AKOBIR KHASANOV AKBAROVICH y Otros.
Expediente 850/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- AKOBIR KHASANOV AKBAROVICH y Otros.
- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Con Sede En la Ciudad de Tijuana Baja California
Actuaciones
- Principal
MESA IV C "... Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el cual, informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano el veintinueve de agosto del año en curso, el cual registró bajo el número de expediente 27/2023, de su índice..."
- Principal
MESA IV C "... Agréguese el oficio del Representante Local en representación del Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, mediante el cual, informa sobre la suspensión de plano concedida en auto de veinticinco de agosto pasado; del cual este Juzgado toma conocimiento..."
- Principal
MESA IV C "... Agréguese el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y anexo, consistente en la demanda de amparo promovida por ******, en representación de ...., y los menores de edad de iniciales S.A.A.K y M.A.A.U., contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de Tijuana Baja California y otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que la homóloga federal rechazó la competencia declinada al considerar que ésta no se sustenta en el ordinal 37 de la Ley de Amparo (por territorio), toda vez que se desconoce el paradero de los directos agraviados con la sospecha de se encuentren alojados en alguna estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Respetuosamente, el suscrito no comparte las razones expresadas por la Juez Segundo de Distrito en el Estado Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova, por tanto, se sostiene el criterio sustentado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Ello es así, porque de la lectura integral de la demanda se advierte el promovente señala como acto reclamado la privación de la libertad y deportación de ....., y los menores de edad de iniciales S.A.A.K y M.A.A.U., manifestando que éstos se encuentran alojados en la Estación Migratoria Siglo XXI con sede en la Ciudad de Tapachula, Chiapas (ver foja 3 del expediente en que se actúa). Incluso, del proemio de la demanda se advierte que se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en Tapachula, Chiapas; y en el capítulo relativo a las autoridades responsables se indican entre otras, a aquellas con residencia en Tapachula, Chiapas. De ahí, que debe atenderse al lugar en que se ejecutan las consecuencias fácticas de los actos impugnados conforme al criterio definido por el Máximo Tribunal del país al resolver la contradicción de tesis 478/2018, a saber, el de las autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; Subdirector Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; Agentes del Instituto Nacional de Migración con sede en Tapachula Chiapas, y aeropuerto de dicha entidad, las cuales se ubican en la circunscripción territorial de la ciudad de Tapachula, Chiapas; por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. Por ello, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, conocer de los juicios de amparo, en que se reclamen actos que tengan ejecución en dicha Ciudad... Por tanto, remítase este asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en turno, a fin de que sea éste, quien resuelva el conflicto competencial. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova. Finalmente, glósese el oficio de la Jefa de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, mediante el cual, informa que ya existe registro de la presente demanda de amparo, el cual quedó registrado el veinticinco de agosto pasado..."
- Principal
MESA IV C "... Vista la demanda de amparo promovida de manera electrónica por******************** en representación de ********************, estos dos últimos hijos menores de edad de los primeros, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de Tijuana Baja California y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 850/2023. SUSPENSIÓN DE PLANO... De la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente******************** señala como actos reclamados la ilegal detención, desaparición forzada, tortura incomunicación y la deportación de ********************, estos dos últimos hijos menores de edad de los primeros. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, respecto del acto que hace consistir en la orden deportación se decreta la suspensión de plano y de oficio, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentra y no se ejecute la deportación del país en contra de los quejosos, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 15, 112, 125 y 126, todos de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en la privación de la libertad realizada por autoridades migratorias derivado de la detención administrativa, se concede la suspensión de oficio y de plano para los siguientes efectos. a) Sean puestos en libertad de inmediato. b) Para el caso que los directos agraviados se encuentren detenidos por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se pongan a disposición del Agente del Ministerio Público. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 102 de la Ley de Migración), a fin de asegurar que los directos agraviados no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, las autoridades migratorias impongan diversas cargas a los quejosos; entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sean exigidas. Es procedente otorgar la medida cautelar en los términos apuntados, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, al resolver el amparo en revisión 388/2022 determinó que los límites a la libertad personal por razones migratorias son legítimos; sin embargo, para ello, deben encontrarse previstos en la Ley, ser de carácter excepcional y cumplir con los requisitos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Sostuvo que la detención (administrativa) migratoria debe ser excepcional y tener la temporalidad estrictamente necesaria que, conforme al artículo 21 Constitucional, EN NINGUN CASO excederá de treinta y seis horas. En dicha ejecutoria, por mayoría de cuatro votos (lo que constituye un precedente obligatorio en términos de los artículos 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo), la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración en sus porciones "quince días hábiles" y "sesenta días hábiles", por contravenir la temporalidad máxima que prevé la Constitución Federal, para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones administrativas (en el caso migratorias)... Cabe precisar que, desde luego, la medida cautelar decretada no surtirá efecto alguno si la detención decretada contra los quejosos, derivan de actos distintos al acto aquí impugnado o emana de un procedimiento de naturaleza penal, así como en caso de que la detención derivara de la comisión de algún ilícito que se le atribuya, sea o no por un delito grave así calificado por la ley penal federal o del orden común, para evitar el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia, que se le haya sorprendido en flagrancia cometiendo uno o varios delitos en cualquier modalidad; por lo que en dichos supuestos quedan expeditas las facultades de las autoridades para actuar como en derecho corresponda. En el entendido, que la autoridad responsable deberá informar dentro del plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a dicha medida y remitir las constancias que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 237 fracción I5, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, a cada una se le impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, ($ 10,374.00 M. N.). Incompetencia En el caso, una vez analizado el contenido íntegro de la demanda de amparo, este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, determina que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por el quejoso, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es que se actualiza la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en el lugar donde deba tener ejecución o se esté ejecutando la afectación del acto combatido. En el caso, el promovente señala como acto reclamado la privación de la libertad, y deportación de ********************, estos dos últimos hijos menores de edad de los primeros, manifestando que se encuentra en la Estación Migratoria con sede en la Ciudad de Tapachula, Chiapas. De ahí, que debe atenderse al lugar en que se ejecutan las consecuencias fácticas de los actos impugnados conforme al criterio definido por el Máximo Tribunal del país al resolver la contradicción de tesis 478/2018, a saber, el de la autoridad responsable: Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, el cual se ubica en la circunscripción territorial de la Ciudad de Tapachula, Chiapas; por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, en turno. Por ello, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde a los Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, conocer de los juicios de amparo, en que se reclamen actos que tengan ejecución en dicha Ciudad. Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, por razón de territorio, al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, en turno. En ese sentido, remítase la presente demanda y su anexos; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, en turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del juicio en mención, para debida constancia. Domicilio y autorizados. Ahora, bien toda vez que la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual se encuentra ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional y como proporciona el usuario ********************, notifíquesele por esa vía; y, como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que nombra, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Nacional de Profesionistas. Notificación electrónica. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado el usuario ********************, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en tal virtud, se autoriza dicho usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, conforme al numeral 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida de manera electrónica, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las demás partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición... Finalmente, en virtud que la presente demanda se recibió directamente en este Juzgado, a través del módulo de demandas electrónicas, mediante oficio que remita vía correo electrónico, solicítese a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad, realice la anotación y registro correspondiente..."
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