circunstancias del caso, es razonable o bien, se entiende que existió demora injustificada. Como se advierte del relato de antecedentes expuestos en la audiencia inicial, el aquí quejoso fue sorprendido en flagrancia delictiva y por lo tanto, detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el quince de enero de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas, aproximadamente, en el cruce de las calles ******* y *******, en esta ciudad; se procedió al aseguramiento del vehículo y objetos bélicos y psicotrópicos que le fueron encontrados; posteriormente, se trasladaron a las instalaciones del corralón municipal número uno, que se ubica en el cruce de las calles *******, de la colonia *******, en esta ciudad, donde a las diecinueve horas con treinta y seis minutos se depositó el automotor ya referido, bajo el inventario ******* y *******, a disposición de la Fiscalía General de la República; que al terminar con dicha actividad, se dirigieron a la estación de policía del *******, ubicada en el cruce de *******, en esta ciudad, a donde llegaron a las veinte horas con veinticinco minutos y se recabaron los registros dactilares de ambos detenidos; luego, se les canalizó con el médico en turno, emitiendo a las veinte horas con veintiocho minutos certificado ******* y a las veinte horas con treinta y tres minutos certificado *******. Después, procedieron los agentes al llenado de actas y cadena de custodia, que por su volumen, se llevaron a cabo a las veintidós horas con treinta y cinco minutos de esa fecha, procedieron a la redacción de la narrativa de hechos, mismo que se elaboró de las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos, a las cero horas, con catorce minutos, del dieciséis de enero de dos mil veintiuno. Por último, se procedió al fotocopiado de las actas, periodo en el cual, adujo el agente del Ministerio Público, se demoraron quince minutos adicionales. Luego, que fueron puestos a su disposición a las cinco horas con treinta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil veintiuno. De manera que, el lapso que transcurrió entre la detención en flagrancia del aquí quejoso y su puesta a disposición de la Representación Social, fue de aproximadamente diez horas, no de quince, como aludió aquél en su demanda de amparo y escrito de ampliación. Al respecto, como lo acotó el Juez responsable, la demora injustificada se dio entre las cero horas con veintinueve minutos, y las cinco horas con treinta y seis minutos, del dieciséis de enero del año en curso; para lo cual dio vista al agente del Ministerio Público a efecto de que iniciara carpeta de investigación por separado con el fin de que se determinara si existió alguna privación ilegal de la libertad o en su caso la existencia de otro ilícito. Ahora bien, aun cuando la demora de la puesta de la quejosa a disposición del Ministerio Público, haya sido injustificada, tal como lo calificó el Juez responsable, ello no implica su ilegalidad, como lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª. CCCLXII/2015 (10ª), publicada en la página 972, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su la Gaceta, materias Constitucional y Penal, Décima Época, con número de registro 2010491, que establece: DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA DEMORA INJUSTIFICADA DE LA PUESTA DEL DETENIDO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO NO IMPLICA QUE AQUÉLLA SEA ILEGAL. La detención de una persona y la inmediatez de su puesta a disposición ante el Ministerio Público son actos diferentes, por ello, es importante considerar que ambos supuestos tienen autonomía y deben analizarse en ese contexto; es decir, se trata de dos acciones que si bien tienen una relación causal y sucesiva, mantienen independencia fáctica y sustancial. Así, en el supuesto constitucional de detención en flagrancia, la primera acción que deben realizar los policías es la detención; y la siguiente es presentar de inmediato al detenido ante el Ministerio Público, para el efecto de que éste defina su situación jurídica. Sin embargo, el hecho de que la policía demore injustificadamente la presentación, no implica que pueda afirmarse jurídicamente que la persona fue detenida de forma ilegal; esto es, si la detención se ajustó a los parámetros constitucionales, no existe razón jurídica por la que deba afectarse la declaratoria de validez constitucional que se realice de ésta. Consecuentemente, la prolongación injustificada de la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público es una condición fáctica sucesiva e independiente; de ahí que en caso de flagrancia, aquélla tendrá que calificarse de legal por estar apegada a los parámetros constitucionales, sin perder validez jurídica, a pesar de que los aprehensores, después de la detención y el aseguramiento de las evidencias, retrasen la entrega del detenido de forma injustificada ante el Ministerio Público. Ello, porque la violación se suscita con posterioridad a la detención que fue legal, por lo que el impacto deberá reflejarse a partir de que la retención del detenido se torna injustificada. Como lo señaló el Más Alto Tribunal, la prolongación injustificada de la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público es una condición fáctica sucesiva e independiente de la detención; de ahí que en caso de flagrancia, ésta tendrá que calificarse de legal al estar apegada a los parámetros constitucionales, sin perder validez jurídica, a pesar de que los aprehensores, después de la detención y el aseguramiento de las evidencias, retrasen la entrega del detenido de forma injustificada ante el Ministerio Público. Máxime que, en el caso, debe tomarse en cuenta que se trató de dos indiciados y múltiples artefactos bélicos y sustancias ilícitas asegurados (pistola color gris con negro, con número de serie *******; escopeta color gris con negro y empuñadura de madera con número de serie *******; escopeta color plata con negro con matrícula *******; 5 cartuchos útiles en color amarillo, 4 de ellos con la leyenda ******* y 1 con la leyenda Made in *******; 14 cartuchos útiles en color amarillo, de los cuales 5 tienen la leyenda Made in *******, 4 con la leyenda *******, 3 con la leyenda Federal *******, 2 con la leyenda *******; 16 cartuchos útiles color plata con punta en color negro con gris con la leyenda *******; 17 cartuchos útiles color dorado, de los cuales 9 cuentan con la leyenda *******, 1 cartucho con la leyenda Federal *******, 7 con la leyenda *******; 6 cartuchos en color dorado, de los cuales 3 tienen la leyenda ******* y 3 con la leyenda *******;13 cartuchos útiles de color dorado, de los cuales 11 tienen la leyenda *******y 2 cartuchos con la leyenda *******; 2 cargadores color plata con negro con la leyenda *******; una bolsa de plástico transparente con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, comúnmente conocida como "cristal" y 214 tabletas redondas de color azul claro, con un peso neto *******, que corresponde a fentanilo). Asimismo, resulta atinente invocar enseguida la jurisprudencia por contradicción de tesis1a./J. 8/2016 (10a.) publicada en la página 723, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su la Gaceta, materias Constitucional y Penal, Décima Época, con número de registro 2012186, que establece: DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN. Esta Primera Sala ha determinado que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención. En ese tenor, la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos -detención y puesta a disposición-, para lo cual se tendrá que fragmentar el contenido informativo del parte u oficio, conforme a dos elementos sustanciales: a) la descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción; y b) todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido, o que hayan sido recopilados con motivo de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Hecho lo anterior, se deberá excluir de la valoración probatoria únicamente lo relativo al segundo inciso, pues conforme a los parámetros establecidos por esta Primera Sala, la violación en cuestión sólo afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público, sin que ello ocurra con la relativa al primer inciso, siempre y cuando la detención se ajuste al parámetro constitucional de la flagrancia. De dicho criterio se colige que el Más Alto Tribunal refirió que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público "sin demora", genera únicamente la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia. De tal modo que, la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos -detención y puesta a disposición-; y excluirse de la valoración probatoria todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido, o que hayan sido recopilados con motivo de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Sentado lo anterior, en el caso sujeto a análisis, tal como lo precisó el Juez responsable, no existe medio de prueba alguno, que haya sido obtenido a raíz de la prolongación de la detención que se verificó entre las cero horas con veintinueve minutos, y las cinco horas con treinta y seis minutos, ambas horas del dieciséis de enero de dos mil veintiuno; sino que, los que se obtuvieron en un inicio, fueron exclusivamente con motivo de la propia detención en flagrancia. De tal suerte que, la demora injustificada que se verificó entre las cero horas con veintinueve minutos, y las cinco horas con treinta y seis minutos, ambas horas del dieciséis de enero de dos mil veintiuno, no trae como consecuencia la ilegalidad de la detención del aquí quejoso; de tal suerte que tal detención en flagrancia, a pesar de ello, tal como la calificó el Juez responsable, resulta legal. Por lo tanto, con relación a la calificación de legal de la detención del quejoso, realizada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Séptimo. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: a) permiten resolver el problema planteado, b) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y c) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la constancia relativa a la vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) IV. La de vinculación a proceso; (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. (Es propio lo destacado.) De cuya intelección se desprende, que el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el propio día de continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Además, fue dictado por autoridad competente de conformidad con el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación8 , tal como lo acotó el propio Juez responsable, en virtud de que los delitos de que se trata fueron previstos como tal en ordenamientos federales, como lo son a) la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y b) el Código Penal Federal; presuntamente ocurridos en esta ciudad, ámbito territorial donde ejerce jurisdicción el Juez responsable, de conformidad con el Acuerdo General 29/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal9 , por el que se creó el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; el quejoso estuvo asistido en todo momento de sus dos defensoras particulares; asimismo, se le dio la oportunidad de emitir su declaración, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por emitir aquélla. Luego, se tiene que el Juez responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos de los siguientes delitos: a) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con relación al diverso numeral 11, incisos b) y e) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del primer numeral de referencia. b) Portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. c) Posesión de cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, con relación al diverso numeral 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y; d) Contra la Salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina y fentanilo, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal. Asimismo, estimó que de los datos de prueba expuestos hasta ese momento procesal, se desprendía la probabilidad de que el aquí quejoso hubiera cometido tales ilícitos, con la calidad de autor material. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Ello implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 11; 83, fracción III y penúltimo párrafo; 83 Quat, fracción II; así como 83 Quintus, fracción I; todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; disponen lo siguiente: Artículo 11. Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: a).-Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial. b).-Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores. c).-Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30"en todos sus modelos. d).-Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres. e).-Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), las de calibre superior al 12 (.729 o 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial. f).-Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms. de diámetro) para escopeta. g).-Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones. h).-Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento i).-Bayonetas, sables y lanzas. j).-Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento. k).-Aeronaves de guerra y su armamento. l).-Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas. En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra. Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría dela Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley. Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) delartículo 11 de esta Ley, y III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. (.) Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y II. Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. Artículo 83 Quintus. Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará: I. Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores. (.) De tales dispositivos se desprende, en lo que aquí interesa, que: a) el material bélico descrito en el primero de tales artículos, es catalogado como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; b) que en el caso de los supuestos no contemplados en las dos fracciones previas del artículo 83, cuando se trate portación sin el permiso correspondiente, de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de tal legislación, se le sancionará con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa; y, que en caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes; d) que a quien posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de dicha Ley; y, e) que a quien de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores. Ahora bien, los elementos para la configuración de los ilícitos de que se trata relativos a la portación de los objetos bélicos de referencia, son los siguientes: I. Sin el permiso correspondiente; II. Porte un artefacto bélico (armas, cartuchos o cargadores) de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; esto es, que lo tenga dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata. Enseguida, los artículos 195, párrafos primero y tercero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal, son del siguiente contenido: Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código. (.) Cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este código. Artículo 193. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción. Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios ode otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables. Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: I.-Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Por suministro se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos. El comercio y suministro de narcóticos podrán ser investigados, perseguidos y, en su caso sancionados por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. (.). Los elementos para la configuración de los ilícitos de que se trata, relativos a la posesión de las sustancias narcóticas de que se trata, son los siguientes: I. A quien sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; II. Posea narcóticos tales como estupefacientes y psicotrópicos de los contemplados en el artículo 479 de la Ley General de Salud10, en dosis superiores a las ahí estipuladas; III. En cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas, entre otras, con finalidad de comercializarlos. Al respecto, el Juez responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esa etapa procesal, los mencionados hechos ilícitos -en grado de probabilidad-. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta (primero, pues subsecuentemente también relacionó los ofertados por la defensa del aquí quejoso) los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público, consistentes en: 1. Informe policial homologado del cual se desprende, que en esta ciudad, aproximadamente a las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos del quince de enero de dos mil veintiuno, los agentes de seguridad pública municipal de nombres *******, ******* y *******, a bordo de la unidad ******* en el interior del fraccionamiento ******* o *******, específicamente en el cruce de las calles ******* y *******, observaron un vehículo *******, sin placas, color guinda, que se encontraba estacionado en sentido contrario, del cual descendió una persona, quien llevaba en su mano derecha lo que aparentaba ser un arma de fuego; sujeto que, al ver a los agentes policiacos, arrojó el objeto que portaba al interior del vehículo y subió rápidamente al mismo por el lado del conductor, poniéndolo en marcha; de manera que, adujeron dichos agentes, que en consecuencia le cerraron el paso con la unidad; enseguida, uno de los agentes de referencia se acercó al automotor y encontró al menor de edad cuyo nombre tiene las iniciales *******, del lado del piloto y en el asiento del copiloto, aparentemente a ******* (aquí quejoso), a quienes les hicieron saber que momentos antes, vieron al primer sujeto de referencia, portando en su mano derecha lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que les pidieron permiso para inspeccionar el vehículo ya indicado, identificado con el número de serie *******, en el cual se localizó: - sobre el asiento del piloto, un arma de fuego tipo pistola color gris con negro, con la leyenda *******, con número de serie *******; - debajo del asiento trasero, una escopeta color gris con negro y empuñadura de madera en color café con la leyenda ******* Modelo ******* con número de serie *******; - debajo del asiento trasero, una escopeta color plata con negro con la leyenda ******* con matrícula *******; - 5 cartuchos útiles en color amarillo, 4 de ellos con la leyenda ******* y 1 con la leyenda Made in *******; - 14 cartuchos útiles en color amarillo, de los cuales 5 tienen la leyenda Made in *******, 4 con la leyenda *******, 3 con la leyenda Federal *******, 2 con la leyenda *******; - 16 cartuchos útiles color plata con punta en color negro con gris con la leyenda *******; - 17 cartuchos útiles color dorado, de los cuales 9 cuentan con la leyenda *******, 1 cartucho con la leyenda Federal *******, 7 con la leyenda *******; - 6 cartuchos en color dorado, de los cuales 3 tienen la leyenda ******* y 3 con la leyenda *******; - 13 cartuchos útiles de color dorado, de los cuales 11 tienen la leyenda ******* y 2 cartuchos con la leyenda *******; - 2 cargadores color plata con negro con la leyenda *******. - asimismo, que en la guantera de tal vehículo se encontró una bolsa de plástico transparente con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, comúnmente conocida como "cristal"; - y, una bolsa de plástico transparente con 214 pastillas en color azul con características similares al fentanilo. Ante dicho hallazgo, se les informó que serían detenidos por la aparente comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, y que serían consignados ante el agente del Ministerio Público de la Federación; además, se indicó que se hicieron de su conocimiento los derechos que les asisten; detención que ocurrió, se dijo, a las diecinueve horas del quince de enero de dos mil veintiuno. Enseguida, anotaron tales agentes que se procedió al aseguramiento de los objetos descritos y del vehículo automotor de referencia (mismo que se encontró sin reporte de robo). 2. Dictamen en química forense, con número de folio *******, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, del cual se desprende que el perito *******, analizó la sustancia sólida cristalina de color blanco que contenía una de las bolsas, la cual determinó que se trata de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de ******* gramos (sustancia considerada como psicotrópico en la Ley General de Salud); asimismo, respecto de las 214 tabletas redondas de color azul claro, con un peso neto de *******, gramos determinó que corresponde a fentanilo, (sustancia considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud). 3. Dictamen en balística forense, con número de folio ******* de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual la perito *******, determinó: Primero, a) que el arma de fuego calibre ******* con matrícula *******, encontrada en el vehículo automotor en el que se encontraban el aquí quejoso y otra persona, es de las que se contemplan en la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos, específicamente en el artículo 11, inciso b); como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, misma que estimó que se encontraba en regular estado de conservación y en buen estado de funcionamiento. Enseguida, b) que respecto a las escopetas con matrículas ******* y *******, clasificadas como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, indicó, son de las contempladas en el artículo 11, en el inciso e) de dicha legislación; dicha profesional estimó que se encontraban en regular estado de conservación y buen estado de funcionamiento. Luego, c) respecto de los 5 cartuchos útiles en color amarillo, 4 de ellos con la leyenda ******* y 1 con la leyenda Made in ******* y los 14 cartuchos útiles en color amarillo, de los cuales 5 tienen la leyenda Made in *******, 4 con la leyenda *******, 3 con la leyenda Federal *******, 2 con la leyenda *******, determinó que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los contempla en términos del artículo 10 bis, como de los permitidos para portarse en términos que la ley establece. Después, d) respecto de los cartuchos 6 cartuchos en color dorado, de los cuales 3 tienen la leyenda ******* y 3 con la leyenda *******; 13 cartuchos útiles de color dorado, de los cuales 11 tienen la leyenda . ******* y 2 cartuchos con la leyenda ******* . *******; 17 cartuchos útiles color dorado, de los cuales 9 cuentan con la leyenda *******, 1 cartucho con la leyenda Federal *******, 7 con la leyenda *******; y, 16 cartuchos útiles color plata con punta en color negro con gris con la leyenda *******; determinó que en su totalidad son de los previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como municiones o cartuchos reservados para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en términos del artículo 11, inciso f), de tal legislación. En cuanto e) a los 2 cargadores color plata con negro con la leyenda *******, determinó que son utilizados para armas de las contempladas en el artículo 11 la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos, es decir, para armas catalogadas como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 4. Con la propia evidencia material de referencia (los materiales bélicos, las sustancias ilícitas ya aludidas y el vehículo automotor previamente descrito). Al respecto, refirió el Juez responsable que los anteriores artefactos bélicos y sustancias ilícitas fueron aparentemente encontrados dentro del radio de disponibilidad inmediata de quienes tripulaban la unidad automotora, esto es, del aquí quejoso y la diversa persona ya indicada; ello, pues señaló que bastaba con que realizaran ciertos movimientos corporales para encontrarse con la posibilidad de manipularlos, al estar dentro de dicho vehículo automotor en el cual ellos se encontraban. Luego, refirió el Juez responsable que no obraba dato de prueba alguno que revelara que dichas personas tenían permiso otorgado por la Secretaría de Salud o por la Secretaría de la Defensa Nacional, para poseer las sustancias psicotrópicas y estupefacientes de referencia, ni para portar los aparatos bélicos ya descritos, respectivamente. Asimismo, el Juez responsable manifestó que del informe policial homologado se establecía la probabilidad de que el indiciado, aquí quejoso, hubiere cometido los hechos delictivos en comento, a título de autor material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal11, pues además de que en el mismo se establecieron las circunstancias de modo tiempo y lugar, dijo, también existía la imputación directa como que era una de las personas que tripulaban la unidad en donde se logró el hallazgo de los instrumentos bélicos y las sustancias ilícitas de referencia. Continuó diciendo, que el quince de enero de dos mil veintiuno, entre las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos y las diecinueve horas con quince minutos, en el cruce de las calles ******* y *******, del fraccionamiento ******* o *******, en esta ciudad, se encontraba el aquí quejoso acompañado de un menor y que después de haberles realizado una inspección, se constató que tenían en su radio personal, dentro del vehículo automotor que tripulaban: - sobre el asiento del piloto, un arma de fuego tipo pistola color gris con negro, con la leyenda *******, con número de serie *******; - debajo del asiento trasero, una escopeta color gris con negro y empuñadura de madera en color café con la leyenda ******* Modelo ******* con número de serie *******; - debajo del asiento trasero, una escopeta color plata con negro con la leyenda ******* Made in ******* con matrícula *******; - 5 cartuchos útiles en color amarillo, 4 de ellos con la leyenda ******* y 1 con la leyenda Made in *******; - 14 cartuchos útiles en color amarillo, de los cuales 5 tienen la leyenda Made in *******, 4 con la leyenda *******, 3 con la leyenda Federal *******, 2 con la leyenda *******; - 16 cartuchos útiles color plata con punta en color negro con gris con la leyenda *******; - 17 cartuchos útiles color dorado, de los cuales 9 cuentan con la leyenda *******, 1 cartucho con la leyenda Federal *******, 7 con la leyenda *******; - 6 cartuchos en color dorado, de los cuales 3 tienen la leyenda ******* y 3 con la leyenda *******; - 13 cartuchos útiles de color dorado, de los cuales 11 tienen la leyenda ******* y 2 cartuchos con la leyenda *******; - 2 cargadores color plata con negro con la leyenda *******. - asimismo, que en la guantera de tal vehículo se encontró una bolsa de plástico transparente con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, comúnmente conocida como "cristal", misma que, según el dictamen en química forense arrojó que corresponde a clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto ******* gramos (sustancia considerada como psicotrópico en la Ley General de Salud); asimismo, respecto a las 214 tabletas redondas de color azul claro, con un peso neto *******, gramos, en dicho dictamen se determinó que corresponde a fentanilo, - (sustancia considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud); Además, refirió que respecto de la agravante aducida por el agente del Ministerio Público, contemplada en el artículo 83, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos, la tuvo por establecida, pues al narrar los objetos bélicos, indicó que tres armas de fuego se encontraban relacionadas con los hechos, con lo que la tuvo por actualizada. Así, aludió el Juzgador responsable a que no se encontraba extinción de la acción penal o excluyente de los delitos de referencia. Después, indicó que el argumento central de la defensa se centró en aducir que las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el informe homologado, no correspondían a las de la detención del imputado, aquí quejoso; pues señaló, que aquélla dijo, ocurrió en el fraccionamiento denominado ******* aproximadamente a las quince horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil veintiuno; no así a las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos de esa fecha, en el fraccionamiento denominado *******; ofreciendo las testimoniales a cargo de *******, ingeniero del sistema de seguridad del aludido fraccionamiento y de *******, guardia de seguridad de tal fraccionamiento. Al respecto, refirió el Juez responsable, que la primera de tales testimoniales, es decir, la verificada a cargo del ingeniero *******, colaboró para determinar que el lugar de los hechos, esto es, el cruce de las calles en que ocurrió la detención, ******* y *******, no se encuentra en el fraccionamiento *******, sino en el fraccionamiento *******; tal como se corroboró con el recibo de pago emitido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, también ofrecido por la defensa, de la cual se desprendió que la calle ******* se encuentra en el fraccionamiento denominado *******, no en ******* como se mencionó en el informe policial homologado; lo que se concatenó también al dato de prueba ofrecido por la defensa del imputado, aquí quejoso, consistente en impresión simple del mapa del área, descargado de la plataforma denominada Google maps, donde se constató la existencia de esos dos fraccionamientos, mismos que son contiguos, al encontrarse uno frente al otro. Sin embargo, el Juez responsable estimó que tales medios de prueba eran insuficientes para determinar que el lugar en que se llevó la detención fue distinto al en que obra en el informe policial homologado, pues refirió que se trató de un evidente un error de redacción al asentar el fraccionamiento, tan es así, indicó, que la defensa constató con los medios de prueba que ofertó que sí existe el cruce de las calles ******* y *******, referido en el informe policial homologado como el lugar exacto de la detención, en el fraccionamiento denominado *******, no *******. Además, refirió que del informe policial ofertado por la defensa por medio del cual solicitó una ampliación de aquél, se desprendió que el policía ministerial de nombre *******, al constituirse en el fraccionamiento *******, constató que en el mismo sí existe el cruce de las calles ******* y *******. Por lo que, estimó que ello no denotaba que el lugar de la detención hubiera sido distinto al que se menciona en el informe policial homologado, pues reiteró que el cruce de calles ******* y *******, en que se detuvo al imputado, sí existe, tal como fue plasmando en diversas fotografías de dicho lugar; lo que lo llevó a concluir que al asentar el fraccionamiento donde ocurrieron los hechos, como *******, no *******, se trataba de una equivocación mecanográfica o de redacción en el informe policial homologado, tal como se evidenció, refirió, con el mapa de la ubicación de tales fraccionamientos, del que se coligió que los mismos son aledaños, es decir, que están espacialmente juntos, y que de ahí pudo surgir la equivocación de los agentes policiales. Que respecto de la declaración de *******, dijo que no aportó mayor información respecto de los hechos, es decir, del momento de la detención; pues refirió el Juez responsable que el testimonio vertido por tal persona, con relación a las preguntas que le formuló la defensa, estaba encaminado a decir que él extrajo -de forma lícita, dadas sus labores- los videos que fueron proyectados en audiencia, relativos a las aparentes casetas de entrada y de salida del fraccionamiento, pero que no le constaban los hechos (la detención), de ninguna forma, pues así lo refirió el sujeto en cuestión en su testimonio. Por lo que estimó que tal testimonial no se podía engarzar a la declaración del imputado, donde refirió que, supuestamente, lo detuvieron a las quince horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles ******* y ******* del fraccionamiento *******. En efecto, el Juez responsable expuso que de tales videos se apreció el ingreso y egreso de diversas unidades de Seguridad Pública Municipal, por las casetas de entrada y de salida que aparentemente, corresponden al fraccionamiento denominado *******, de los que no se desprende algún señalamiento que así lo constante; pero que lo determinante fue que el cruce de las calles de que se trata se encuentran en el mismo y que a ninguno de los dos testigos, según las declaraciones que vertieron en audiencia, les constó de forma alguna la detención. Luego, por lo que hace a la testimonial realizada por la persona de nombre *******, guardia de seguridad de tal fraccionamiento, quien refirió que trabaja de las seis horas a las dieciocho horas, el Juez responsable estimó que no le puede constar a dicha persona qué fue lo que pasó después de su hora de salida, pues la detención ocurrió a las diecinueve horas con quince minutos del quince de enero de dos mil veintiuno. Enseguida, el Juez responsable refirió no considerar válido el argumento de la defensa, en el sentido de que no ingresaron más patrullas en esa fecha al fraccionamiento en cuestión, pues, indicó, que para ello debió ofrecerse algún dato o medio de prueba que corroborara ese extremo y no sólo tenerlo valido por haberlo establecido así, sin apoyo alguno. Asimismo, continúo el Juez responsable, que la persona de nombre *******, guardia de seguridad de tal fraccionamiento, nunca observó una detención, sino que, como lo refirió en su testimonio, sólo vio seis patrullas, dos que entraron y cuatro que salieron y que según su apreciación, supuestamente "escoltaban" a una Suburban color roja, aproximadamente a las quince horas con cuarenta y un minutos; pero no hizo manifestación alguna en el sentido de que se estaba deteniendo al imputado, aquí quejoso, o que éste iba a bordo de ese vehículo o que incluso fuera a bordo en alguna de las patrullas. Señaló el Juez responsable que de los videos que fueron reproducidos en audiencia, respecto del identificado como "cámara seis", en el cual aparece como fecha el quince de enero de dos mil veintiuno, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y veinte segundos (14:43:20), se aprecian dos unidades de la policía municipal que ingresaron por una caseta; asimismo, que en el diverso video identificado como "cámara siete" de la misma fecha, a las quince horas con treinta y cinco minutos, de los catorce a los cuarenta segundos (15:35:14 a 15:35:40), dijo que se observó salir a las unidades de la policía municipal identificadas con los números 408 y 416; y que, del mismo video, entre las quince horas con cuarenta y un minutos, hasta los cuarenta y un segundos (15:41:00 y 15:41:16), se observó salir a las unidades de la policía municipal identificadas con los números 405, 421, 424 y 419, así como una camioneta *******; pero que se debe ponderar que no son idóneos para sustentar o robustecer del dicho del imputado, aquí quejoso, o la teoría del caso planteada por la defensa. Lo previo, según refirió el Juez responsable, porque se refirieron a hora distinta a la del informe policial homologado y no se acreditó que entre las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos y las diecinueve horas del quince de enero de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles ******* y *******, se hubiere realizado una detención, sino que lo que puso en evidencia con dichos videos, fue que el quince de enero de dos mil veintiuno, ingresaron aproximadamente seis unidades de la policía municipal, pero no que ingresaron a la postre en el diverso horario; refirió que si bien de tal video se destacó que entraron aproximadamente seis unidades, no se observó en momento alguno que se hubiera detenido al aquí accionante del amparo -como lo sostuvo éste en su declaración- como para verificar que las circunstancias de modo, tiempo y lugar, fueron alteradas y restarle credibilidad a tal informe, como pretendía la defensa. Que si bien se advirtió salir una camioneta roja, indicó el Juez responsable, que lo cierto es que no estimó que se pudiera identificar como aquella en la que fue detenido el indiciado, pues no había alguna característica o particularidad por virtud de la cual pudiera ser identificada de esa unidad vehicular, ya que si bien el testigo de nombre *******, refirió que era una Suburban color rojo, que difiere de la asegurada, que es una Tajo color guinda, que esos fueron todos los datos para identificarla. Sobre el punto, abonó el Juez responsable que el testigo de nombre *******, vio únicamente a unas unidades policiacas que ingresaron, pero que correspondía a horario distinto al narrado en el informe policial homologado; además reiteró que ya había dejado de laborar a las diecinueve horas del quince de enero de dos mil veintiuno, hora de la detención, lo que, dijo, evidenció que no pudo constatar detención alguna. Indicó luego el Juez responsable que no pasó inadvertido que los rines de la camioneta que aparecía en el video, era uno color negro y uno color plata, pero ello también es insuficiente para determinar que esa camioneta corresponde a aquella en la cual fue detenido; y refirió que además, aun si se pudiera estimar que era la camioneta relacionada con los hechos, lo cierto es que se captó en un momento distinto, pues en esos videos no se observó la detención ni quién iba tripulando esa unidad como para señalar como dijo la defensa que las circunstancias de modo, tiempo y lugar, fueron variadas. En cuanto a la declaración del imputado, aludió el Juez responsable, que dijo que fue detenido afuera de la casa de su amiga *******, a las quince horas con treinta minutos del quince de enero de dos mil veintiuno, por elementos de la policía municipal, en compañía de un menor de edad, que esos argumentos no encontraban sustento al haber sido desestimados los datos y medios de prueba con la finalidad pretendida, con los cuales se intentó demostrar tal circunstancia. Enseguida, apuntó el Juez responsable que la particularidad de que se hubiera destacado que la camioneta que era propiedad de la amiga del imputado, se encontraba en buenas condiciones y que las fotografías que fueron exhibidas en audiencia, respecto del vehículo automotor relativa a los hechos, donde se apreciaba que el tablero estaba incompleto, así como en malas condiciones una de las puertas, no abonaron alguna particularidad para que pudiera llegar a una determinación distinta, pues únicamente se refirieron a un estado de una camioneta, no a la detención. Además, que como estaban el tablero y la tapicería de tal vehículo, no aportaron nada en torno a los hechos. Luego, dijo el Juez responsable, que al destacarse por la defensa el informe de investigación criminal realizado por *******, quien refirió entrevistarse con el guardia de seguridad del fraccionamiento donde se encuentra el cruce de las calles de que se trata, quien le manifestó que ese no es el mismo fraccionamiento que *******, que el cruce correspondiente se encuentra en *******, lo cual, apuntó, volvió a corroborar que existió una equivocación respecto del número de fraccionamiento, pero no respecto del cruce; lo que incluso corroboró la existencia del mismo. En cuanto al siguiente argumento de la defensa, dijo el Juez responsable, relativo a la aparente demora injustificada de ponerlo a disposición de la representación social, al haber sido aparentemente detenido a las quince horas con cuarenta minutos de tal día, precisó que tal argumento cayó por su propio peso con los razonamientos previamente expuestos, porque no se había demostrado que hubiere sido detenido en una hora, día o lugar distintos a los mencionados en el informe policial homologado; además, que la supuesta demora injustificada fue analizada en la etapa de control de detención y ya había sido desestimada. En cuanto al diverso argumento de la defensa, respecto a que policías municipales supuestamente escoltaban la camioneta roja, indicó el Juez responsable que del video correspondiente sí se observó que salieron unas patrullas, momentos después una camioneta roja y a la postre otras patrullas, empero, que mencionar que iba escoltada fue una apreciación subjetiva, pues no se advirtió que se hubiera realizado en ese momento detención alguna o que el imputado estuviera a bordo de alguna de las unidades de policía que salieron, como para poder tener como válido que iban escoltando la camioneta para, en su caso, determinar que las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el informe policial homologado fueran distintas. Continuó exponiendo el Juez responsable, que en torno al argumento de la defensa respecto a que no era lógico que en el informe policial se hubiera plasmado que se observó uno de los sujetos que estaban en la camioneta hubiera descendido y que portaba un arma de fuego, pues, a su parecer, a las diecisiete horas disminuye la luz y que era no creíble que vieran que portaba en la mano un arma; precisó aquél que ello era un dato subjetivo, porque no existía medio prueba alguno para determinar que no hubiere la suficiente luz en el lugar como para poder advertir el arma de fuego. Enseguida, continuó diciendo el Juez responsable, que en cuanto al argumento de la defensa, de que se trababa de una camioneta inservible que no podían ser conducida en esas condiciones, dado que se observó de las fotografías diversos daños que la hacían no usable, indicó que era un argumento subjetivo y que para soportarlo, debió en su caso, ofrecer una pericial que concluyera que ese vehículo no podía ser tripulado porque no estaba en condiciones mecánicas de funcionamiento. Luego, dijo el Juez responsable que en cuanto al argumento de la defensa, relativo a que en los videos se observaba que no fue detenido por una sola unidad sino por cuatro, indicó que ello no guardaba relación con lo que se pueda advertir de los videos, pues precisó que en ninguno de los tres reproducidos en tal audiencia, se pudo observar detención alguna. Respecto al argumento de la defensa, de que los elementos aprehensores no estaban especializados para actuar por lo que hace al menor de edad, expuso el Juez responsable que ello resultaba intrascendente para el objeto de la audiencia, donde se debatía únicamente sobre la vinculación o no a proceso de *******, no de un menor de edad, por lo que dijo que las actuaciones tocantes al menor no se analizaban en esa instancia. Que respecto a lo aducido por la defensa, en el sentido de que el dicho de su representado era congruente con datos de prueba y con tesis 201772812 y 200781113 dijo el Juez responsable que quedaba desvirtuado en lo que atañe al argumento, porque, dijo, que como fue evidenciado, no encontró sustento con lo vertido por los testimonios en cuanto a que la detención hubiere sido en un momento distinto al señalado por elementos aprehensores. Enseguida, refirió que por lo que hace al primero de dichos criterios, del rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)] indicó el Juez responsable que resultaba aplicable -pero en sentido contrario a lo pretendido por la defensa- pues indicó que de conformidad con el artículo 316 Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir un auto de vinculación a proceso, se requiere que existan datos de prueba de que se ha cometido delito y la probabilidad de que se ha participado en comisión; y que se entenderán que se han cometido hechos señalados como delito, cuando existan indicios razonables relacionados, tales como los que dijo que ya habían sido destacados, como la existencia de los objetos materiales de los ilícitos, reconocimiento de ellos por los peritos, ubicación de los objetos materiales en el radio de acción y disponibilidad del imputado, la circunstancia de que si bien en el informe policial homologado se estableció que aconteció en el fraccionamiento *******, en el cruce de las calles de referencia, lo cierto es que tal cruce se encuentra en el fraccionamiento ******* y se estableció con datos de prueba, el informe destacado por la defensa, mapa de Google maps y el recibo de agua, lo que evidencia que se asentó por error por parte de los elementos aprehensores, y en contraposición, se robusteció que las calles ******* y ******* donde se dieron los hechos, sí existen. Asimismo, el Juez responsable indicó que si generaba duda sobre cómo se gestaron los hechos, o incluso sobre el error en la anotación del fraccionamiento, ello podía ser objeto de investigación complementaria para ser robustecido con otro dato de prueba; pero que para el estándar probatorio para emitir tal auto de vinculación a proceso, dijo el Juez responsable, que se encontraban justificados, en cuanto a la suficiencia y la probabilidad de la comisión en los hechos atribuidos. De los cuales, acertadamente concluyó el Juez responsable, existe la probabilidad de que el aquí quejoso, haya cometido los delitos de referencia, pues se desprendieron datos compatibles con tal probabilidad. En efecto, como adecuadamente determinó el Juez responsable, previo a emitir el auto de vinculación a proceso, es preciso que se hubiera formulado imputación, lo cual ocurrió el diecisiete de enero de dos mil veintiuno; que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, lo cual ocurrió, como lo acotó aquél; y, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Tales extremos, como indicó el Juez responsable, están actualizados. En consecuencia, determinó la probable comisión por parte de de *******, como autor material de los ilícitos en cuestión. Sin que se haya acreditado hasta ese momento, destacó, alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así, fueron valorados por el Juez responsable la totalidad de datos de prueba aportados por las partes; y consideró, acertadamente, al analizarlos armónicamente y en su conjunto, que esos hechos actualizan los supuestos de a) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con relación al diverso numeral 11, incisos b) y e) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del primer numeral de referencia; b) portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; c) posesión de cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, con relación al diverso numeral 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y; d) contra la Salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina y fentanilo, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal. Y que el aquí quejoso probablemente participó en su comisión. Asimismo, acotó que respecto del delito de contra la Salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina y fentanilo, se justificó la finalidad con la presunción legal contenida en el artículo 195 del Código Penal Federal, que determina que cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos determinados en la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como finalidad cometer alguna de las conductas previstas en el dispositivo 194 de dicho código; y en el caso, indicó que tomó en consideración que por lo que hace al psicotrópico, clorhidrato de metanfetamina, tuvo un peso neto ******* gramos (sustancia considerada como psicotrópico en la Ley General de Salud); por lo que, incluso sin tomar en cuenta las 214 tabletas redondas de color azul claro, con un peso neto *******, gramos, en dicho dictamen se determinó que corresponde a fentanilo, (sustancia considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud), se encontraba actualizada dicha presunción. Además, refirió que se puede tomar en consideración que a esa presunción legal se suma que el imputado fue detenido en una vía publica lo cual facilita la comercialización del psicotrópico y estupefaciente de referencia; a lo cual se añade que según el dictamen médico forense, es farmacodependiente de cannabis sativa, no así de alguna de las sustancias de referencia, de ahí que también lo estimó un indicio más de que la finalidad era el comercio con variante de venta. Por lo que, dictó auto de vinculación a proceso, ante tal probabilidad de la comisión de los delitos de referencia. Por último, fijó como plazo para el cierre de investigación complementaria, el plazo de dos meses. Con lo que se estima además, que el Juez responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación; pues, además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la probabilidad de que el aquí quejoso haya cometido los ilícitos de que se trata. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados con los medios de prueba; las circunstancias consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso del aquí quejoso. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, encuentra sustento -por identidad de razones- en la tesis XXVII.3o.20 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, febrero de dos mil dieciséis, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica -inmediata o intrínsecamente- que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados; máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia14, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los motivos de disenso vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación En el primer concepto de violación formulado por el quejoso, con relación al auto de vinculación a proceso combatido, argumentó concretamente lo siguiente: - Que las circunstancias de modo, tiempo y lugar no ocurrieron como lo indicaron los agentes aprehensores; particularmente, porque acotaron que la detención ocurrió en el fraccionamiento "*******", a pesar de que ocurrió en "*******". - Que ofreció la testimonial a cargo de dos personas, empleados de la empresa denominada *******, que brinda seguridad al fraccionamiento "*******", del que se colige, aunado al recibo emitido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que los mismos son dos fraccionamientos distintos. - Que incorrectamente, el Juez responsable, estimó lo anterior un error de redacción, a pesar de que, aduce, probó fehacientemente que se trata de dos fraccionamientos diferentes. - Que es ilógico que no se haya determinado hasta ese momento procesal el lugar de la detención. - Que desestimó totalmente las pruebas ofertadas por la defensa y que concedió credibilidad únicamente al parte informativo, a pesar de que aquéllas eran "idóneas, pertinentes y suficientes", para tener por acreditada la falsedad en los enunciados sobre su detención. - Que no le dio valor probatorio a sus testigos, a pesar de que, indicó, fueron consistentes entre sí. - Que la defensa optó por llevar una teoría pasiva del caso al no tener la obligación de demostrar la inocencia del imputado, sino el agente del Ministerio Público la obligación de desvirtuarla. - Que de los videos reproducidos en audiencia se desprende que aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos del quince de enero de dos mil veintiuno, ingresaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal al fraccionamiento "*******" y que quedó grabada la salida a las quince horas con cuarenta minutos, de aproximadamente seis unidades policiales y una camioneta que, aduce, escoltaron, misma que reconoció en las fotografías que se pusieron a su vista en la audiencia. - Que tratándose de hechos negativos, tales como acreditar que la hora de los hechos ocurrió en diverso horario al señalado en el informe policial homologado, la carga de la prueba correspondía a la representación social, y no al imputado. - Que violó las garantías de debido proceso porque consideró de manera incorrecta que los antecedentes de investigación aportados por el agente del Ministerio Público son suficientes para probar que se cometió un delito y la probabilidad en la comisión. - Que violó las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales al pretender revertir al imputado la carga de la prueba; además de que no fundó ni motivó su determinación, pues sólo hizo referencia a apreciaciones y presunciones que lo perjudican. Es infundado en su totalidad tal motivo de disenso. Ello es así, pues, en primer término, debe partirse que en esa etapa, la comprobación de la configuración de los hechos ilícitos de referencia, es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. De manera que no tenía que probarse fehacientemente que los delitos de que se trata se cometieron, sino que existió la posibilidad razonable y objetiva de que se hubieren realizado las conductas ilícitas, y también, en grado de probabilidad, que a quien se imputan, hubiera participado en ellas. Sentado lo previo, es menester indicar que, efectivamente, la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, es una labor que concierne al agente del Ministerio Público. Empero, esta Juzgadora Federal, al igual que el Juez responsable, estima que en el caso, se presentó prueba de cargo suficiente para enervar -en la etapa en que se encuentra el proceso y por ende, en grado de probabilidad- la presunción de inocencia del aquí accionante del amparo, pues los medios de prueba ofertados por la representación social, a pesar de contraponerse a los exhibidos por la defensa del aquí quejoso, dieron lugar a la racionabilidad objetiva en cuanto a la probabilidad de la comisión por parte de éste, de los hechos ilícitos que le fueron atribuidos. Ello, como se desprende de la tesis aislada 1a. CCCXLVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que incluso fue invocada por el quejoso en el ocurso de amparo- publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 611, del contenido literal siguiente: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Primero, pues del informe policial homologado exhibido por el agente del Ministerio Público aquí tercero interesado, se desprende, que en esta ciudad, aproximadamente a las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos del quince de enero de dos mil veintiuno, los agentes de seguridad pública municipal de nombres *******, ******* y *******, en el cruce de las calles ******* y *******, observaron un vehículo *******, sin placas, color *******, que se encontraba estacionado en sentido contrario, del cual descendió una persona, quien llevaba en su mano derecha lo que aparentaba ser un arma de fuego; quien, al ver a los agentes policiacos, arrojó el objeto que portaba al interior del vehículo y subió rápidamente al mismo por el lado del conductor, poniéndolo en marcha; de manera que, ante lo previo, adujeron en dicho informe los agentes que le cerraron el paso con la unidad; enseguida, uno de ellos se acercó al automotor y encontró al menor de edad cuyo nombre tiene las iniciales *******, del lado del piloto y en el asiento del copiloto, a *******, aquí quejoso, a quienes les hicieron saber que momentos antes, vieron al primer sujeto de referencia, portando en su mano derecha lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que les pidieron permiso para inspeccionar el vehículo identificado con el número de serie *******, que tripulaban, en el cual se localizaron diversos objetos bélicos y sustancias catalogadas como narcóticos. En efecto, los mismos, son los siguientes: - sobre el asiento del piloto, un arma de fuego tipo pistola color gris con negro, con la leyenda *******, con número de serie *******; - debajo del asiento trasero, una escopeta color gris con negro y empuñadura de madera en color café con la leyenda ******* Modelo ******* con número de serie *******; - debajo del asiento trasero, una escopeta color plata con negro con la leyenda ******* Made in ******* con matrícula *******; - 5 cartuchos útiles en color amarillo, 4 de ellos con la leyenda ******* y 1 con la leyenda Made in *******; - 14 cartuchos útiles en color amarillo, de los cuales 5 tienen la leyenda Made in *******, 4 con la leyenda *******, 3 con la leyenda Federal *******, 2 con la leyenda *******; - 16 cartuchos útiles color plata con punta en color negro con gris con la leyenda *******; - 17 cartuchos útiles color dorado, de los cuales 9 cuentan con la leyenda *******, 1 cartucho con la leyenda Federal *******, 7 con la leyenda *******; - 6 cartuchos en color dorado, de los cuales 3 tienen la leyenda ******* y 3 con la leyenda *******; - 13 cartuchos útiles de color dorado, de los cuales 11 tienen la leyenda ******* y 2 cartuchos con la leyenda *******; - 2 cargadores color plata con negro con la leyenda *******. - asimismo, que en la guantera de tal vehículo se encontró una bolsa de plástico transparente con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, comúnmente conocida como "cristal", misma que, según el dictamen en química forense arrojó que corresponde a clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto *******gramos (sustancia considerada como psicotrópico en la Ley General de Salud); asimismo, respecto a las 214 tabletas redondas de color azul claro, con un peso neto *******, gramos, en dicho dictamen se determinó que corresponde a fentanilo (sustancia considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud). Además, de dicho medio de prueba, el Juez responsable consideró los dictámenes realizados tanto a los objetos bélicos como a las sustancias narcóticas de referencia. En el primero, de balística forense, se constató que la mayoría de los artefactos bélicos que fueron encontrados en el radio de acción del quejoso15, son de los considerados como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (que fueron únicamente respecto de los cuales se solicitó la vinculación a proceso, no por lo que hace a los 5 cartuchos útiles en color amarillo, 4 de ellos con la leyenda ******* y 1 con la leyenda Made in ******* y los 14 cartuchos útiles en color amarillo, de los cuales 5 tienen la leyenda Made in *******, 4 con la leyenda *******, 3 con la leyenda Federal *******, 2 con la leyenda *******; pues determinó que la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos, en términos del artículo 10 bis, los contempla como de los permitidos para portarse en términos que la ley establece, tal como se acotó en el dictamen respectivo). Asimismo, consideró el dictamen en química forense, del que se desprendió que tras analizar la sustancia sólida cristalina de color blanco que contenía una de las bolsas, determinó que se trata de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto ******* gramos (sustancia considerada como psicotrópico en la Ley General de Salud); asimismo, respecto a las 214 tabletas redondas de color azul claro, con un peso neto *******, gramos determinó que corresponde a fentanil (sustancia considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud). Asimismo, el Juez responsable consideró la propia evidencia material de referencia (los materiales bélicos, las sustancias ilícitas ya aludidas y el vehículo automotor previamente descrito). Luego, por lo que hace a los medios de prueba que ofreció la defensa, el Juez responsable, tal como lo acotó, los desestimó únicamente para las pretensiones de aquélla, pero lo adminiculó a los diversos ofertados; de manera que resultaron incluso aptos para reforzar la teoría del caso planteada por la representación social. Ello es así, pues, adecuadamente, el Juez responsable, desprendió: a) de las testimoniales ofrecidas, vertidas a cargo de *******, ingeniero del sistema de seguridad del aludido fraccionamiento y de *******, guardia de seguridad de tal fraccionamiento, se constató que el cruce de las calles ******* y *******, sí existe, en el fraccionamiento *******; b) de la impresión simple del mapa del área, descargado de la plataforma denominada Google maps, del que se desprendió que los fraccionamientos denominados ******* y *******, son contiguos uno respecto del otro; c) de la ampliación de informe policial realizado por el agente ministerial de nombre *******, se coligió que al constituirse en el fraccionamiento *******, constató que en el mismo sí existe el cruce de las calles ******* y *******. d) del recibo emitido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento -que no es inadvertido para esta Juzgadora que en audiencia, la defensa del aquí quejoso haya indicado que el mismo era de la amiga del quejoso, llamada ******* (sin precisar su nombre completo), y en la demanda de amparo haya aducido que se expidió a nombre de la persona llamada ******* del que se desprendió, como lo refirió el Juez responsable, que la calle ******* se encuentra en el fraccionamiento *******, en esta ciudad. Con lo cual, acertadamente, el Juez responsable estimó, que si bien en el informe policial homologado, se asentó que la detención que ocurrió en el cruce de las calles ******* y *******, se dio en el fraccionamiento denominado *******, ello devino probablemente de un error mecanográfico o de redacción, pues del análisis integral de los medios de prueba ofertados, particularmente de los ofrecidos por la defensa, se desprendió la existencia del cruce de las calles donde ocurrió la detención y que ambos fraccionamientos, ******* y *******, son inmediatamente contiguos uno respecto del otro. Lo que evidencia que, contrario a lo aducido por el quejoso, sí se determinó que el lugar de la detención ocurrió en el cruce de las calles ******* y *******; pues se itera, incluso los medios de prueba ofertados por la defensa, robustecieron tal consideración. Además, respecto de los videos reproducidos en audiencia, ofertados por la defensa del aquí quejoso, si bien se desprendió que a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y veinte segundos (14:43:20), se apreciaron dos unidades de la policía municipal que ingresaron por una caseta; asimismo, en el diverso video identificado como "cámara siete" de la misma fecha, a las quince horas con treinta y cinco minutos, de los catorce a los cuarenta segundos (15:35:14 a 15:35:40), se observaron salir las unidades de la policía municipal identificadas con los números 408 y 416; y en el mismo video entre las quince horas con cuarenta y un minutos, hasta los cuarenta y un segundos de la misma (15:41:00 y 15:41:16), se observaron las unidades de la policía municipal identificadas con los números 405, 421, 424 y 419, así como a una camioneta roja; como bien lo acotó el Juez responsable, no son idóneos para sustentar lo alegado por la defensa, en el sentido de que la detención aparentemente ocurrió a hora diversa. Ello es así, por la simple razón de que dichos videos corresponden a hora distinta de la del informe policial homologado; además, en ningún momento, se advirtió que esos videos correspondan a la detención al aquí quejoso. En efecto, la defensa debió en su caso, acreditar que entre las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos y las diecinueve horas del quince de enero de dos mil veintiuno, no hubieran ingresado elementos de la policía municipal al fraccionamiento de que se trata. Ello es así, pues el hecho de que varias unidades de la policía municipal de Juárez, hayan entrado a tal fraccionamiento, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos, esto es, en un horario distinto al señalado como el de la detención, no implica ineludiblemente, que tales agentes no hubieran podido ingresar con posterioridad a tal horario. Además, si bien de ese video se desprenden dos casetas, una de entrada y una de salida (respecto de las cuales, cabe decir, no se deprende alguna leyenda al exterior o distintivo que permita advertir que son las casetas respectivas al fraccionamiento de que se trata), no se apreció en ningún momento durante su reproducción, que se haya efectuado detención alguna, que el quejoso fuera a bordo de una de las patrullas que salieron, o bien, que tripulara el vehículo automotor que salió de dicho sitio; además, los testigos que ofertó tampoco lo vieron conducir la Suburban roja que dijeron, salió después de dos de las unidades, ni lo observaron en alguna de ellas, así como tampoco se percataron que se realizara detención alguna. Además, como acertadamente concluyó el Juez responsable, el hecho de que haya salido una Suburban roja después de dos de las unidades, tal como refirió el guardia de seguridad ofertado como testigo, no implica que haya sido el vehículo que tripulaba el quejoso, donde le fueron encontrados los artefactos bélicos y los narcóticos de referencia -identificada como una Chevrolet Tajo color guinda- pues incluso, el guardia de seguridad, en su testimonial, no refirió que hubiese visto al quejoso a bordo de la misma. Contrario a lo expuesto por el quejoso, el Juez responsable, no le otorgó valor probatorio a los datos de convicción aportados, como tal, sino que, atendiendo al estándar probatorio que opera para la emisión de un auto de vinculación a proceso conforme al primer párrafo del artículo 19 Constitucional y al diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomó en cuenta los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar -en grado de probabilidad- que los hechos configuran los delitos ya precisados y la probabilidad de que el aquí quejoso hubiere participado, en grado de autor material, en su comisión. De ello, no se estima que haya datos de prueba insuficientes, sino que, contrario a ello, todos los datos de fueron estimados individualmente y adminiculados entre sí por el Juez responsable, para arribar a la conclusión de que, de momento, existe la probabilidad de que el quejoso haya participado, en calidad de autor material, en la comisión de los delitos que se le imputan. Se reitera nuevamente que el Juez responsable, en esta etapa procesal no debía tener plenamente acreditados los delitos ni que fue el imputado quien participó en su comisión en calidad de autor material, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que en el caso así aconteció. En esta línea, contrario a lo percibido por el quejoso, no se pretendió en momento alguno que la carga de la prueba la tuviera su defensa o que se pretendiera que así fuera, pues el agente del Ministerio Público, en la etapa en que se encuentra el proceso, acreditó con medios de prueba pertinentes y bastantes -que aparentemente- dentro del horario acotado en el informe policial homologado, sucedió la detención. De tal suerte que, si la defensa del quejoso, pretendía acreditar que la misma ocurrió en horario diverso, evidentemente, debía soportar su dicho con medio de convicción -pertinente- alguno, tal como lo refirió el Juez responsable, pues el mero hecho de que lo manifestara, no implica siquiera que se ponga en duda lo relatado en el informe policial, ni mucho menos que se pretendiera que tuviera a su cargo la prueba de la inocencia del aquí quejoso, sino, sencillamente, que ante el planteamiento suficiente, razonable y objetivo vertido a través de los medios de prueba de referencia, por parte de la representación social, con los cuales, se estima, que válidamente se enervó la presunción de inocencia del aquí quejoso, en grado de probabilidad, correspondía a la defensa, en segundo término, con los medios de prueba pertinentes, acreditar sus afirmaciones. Así, se reitera, en la etapa en que se encuentra el proceso penal, bastaba con que se determinara en grado de probabilidad, la participación del aquí peticionario del amparo en la comisión de los delitos de que se trata; y que, en la etapa intermedia, que tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, en su caso, podrá, de ser su deseo, acreditar de la forma en que estime pertinente, que aquél fue detenido en horario diverso, o los extremos que estime atinentes para controvertir lo expuesto por la representación social, porque sí concierne a su defensa ofrecer, en el momento oportuno y de así desearlo, los medios de prueba en los cuales se puedan apoyar las afirmaciones que vierta. Además, adverso a lo estimado por el quejoso, acreditar que la hora de los hechos ocurrió en diverso horario del estipulado en el parte informativo, sí correspondía a su defensa, no a la representación social, pues ésta, sostuvo que la detención se dio precisamente en el horario referido por los agentes aprehensores, no en uno diverso; por lo que, no bastaba con afirmar que se presentó en diversa hora, sino que, se reitera, debió acreditarse con los medios de prueba atinentes, que sucedió de la forma en que lo aseveró. Asimismo, contrario a lo aducido por el accionante del amparo, su defensa no se desplegó por parte de las profesionales que concurrieron como sus defensoras particulares, de forma pasiva, tan es así que ofertaron diversos medios de prueba que fueron analizados y estimados aptos para acreditar diversos extremos de los que pretendieron; pues, sencillamente, como lo refirió de forma acertada el Juez responsable, no acreditaron con datos de prueba pertinentes, que las unidades de policía no ingresaron de nueva cuenta en la fecha de referencia al fraccionamiento de que se trata; como lo pudieron hacer, verbigracia, ofertando diverso video de las casetas de entrada y de salida de donde se desprendiera que fue así; o incluso, mejor aún, una videograbación de la aparente detención que sufrió el aquí quejoso en horario diverso. En concomitancia con lo anterior, como bien lo señaló el Juez responsable, ninguno de los dos testigos refirieron haber presenciado la detención del aquí quejoso; pues mientras el primero, en su calidad de ingeniero del sistema de seguridad del fraccionamiento de que se trata, se limitó a extraer de forma legal y dadas sus funciones, las videograbaciones a que se hizo referencia, el segundo refirió que no vio la detención del quejoso y que culminaba sus labores a las dieciséis horas del día; de tal suerte que, no pudo constarle de forma alguna, la detención de que se trata, misma que aconteció, según el informe policial homologado, pasadas las diecisiete horas del quince de enero de dos mil veintiuno, horario en que ya había salido de su turno laboral, según su testimonio. Enseguida, como ya se dijo supra líneas, se estima que en el caso, contrario a lo señalado por el quejoso, el Juez responsable no vulneró en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuyo texto, es el siguiente: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los preceptos constitucionales transcritos, en su orden, contienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El numeral 14 refiere, en lo conducente, como principio de legalidad, que la autoridad tiene como obligación, la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley. En ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Por cuanto hace al artículo 16 constitucional, éste regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados, en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley. Además, tal numeral precisa que es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera adecuadamente fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos (mismos que ya fueron previamente precisados y definidos, sucintamente). Ahora, de lo expuesto luego del análisis oficioso del auto de vinculación a proceso aquí combatido, con motivo de los argumentos desplegados en el primer concepto de violación, como en el estudio oficioso de aquél, contrario a lo alegado por el quejoso, se considera que tal decisión judicial no vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, y contextualizado a la luz del principio de legalidad jurisdiccional. Primero, pues el Juez responsable, es autoridad competente para dictar actos de esa índole, de conformidad con el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el delito de que se trata fue previsto como tal en ordenamientos federales; presuntamente ocurridos en esta ciudad, ámbito territorial donde ejerce jurisdicción el Juez responsable, de conformidad con el Acuerdo General 29/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habida cuenta que se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que la responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, para sustentar su determinación, numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión; además, expuso con precisión las consideraciones que estimó pertinentes para establecer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para su emisión; expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente -para en esa etapa procesal- provocar el acto de autoridad. De ahí lo ineficaz de tal aspecto del primer motivo de disenso. De tal forma que, adverso a lo estimado por el quejoso, no aconteció que el Juez responsable haya hecho referencia a apreciaciones y presunciones que lo perjudicaban; sino, que, luego del análisis pertinente, estimó acertadamente que se encontraban elementos bastantes para -en esa etapa procesal- estimar en grado de probabilidad, que cometió los ilícitos que se le atribuyen; de manera que, se itera, no debía tener plenamente acreditados los delitos ni que fue él quien participó en su comisión, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que en el caso, como se ha venido exponiendo, se considera que así aconteció. Segundo concepto de violación Después, en su siguiente motivo de disenso, el quejoso refirió lo siguiente: - Que aunque los agentes aprehensores refirieron que el vehículo estaba en marcha, es evidente que no pudo ser así porque el mismo se encontraba en pésimas condiciones y difícilmente alguien podría conducirlo. Es infundado tal concepto de violación. Ello es así, porque, tal como lo expuso el Juez responsable, primero, la defensa no ofertó medio de prueba alguno relativo a determinar la situación mecánica que presentaba el vehículo automotor que aparentemente tripulaba el aquí quejoso; por lo que, su sentir deviene subjetivo y sin fundamento alguno. Y, además, el estado de dicha unidad, no guardaba relación directa alguna con la detención del aquí quejoso ni con la probabilidad de que no hubiera portado los artefactos bélicos o los narcóticos que le fueron asegurados. Tercer concepto de violación Enseguida, en el motivo tercero de disenso, el peticionario del amparo, indicó: - Que el Juez responsable inadecuadamente prejuzgó sobre la acreditación de elementos de la descripción penal y que violó sus garantías al no considerar coincidente su declaración con la de los testigos respecto a que sacaron el vehículo del fraccionamiento en horario distinto. Es infundado dicho concepto de violación. Ello es así, por que el Juez responsable únicamente precisó los elementos de los ilícitos de que se trata, para determinar, en grado de probabilidad, su comisión; no prejuzgó sobre su culpabilidad o no, pues ello es propio de una etapa posterior del proceso. Asimismo, la declaración del imputado, en el sentido de que sacaron el vehículo ya referido en diverso horario, al no verse apoyado, se itera, con medio de convicción alguno, se desestimó dicha versión. Ello es así, pues como se acotó previamente, de conformidad con la tesis aislada 1a. CCCXLVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que incluso fue referida por el quejoso en el ocurso de amparo y que se invocó supra líneas- las pruebas de descargo o contraindicios no dieron lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Cuarto concepto de violación Finalmente, en el último concepto de violación, el accionante del amparo argumentó lo siguiente: - Que en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria no puede revertir la carga de la prueba al inculpado. Es inatendible dicho argumento; por la sencilla razón de que los ilícitos cuya comisión en grado de probabilidad se le atribuyen, no corresponden a incumplimiento de obligación alimentaria, como se refirió en la demanda de amparo. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión de los delitos mencionados y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal *******, por su probable comisión de los delitos de a) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con relación al diverso numeral 11, incisos b) y e) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del primer numeral de referencia; b) portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; c) posesión de cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, con relación al diverso numeral 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y; d) contra la Salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina y fentanilo, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal. Sin que sea óbice para las anteriores consideraciones que el quejoso haya invocado en su demanda de amparo las tesis aisladas 1a. I/2012 (10a.)16 y P. XXXV/200217, emitidas por la Primera Sala y el Pleno del Más Alto Tribunal, respectivamente, por virtud de las cuales, en suma, se refieren a que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. En efecto, el referido principio asiste al aquí quejoso, como se refiere en tales criterios, hasta en tanto, en el momento procesal oportuno y de ser el caso, se compruebe que el aquí quejoso cometió los ilícitos que se le atribuyen. Lo previo pues, en momento alguno durante la emisión del auto de vinculación a proceso, se adujo que ha perdido dicha prerrogativa dada su fehaciente culpabilidad, sino que, se reitera, dado el estándar probatorio que rige el momento en que se encuentra el asunto, en grado de probabilidad, se estimó la intervención del aquí quejoso en la comisión de los delitos de que se trata; pero no se aseveró, ya que no es dable, afirmación alguna en sentido opuesto a ello. Tampoco lo es que el quejoso haya invocado la tesis 1a./J. 83/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 195, del contenido: OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. A QUIÉN CORRESPONDE LA CARGA PROBATORIA EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El establecimiento del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, tiene por finalidad garantizar la subsistencia de quienes la ley considera que se encuentran en una posición vulnerable. Por lo cual, es innecesario probar el desamparo total ante la falta de proporcionar alimentos, pues dicho delito se verifica ante el incumplimiento, sin justa causa, de las obligaciones alimentarias que se demanda del deudor alimentario; sin embargo, la garantía de ese bien jurídico no puede menoscabar los derechos fundamentales de debido proceso, como lo es la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar de prueba o regla de juicio. De ahí que corresponde al Ministerio Público la carga de probar los elementos del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, inclusive, tratándose de hechos negativos, pues esto es acorde con los estándares que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues como se desprende de su intelección, la misma no resulta aplicable al caso por analogía ni por identidad jurídica, toda vez que en el asunto sujeto a análisis, contrario a lo estimado por el quejoso, el agente del Ministerio Público no buscaba probar un hecho de naturaleza negativa, sino uno de esencia positiva y de esa forma, controvertir -en grado de probabilidad -la presunción de inocencia de que goza el quejoso, a través de los medios de prueba pertinentes y bastantes, de forma objetiva y razonable, lo que se estima, ocurrió en el caso. Tampoco resultan aplicables, por identidad jurídica como invocó el quejoso, las tesis I.7o.P.75 P18 ni 1a./J. 86/200219, sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, pues las mismas aluden, en lo que interesa a lo aducido por el quejoso, a la forma en que debe otorgarse el amparo, es decir, a sus efectos, cuando un auto de formal prisión (un auto de vinculación a proceso, de ahí la aparente analogía) carece de las exigencias constitucionales, de los elementos de fondo y forma para su emisión; lo cual, se insiste, no ocurrió en el caso sujeto a estudio, como se ha venido apuntando, por lo que se optó por negar la protección constitucional instada. Finalmente, la tesis aislada I.7o.P.32 P, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del rubro: AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL AMPARO AL QUEJOSO, resulta inaplicable por la sencilla razón de que ninguno de los agravios esgrimidos por el quejoso, resultó fundado como para estimar conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión instados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, con relación al acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, con relación a los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando sexto y séptimo de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Súmese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Oficial Judicial "A" en funciones de Notificador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que conste únicamente como antecedente, toda vez que por auto de dieciséis de los actuales se proveyó lo conducente. Lo previo, de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante los cuales la Encargada de Despacho Logística, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remite a este juzgado, en copia certificada, los siguientes documentos: a) formato de registro de datos y formas de notificación para defensor particular, a nombre de *******; b) cédula profesional a nombre de *******, que la acredita como Licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales; c) formato de registro de datos y formas de notificación para defensor particular, a nombre de *******; y, d) cédula profesional a nombre de *******, que la acredita como Licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales. Con lo cual, se le tiene dando cumplimiento a la solicitud que le fue efectuada, en el sentido de acreditar fehacientemente que las referidas profesionales, que fungen como defensoras privadas del imputado (aquí quejoso) en la causa penal de origen, poseen las credenciales pertinentes para ello, como licenciadas en Derecho. Finalmente, se ordena tomar en consideración tales documentales al momento de emitir el fallo definitivo de este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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