Aixa del Valle García Escobar
Expediente 1184/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Aixa del Valle García Escobar
Actuaciones
- Principal
*** Ciudad de México, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, a través del cual, el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en atención al requerimiento de quince de agosto pasado, informa que ".a la fecha, no existe persona no autoridad que haya absorbido o sustituido las facultades y funciones que desempeñaba el Delegado Regional.", además que se requirió el cumplimiento de la ejecutoria a la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de esa Delegación Regional, por ser la competente para ello; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal de autos, se desprende que la autoridad vinculada al cumplimiento ha sido omisa en acreditar el cabal cumplimiento del fallo protector, por tanto, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, REQUIERASE de nueva cuenta al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (en su calidad de autoridad vinculada al acatamiento del fallo protector), para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite fehacientemente ante este Juzgado de Distrito haber cumplido cabalmente la ejecutoria de amparo y con ello, lo ordenado en la sentencia definitiva de nulidad de treinta de noviembre de dos mil diecisiete y resolución de queja por defecto en su cumplimiento de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictadas en el juicio de nulidad 10751/17-17-12-1, por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para lo cual, se encuentra obligada a atender puntualmente las observaciones formuladas por la citada Sala de origen en la resolución plenaria de tres de enero del año en curso, cuyos extractos se insertan a continuación: [.] 2) No obstante lo anterior, en cuanto a los incrementos que debió aplicar a la pensión otorgada al accionante desde el 16 de abril de 1997 hasta que se diera cumplimiento a la sentencia aludida, la autoridad no cumple con lo ordenado en su Séptimo Considerando, ya que si bien cómo se le ordenó, la autoridad al realizar el cálculo de los porcentajes de incremento en cada año, omitió considerar a las cantidades correspondientes al sueldo de cada una de las plazas, los montos relativos al quinquenio, conforme a lo establecido por artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, intentando realizar el comparativo anual de los porcentajes de incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con los aumentos a los sueldos de los trabajadores en activo del año anterior. Sin embargo, de las tablas que inserta en las hojas 16, 17 y 18 del oficio SP/2865/2021 de fecha 07 de septiembre de 2021, se observa que obtuvo el sueldo básico de las plazas del accionante considerando únicamente el periodo del 16 de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2017 (tabla que obra a fojas 864 reverso de autos), realizó la comparativa de incrementos ordenada, considerando los que consideró correspondientes desde el periodo del 16 de abril de 1997 hasta el 31 de octubre 2021, (tabla que obra a fojas 865 y reverso de autos), lo anterior sin demostrar que se haya allegado de las constancias de evolución salarial correspondientes a las plazas que ocupó el actor previo a su baja específicamente respecto del periodo del 1° de enero de 2018 al 31 de octubre de 2021, ya que en dichos periodos en la columna B con rubro "TOTAL DE SUELDO" indicó un sueldo de $0.00, en la columna C con rubro "PORCENTAJE DE INCREMENTO TRAB. ACTIVO", señaló que del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 el incremento fue de 4.37% del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 el incremento fue de 0.39%, del 1° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 el incremento fue de 3.34%, y del 1° de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021 el incremento fue de 0.39%. Lo anterior, sin que se adviertan las cantidades que como sueldo obtuvo por las dos plazas el actor en el periodo del 1° de enero de 2018 al 31 de octubre de 2021, ni las constancias de evolución salarial que supuestamente consideró la autoridad por dichos periodos; en consecuencia, no se tiene la certeza de que efectivamente los porcentajes de incremento de trabajadores en activo que aplicó, comparados con los porcentajes del Índice Nacional de Precios al Consumidor y los aplicables por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, hayan sido los que los que menor beneficio le contrajeron al accionante. En consecuencia de lo anterior, al no encontrarse debidamente incrementada la cuota pensionaria del actor, tampoco se tiene certeza que la cantidad de $ *** transferida a la cuenta bancaria al actor que se hizo constar en el acta de comparecencia de fecha 19 de noviembre de 2021, sea la correcta. [.] Hágase del conocimiento que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: 1) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193, de la Ley de Amparo. 2) En términos de los artículos 238 y 258, de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien unidades de cuenta para la Ciudad de México. 3) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192, de la Ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al DIRECTOR GENERAL, como superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento, Subdelegado de Prestaciones, ambos de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la citada autoridad, el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; o bien, señalar la denominación actual y correcta de la autoridad que ostenta el carácter de superior jerárquico de la citada autoridad vinculada al cumplimiento y que acorde al artículo 194, de la Ley de Amparo, ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se llevara a cabo el procedimiento de cumplimiento previamente citado. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Hágase saber a la autoridad responsable y directamente obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo, que lo acordado en este proveído, no la desvincula de la obligación impuesta por mandato constitucional, siendo que en el momento procesal oportuno puede ser requerida para que atienda con la ejecutoria de amparo. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinte de julio del año en curso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria de amparo dictada en autos, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se procede resolver el cumplimiento de la misma con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la autoridad correspondiente. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243) En primer término, conviene precisar que mediante proveído de uno de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada por este Juzgado el tres de marzo del mismo año, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "(.) Por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable, por sí o por conducto de las instancias que resulte competente, provean lo conducente para que de forma inmediata garanticen el respeto al derecho a la salud de la quejosa como sujeto que padece cáncer de mama, cuestión que implica que le sea otorgado el permiso o autorización para su resguardo domiciliario, lo que se traduce en ausentarse de sus labores presenciales, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su cargo, hasta que las autoridades sanitarias modifiquen las medidas preventivas implementadas, o bien se implemente el semáforo epidemiológico en color verde, quedando a la discrecionalidad de las autoridades respectivas determinar si le asignan a la solicitante del amparo labores que pueda realizar a distancia. Lo anterior implica que, en caso de que la quejosa pueda realizar funciones a distancia, la autoridad responsable estará en aptitud de encargarle dicho trabajo." En ese orden de ideas, para dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad debía: -Otorgar a la quejosa el permiso o autorización para su resguardo domiciliario para garantizar el respeto al derecho a su salud, hasta que las autoridades sanitarias modifiquen las medidas preventivas implementadas, o bien se implemente el semáforo epidemiológico en color verde, quedando a su discreción determinar si le asignan labores que pueda realizar a distancia. En ese contexto, mediante oficio recibido en este juzgado el veinte de julio del año en curso, registrado con el número de correspondencia 17976, el Apoderado General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, remitió copia certificada del acuse del oficio SSC/SOP/DELySO/JATO/23477/2022, de seis de abril de dos mil veintidós, signado por la Directora Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo, en ausencia del Subsecretario de Operación Policial, ambos de la citada Secretaría, por medio del cual, se comunicó a la aquí quejosa que se le otorga el permiso de resguardo domiciliario, es decir, ausentarse de sus labores presenciales, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su cargo, del cual se advierte el nombre y firma de la quejosa, así como la leyenda "recibí original" y la fecha ocho de abril de dos mil veintidós. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la cual, mediante proveído de veinte de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en razón de que se concedió a la quejosa el permiso o autorización para su resguardo domiciliario, garantizando así el respeto al derecho a su salud, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su cargo, hasta que las autoridades sanitarias modifiquen las medidas preventivas implementadas, o bien se implemente el semáforo epidemiológico en color verde; por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta en que la apoderada general para la defensa jurídica de la Policía Bancaría e Industrial de la Ciudad de México, en representación del Director General de dicha institución; en atención al requerimiento formulado en proveído de siete de julio del año en curso, informa la gestiones realizadas y solicita una prórroga para dar cumplimiento al mismo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes. Lo anterior, sin que sea el caso de acordar favorablemente el otorgamiento del plazo solicitado, en virtud que en auto de veinticinco de los corrientes, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento, por lo que deberá estarse a lo ahí ordenado. Notifíquese.
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